Actualidad de la Soberanía en el Estado Mexicano

Por José Ramón González Chávez

ACTUALIDAD DE LA SOBERANÍA EN EL ESTADO MEXICANO

Por José Ramón González Chávez

La soberanía (del latín super–omnia: por sobre todas las cosas) es un concepto que sostiene nuestra organización política y robustece la dignidad de la Nación; nos da capacidad para tomar decisiones políticas fundamentales y crear normas en el marco de la constitución y fundamenta nuestra existencia como país libre e independiente; entraña supremacía dentro de las fronteras e igualdad en las relaciones con otros países.

Como forma de conciliar el poder de hecho con el de Derecho, la soberanía ha adquirido diversos matices según la manera en que se ha organizado y ejercido el poder político en una comunidad. Por la vinculación inevitable con aquél, desde que surgió, la soberanía ha sido uno de los tópicos más controvertidos de la Teoría Política y el Derecho Constitucional, a tal grado que es posible afirmar que hay tantos conceptos de soberanía como autores se han dedicado a su estudio, y que en sus respectivas argumentaciones la han defendido, atacado o aun negado.

Referencias Históricas

La soberanía, con las características que la han distinguido tradicionalmente, surgió en el medioevo como un instrumento para resolver los conflictos de poder entre el rey, el papado y los señores feudales. Al crear la figura del “soberano”, gobernante supremo del Estado-Nación, se legitima el poder al interior y al exterior del territorio. En el siglo XIV, Juan Bodino definió y sistematizó el concepto, y al hacerlo, legitimó el ejercicio del poder para crear las normas jurídicas y hacerlas cumplir coactivamente.

En el siglo XVIII, con el surgimiento del liberalismo, el concepto de soberanía se fue desplazando cada vez más del terreno político al jurídico. El debate en lo intelectual se centró entonces en la naturaleza, origen, residencia y ejercicio de la soberanía, y en los hechos, se reflejó en una contraposición de tesis: de un lado, los contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau) la situaron con todos sus atributos (inalienable, imprescriptible, suprema y absoluta) en una entidad colectiva: el pueblo, afirmando que la sociedad surge de un acuerdo de voluntades y que el Estado, producto de la razón, subsiste como unidad de poder que tiene su asiento en la “voluntad general”, auténtica soberana y, como tal, creadora de la constitución y el Derecho.

Del otro, los nacionalistas (La Salle, Sieyès) hicieron depositar la soberanía en la Nación, concepto basado en elementos de carácter sociológico, antropológico, étnico, geopolítico y cultural que permiten la permanencia de la tradición y crean en sus habitantes un sentido de identidad común. Esta última postura fue adoptada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y por la constitución francesa de 1791, de donde pasó a España y de ahí, al pensamiento político y al constitucionalismo en hispanoamérica.

Al poco tiempo, el concepto de soberanía se convirtió en base conceptual de los movimientos independentistas, de gran utilidad para justificar la autodeterminación política, la identidad socio-cultural propia, la descolonización y la protección del patrimonio nacional, y en el ámbito internacional, les dio argumentos para demandar a los demás países un trato igual.

Por otra parte, al referirnos a nuestro país, cabe recordar que el conflicto bélico en Europa y el vacío de poder por el exilio de Fernando VII a causa de la invasión napoleónica a España, permitieron la germinación de los movimientos de independencia en las colonias novohispanas desde dos posiciones políticas divergentes: de una parte, los “realistas”, conservadores, comerciantes, clérigos y militares, defensores de la monarquía y de la doctrina de la soberanía nacional porque ésta garantizaba el mantenimiento de sus privilegios; y de otra, los “insurgentes”, liberales, republicanos, en su mayoría de base criolla y mestiza, defensores de la doctrina de la soberanía popular.

En la Nueva España, entre los documentos constitucionales más relevantes de la época insurgente, destacan los “Sentimientos de la Nación” del 14 de septiembre de 1813, que expresan en su punto número cinco que “la soberanía es popular y que es voluntad del pueblo depositarla en sus representantes”. De manera sobresaliente, la Constitución de Apatzingán de 1814, define con claridad y amplitud el concepto de soberanía (facultad de dictar leyes y definir la forma de gobierno); sus características (inalienable, imprescriptible, absoluta), su residencia (en el pueblo); y la forma como se ejerce (de manera directa, por los principios de autodeterminación, autolimitación; y derivada, a través de la representación nacional y la división de poderes); a su vez, el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, prescribió: “La soberanía reside radical y esencialmente en la Nación”.

