Por José Ramón González Chávez
LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Y LA CONSTITUCION
Por José Ramón González Chávez
La noche del pasado viernes 8 de julio, a eso de las 21:30 horas, en su casa de la Ciudad de Cuernavaca, murió el Presidente Luis Echeverría Álvarez, abogado y político mexicano, que como todo estadista relevante, ha sido, es y será sujeto de claroscuros que van desde el reconocimiento a sus logros como jefe de Estado y de gobierno, al desprecio, en la mayor parte de los casos falto de argumentos, cuando no visceral e ignorante.
Toda persona que se digne de hacer análisis político, aunque sea a nivel elemental, tiene la responsabilidad de tener como premisa básica la objetividad, pues las apreciaciones subjetivas contaminan el resultado, lo debilitan y por lo tanto, le restan valor y utilidad; y en las cuestiones constitucionales, cuyo carácter como sabemos es a la vez jurídico y político, este requisito es aún más riguroso.
Todo analista de asuntos constitucionales tiene que tomar en cuenta también un elemento imprescindible, que es el contexto, es decir el entorno, la situación política, económica, social, cultural donde se desenvuelven los hechos y/o actos que serán sujetos de estudio, pues sin él, cualquier esfuerzo resultará inservible.
Es imposible tratar de hacer en los límites de este espacio un análisis completo y transversal del gobierno del Presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) con sus claroscuros políticos, económicos y sociales que sin duda tiene, por lo que en esta ocasión y con el afán de aportar al equilibrio de la balanza de la historia como corresponde al análisis objetivo de todo gobierno, nos referiremos únicamente los aspectos constitucionales llevados a cabo durante ese período, la gran mayoría de los cuales, por su trascendencia, quedan fuera del debate de los extremos.
En tal sentido, durante el sexenio de LEA se llevaron a cabo 40 reformas constitucionales, 15 menos que las que ha hecho el presente gobierno en sus primeros tres años y la cuarta parte de las 155 hechas durante la administración de Enrique Peña. Sin embargo muchas de las modificaciones realizadas en ese período han dejado una profunda huella en la historia constitucional e institucional del país; me limito a señalar a continuación solo las de mayor importancia positiva:
1. Se estableció como derecho fundamental (derecho humano reconocido por la Constitución) en el artículo 4°, el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, que derivó en garantías promotoras y defensoras de los derechos de la mujer en adición a las propuestas de la ONU y otros organismos internacionales en la materia. En ese mismo artículo, se incluyeron innovaciones como los derechos sociales a la planificación familiar y el de toda familia mexicana a tener una vivienda, lo que propició otras reformas constitucionales y a leyes reglamentarias que sustentaron la creación de instituciones como el INFONAVIT, el FOVISSSTE y el ISSSFAM.
2. En plena guerra fría, apenas unos meses después de los sucesos que desembocaron en el 2 de octubre de 1968 y en el contexto a nivel mundial de la situación tensa y estricta de los gobiernos frente a las protestas estudiantiles de esos mismos años (baste recordar las represiones en EUA y los asesinatos de líderes sociales como Martin Luther King y Robert Kennedy, del Che Guevara en Bolivia, Checoslovaquia, Yugoslavia, París, el “otoño caliente” de Italia, los movimientos antifranquistas en España, las movilizaciones laborales en Reino Unido, la Revolución Cultural en China, entre otros que tuvieron saldos de ciudadanos, estudiantes y policías muertos), todo esto sumado a las presiones ejercidas por el gobierno norteamericano al mexicano y al interior de los grupos de poder al interior para contener el crecimiento de la izquierdización social, en el marco del proceso denominado “apertura democrática” se aprobaron e instrumentaron audaces reformas a la Carta Magna como la disminución de edad de 21 a 18 años para adquirir la ciudadanía y en complemento, la disminución a 21 años como edad mínima para ser diputado, las cuales permitieron una mayor participación de los jóvenes como votantes y participantes en las decisiones políticas, integrándose a su gobierno y al congreso una buena cantidad de dirigentes estudiantiles incluso de la entonces izquierda radical;
3. Se incrementó en 1,600% el presupuesto de la UNAM y también el del Instituto Politécnico Nacional (IPN); se creó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), un buen número de Universidades e institutos tecnológicos estatales y se fundó el CONACYT con lo que se dio un incremento muy significativo de becas para efecto de que los estudiantes accedieran a becas para realizar estudios en el extranjero.
4. Se llevaron a cabo transformaciones constitucionales profundas al sistema electoral y de partidos, entre las que se introdujo la figura de legisladores de representación proporcional y la preparación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE);
5. La forma de Estado evolucionó profundamente al incorporar al territorio la figura del Mar Patrimonial de 200 millas náuticas, compuesto del mar territorial (12mn) y de la Zona Económica Exclusiva (188mn), esto como consecuencia derivada de la propuesta de México y posterior firma por parte de prácticamente todos los países del entonces denominado “tercer mundo” de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Cartadedere), lo que al implicar para nuestro país más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de mar, añadió más territorio que el perdido de espacio terrestre durante el gobierno del presidente Santa Anna. Esto permitió también preparar jurídica y políticamente al país en el contexto de una crisis petrolera global (la primera guerra del golfo) crear infraestructura y explotar el petróleo en esas aguas que antes eran “mar libre” y desde entonces hasta ahora constituyen, como su nombre lo dice, una zona de explotación en exclusiva de nuestro país para fines de desarrollo económico, todo lo cual le permitió a México pasar de ser importador histórico de petróleo a exportador en 1976 –reitero– en plena crisis petrolera mundial.
6. En lo tocante al gobierno, se dieron más atribuciones al Congreso para poder legislar en materia de administración pública, lo que permitió entre otras cosas generar las condiciones para la modernización tanto del Instituto Nacional de Administración Pública como centro de formación, actualización y profesionalización de servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal como la creación inmediatamente después de iniciado el nuevo sexenio, de la importantísima Coordinación de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, organismo sin parangón en la historia de la vida gubernamental del país.
7. En cuanto a los tres sectores productivos –campesino, obrero y popular– se llevaron a cabo reformas a la carta magna que permitieron: a) la redistribución de tierras, la creación de cooperativas de producción agrícola y pesquera y el reforzamiento jurídico para la culminación del reparto agrario iniciado en 1915; y b) contar con herramientas para la protección al ingreso de los trabajadores como el Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los Trabajadores (FONACOT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
La extensión de este espacio nos impide tocar de forma exhaustiva las demás reformas constitucionales llevadas a cabo durante el sexenio de Luis Echeverría, lo único que nos resta decir es que quienes comparan ese gobierno con el actual cometen un grave error por ignorancia, puesto que –sólo por poner un ejemplo y sin más comentarios– el gasto publico entonces se dedicó a la creación de instituciones y de políticas y programas para apoyar a los sectores productivos, proteger a las familias y propiciar la inclusión a la vida institucional de los jóvenes incluso de los contrarios al régimen, cosas que hicieron pocos países en el mundo de entonces.
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