Cultura de la Legalidad: de la Implantación por Decreto al Compromiso Real

CULTURA DE LA LEGALIDAD

De la implantación por Decreto al Compromiso Real

Por José Ramón Gonzalez

Uno de los grandes problemas de México, aun sin solución objetiva, es el de la llamada cultura de la legalidad, término que en el contexto del proceso de modernización integral del sistema jurídico que estamos viviendo es inadecuado al llevar una contradicción implícita, que podría corregirse refiriéndonos a ella más bien como “cultura de la juridicidad”, en virtud de que actualmente, alejándonos (o pretendiéndonos alejar) del modelo positivista clásico que ha imperado durante tantas décadas, lo jurídico abarca mucho pero mucho más que solo las leyes.

En México no existe, o mejor dicho, se ha perdido esta cultura de la juridicidad, indispensable en la construcción de todo Estado Constitucional; su ausencia constituye uno de los factores determinantes en el intento por modernizar el sistema jurídico mexicano en general y en particular para el establecimiento y consolidación de mecanismos como la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad.

Buena parte de los problemas que vivimos actualmente en nuestro país se deben a esta carencia de Cultura de la Juridicidad, de la cual TODOS, no solo “el gobierno” como algunos pretenden hacer creer, somos corresponsables. Parafraseando a Luigi Ferrajoli en la construcción, aplicación y dación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría: también algo qué hacer, pues hoy como nunca lo jurídico es ante todo un producto colectivo, en el que deben participar no solo los jóvenes y las mujeres, también los adultos, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, los trabajadores, los campesinos, y todos los demás grupos sociales cuyos miembros deben cumplir y hacer cumplir sus normas, principios y prácticas, ya no como sucedía antes por obligación, sino principalmente por persuasión y convencimiento del valor jurídico y político que las normas pretenden proteger.

Para crear cultura de la juridicidad me parece que primero que nada hay que construir pensamiento crítico, y para eso es indispensable hacer uso de la poderosa herramienta de la Argumentación, disciplina que como sujeto de enseñanza, aprendizaje y estudio es aún más antigua que el propio Derecho y que de acuerdo al nuevo modelo de Estado Constitucional se erige en columna vertebral en el proceso creación, operación e interpretación de lo jurídico.

El primer requisito para construir un nuevo sistema constitucional y de justicia es la aceptación por todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad del compromiso a asumir para que sus principios normas y prácticas se conviertan en hechos concretos y tangibles; solo a partir de esta premisa básica es posible la planeación, instrumentación y operación de acciones específicas para lograr el cambio de modelo, la eliminación de los vicios arraigados, el cambio de paradigmas sobre el papel que tenemos –reitero, todos sin excepción- como miembros integrantes –al mismo tiempo sujetos y actores- de nuestra sociedad.

En el caso de los estudiantes universitarios esta responsabilidad es aún mayor y no solo concierne a los que están en la carrera de Derecho, como también erróneamente se pretende inculcar, sino de todas las disciplinas. Así como lo jurídico permea todos los ámbitos de la vida social, así también los todos los miembros de la sociedad tenemos la responsabilidad social y política (de Politeia (Politeia) lo que nos interesa a todos, independientemente de nuestras preferencias y expectativas personales) de aportar nuestra opinión y contextualizar el impacto de los diversos instrumentos jurídicos en nuestro quehacer cotidiano, independientemente de qué sea a lo que nos dediquemos, cuenta tenida de que en todos lados hay reglas qué cumplir, derechos que ejercer y respetar, irregularidades que denunciar y atacar, fuerzas que unir para transformar positiva y efectivamente nuestra realidad.

El avance del Estado autoritario al Estado de Derecho y de este al Estado Constitucional no es tarea solo de abogados, ni de legisladores, ni de jueces, ni de gobernantes, implica la movilización y activación completa de la sociedad para que la cultura de la juridicidad deje de ser un buen propósito y se convierta en una forma de ver y vivir la vida y de por vida, en una actitud hacia sí mismo y los demás.

Para los asuntos complejos ninguna acción es pequeña, todas cuentan y contribuyen a la construcción del edificio de la nueva juridicidad. La transformación propia es en sí un resultado concreto en favor del cambo social.