En la constitución de 1824 la expresión “soberanía” está ausente; si acaso en su introducción es mencionada como atributo del congreso. Durante las tres décadas posteriores, los diversos grupos políticos que disputaban el poder, se arrogaban la posesión y defensa de la soberanía nacional, convirtiéndola en un recurso retórico que era indispensable invocar.

La constitución de 1857 proclamó en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Con este precepto, aun vigente, el constituyente logró conciliar con gran sensibilidad y talento legislativo las nociones nacional y popular, e integrar los elementos básicos que conforman políticamente al estado mexicano: soberanía, pueblo, poder público y gobierno.

En la actualidad resurge en México, como en muchos otros países, un intenso debate sobre las distintas formas de concebir la soberanía, su naturaleza y características. Así, hay quienes postulan que la soberanía en un estado federal moderno se establece a partir de un arreglo institucional que permite una distribución vertical de competencias entre ámbitos de gobierno, la que se garantiza por el constituyente, único poder capaz de crearla y modificarla. En este marco de competencias, cada uno de ellos dispone de una soberanía limitada a su ámbito de acción. Otros afirman que si la soberanía es indivisible, los estados federados no gozan más que de una autonomía jurídica, política y administrativa.

Desde la perspectiva del constitucionalismo mexicano, según lo establecido en la Carta Magna, la soberanía se concibe como dual: su artículo 40 expresa que la república mexicana es “…democrática, representativa y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación…”; por su parte, el artículo 41 dispone que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores…”. Esto no quiere decir que existan dos soberanías, ya que ésta por su naturaleza indivisible tiene un solo origen e idéntica legitimación, proviene de la voluntar popular expresada mediante el voto, pero se expresa en dos distintas vías: los poderes de la Unión y los de los estados. Este esquema permite un equilibrio eficaz entre el ejercicio de la soberanía en el ámbito federal y la de los estados, que se manifiesta fundamentalmente en las facultades de expedir su propia constitución y de formar parte de importantes instancias como el constituyente permanente, responsable de las reformas y adiciones a la Carta Magna.

La soberanía puesta al día

En el siglo XX, el estado nacional entró en un proceso de profunda transformación. Los conflictos bélicos mundiales, la guerra fría, el surgimiento de bloques regionales integrados, como la Unión Europea y el debate sobre la “globalización” obligan hoy a una profunda revisión del concepto clásico de soberanía desde la perspectiva internacional. En la era de la globalización tecnológica, política, económica, social y cultural, la realidad internacional influye de manera contundente en la constitución de todo país, sea cual sea su forma de organización jurídica y política.

Desde esta perspectiva, la vieja pugna entre contractualistas y nacionalistas se da ahora, según Dietr Nöhlen, entre los neo idealistas y los neo realistas: los primeros afirman que la soberanía debe ser vista y comprendida en sus relaciones con el pensamiento regionalista o universalista sobre la responsabilidad global (paz, derechos humanos, multiculturalidad, medio ambiente), que conduzca a un nuevo orden internacional organizado federativamente y basado en un “contrato social mundial”; también, que el carácter absoluto de la soberanía nacional ha entrado en colisión con el postulado de la sociedad mundial, lo que impide resolver adecuadamente los problemas globales, tanto estructurales (subdesarrollo, hambruna, amenaza ecológica, armamentismo) como de coyuntura (proteccionismo, recesión, endeudamiento).

En contraparte, los segundos sostienen que la soberanía nacional es la única forma de mantener el poder de cada estado y justificar su existencia en el sistema internacional, haciendo valer sus intereses; que debe regresarse a los esquemas de protección y defensa de las identidades locales como forma eficiente de garantizar al interior, el bienestar y la seguridad, y al exterior, construir en el marco global una entidad ordenadora internacional con una soberanía estatal limitada. Una tercera posición manifiesta que la soberanía nacional es una ficción, que de hecho nunca ha existido en su estado puro, pues siempre se han dado relaciones de interdependencia e influencia entre estados y que, más bien, lo que hay son ciertos espacios de libertad, merced a los cuales, los estados nacionales establecen su régimen interno, tomando en cuenta las necesidades y los márgenes de aceptación social.

