Desastres Naturales y Elecciones:

Por José Ramón González Chávez

Hasta el momento de la elaboración de este texto, el huracán Agatha había dejado muertos desaparecidos y casi un cuarto de millón de personas damnificadas registradas oficialmente y de acuerdo a los pronósticos del servicio meteorológico nacional, pueden presentarse más fenómenos de igual o mayor magnitud en los próximos días.

Pero cuando vinculamos estos fenómenos a procesos electorales tan cercanos como el que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio en 6 estados de la República, el asunto adquiere otra dimensión, pues un asunto que causa tantas pérdidas materiales y humanas y dolor para quienes sufren estas calamidades puede convertirse lamentablemente en medio propicio para la comisión de actos antidemocráticos de manipulación de la desgracia con fines meramente electoreros.

El aprovechamiento perverso de las desgracias sociales para fines electorales no es nuevo y no solo se ha dado desde los gobiernos en turno usándose también por las oposiciones en turno. El más reciente fue el que sucedió el 19 de septiembre del 2017, prácticamente en plenas campañas presidenciales y de más de 3 mil procesos de renovación de autoridades electas en los 3 órdenes de gobierno a nivel nacional, donde por supuesto pero particularmente en este caso si bien se focalizó en varias entidades federativas que se vieron afectadas por estos acontecimientos, sus repercusiones se resintieron en todo el país en términos de recursos, infraestructura pública y privada, pérdidas económicas, empleo, ingresos por turismo materiales y de vidas humanas.

Fue por eso que el INE en ese entonces emitió normas para atraer estos asuntos y con ello tratar de evitar que los partidos y candidatos se montaran sobre las catástrofes naturales (ver resolución INE/CG398/2017), mismas que en su momento fueron impugnadas ante el TRIFE (así llamaremos por costumbre al Tribunal electoral de la Nación) por varios particos políticos y gobiernos locales.

Hay que resaltar que en la historia electoral reciente de México ha habido casos en donde ya se han anulado elecciones municipales y de gobernador por estos motivos. Vale recordar los casos de Aguascalientes, Michoacan y Colima desde 2014.

Sin embargo, independientemente de estos esfuerzos de regulación y sanción, vale mencionar que si bien hay reglas para la reubicación de casillas por desastres naturales, hasta el momento no existen reglas de operación a nivel nacional ni local para que los partidos y gobiernos locales e incluso el federal lleven a cabo la adquisición, ejercicio, transparencia, evaluación y rendición de cuentas de recursos y apoyos en la materia que pudieran ser aprovechados con fines electorales, y lo que es peor aún, tampoco hay sanciones ni administrativas, ni menos penales para los partidos, autoridades y personas que cometan estas irregularidades, más todavía si se trata de elecciones que no estuvieron cerradas.

Ante esta lamentable situación de ausencia de reglas y sanciones para estos casos, lo cual es a todas luces lamentable y dañino a nuestro sistema democrático, somos los ciudadanos quienes debemos estar alertas ante la comisión de estos actos contrarios a la ley y la ética democrática, y en su caso exigir transparencia en el establecimiento formal de procedimientos de operación, ejercicio de recursos, acciones concretas, reporte de gastos de los recursos públicos, privados e incluso aportaciones internacionales relacionadas con los desastres, con mayor razón cuando se dan en la coyuntura de procesos electorales.