Por desgracia vemos que todos los organismos sin excepción que deberían estar encargados de apoyar y promover esta cultura de la Juridicidad, ya sean públicos, privados o sociales, son los menos interesados en ello. Baste constatar la poca importancia que desde al menos hace poco más de 8 años que inició formalmente el proceso de reforma al sistema constitucional y de justicia, en los hechos, le han dado en sus presupuestos de promoción, capacitación y comunicación social, comparativamente al que le han dado a otros temas como el de género, solo por mencionar uno de tantos.

Tampoco vemos en las universidades y centros de educación superior, menos aún en los demás niveles educativos, intenciones de modificar planes y programas de estudio, de capacitar a maestros, alumnos y personal administrativo para educar en la cultura de la juridicidad.

En fin, independientemente de sus implicaciones logísticas y técnicas, el nuevo sistema constitucional y de justicia no podrá pasar de su pretendida implantación por decreto a su implantación real hasta que no se diseñe y opere una estrategia seria y convencida que busque y consiga logra que cualquier persona incluya dentro de su bagaje cultural, de su “chip” de cultura general, el cumplimiento de los principios, normas y prácticas que conforman nuestro estado constitucional como una práctica cotidiana de vida.

 

 

Globalización, Seguridad e Información

GLOBALIZACIÓN SEGURIDAD E INFORMACIÓN: Del Dicho al Hecho…

Por José Ramón González Chávez

 La seguridad es una de las causas primigenias de la organización social y por ende una de las actividades medulares del Poder Público del Estado a través de actos de gobierno. Sin perjuicio de ello, resulta evidente que los problemas de seguridad se tornan más y más complejos y en este campo cada vez más actores manera directa o indirecta desempeñan un rol de cuya importancia es creciente.

Sin duda, la globalización ha provocado en mayor o menor medida una apertura de los mercados, principalmente de los países del llamado mundo occidental, lo que ha generado en términos estratégicos, por un lado, nuevos retos y oportunidades para el crecimiento económico, al abrir nuevos y más amplios espacios de interacción; pero por otro, ha conllevado nuevas debilidades y amenazas, entre las que se encuentra una severa crisis en materia de seguridad, propiciada –entre otras cosas, por supuesto, no es la única- por la globalización del crimen organizado, no solo en aspectos del orden federal, como el tráfico de drogas, armas y personas, el lavado de dinero, la piratería o el contrabando, sino también en actividades ilícitas del orden penal local o común, como el robo de autos, el robo a transeúnte, el robo de autotransporte ligado al comercio informal de mercancía de procedencia ilícita y este, a su vez, a los intereses políticos de líderes que en muchos casos tienen nombre y apellido.

Las formas de operación de la delincuencia organizada son cada vez más sofisticadas, sus herramientas y medios de ataque como sus mecanismos de impunidad son cada vez más variados y complejos. Es por ello que resulta inaplazable el diseño y puesta en operación una estrategia de enfoque multidimensional y multidisciplinario que estudie, diseñe y realice acciones concretas y contundentes para que los hechos y actos delictivos que se presenten sean tratados de acuerdo a su propia y cada vez más compleja naturaleza y características, desde una óptica de gran angular, que horizontalmente contemple bajo un mismo eje conceptual sus implicaciones a nivel comunitario, municipal, estatal, regional, nacional, internacional y global y verticalmente valore y atienda integralmente su impacto en lo jurídico, penal, administrativo, social, político, económico, etc., lo cual sólo podrá lograrse con una colaboración y coordinación efectivas entre los órganos públicos, los privados y la sociedad.

Pero ser exitoso contra el delito y la inseguridad en un Estado Constitucional implica ante todo contar con un marco normativo actualizado, que permita la coordinación intra e interinstitucional; que articule políticas públicas y acciones institucionales y conjuntas; que brinde una atención de mayor calidad a la población; que dé una mayor transparencia en la actuación de los servidores públicos y las instituciones involucradas; que sea más eficiente en la lucha contra la delincuencia para prevenir y combatir la impunidad y ante todo con estrategias y acciones concretas orientadas en ese sentido.

Con base en este marco, es igualmente imprescindible e inaplazable lanzar una reforma administrativa de fondo, capaz de lograr instituciones lo suficientemente bien organizadas, flexibles, dotadas de autoridad y recursos adecuados y suficientes para realizar en términos normativos, políticos, técnicos y materiales todos los esfuerzos necesarios que produzcan mejores condiciones de seguridad para la población en todos los niveles y sectores, en todos los lugares.

