Continuidad, ¿Es en serio?

Por José Ramón González Chávez

Después de cinco años de ser impulsada desde las mañaneras, la campaña sigue ahora con una variante adicional: la pre-campaña de facto iniciada inmediatamente después de las elecciones locales del 4 de junio pasado desde el púlpito presidencial la dirigencia de su movimiento y sus aspirantes, que de forma despectivamente y denigrante el ejecutivo federal bautizó como “corcholatas”.

Este hecho inusitado en la historia política de México sigue siendo seguido y hasta alcahueteado por los medios, con especial énfasis en los que tienen millonarios “contratos” con el gobierno federal en turno, dejando a un lado lo principal, es decir los resultados de gobierno, al menos en los temas principales del desarrollo de cualquier nación.

En materia de bienestar –tema insignia del gobierno actual–, y dicho por su principal y mejor pagado medio-vocero, de 2018 a 2023, México ha descendido en términos reales 12 puestos en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, mecanismo del máximo organismo internacional que sirve para medir el progreso en cada país, principalmente en salud, educación y condiciones de vida digna.

En Salud, la eliminación per se del seguro popular dejó a 15 millones de personas sin servicios de sanidad El porcentaje de mexicanos con carencia de estos servicios aumentó de 16.2% en 2018 a 28.2% (casi 36 millones) en 2020. En adición, las malas decisiones de los responsables del tema a nivel federal –que sería muy extenso enlistar aquí por las limitaciones de espacio– y el fracaso del INSABI produjeron alrededor de 700 mil muertos reales por COVID (en cifras de la OMS) y miles de otros decesos por enfermedades crónico degenerativas por falta de medicamentos, atención médica, cierre de hospitales, entre otros factores, provocando todo esto que de 2019 a la fecha, la esperanza de vida en México cayera en 4 años de 75 a 71 años, poniéndose a niveles del siglo pasado y convirtiéndose en el país con peores resultados de recuperación de la OCDE.

Igualmente, con datos oficiales, la educación y las brechas de acceso a la educación se han profundizado; México invierte 4 veces menos en educación que los demás países de la OCDE y ocupa el lugar 100 en calidad educativa a nivel mundial. El nivel de aprendizaje está en riesgo y el rezago educativo creció de manera importante: La población con rezago educativo en 2018 era de 23.5%; ahora en 2023 llega a 24.4%; los profesores con déficit de capacitación en las escuelas públicas es muy alto comparativamente con los que imparten clases en el sector privado; la población estudiantil con rezago educativo es de19.2%. En términos absolutos, el total de personas que presentan rezago educativo pasó de 23.5 millones a 24.4 entre 2018 y 2020 lo que implica un incremento del rezago de alrededor de 4% en este gobierno. Por decisión presidencial desde inicios del sexenio el gobierno federal tomo la decisión de salirse de la evaluación internacional en la materia; a esto habrá que añadirle la cantidad de decisiones autoritarias para suspender clases y reducir discrecionalmente el calendario escolar, sin ser capaces de ofrecer una estrategia nacional para rehabilitar espacios físicos donde los niños puedan tomar clases. La opción de internet para dar y recibir clase es realmente ofensiva, tomando en cuenta que cientos de comunidades en nuestro país no cuentan siquiera con suministra de energía eléctrica. Peor aún con el fiasco de usar los canales oficiales de TV para impartir clases, en cable –como si todos tuvieran esa opción en casa-, que nadie además nadie ve.

En calidad de vida, ni se diga: actualmente, México ocupa el lugar número 66 de 169 países en el índice de progreso social.  En 7 de 12 componentes se retrocedió respecto del año anterior, eso sin sumar desde 2019. En cuanto al desempleo, la seguridad púbica con niveles históricos; la tasa de desocupación real en nuestro país se disparó a a 11.65% o sea, más de 3% de la población, dejando sin sustento a 7 millones de mexicanos. En adición, otras casi 4.7 millones de personas estuvieron subocupadas.

Y aún falta por mencionar otros importantísimos indicadores como vivienda, economía, actividad productiva, infraestructura, donde los resultados son tanto o más tristes y deplorables que los mencionados.

En este orden de ideas, ¿en qué cabeza cabe proponer a la ciudadanía continuidad en las políticas gubernamentales, y lo que es peor, que todos los precandidatos y sus campañas –ilegales por cierto–, tienen que postularla y defenderla? ¿es en serio?