Todo evoluciona: desde el fin de la segunda guerra mundial, derivado del avance de la tecnología, las relaciones internacionales, los sistemas de información y comunicaciones, el concepto se ha ido ampliando sustancialmente, al grado de que en la actualidad, aunque conserva sus rasgos de origen, ya no se compone ni significa lo mismo que cuando nació.

Realidades históricas como la guerra fría, el surgimiento de bloques regionales como la Unión Europea y el debate sobre la “globalización” tecnológica, política, económica, social y cultural, obligan hoy a una profunda revisión del concepto clásico de soberanía desde las perspectivas nacional e internacional.

El carácter “absoluto” de la soberanía nacional creado en el romanticismo del siglo XIX ha entrado en colisión con el postulado de la sociedad mundial. En la era de la “realidad líquida” el entorno internacional influye de manera contundente en la vida institucional de todo país, sea cual sea su forma de organización jurídica y política. Ahora, en una suerte “contrato social mundial”, influyen en ella la corresponsabilidad global (paz, derechos humanos, multiculturalidad, medio ambiente), los vínculos multilaterales (intercambio comercial, armonización jurídica, desarrollo, sustentabilidad, migración, armamentismo), y hasta posiciones ideológicas encontradas (proteccionismo, recesión, endeudamiento).

Todo esto nos obliga a preguntarnos si el concepto de soberanía incorporado desde principios del siglo XIX en las constituciones federal (art. 39, uno de los pocos que no sido reformado desde 1824) y locales sigue siendo adecuado y suficiente para dar la base que requiere nuestra organización jurídico-política frente a un entramado de relaciones cada vez más complejas al interior y al exterior. Una eventual reforma refrescaría a su vez otras instituciones como la representatividad, la división de poderes, el federalismo, la democracia participativa, la inclusión de nuevos actores políticos, solo por citar a los más relevantes.

LOS RETOS DE LA SOBERANÍA EN MÉXICO

La soberanía resurge en México como en muchos otros países en medio de un intenso debate sobre las distintas formas de concebir su naturaleza y características. Así, hay quienes postulan que en un estado federal como el nuestro, se establece a partir de un arreglo institucional que lleva a la distribución vertical de competencias entre los distintos ámbitos de gobierno y se garantiza por el constituyente, único poder capaz de instituirla y modificarla. Otros, sostienen que cada entidad federativa goza originalmente de una soberanía propia pero que en aras del Pacto Federal, queda circunscrita a su ámbito de acción jurídica, política y administrativa, acotada por el pacto federal.

Los preceptos alusivos a la soberanía en la Carta Magna, poseen elementos que mantienen su plena vigencia y positividad, como el que radica esencial y originalmente en el pueblo y que por tener ese origen popular, se perfecciona en su ejercicio frecuente, como es el caso del voto; que se expresa de manera dual, a través de los poderes públicos federal y local, y dentro de nuestra entidad federativa, también por medio de los ayuntamientos.

Independientemente de ello, es evidente que el concepto es necesario y útil, como lo es el que debe ser puesto al día. Quizá los preceptos constitucionales que consagran la idea de soberanía pueden mantenerse intactos, aunque podría ampliarse su aprovechamiento merced a una visión más moderna y eficaz del Derecho. Mantenerse anclados en la lógica tradicional es ignorar los retos y desafíos y, también, las ventajas y oportunidades que nos impone el cambio de época que nos ha tocado vivir.

En nuestro país, como en todo el mundo, el concepto de soberanía demanda una revisión a fondo. La recomposición en el ejercicio del poder, la necesidad de revitalizar el federalismo, el surgimiento de una sociedad civil cada vez más demandante, la presencia de nuevos actores políticos, la magnitud de la problemática social, entre otros factores, obligan a interrogarnos si el concepto de soberanía incorporado en las constituciones federal y local sigue siendo adecuado y suficiente para dar la base que requiere nuestra organización jurídico-política, frente a un entramado de relaciones cada vez más complejas al interior y al exterior de nuestras fronteras. El gobernante que se aferre a mantener su visión en el pasado sobre el tema, difícilmente podrá resolver con eficiencia problemas nacionales e internacionales, tanto de carácter estructural como de coyuntura.