Ambas reformas -la jurídica y la administrativa- encuentran en la información un sólido sustento, pues su objetividad y contundencia dependen en gran medida de la producción, con cada vez mayor calidad y valor agregado, de bases de datos homogéneas y organizadas, a partir de las cuales las instituciones de seguridad pública –de manera individual y coordinada- generen información siempre objetiva, oportuna y útil para el conocimiento –repito- multidimensional y multidisciplinario de cada problemática en cuanto a su origen, dimensión y contexto, ramificaciones, actores y sujetos, ubicación, grado, impacto y ámbitos de penetración; sus conexiones locales, estatales nacionales internacionales y globales. Ciertamente, la información de inteligencia en materia de seguridad pública debe contribuir a conocer y comprender para comunicar, orientar, recomendar, decidir y actuar.

Desgraciadamente todo esto parece ser una verdad de Perogrullo, luego de más de 25 años de que se instauró el sistema nacional de información sobre seguridad pública, cuyos resultados no han tenido un impacto notable en las condiciones de seguridad en el Estado, esto es, en la población, la seguridad territorial, el establecimiento y renovación del poder público y la transparencia y efectividad en los actos de gobierno.

Si bien el trabajo institucional y la coordinación de los organismos públicos es crucial para diseñar, instrumentar y aplicar una política pública integral de seguridad pública, resulta igualmente importante motivar, educar e involucrar y motivar a la sociedad civil para que contribuya también de forma eficaz a la solución del problema, convirtiéndose realmente en un eje transversal capaz de participar en el incremento cuantitativo y cualitativo de información con la que pueda generarse inteligencia, empleando para ello nuevos métodos, tecnologías y medios que impulsen la denuncia, la reflexión proactiva, la cooperación comunitaria.

Todo lo anterior en mayor o menor medida también ha sido parte de la retórica de gobiernos, partidos y organizaciones públicas. Privadas y sociales; los ciudadanos nos seguimos preguntando hasta cuando la parte retórica y metodológica del asunto, brincará la zanja y pasará de los dichos a los hechos? Los medios se encargan de restregarnos en la cara las cifras y notas sangrientas, aunque omiten otras tanto o más alarmantes en términos criminológicos. ¿Por qué no ha cuajado la estrategia de seguridad? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué decisiones ha faltado por tomarse?

Descentralización y Estado Constitucional

DESCENTRALIZACION Y ESTADO CONSTITUCIONAL

 Por José Ramón González Chávez

 

La descentralización es al mismo tiempo una forma estructural de organización de la administración de la rama ejecutiva del poder público y un modo de distribución y ejercicio de gobierno

En lo administrativo, la descentralización alude a un sistema distribuido de políticas, programas y acciones, encaminados a dar armonía, congruencia, eficiencia y transparencia a los actos de gobierno en sus distintas escalas (municipal, estatal, regional, federal).

Sin embargo, en lo político, la descentralización es un sistema relaciones multidireccionales que dan vida y sentido al gobierno. En tal sentido, se refiere evidentemente a la forma en que se ejerce el poder, ya sea como la facultad de crear Derecho, hacer política pública y finalmente convertir en hechos las iniciativas tendentes a mejorar el modo y la calidad de vida de la sociedad, que es uno de los fines primordiales y primigenios del Estado.

De ahí que la descentralización no puede seguir siendo considerada meramente como una categoría formal y lógica de organización y ejercicio gubernamental, sino mucho más ampliamente como una política no de gobierno sino de Estado; un sistema integral que atiende a principios básicos, primero de constitucionalidad y luego, en consecuencia, de civilidad política y social, capaz de permitir que instituciones y sociedad interactúen para mejorar el entorno objetivo a todas las escalas mencionadas, respetando desde luego sus propios entornos, circunstancias y esferas de acción e igualmente, que las relaciones entre gobernantes y gobernados, tanto de tipo vertical, esto es, entre órdenes de gobierno, como horizontal o transversal, en cuanto a los distintos aspectos que abarca la actividad pública, sean más amplios, directos y fluidos.

