IMPORTANCIA DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL
Por José Ramón González Chávez
De acuerdo al Derecho Administrativo y la teoría de la Administración Pública, hay dos formas de organización administrativa: 1) La administración centralizada, integrada por secretarias y departamentos de Estado y 2) La administración paraestatal, que se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, instituciones nacionales de seguros y fideicomisos públicos.
Al analizar estos últimos, ante todo debemos tener en cuenta qué son para qué sirven cómo funcionan, para saber si son necesarios, útiles o no para el ejercicio del gobierno y si se deben desaparecer o mantenerse.
Etimológicamente, la palabra fideicomiso proviene de las voces latinas fides que significa fe, confianza, y comissium, que significa encargar la realización de algo a alguien y puede haberlos de carácter privado, públicos o de participación mixta.
En el caso de los segundos, técnicamente el fideicomiso público es un contrato, por el que un organismo gubernamental, a quien se denomina fideicomitente, y que según la legislación de la materia es en exclusiva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), constituye un patrimonio autónomo con bienes y recursos de los que es titular para dedicarlos a un fin lícito, claro y específico, siempre de interés público, que llevará a cabo un organismo especializado en la materia respectiva llamado fideicomisario, asumiendo la titularidad del patrimonio fideicomitido y siendo responsable la administración de dichos bienes y fines una sociedad nacional de crédito llamada fiduciario.
En México y en el mundo, los fideicomisos públicos se han creado para fomentar el desarrollo económico, social y cultural, la investigación y diversas actividades de carácter educativo, académico, artístico y de salud pública; otorgar becas y formación de capital humano entre las más importantes, dando concreción y seguimiento a programas públicos.
Su administración y gestión implican la necesidad de un constante y permanente monitoreo en cuanto al cumplimiento de sus fines y el beneficio esperado.
Al respecto, existen con claridad dos posiciones encontradas de las que a continuación presentamos los argumentos más relevantes:
Por una parte, los diputados morenistas que obviamente votaron a favor de la iniciativa presidencial (aunque hubo algunos que no lo hicieron así), basaron su decisión en las siguientes “premisas”:
- Todos los fideicomisos son organismos incapaces de cumplir sus fines debido a la corrupción; generalización que mete a todos en el mismo saco, sin haberse realizado una sola auditoría, ni haberse presentado una sola prueba al respecto.
- La desaparición de los fideicomisos no implica el retiro del apoyo a las actividades que cada uno de ellos realizaba, se reasignaran directamente a los organismos y fines que tenía cada uno;
- Contradictoriamente con esta declaración, el propio congreso señaló que el presupuesto que actualmente se gasta en los fideicomisos (68 mil millones de pesos) se usará para comprar vacunas anti COVID, lo que es falso, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la SHCP y según lo manifestado por autoridades de esa Dependencia se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, pero que independientemente de ello va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas anti COVID (y los otros 33 mil millones?).
Por otra parte, hay una gran cantidad de organizaciones y actores políticos que se han manifestado en contra de la extinción a tabla rasa de los fideicomisos públicos, con los siguientes argumentos:
- No se puede meter a todos los fideicomisos en el mismo saco; antes de extinguirlos, debería hacerse una auditoria a cada uno de ellos y en caso de encontrar irregularidades, ineficiencias y/o corrupción, hacer las denuncias correspondientes con sus respectivas pruebas ante la FGR;
- No existe ni plan ni estrategia para la redistribución de los más de 68 mil millones de pesos a cada organismo o cada fin para los que fueron creados los fideicomisos que se pretende desaparecer; al contrario, hay una gran oscuridad y opacidad sobre el destino de esos recursos. Se corre el riesgo de perder la independencia de los programas y proyectos pues ahora tendrán que negociarse cada año con el ejecutivo y los legisladores que podrán asignar el presupuesto de acuerdo a sus intereses personales o de grupo.
- Es falso que esos recursos se vayan a destinar a comprar vacunas anti COVID, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la Tesorería de la Federación y según lo manifestado por autoridades de la SHCP se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, aunque respecto de la COVID dijo que va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas. Pero las cuentas no cuadran: ¿y los otros 33 mil millones? en la exposición de motivos del decreto que modifica 19 leyes y abroga 2 para eliminar esos 109 fideicomisos, se dice que también podrán destinarse a “programas sociales del bienestar” pero nadie sabe cuáles son, ni a qué dependencias se otorgarían, ni en qué montos. Además, ese dinero no se sabe si quedaría en el presupuesto de 2020 o del 2021. Hay quien afirma que lo van a ocupar para seguir financiando los tres proyectos emblemáticos del gobierno actual.
Un buen ejemplo de ello es el caso de los 68 fideicomisos públicos de los 109 a desaparecer (es decir dos terceras partes del total) que tienen como fin fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, con los que se financiaba casi la totalidad de su operación y que en un alto porcentaje reciben recursos internacionales, no solo del gobierno. Hasta el momento los organismos del sector desconocen cómo continuarán sus trabajos, con qué presupuesto, cómo tendrán acceso ahora a los recursos, etc., lo cual sumado al 75% de reducción de su presupuesto desde 2019, generará sin dudas graves problemas en términos de eficiencia y eficacia institucional, si se tiene en cuenta por ejemplo investigaciones y actividades de mediano y largo plazo que no se pueden detener o que de hacerlo se provocaría un retroceso de años o incluso décadas como en el caso de la biotecnología, la investigación médica, el medio ambiente, entre otros.
Otro ejemplo es en materia de protección civil: la desaparición del FONDEN es realmente de alto riesgo, pues por su propia naturaleza, muchos eventos catastróficos son imprevisibles, pero al mismo tiempo hay la certeza de que ocurrirán periódicamente, como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, etc. Si la atención a dichas emergencias dependiera exclusivamente de los fondos asignados en el presupuesto anual, y dependieran de la asignación discrecional del podría darse el caso de que el presupuesto anual se consumiera en un cierto rubro especialmente importante para el gobierno (la política energética), y que, ante un sismo de 8 grados, no hubiera suficientes recursos disponibles para auxiliar a la población o a las autoridades locales. Esta es justamente la razón de ser de ese fideicomiso público llamado FONDEN: asegurarse de que, con independencia de las necesidades en el corto plazo, siempre haya dinero disponible para enfrentar catástrofes naturales.
En fin, sin perjuicio de lo planteado por estas dos posiciones es más que evidente que si bien hay fideicomisos que deberían ajustarse a sus fines de forma transparente y eficiente o incluso extinguirse, la desaparición por la generalización que por desgracia se está aplicando de aquellos que han demostrado su utilidad y eficiencia va a causar no de inmediato, pero tampoco en un tiempo muy lejano, grandes daños al desarrollo nacional, a la administración pública y a la ejecución de actividades que por su naturaleza no pueden ni deben depender de los designios individuales del gobernante en turno más aun cuando muchos de sus proyectos están más allá de las ideologías y trascienden los sexenios.
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