Adicionalmente, en cuanto a la soberanía interna, la doctrina en otras latitudes, establece figuras jurídicas que permiten la manifestación de la voluntad soberana ciudadana a través de diversas figuras que prevé la democracia participativa, deliberativa y de fiscalización.

Por lo que atañe a la soberanía frente al exterior, su ejercicio si bien requiere de una ampliación en cuanto a la conformación constitucional espacio aéreo, espacio ultraterrestre, espacio radioeléctrico, esta no debe limitarse a la mera salvaguarda del territorio y quienes lo habitan, lo que entraña una actividad pasiva, sino que debe aprovechar el potencial proveniente de la globalización y lograr los mejores acuerdos, en posición de igualdad, con otros países, con los diversos sujetos de Derecho Internacional Público, incluso con las crecientemente activas organizaciones que cuentan con presencia internacional.

Por otra parte, se podría explorar la posibilidad de que los estados, que hoy sólo pueden celebrar “acuerdos interinstitucionales” en el ámbito internacional, los cuales se asemejan a declaraciones de “buenas intenciones”, sean capaces de suscribir tratados, si éstos se limitan a sus “regímenes interiores” y a asuntos de su competencia, con la participación de los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad y, eventualmente, del Senado de la República, para verificar su constitucionalidad y legalidad, habida cuenta que, actualmente, muchas relaciones políticas, comerciales, culturales, etcétera, con entes extranjeros, se fincan en los intereses y las posibilidades de los gobiernos locales que también se han abierto al mundo, sin que esto atente contra las autoridades nacionales.

Finalmente, si la libertad es a los individuos, lo que la soberanía es a las autoridades, ésta debe ser inteligentemente ejercida, buscando pactos que se conviertan en oportunidades para las personas, sin las cuales, ella carecería de sentido.

BIBLIOGRAFIA

Arnaiz Amigo, Aurora (1980). “Soberanía y Potestad”. México, Ed. Porrúa, 2ª edición.

Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola (1982). “Diccionario de Política”. México, Ed. Siglo XXI. 1ª edicion en español, pp. 1534-1545.

Cárdenas García, Jaime. “México a la Luz de los Modelos Federales”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie. Año XXXVII, n° 110, mayo-agosto 2004, pp. 479-510

Carpizo, Jorge (1983). “La Constitución de 1917”. México, Ed. Porrúa, 6ª Edición.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada (1985). México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (1995). Toluca, México, H. Cámara de Diputados, LII Legislatura.

Kotzur, Markus (2003). “La Soberanía Hoy. Palabras Clave para un Diálogo Europeo-Latinoamericano sobre un Atributo del Estado Constitucional Moderno”, en “De la Soberanía al Derecho Constitucional Común: Palabras Clave para un diálogo Europeo-Latinoamericano”. Häberle, Peter; Kotzur, Markus, Autores. Fix-Fierro, Héctor, Traductor. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1ª edición, 2001; 1ª reimpresión 2003.

Ley Sobre Celebración de Tratados. Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 1992.

Nöhlen, Dietr. “Diccionario de Ciencia Política”. Ed. Porrúa y el Colegio de Veracruz, México, 2006, pp. 1268 a 1271.

Salazar Mayén, Rubén (1984). “Desarrollo Histórico del Pensamiento Político”. México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios, n° 16, 2 tomos, 4ª edición.

Unión Europea. “La Construcción Europea a Través de los Tratados. Los Principios Fundacionales de la Unión”. http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_es.htm. Consult. 2 de enero 2008.

Verdross, Alfred (1983). “Filosofía del Derecho del Mundo Occidental”. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, colección Filósofos Contemporáneos, Serie Textos Fundamentales, 2ª edición en español.