 

La Descentralización y la forma de Estado:

El artículo 40 constitucional establece la forma del Estado mexicano, proclamándose como una República que posee tres atributos esenciales: es Democrática, Representativa y Federal.

Vista desde esa perspectiva, en primer lugar, la descentralización contribuye a la construcción de un Estado Democrático, al impulsar la unidad en la diversidad, al propiciar la consolidación del ente federal a partir del respeto a las condiciones propias y específicas de cada región, de cada entidad, de cada municipio; al fomentar la participación de la ciudadanía en la planeación, diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas, planes y programas de gobierno.

En segundo lugar, la descentralización es Representativa, porque permite una actividad más coordinada y eficiente entre los actores, las instituciones y los ciudadanos, al establecer y mantener un flujo adecuado de decisiones y acciones dentro de las escalas municipal, local, regional y federal.

Por último, la descentralización es el medio más claro y objetivo para instrumentar el Federalismo al transferir a los gobiernos de las entidades – y por derivación de éstas a los municipios- atribuciones, recursos, información, decisiones y responsabilidades propios y compartidos, dando con ello mayor consistencia al Estado y a la sociedad.

 

Descentralización y la forma de gobierno:

La concepción moderna del Poder como elemento constitutivo del Estado, ya no como facultad de fuerza impuesta al otro, sino como capacidad para crear y modificar el marco jurídico y de gobierno, implica a la vez unidad de mando sin soslayar lo diverso, plural y activo de la vida pública, cualidades que se reflejan en términos de Estado y gobierno en la existencia y convivencia dentro del mismo espacio de diversas instancias de poder y decisión, reales y formales.

La descentralización como opción política y administrativa es sin lugar a dudas una decisión fundamental de Estado y Gobierno y como tal, dada la forma de gobierno presidencial establecida en el artículo 42 constitucional, depende del titular del poder ejecutivo y de este en relación con los ejecutivos de las entidades federativas y municipales.

En tal sentido, el fondo y la forma de esta decisión, permeada de factores históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, determinarán el nivel de profundidad y alcance de descentralización, pues definirá las características de integración del poder a través de las instituciones y la forma en que se organiza y estructura la acción de gobierno.

 ¿Por qué no hay una política ya no de Estado, siquiera de gobierno en nuestro país? Esa es una buena pregunta que habrá de ser formulada a nuestros gobernantes y a los candidatos tan vacíos de propuestas concretas en sus campañas y tan faltos de acciones una vez que acceden al gobierno.

 

«La Guerra de las Falacias: Una Nueva Desesperanza»

LA GUERRA DE LAS FALACIAS

“Una nueva desesperanza”

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

No, mi estimado y único lector que tengo, no se trata de un nuevo episodio de la famosa zaga de George Lucas, aquella de Arturito, Sitripio y Chubaca (tenía unos cuates que hasta así les apodaban…) ni de la Princesa Lea, perdón, quise decir la Princesa Lía; la primera era vedette de antes de que se cayera el cabaret Capri por el sismo de 1985, en que andaba pensando jeje… ¡No, de ninguna manera! me refiero a la sarta de dimes y diretes que se ha soltado entre el ejecutivo federal y sus detractores a raíz del “Gasolinazo” (título que ya desde hace tiempo se venía usado en la farándula mediática para designar a los aumentos de precio del líquido elemento vehicular, pero que ahora se ha puesto realmente de moda con todo su tétrico esplendor), buena parte de los cuales de uno y otro bando son verdaderos adefesios en términos argumentativos.

De la parte gubernamental, escuché con atención el discurso del 5 de enero con el que el Presidente Peña nos dio nuestro regalote de día de reyes y también lo dicho en el mismo sentido por diversos personajes de los sectores público, privado y social en el evento el pasado lunes 9 de enero dentro del marco de la firma del “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección del a Economía Familiar”. Al margen de las frases y recursos retóricos tan sobados por décadas, de los arrumacos discursivos que ya ni a ellos convencen, en términos de estricta técnica argumentativa se dieron algunos conceptos dignos de destacar por ser falacias, esto es, mentiras disfrazadas de verdad. He aquí solo un par de botones de muestra:

         1. El aumento no se dio por causas internas, sino externas (premisa mayor): subió el precio del petróleo (premisa menor 1); en consecuencia, también subió el de la gasolina (premisa menor 2) y como importamos más de la mitad de la que consumimos (premisa menor 3) pues aumento el precio en México (conclusión).

Total falacia que técnicamente se denomina de Causa – Efecto. A ver señor Presidente, secretarios y achichincles del ramo. Ahí les va un contraargumento: a) si ese es el criterio, ¿por qué no bajó el precio de la gasolina cuando los precios del petróleo y por ende de la gasolina extranjera estaban comparativamente mucho más bajos?; b) aunque hay que reconocer, sin eximir de culpas a nadie, que el precio de la gasolina no ha dejado de subir desde hace ya mucho tiempo (solo recordemos que cuando Fox se sentó en la silla presidencial en el año 2000 la gasolina costaba menos de 5 pesos) ¿por qué en lugar de subirle campechanamente al precio no se pusieron desde 2012 a rehabilitar las refinerías que ya tenemos y aumentar la producción de gasolina nacional para volver a ser autosuficientes tal como lo éramos antes?; c) Si el aumento es “externo” ¿por qué la gasolina mexicana cuesta menos en Estados Unidos que en México? Al hacer la comparación de precios con otros países latinoamericanos, solo refiere a los que no tienen petróleo y omite a los que sí son productores como Venezuela, entre otros, donde la gasolina tiene un precio mucho menor; por lo tanto, esta comparación así como la pretendida justificación del alza, en general, son falaces.

Ahí va otra joya:

         2. (Premisa Mayor) Seguir subsidiando la gasolina, a la larga hubiera sido peor, principalmente para los que menos tienen para quienes habrá programas de apoyo: (Premisa menor 1) O se acababa con el subsidio de más de 200 mil millones de pesos al año o se acaban los programas sociales; (Premisa menor 2) de hecho, resentirán más el alza quienes gastan más gasolina, que son los que más dinero tienen y que son solo el 10% de la población; además se afectarían los impuestos y las finanzas públicas por un recorte presupuestal que paralizaría al gobierno. (Premisa menor 3) Además, comparativamente con otros países latinoamericanos el precio de la gasolina en México sigue siendo menor

Estamos ante otra falacia denominada Ad Verecundiam, en la que las cuatro premisas (mayor y menores) carecen de inferencia (relación lógica entre ellas) y por lo mismo, de una conclusión que las englobe y explique. Ahí les va otro contraargumento: a) ¿Por qué se contradice al afirmar primero que el aumento de la gasolina afecta a los que menos tienen y luego sostiene que afecta más a los que más tienen por lo que no hay tanto problema, pues se trata solo del 10% de la población?. Ay Sr. Presidente y conclapaches: el aumento afecta a TODOS, un gobernante tiene la responsabilidad de gobernar para todos y de apoyar a todos, según los recursos disponibles y las necesidades específicas de cada grupo. b) por que la posición apocalíptica de que o gasolinazo o cero programas sociales? Por qué no se fue primero con obligar al pago de impuestos a las 400 empresas que más ganan en México? ¿por qué no acabar con los aviones, viajes, coches, guaruras, celulares, sueldos exorbitantes, bonos, etc., de sus funcionarios mayores de los tres poderes y órganos autónomos? Por qué no establecer una acción contundente de tolerancia cero contra la corrupción? Lejos de paralizar al gobierno ¿no lo haría más honesto y modesto ante la ciudadanía?

Hasta ahí me quedaría con la postura oficial, para no hacer más corajes. Pero ni qué decir de los detractores que -salvo la respuesta del ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas que, estemos de acuerdo o no, es digna de reconocerse por su actitud propositiva- no sé si están igual o peor, al dedicarse de forma más que simplista y reduccionista al insulto, a la petición de renuncia, a la mentada, al meme, en lugar de dar argumentos, propuestas, alternativas, de asumir acciones de solidaridad y colaboración para contener el efecto, justificando incluso actos delictivos contra terceros en sus bienes y derechos, que en total contradicción, dicen ser a quienes se supone representan en sus “marchas”, bloqueos y saqueos.

En medio de esta guerra de falacias, estamos usted y yo, ciudadanos como cualquiera, en calidad de meros espectadores de la ignominia. Como decía el compa Tomás Mojarro: Ah México, hasta cuando….