Por José Ramón González Chávez
Uno de los temas que ocupan un lugar primordial en la cultura política y social en nuestro país sobre todo en lo que se refiere a la reforma del gobierno, es sin duda el de la burocracia; y no me refiero a ella en el sentido peyorativo que emplearan por primera vez los detractores del absolutismo en Francia e Inglaterra para criticar la forma antidemocrática mediante la cual la élite cortesana accedía a los cargos públicos como un privilegio otorgado por el monarca, sino en el sentido Weberiano como la institución integrada por servidores públicos que cuentan con sueldos fijos y ciertos, que establece entre ellos relaciones de autoridad legales, legítimas y ordenadas sistemáticamente, y separa al funcionario del puesto, donde nombramientos y ascensos dependen tanto de acuerdos contractuales regulados previamente como de la preparación profesional y la experiencia de cada trabajador.
La administración pública no es sólo cuestión de ciencia y de técnica, sino también y sobre todo de liderazgo, de visión y voluntad políticas, de inteligencia y de convicción social, de sentido común; en pocas palabras, de factor humano, elemento sin el cual resultaría difícil concebir una estrategia modernizadora integral de y en la administración pública, ya se trate de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, tanto en la administración central (dependencias) como en la paraestatal (entidades).
Desde hace tiempo, la administración pública se enfrenta a grandes retos externos como el incremento de la carga administrativa a partir del proceso globalizador, la creciente participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, el ruido informativo de las redes sociales, solo por mencionar algunos de los más importantes. Sin embargo, una buena forma de enfrentarlos es conociendo, estudiando y resolviendo primero los problemas internos que padece tanto a nivel general como en cada uno de sus órganos constitutivos y que por su complejidad, requieren de una atención y solución transversal entre Derecho, política y técnica administrativa.
Si se pretende una transformación integral del gobierno, hay que referirse obligadamente a un sector importante de la ciudadanía que está a su servicio. Por eso, reformar la función pública implica al mismo tiempo transformar significativamente la estructura del poder público, sus órganos y actos de autoridad, si no se quiere caer en un mero ejercicio de retórica populista.
No es nuevo que en México los gobiernos han caído históricamente en la aparente contradicción entre 1) la necesidad de profesionalización de la función pública como mecanismo eficaz para mejorar los índices de calidad y eficiencia en la gestión pública; 2) una creciente demanda de servicios públicos ante el crecimiento de la población y sus necesidades y expectativas; y 3) la obsesión por el adelgazamiento del aparato estatal como política pública permamente bajo el argumento de un supuesto ahorro en el gasto público. Al contrario, profesionalización burocrática, atención de necesidades crecientes y racionalización del aparato público son perfectamente compatibles, siempre y cuando se empleen las herramientas de planeación estratégica adecuadas.
La eficiencia y eficacia en la actividad de los servidores públicos determina en gran medida el logro de los objetivos del plan de gobierno. Precisamente por esta razón es necesario construir una nueva concepción de la función pública integrada por trabajadores con perfil y experiencia adecuados para atender los problemas que se presentan en la gestión pública cotidiana, que la considere un verdadero motor del desarrollo nacional con visión de largo plazo, con sustentabilidad, transparencia y legitimada a través de mecanismos de comunicación y participación social.
Si las autoridades de los tres ámbitos de gobierno realmente desearan una función pública eficiente y eficaz deberían dejar a un lado la retórica y enfocarse en en el diseño y operación de políticas públicas, programas y acciones para construir una administración pública eficiente y capaz de resolver bien y pronto la problemática social.
Si lo que se quiere realmente es lograr una nueva forma de hacer gobierno, antes de arrasar con la oz de los despidos y recortes salariales muchas veces sin fundamento, los ejecutivos municipales, estatales y federal deberían primero avanzar hacia el logro de objetivos tales como:
1. Conocer el estado del arte de la función pública. Realizar un censo de los recursos humanos adscritos a cada dependencia y entidad, para saber, por una parte, la dimensión y distribución de la plantilla de personal, su escolaridad, formación y experiencia, en contraste con un análisis, catálogo, descripción de puestos y actualización de tabuladores salariales para efectos de escalafón, planear programas racionales de capacitación y, en acato a la normativa en materia de datos personales, conocer información de incalculable valor para la planeación y desarrollo estratégico de personal, como la edad del trabajador, su estado civil, sexo, domicilio, número y edad de dependientes económicos, entre otros.
2. Garantizar certeza en el empleo, mejorando los métodos de selección, reclutamiento y promoción del personal de base y de confianza, equilibrando el sistema de concurso y el de cuotas para escoger a los más aptos, con un esquema claro de atribuciones, evaluación del desempeño, seguridad social y ascenso en el escalafón.
3. Optimizar la Competencia Profesional, mediante un sólido programa de formación, capacitación, adiestramiento y actualización, no solo en términos profesionales sino también en materia de relaciones humanas, cultura organizacional, espíritu de servicio y relaciones humanas, a fin de dar una mejor la atención al público para atender y resolver los asuntos a su cargo.
4. Actualizar y simplificar el marco jurídico administrativo, con objeto de precisar atribuciones y mecanismos de coordinación intra e inster institucional de organismos y servidores públicos; dar certeza y claridad a los ciudadanos en cuanto a los tramites y procedimientos que deben realizar; impulsar e incrementar la participación de la ciudadanía en distintas fases del proceso administrativo.
La profesionalización del servicio público no es utopía, ya un hecho tangible por ejemplo en el servicio exterior, la carrera militar y el servicio profesional electoral, lo que debe ser un aliciente para extender estos casos de éxito a todas las esferas del quehacer gubernamental.
El escenario actual exige definir y operar estrategias para mejorar el servicio público, pero hacer esto realidad implica necesariamente que haya liderazgo y voluntad política para tomar decisiones, coordinar esfuerzos, de forma vertical entre las distintas esferas de gobierno y horizontal a nivel intra e interinstitucional, logrando que el servicio público de carácter civil, menospreciado por administraciones anteriores, pero olvidado en las actuales, recupere su merecida calidad de motor del desarrollo y de la verdadera transformación nacional que todos queremos y seguimos esperando.
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