LA PRISÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN ENTREDICHO

Por José Ramón González Chávez

LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN ENTREDICHO

Por José Ramón González Chávez

Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) expidió una resolución sobre el caso García y Alpízar contra el Estado Mexicano, asunto que junto con otros como el caso Radilla o Digna Ochoa sentarán precedentes históricos no sólo en el sistema jurídico de nuestro país sino también a escala internacional.

El fondo del asunto está en que los señores Daniel García y Reyes Alpízar fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por 17 años (!!), además de haber sido víctimas de vejaciones, tortura material y psicológica y violaciones al debido proceso a lo largo de todo ese tiempo, lo que evidentemente constituye una “pena sin juicio” y es contrario a los derechos humanos y a todo principio constitucional, en concreto (aunque no en exclusiva) pasando por encima de artículos constitucionales como el 16, 19, 20 y 29 que se refieren específicamente a dichos temas.

Hace 20 años los señores García y Alpízar fueron detenidos por el homicidio de la entonces regidora de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre del 2021 y además cohecho para el sr García, quedando encarcelados 17 años hasta que el 23 de agosto del 2019 les fue conmutada la medida (la prisión preventiva no es pena) por la de libertad restrictiva mediante uso de brazalete de geo localización, sin poder salir del Estado de México ni acercarse a los familiares de la víctima, y hasta mayo pasado -20 años después- se les dictó una pena de 35 años de prisión, cuya sentencia aun no es firme.

En cuanto a las acciones realizadas, los representantes de las víctimas pidieron a la CIDH que tomara una serie de “medidas provisionales” previstas por su propio marco jurídico, por existir la extrema gravedad, la urgencia y la posibilidad de un daño irreparable a las víctimas, tres condiciones que requieren darse de manera conjunta para que esa instancia jurisdiccional pueda otorgar las medidas solicitadas.

En sus conclusiones la CIDH determinó que no se configura la condición de “extrema urgencia” pues los señores García y Alpízar se encuentran en libertad restrictiva desde hace 3 años y por lo tanto al faltar este elemento, no puede dictar medidas provisionales, aunque ellos mantienen su derecho a impugnar e incluso ampararse contra la eventual sentencia definitiva que aún no se dicta.

El asunto lleva a reflexionar sobre la prisión preventiva oficiosa, que por la indebida mezcla de los sistemas penales anterior y actual, debida a la formación caduca de los operadores y su ignorancia del nuevo sistema, permite una alta subjetividad que puede ser y de hecho es utilizada políticamente de forma perversa contra adversarios al gobierno en turno:

La PPO es contraria a los instrumentos internacionales firmados por México (por lo tanto son parte de la constitución) dado que violenta principios universales de derechos humanos, tales como:

1) la presunción de inocencia, pues mediante esta medida se ha privado de la libertad de forma excesiva e irracional a miles de personas, lo que transgrede también principio de debido proceso.

2) la proporcionalidad de la sanción, pues contrario a lo que dispone el art. 20 de la constitucion, esta no puede aplicarse por más de dos años; sin embargo la gran mayoría de las víctimas siguen encarceladas por mucho mas tiempo.

3) el sistema de justicia penal acusatorio en su conjunto, pues en casos como el señalado, se detiene a personas sin una orden escrita del juez que funde y motive las causas de la detención tal como lo señala el art. 16 constitucional, además de no se les da a conocer los cargos sino hasta mucho tiempo después de estar detenidos, entre otros actos indebidos; y

4) el principio pro persona, pues de acuerdo al artículo 1° constitucional y los tratados internacionales no se puede violar mediante tortura, intimidación, amenaza u otros medios la integridad física y psicológica de las personas acusadas, pudiendo aplicarse normas y precedentes cuando estos favorecen a la causa de los inculpados.

Hay que tener en cuenta que en México existen más de 92 mil personas encarceladas sin sentencia, de las cuales mas de la mitad están dentro por prisión preventiva es decir, sin siquiera existir juicio de por medio.

¿Qué le impide a un juez dictarla de manera excesiva e irracional bajo pretexto de que los acusados “son poderosos, tienen dinero y contactos, pueden fugarse”, etc., condiciones subjetivas tanto de los detenidos como de la autoridad en estimar condiciones personales sin tener en muchos casos relación con el fondo del asunto?

¿Quién le devuelve la vida, los años pasados privados de la libertad, el daño material y psicológico a los encarcelados, muchos de los cuales están encarcelados por falta de recursos, por no tener una buena defensa?

¿Son la prisión preventiva oficiosa y el criterio de oportunidad un teatro de sombras chinas usado para generar falsamente una percepción social de justicia y eficacia de las instituciones que deben impartir justicia, cuando en realidad esconden corrupción, detención, encarcelamiento y sentencias por consigna, ínfima calidad neutralidad y objetividad de los juzgadores?

La PPO a los largo de todos los años en los que se ha aplicado ¿ha logrado disminuir la incidencia delictiva? ¿Ha mejorado la procuración e impartición de justicia en México?. ¿Dónde queda el papel del juez en la ponderación, criterio vital dentro del nuevo sistema de justicia? Da la impresión de que no ha sido mas que una forma de ocultar la ineptitud del Ministerio Público, susu órganos auxiliares (policía de investigación y peritos), así como de los cuerpos de policía preventiva.

De ahí que el caso García y Alpízar contra el Estado Mexicano que se lleva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentará precedentes históricos no sólo en el sistema constitucional de nuestro país sino también en la impartición de justicia más allá de nuestras fronteras.

La Prisión Preventiva oficiosa (PPO) por más de 17 años (la más larga de la historia de la justicia en México), además de mal trato, tortura física y psicológica y violaciones al debido proceso a lo largo de todo ese tiempo, las acciones de las autoridades relacionadas con el caso son a todas luces contrarias a los principios universales, la constitución y las leyes mexicanas, los tratados internacionales y precedentes judiciales de otros países. Expliquémonos:

Al respecto cabe mencionar que la PPO no elimina la vigencia y razón de ser de la prisión preventiva justificada, que tiene por objeto garantizar la integridad física de las víctimas, el buen curso del proceso, evitar la evasión de la justicia o liberar a alguien que sea reincidente. Pero ambas tienen que darse como medida excepcional, nunca como regla y siempre con fines de tutela, no punitivos. Además es solo una de las 17 medidas cautelares previstas por el derecho mexicano. Se aplica a 61 delitos considerados «de alto impacto», catalogo que fue considerablemente ampliado a partir del inicio de la presente administración.

Con base en lo anterior, la CIDH ha recomendado al Estado mexicano eliminar el arraigo y la PPO por ser contrarios a las convenciones internacionales vinculantes firmadas por México. Esta sugerencia es trascendente pues debe tenerse en cuenta que hay más de 92 mil personas en prisiones mexicanas a causa de la prisión preventiva oficiosa o justificada, que en casos como la Ciudad de México y Chiapas llega al 100% de los internos (!!!), así que la resolución de la CIDH tendrá impacto como precedente judicial en todos los casos en donde esta sea aplicable, además que obligará a modificar sensiblemente el sistema judicial de nuestro país ya que 4 de cada 10 que están presas, lo están bajo esta medida, cuya lista de delitos que la ameritan fue por cierto ampliada recientemente.

Sin embargo, adoptar esta recomendación implicaría para el gobierno mexicano: a) la eliminación de una disposición constitucional; b) la reparación del daño material y moral a las víctimas; c) la obligación de la autoridad para que no se vuelva a repetir; y d) la retroactividad de la resolución para quienes estuvieran en el mismo supuesto.

Aquí surge una pregunta del mayor interés: ¿una resolución de la Suprema Corte puede eliminar o declarar inaplicable un precepto constitucional? Si bien en el viejo sistema esto no sería factible, bajo la óptica del nuevo sistema, y desde que inicio el proceso de instauración del nuevo sistema de justicia, con base en el artículo 1° de la Constitución, toda autoridad está obligada a no aplicar un precepto jurídico si encuentra que es inconstitucional.

Hay que reconocer que el mundo ya no es el mismo que el que vivíamos hace 20 años; hay nuevas formas de ver y vivir la constitucionalidad, tal como lo han demostrado las cortes de Bolivia, Canadá y Turquía, donde la inaplicabilidad se ha lograd logrando en los últimos dos casos hacer justicia, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde.