Luis Echeverría Álvarez y la Constitución

Por José Ramón González Chávez

LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Y LA CONSTITUCION

Por José Ramón González Chávez

La noche del pasado viernes 8 de julio, a eso de las 21:30 horas, en su casa de la Ciudad de Cuernavaca, murió el Presidente Luis Echeverría Álvarez, abogado y político mexicano, que como todo estadista relevante, ha sido, es y será sujeto de claroscuros que van desde el reconocimiento a sus logros como jefe de Estado y de gobierno, al desprecio, en la mayor parte de los casos falto de argumentos, cuando no visceral e ignorante.

Toda persona que se digne de hacer análisis político, aunque sea a nivel elemental, tiene la responsabilidad de tener como premisa básica la objetividad, pues las apreciaciones subjetivas contaminan el resultado, lo debilitan y por lo tanto, le restan valor y utilidad; y en las cuestiones constitucionales, cuyo carácter como sabemos es a la vez jurídico y político, este requisito es aún más riguroso.

Todo analista de asuntos constitucionales tiene que tomar en cuenta también un elemento imprescindible, que es el contexto, es decir el entorno, la situación política, económica, social, cultural donde se desenvuelven los hechos y/o actos que serán sujetos de estudio, pues sin él, cualquier esfuerzo resultará inservible.

Es imposible tratar de hacer en los límites de este espacio un análisis completo y transversal del gobierno del Presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) con sus claroscuros políticos, económicos y sociales que sin duda tiene, por lo que en esta ocasión y con el afán de aportar al equilibrio de la balanza de la historia como corresponde al análisis objetivo de todo gobierno, nos referiremos únicamente los aspectos constitucionales llevados a cabo durante ese período, la gran mayoría de los cuales, por su trascendencia, quedan fuera del debate de los extremos.

En tal sentido, durante el sexenio de LEA se llevaron a cabo 40 reformas constitucionales, 15 menos que las que ha hecho el presente gobierno en sus primeros tres años y la cuarta parte de las 155 hechas durante la administración de Enrique Peña. Sin embargo muchas de las modificaciones realizadas en ese período han dejado una profunda huella en la historia constitucional e institucional del país; me limito a señalar a continuación solo las de mayor importancia positiva:

1. Se estableció como derecho fundamental (derecho humano reconocido por la Constitución) en el artículo 4°, el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, que derivó en garantías promotoras y defensoras de los derechos de la mujer en adición a las propuestas de la ONU y otros organismos internacionales en la materia. En ese mismo artículo, se incluyeron innovaciones como los derechos sociales a la planificación familiar y el de toda familia mexicana a tener una vivienda, lo que propició otras reformas constitucionales y a leyes reglamentarias que sustentaron la creación de instituciones como el INFONAVIT, el FOVISSSTE y el ISSSFAM.

2. En plena guerra fría, apenas unos meses después de los sucesos que desembocaron en el 2 de octubre de 1968 y en el contexto a nivel mundial de la situación tensa y estricta de los gobiernos frente a las protestas estudiantiles de esos mismos años (baste recordar las represiones en EUA y los asesinatos de líderes sociales como Martin Luther King y Robert Kennedy, del Che Guevara en Bolivia, Checoslovaquia, Yugoslavia, París, el “otoño caliente” de Italia, los movimientos antifranquistas en España, las movilizaciones laborales en Reino Unido, la Revolución Cultural en China, entre otros que tuvieron saldos de ciudadanos, estudiantes y policías muertos), todo esto sumado a las presiones ejercidas por el gobierno norteamericano al mexicano y al interior de los grupos de poder al interior para contener el crecimiento de la izquierdización social, en el marco del proceso denominado “apertura democrática” se aprobaron e instrumentaron audaces reformas a la Carta Magna como la disminución de edad de 21 a 18 años para adquirir la ciudadanía y en complemento, la disminución a 21 años como edad mínima para ser diputado, las cuales permitieron una mayor participación de los jóvenes como votantes y participantes en las decisiones políticas, integrándose a su gobierno y al congreso una buena cantidad de dirigentes estudiantiles incluso de la entonces izquierda radical;

3. Se incrementó en 1,600% el presupuesto de la UNAM y también el del Instituto Politécnico Nacional (IPN); se creó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), un buen número de Universidades e institutos tecnológicos estatales y se fundó el CONACYT con lo que se dio un incremento muy significativo de becas para efecto de que los estudiantes accedieran a becas para realizar estudios en el extranjero.

4. Se llevaron a cabo transformaciones constitucionales profundas al sistema electoral y de partidos, entre las que se introdujo la figura de legisladores de representación proporcional y la preparación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE);

5. La forma de Estado evolucionó profundamente al incorporar al territorio la figura del Mar Patrimonial de 200 millas náuticas, compuesto del mar territorial (12mn) y de la Zona Económica Exclusiva (188mn), esto como consecuencia derivada de la propuesta de México y posterior firma por parte de prácticamente todos los países del entonces denominado “tercer mundo” de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Cartadedere), lo que al implicar para nuestro país más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de mar, añadió más territorio que el perdido de espacio terrestre durante el gobierno del presidente Santa Anna. Esto permitió también preparar jurídica y políticamente al país en el contexto de una crisis petrolera global (la primera guerra del golfo) crear infraestructura y explotar el petróleo en esas aguas que antes eran “mar libre” y desde entonces hasta ahora constituyen, como su nombre lo dice, una zona de explotación en exclusiva de nuestro país para fines de desarrollo económico, todo lo cual le permitió a México pasar de ser importador histórico de petróleo a exportador en 1976 –reitero– en plena crisis petrolera mundial.

6. En lo tocante al gobierno, se dieron más atribuciones al Congreso para poder legislar en materia de administración pública, lo que permitió entre otras cosas generar las condiciones para la modernización tanto del Instituto Nacional de Administración Pública como centro de formación, actualización y profesionalización de servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal como la creación inmediatamente después de iniciado el nuevo sexenio, de la importantísima Coordinación de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, organismo sin parangón en la historia de la vida gubernamental del país.

7. En cuanto a los tres sectores productivos –campesino, obrero y popular– se llevaron a cabo reformas a la carta magna que permitieron: a) la redistribución de tierras, la creación de cooperativas de producción agrícola y pesquera y el reforzamiento jurídico para la culminación del reparto agrario iniciado en 1915; y b) contar con herramientas para la protección al ingreso de los trabajadores como el Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los Trabajadores (FONACOT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

La extensión de este espacio nos impide tocar de forma exhaustiva las demás reformas constitucionales llevadas a cabo durante el sexenio de Luis Echeverría, lo único que nos resta decir es que quienes comparan ese gobierno con el actual cometen un grave error por ignorancia, puesto que –sólo por poner un ejemplo y sin más comentarios– el gasto publico entonces se dedicó a la creación de instituciones y de políticas y programas para apoyar a los sectores productivos, proteger a las familias y propiciar la inclusión a la vida institucional de los jóvenes incluso de los contrarios al régimen, cosas que hicieron pocos países en el mundo de entonces.

¿Decreto «mata» Constitución?

¿DECRETO “MATA” CONSTITUCIÓN?

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

Hace unos días el ejecutivo federal dio a conocer su intención –solo es eso hasta el momento– de emitir un decreto por el cual haría pasar la Guardia Nacional a ser dependiente en su totalidad de la Secretaría de la Defensa. Esta declaración más bien resulta ser un buscapiés para ver como pasa en los medios y en la élite política, tentarle el agua a los camotes pues, para sopesar los argumentos que puedan exponer al respecto sus “adversarios” nacionales e internacionales.

Para hablar sobre el tema con elementos, hay que tener presente algunos conceptos fundamentales sobre lo que es un decreto, para que sirve, como se usa, solo por mencionar algunos:

La palabra Decreto proviene del verbo latino Descernere cuyo participio es Decretum, que significa acuerdo, resolución. Asi, tenemos que en términos jurídicos un decreto es una resolución oficial que en ejercicio de sus atribuciones emiten las autoridades de gobierno (es decir, de cualquiera de los poderes) para ordenar, indicar, describir, resolver o establecer acciones y medidas con respecto a un tema de su competencia que es de importancia pública. De esto se deriva que hay de diferentes tipos: Ejecutivos, que pueden ser administrativos, promulgatorios, de necesidad (por una situación de emergencia), así como legislativos y judiciales, de acuerdo con sus respectivas competencias.

En México, ya desde la Constitución de Cádiz de 1812 se han dado atribuciones a los distintos poderes públicos para emitirlos y en la actualidad la Constitución federal establece que los expedidos por el presidente deber ser refrendados por el titular de la Dependencia correspondiente al tema (art. 92).

El Decreto es un instrumento útil para la acción gubernamental, que tiene sus ventajas como la de dar mayor agilidad a las decisiones de los distintos órganos del poder público, pero también sus limitaciones.

Para el Poder Ejecutivo, el Decreto es un acto administrativo útil para atender situaciones temporales y concretas que tiene consecuencias jurídicas específicas; es una herramienta de toma de decisiones para la buena marcha de la administración pública, que permite operar de manera rápida y práctica lo dispuesto en la Constitución o en una ley, cuando ocurre una situación inesperada, de emergencia, temporal y de solución inmediata, concreta.

Entre sus elementos de validez están el de carácter material, que es la forma, el procedimiento que debe observar para ser aplicable, y el de tipo formal, que es el objeto que persigue, que siempre deberá ser lícito, determinado, determinante, posible y ante todo constitucional, pues de acuerdo al sistema jurídico actual toda norma o disposición jurídica debe tener en su esencia el elemento indispensable de la constitucionalidad, ya que de otra forma, toda autoridad, –no solo la judicial, como erróneamente lo ha declarado el ejecutivo federal– está obligada a no aplicarlo precisamente por ser anti o inconstitucional, o sea, contrario a la Constitucion o sin base en ella (art. 1°).

Vale reiterar que la emisión de decretos por parte del Ejecutivo solo es posible excepcionalmente, para casos de emergencia temporal, tal como lo dispone el artículo 29 constitucional, los que en ningún caso podrán ser contrarios ni atentar contra los derechos fundamentales que en el caso del supuesto decreto que se está comentando involucra:

  1. El principio básico legalidad (art. 16) el cual fue incluso protestado por el presidente al momento de asumir su cargo: “cumplir y hacer cumplir la constitucion y las leyes que de ella emanen” (art. 87);
  • El derecho fundamental de los mexicanos a contar con cuerpos de seguridad pública –incluyendo la Guardia Nacional– de carácter civil (art. 21). Al respecto, hay que recordar que, contrariamente a lo que dispone la Constitucion de la República, la Guardia Nacional fue constituida desde sus orígenes por personal militar, empezando por su titular que no por ser un elemento “en retiro” deja de ser General y parte de las fuerzas armadas y tal calidad sigue siendo personal remunerado de la Dependencia; e igualmente, tal como la senadora y ex secretaria de Gobernación lo ha reconocido públicamente, la mayoría de sus más de 50 mil elementos son policías militares y navales, los que de acuerdo al apartado B) fracción XIII del artículo 123 de la propia Constitución, laboralmente se rigen por sus propias leyes, además de que por su propia naturaleza su función se circunscribe estrictamente al ámbito militar, siendo las funciones de policía civil que se les ha dado recientemente –tal como lo han señalado distintos mandos militares– contrarias a las normas que la rigen (por ejemplo: arts. 109 a 112 de la Ley Orgánica del ejército y Fuerzas Aérea; y punto 1.8 del capítulo VIII del Manual General de Organización de la Secretaría de Marina).
  • Un acto contrario al principio de separación de poderes, al pretender dictar un decreto de contenido constitucional sin pasar por el filtro del legislativo que fue el poder que aprobó la reforma en nuestra Carta Magna para crear la Guardia Nacional; en un Estado Constitucional democrático, un Decreto-Ley se emite con fundamento en la Constitución; pero expedir decretos que tienen que ver con principios constitucionales pasando por encima del poder legislativo y de la constitución es propio de los regímenes autoritarios o de gobiernos de facto.

En tal contexto, de expedirse ese decreto en los términos declarados por el ejecutivo federal, el Secretario de la Defensa que como vimos sería el encargado de refrendarlo, al igual que el general que funge como titular de la Guardia Nacional, en cumplimiento al artículo 1° de la carta Magna, estarían en primera instancia obligados constitucionalmente a no aplicarlo, precisamente por ser anticonstitucional.

En paralelo o como una opción alternativa, dependiendo del formato que la asesora jurídica estrella del presidente decida darle, existe la posibilidad de utilizar los distintos medios de control constitucional que pudieran ejercerse en contra del decreto, como son las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el propio amparo. Hablar de cuál sería el mejor o más adecuado para el caso concreto sin conocer hasta el momento que forma tendría en definitiva, sería bordar en el vacío. Sin embargo, lo importante es que los recursos constitucionales ahí están listos para ser usados.

Por último y en el caso extremo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de tribunal constitucional resolviera ratificarlo, el asunto también podría ser presentado ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana y/o la Corte Internacional de derechos humanos.

En términos del juego de póker, “decreto no mata constitución” esto es, un decreto no puede estar por encima o ser contrario a la esencia, principios, normas y prácticas constitucionales. Por ende, este proyecto de decreto en caso de ser emitido nacería muerto o quedaría relegado a la congeladora legislativa por el simple hecho de ser contrario a derechos, normas y principios de carácter constitucional, tal como ya lo han manifestado no pocos especialistas en el tema. Seguiremos pendientes de su desarrollo…

Post Verdad y Constitución

Por José Ramón González Ghávez

Postverdad y Constitución

Por José Ramón González Chávez

El Estado constitucional tiene como principio básico la sujeción al orden Constitucional, tanto de los ciudadanos como de las autoridades de los órganos del poder público del Estado, ya sean de carácter ejecutivo, legislativo y judicial en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; orden compuesto por lo que dispone –claro está– en la Carta Magna, pero también en los instrumentos internacionales vinculantes, la jurisprudencia y la doctrina constitucional, entre otros productos jurídicos, relacionados con los derechos fundamentales y los actos de autoridad que deben garantizar su ejercicio, promoción y defensa.

Sn embargo, este ser (la realidad), deber ser (lo que dispone la norma)y tener que ser (la coercitividad para hacer exigible su cumplimiento y sancionar al que la infrinja)del Derecho al que se refería en sus escritos el gran Jurista Jorge Carpizo, se enfrenta hoy como nunca a un recurso pseudo argumentativo que distorsiona la realidad y la manipula en favor del político, ya sea candidato o gobernante: la Postverdad, en grave detrimento del de la constitucionalidad y la democracia de un pueblo.

Postverdad en términos generales no es otra cosa que una o varias falacias de tipo visceral, es decir, dirigidas al hígado o al corazón, cuyo propósito es manipular y distorsionar deliberadamente una verdad, de tal suerte que para el manipulador los datos reales y objetivos tienen menos valor que las apreciaciones subjetivas y las reacciones, creencias, sensaciones, sentimientos y resentimientos individuales y colectivos que provocan, y de tal forma influir en la conducta de la opinión pública (la audiencia, el auditorio, los lectores, los medios).

Este recurso anti-argumentativo, es utilizado en el medio político desde los años 90 y se recurre a él cada vez con mayor frecuencia (baste recordar el caso del referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido), para que partidos, gobiernos, actores construyan líneas de discurso populistas que les permitan generar, mantener y aumentar simpatías y confianzas entre sus seguidores e indecisos, así como falsas expectativas mediante mentiras disfrazadas de verdad pero que tienen una alta carga emotiva, construyendo una especie de realidad paralela afín a la ideología de quien la usa.

La propia estructura y dinámica de medios y redes en la actualidad hace que a la ciudadanía –sobre todo en aquellos sectores más manipulables por razones socioeconómicas, educativas, culturales, etc. – le sea difícil corroborar esos datos y afirmaciones, más aun si van acompañados de imágenes de reforzamiento, aunque no tengan relación ni con lo que se dice y a veces ni siquiera con el asunto del que se trata.

Pero eso sí, cuando a alguien se le ocurre demostrar públicamente que esas declaraciones o notas son falsas o invalidas, además de que el que las ha expresado queda totalmente impune, este se va en contra de quien lo ha descubierto, tachándolo de adversario, cuando no de enemigo, y creando en su contra nuevas emociones dirigidas a la audiencia, eliminando el debate y lo que parece increíble, reforzando también su discurso falaz.

Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, si hubiera un pensamiento único, no se necesitaría de la política. Por eso el disenso es un elemento imprescindible de la democracia, de hecho es su razón de ser y por eso la política es la forma de buscar y encontrar en tal contexto acuerdos en lo fundamental, independientemente de las preferencias y expectativas personales y de grupo; y por ello también, quien conduce el Estado y el gobierno debe ser por obligación y responsabilidad política, su principal garante.

Hay que tener en cuenta que la conexión entre el discurso falaz, quien lo dice y la audiencia no se da de manera espontánea: se induce a través de la cooptación de los medios y el empleo de redes y herramientas informáticas como las fake news (noticias falsas pero repetidas por miles o millones), los bots (programas de computación que envían de forma automatizada, repetitiva y rápida estos mensajes-idea como si se tratase de personas, hechos y datos reales) y los trolls (personas anónimas que de manera gratuita o pagada se dedican difundir información falsa e insultar a los oponentes, provocando una tensión que lleva al silencio de quienes pudieran comentar algo, con lo que se intenta mostrar, de nuevo falsamente, como “aprobación”). Todas estas herramientas maliciosas ayudan al político a distorsionar la realidad a su favor, desacreditar a los adversarios, reforzar la conexión emocional con la audiencia y con todo eso mantener y mejorar artificialmente su popularidad.

Si bien, cualquier política o político puede usarla en su beneficio, la postverdad se convierte en una verdadera amenaza para el Estado Constitucional y el desarrollo democrático de un pueblo cuando es empleada de forma centralizada por el jefe de Estado y/o gobierno quedando exclusivamente en sus manos su diseño y reglas de operación, y convirtiéndola en línea política a la que deben sujetarse los simpatizantes, militantes, políticos y gobernantes de su propio partido, del que es –como en cualquier parte del mundo el líder nato–, convirtiendo a la Constitucion, las leyes e instituciones en algo inútil y hasta estorboso.

En tal contexto, el sistema, la cultura y el discurso políticos del México de hace 50 años le caen como anillo al dedo para usar las postverdad como herramienta electoral de gobierno; y es por eso también que “Guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes que de ella emanen” –única cosa que protesta cumplir un Presidente de la República cuando asume el cargo– deja de ser para él una responsabilidad política y jurídica de primer orden para convertirse en una frase sin sentido e incoercible, y principios generales del Derecho como “la Ley es la Ley” quedan sin valor, todo lo cual rompe desde su base el principal de los pilares que sostienen el Estado Constitucional.

En un Estado constitucional y democrático todos tenemos algo que decir; pero eso es algo que implica una gran responsabilidad cívica y política, pues no podemos decir lo que sea, tenemos que hacerlo con argumentos, pruebas, datos objetivos y fundamentos jurídicos que sustenten nuestras opiniones y presupone también la existencia de un entorno favorable y espacios para el debate razonado de ideas, donde todos ganan y ceden algo a fin de lograr consensos. De ahí se entiende por qué la argumentación es la columna vertebral del nuevo sistema constitucional, que abandona el modelo vertical autoritario, donde el gobernante en turno toma de manera unilateral las decisiones, haciéndolo ahora escuchando todas las voces e instrumentando los consensos logrados, lo que hace al sistema verdaderamente democrático.

Ante la contradicción dialéctica entre Estado constitucional y postverdad los ciudadanos tenemos la gran responsabilidad de manifestar nuestras ideas de forma argumentada, de no quedarnos callados ante la violencia mediática existente contra los que disienten, ya que como se comentó líneas arriba para la postverdad y sus usuarios “el que calla otorga”.

La Constitución: Espejo de un pueblo.

Por José Ramón González Chávez

 “La Constitucion, espejo de un pueblo”.

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

Ante todo, quiero agradecer a este importante medio por haberme acogido dentro de su equipo de columnistas. Estoy muy reconocido por el gesto de confianza y espero mantenerme a la altura de sus expectativas y de la calidad de tan destacadas y brillantes plumas.

Este espacio, cuya aparición se prevé todos los jueves, lo consagraré a escribir de la manera más clara, concreta y objetiva posible sobre aspectos y temas del acontecer nacional internacional que inciden en los principios, contenidos y fines de nuestra Constitución, concepto que desde el surgimiento del constitucionalismo liberal de fines del siglo XVIII ha venido evolucionando, pero que de unos años a la fecha lo ha hecho a una velocidad y amplitud sin precedentes, lo que me da pie a hablar a continuación de cómo es que ha evolucionado este concepto de “Constitución”.

Tal como lo hemos conocido en los últimos 250 años, este concepto surgió, por una parte, como desembocadura obligada del proceso independiente detonado en 1776 en lo que precisamente y gracias a ella sería los Estados Unidos de Norteamérica; y por otra, del movimiento revolucionario liberal (1789) que llevó a conformar la primera República Francesa.

La Constitución nace como una forma de compendiar las normas fundamentales tanto de formación y organización del poder público y sus órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), como de reconocimiento de los derechos humanos y políticos, gestándose de tal suerte con ambas posturas lo que ahora conocemos como las doctrinas constitucionales Norteamericana y Francesa, de las que abrevó México para elaborar su propia Carta magna y su tradición constitucional.

Pero como todo en la vida, las cosas evolucionan y el derecho y la política no son la excepción. Sobre todo desde el inicio del proceso de transformación formal del nuevo sistema a principios del presente siglo, el concepto de Constitución en nuestro país fue aunque sea formalmente ha cambiado; en la actualidad no solo comprende lo meramente inscrito en el Código o Carta Constitucional en sí, sino que ahora se extiende también a principios universales, ordenamientos, disposiciones y resoluciones que por ser parte de tratados y otros instrumentos internacionales firmados por nuestro país nos son vinculatorios, y que son emitidos por los órganos internacionales que tienen la alta misión de atender y resolver sobre aspectos clave del ser y deber ser constitucional y que por ende afectan nuestro ordenamiento jurídico

De ahí que algunos doctrinarios como Jorge Carpizo hablen de una constitucion Formal, que es el texto de la constitución que conocemos normalmente, pero también de una constitucion Material, que añade a la primera normas, disposiciones, decisiones jurisdiccionales, tratados y instrumentos internacionales que contienen principios de carácter universal, irrenunciables, que no pueden ser sujetos ni de la política ni de la economía y que son validos, aplicables y exigibles en cualquier parte del mundo, simplemente por el hecho que tiene que ver con la humanidad en su conjunto.

Ejemplos claros de ello los podemos encontrar con toda facilidad en temas como los derechos humanos y la ecología, pues lo que cualquiera haga a favor o en contra de ambos temas no solo me afecta a mí, o a mi comunidad, o a mi ciudad, o incluso a mi país, sino al mundo entero y por lo tanto los derechos y obligaciones que se tenga sobre ellos son totalmente reconocibles y exigibles ante instancias internacionales.

Es así como pasamos del tradicional “Estado de Derecho” liberal, de corte positivista, legalista, al “Estado de Derechos neo-constitucional”, de corte garantista, interpretativo, donde la argumentación es la columna vertebral y donde no basta que existan formalmente plasmados en el texto constitucional esos derechos y obligaciones sino que para que estos puedan ser una realidad concreta, deben garantizarse por el poder público y convertirse en actos concretos de los órganos de gobierno, tal como lo indica desde hace más de 10 años nuestro Código fundamental.

¿Cuáles son esos derechos y obligaciones tanto de la población y la ciudadanía (que no son sinónimos) como de los órganos del poder público?

Eso lo iremos viendo a través de lo que sucede en México en el curso de estas entregas…

Constitución, Ley y actos anticipados de precampaña: Lo que se ve sí se juzga.

Por José Ramón González Chávez

Constitución, Ley y actos anticipados de precampaña:

Lo que se ve sí se juzga.

Por José Ramón González Chávez

A partir del pasado domingo 12 de junio, solo una semana después de haberse llevado a cabo la elección para renovar diversos cargos en 6 estados de la República, a un costado del palacio de gobierno del Estado de México, es decir, en las propias narices del gobernador y lo que representa, líderes y gobernantes del Morena inició una serie de eventos que independientemente de los “argumentos” esgrimidos por algunos de sus principales actores para justificarlos, son de acuerdo a la Constitución y la ley anti constitucionales e ilegales que implican infracciones con sus respectivas sanciones.

Bajo esta premisa, basta con hacer un breve repaso a las principales normas constitucionales y legales que inciden en dichos actos:

En cuanto al primer ordenamiento, es decir la Constitución federal, el artículo 41 en sus fracciones I a IV refiere en palabras simples que 1) los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará la forma de su intervención en los procesos electorales, sus derechos, obligaciones y prerrogativas; 2) la ley garantizará la equidad en los elementos para llevar a cabo sus actividades y señalara las reglas del juego para sus campañas; 3) El INE es el encargado de investigar las infracciones a la constitucion y las leyes en la materia de comunicación de los partidos, dándolas a conocer al Tribunal Federal Electoral; además de 4) establecer las reglas para las campañas y precampañas y que éstas últimas solo durarán un máximo de dos terceras partes de lo que duren las campañas, que según el caso pueden ser de 60 o 90 días; y por último que 5) La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquiera otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

Ahora bien, en cuanto a las leyes electorales, la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LGIPPE) determina que: constituyen infracciones de los aspirantes, pre candidatos y candidatos a puestos de elección popular realizar actos anticipados de pre campaña o campaña (artículo 445 inciso a) y que la sanción por cometerlas es la pérdida del derecho del infractor o infractora a ser registrado como candidato (artículo 456, inciso c, numeral 3).

Por su propia naturaleza, en materia constitucional, política y derecho se separan por un velo muy delgado, a veces difícil de distinguir y este caso no es la excepción.

A estas alturas, a casi cuatro años de haber iniciado su encargo, resulta más que evidente que el código para leer al presidente, sus acciones y reacciones, es el código del PRI de hace 60 años, el cual puede ser comprendido mejor mediante la revisión de obras como “El presidencialismo mexicano” de Jorge Carpizo y la “el sistema Político Mexicano” de Daniel Cosío Villegas, ambas cuyo tema de análisis es precisamente el régimen político de aquellos momentos.

Con base en estos textos, tenemos que además de las atribuciones que constitucionalmente debe desempeñar en su calidad de ejecutivo federal, él es el jefe y –como se llamaba en aquel entonces- “líder nato” de su partido y por ende, los cargos internos, la designación de su dirigencia, el “palomeo de candidatos a todos los cargos de elección popular, la “línea” para senadores y diputados federales y legisladores locales, e incluso para presidentes municipales, son determinados -como él mismo le llama- por su “dedito”. De ser así entonces, las decisiones de realizar desde 2019 actos políticamente indebidos y legalmente prohibidos, si bien tienen varios autores materiales, poseen un solo autor intelectual.

En cuanto a los primeros, los “argumentos” (más bien falacias, es decir, mentiras disfrazadas de verdades) que han empleado carecen o transgreden lo previsto en la constitución y las leyes de la materia diciendo que:

1) “Se trató de una reunión “privada”, cuando el evento se llevó a cabo con la presencia de funcionarios y gobernantes en funciones, dado que asistieron en día y horas de trabajo, en un espacio público, estando presentes los medios que abierta y ampliamente difundieron el acto a nivel nacional, utilizándose recursos públicos para su organización, el desplazamiento de gobernantes y funcionarios públicos que descuidaron actividades de cumplimiento obligatorio de acuerdo a la Constitución, misma que a su vez establece sanciones por ello, como la inhabilitación y/o remoción del cargo  e incluso la perdida de prerrogativas ciudadanas, (artículos 36 fracción V y 38). El acto deja entrever también que se trata de una provocación flagrante al gobernador del estado de México y sobre todo al INE y al Tribunal federal Electoral encargados respectivamente de detectar, denunciar y sancionar estos actos. De hecho, cabe decir que existe jurisprudencia respecto de actos velados de pre campaña y campaña que han sido sancionados.

2) “No es delito la libre manifestación de las ideas”, cuando ese no es el fondo del asunto, sino que esta se utilice para asuntos electorales precisos, por personas impedidas para ello, en horarios de trabajo y al margen de lo que dispone la constitución y la ley, por lo que dichos actos de precampaña son indebidos, anticonstitucionales e ilegales (artículo 8° constitucional), además que no solo “se manifestaros ideas sino que también se usaron recursos públicos para la colocación de espectaculares, letreros, playeras, gorras, camiones para transportar a los “espontáneos” asistentes, etc.

Aunque constitucional y legalmente el tema es claro, políticamente resulta delicado, no solo por este acto concreto, sino porque los antecedentes y actos que se siguen dando indican que las infracciones continuarán y quizá queden impunes por razones más políticas que jurídicas. Usted ¿qué opina?

Aborto en EUA: Otra visión «doméstica» de los derechos humanos?

Por José Ramón González Chávez

Aborto en EUA: ¿Otra visión “doméstica” de los Derechos Humanos?

Por José Ramón González Chávez

Hace unos días la Corte Suprema de Estados Unidos de América (EUA) emitió una resolución en la que deja sin efectos la sentencia aprobada en 1973 por 7 votos a favor por 2 en contra sobre el caso “Roe vs. Wade” que permitió desde entonces a las mujeres norteamericanas decidir sobre la interrupción de su embarazo. Con ello, el máximo tribunal de EUA les arrebata indebidamente un derecho fundamental vigente y alimenta la polarización política y social en un momento en que los partidos mayoritarios contienden electoralmente para la elección de nuevos senadores, lo que tendrá por supuesto efectos con miras a la sucesión/reelección presidencial del 2024.

En esta ocasión la votación para revocar aquella sentencia y los principios constitucionales que contiene fue de 4 votos en contra por 5 votos a favor, con lo cual, se deja el camino abierto para que las entidades federativas que así lo decidan puedan adherirse a esa resolución haciendo los cambios respectivos a su legislación. De hecho, así ya lo han comenzado a hacer los estados de Missouri y Texas con iniciativas de leyes reglamentarias “fast track” y pronto harán lo mismo entidades federativas conservadoras como Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, las dos Dakotas, Tennessee, Utah y Wyoming, diez de los veinte a veinticinco de cincuenta estados que por su tendencia política similar se espera actúen en el mismo sentido.

Esto es algo muy lamentable, pues pretende revertir algo que es al mismo tiempo un derecho y una libertad constitucionales, que como tal en la doctrina mundial de los derechos humanos tiene características que todos los países deberían observar por estar basadas en la razón y el sentido común, mismas que por cierto se prevén la Constitucion Mexicana en su artículo primero:

  1. Son intrínsecos, es decir se nos atribuyen a todos por el simple hecho de ser seres humanos, y por lo tanto
  2. Son universales, esto es, son para todos y por lo tanto, al tratarse de normas constitucionales federales, no pueden aplicarse en unos estados sí y en otros no. Aquí el problema es que la Constitución de EUA desde su creación en 1779 carece de un apartado específico en materia de derechos humanos y por lo tanto deja a los estados que lo normen. También por lo mismo
  3. Son irrenunciables, nadie puede negárselos a sí mismo y el poder público tampoco los puede eliminar o suspender, salvo temporalmente, de acuerdo a la ley y por casos excepcionales;
  4. Son interdependientes, o sea que se relacionan estrechamente unos con otros, de tal suerte que eliminar uno afecta a todos los demás;
  5. Son inalienables, esto es, no se pueden hacer depender ni de la política, ni de la economía, no se pueden vender, comprar, traspasar, negociar, etc.;
  6. Son indivisibles, ya que no se pueden reconocer parcialmente en ciertos aspectos; y
  7. Son progresivos, lo que significa que una vez reconocidos no se pueden dejar de reconocer, al contrario tienen que ampliarse y fortalecerse.

Como puede verse, con base en estos principios básicos que caracterizan a los derechos fundamentales, la decisión de la corte suprema de EUA de anular el derecho y libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo es a todas luces anti constitucional, contraria a los tratados internacionales y a los derechos humanos, aunque como sucede en muchos otros aspectos, este caso no es la excepción en cuanto a la interpretación a modo por parte de EUA de la doctrina universal de los derechos humanos.

Pero el asunto no es solo jurídico, como en todo lo que tiene que ver con la constitución, también es político y social.

En lo político, estos acontecimientos tienen que verse desde la perspectiva electoral. El 8 de noviembre de este año habrá elecciones para renovar el Senado (allá se renueva por tercios cada dos años). En tal contexto, la estrategia del presidente Biden de ventilar públicamente en una especie de juicio político del ejecutivo los hechos vandálicos que desembocaron en la toma del capitolio el 6 de enero del 2021 y a sus autores materiales y sobre todo intelectuales (es decir, Donald Trump y diputados y senadores republicanos) tiene como respuesta política esta decisión de la Corte, pues hay que tener presente que 3 de los 5 ministros que votaron a favor fueron designados por Trump durante su presidencia, lo que lleva la contienda electoral al ámbito institucional y muestra un juego perverso de politización de la justicia norteamericana de ambos partidos en detrimento de la población.

Además, también provocará la división política de prácticamente 50%-50% entre los estados a favor y en contra de la sentencia. Ya algunas entidades como California, Michigan y Nuevo México se han pronunciado en ese sentido declarando que se convertirán en “santuarios” de ese derecho fundamental para que dentro de su territorio las mujeres que así lo decidan, puedan interrumpir su embarazo legalmente y en condiciones de salud pública seguras.

Al respecto, Donald Trump, en una óptica a todas luces fundamentalista, afirmó que “Dios tomó la decisión”. Por su parte, el presidente Biden ha declarado que esto afecta gravemente un asunto que no es de moral ni de religión sino de salud pública, pues la reversión no detendrá a las mujeres que quieran o necesiten interrumpir su embarazo, sin perjuicio de los derechos que quedan a salvo de aquellas que en lo personal decidan no hacerlo por sus convicciones morales, religiosas, etc., posición a la que se sumaron el ex presidente Barak Obama y la presidente de la cámara de diputados Nancy Pelosi, quienes se refirieron a una actitud lamentable, regresiva e insultante de la Corte que lesiona los derechos fundamentales de las mujeres.

Ahora bien, socialmente, es decir, en los hechos, la polarización política como se ha podido ver en los medios, se transfiere al ámbito social, acentuando la división entre quienes están a favor y en contra. Asimismo, e independientemente de la confrontación social, en lo personal las mujeres resolverán el asunto simplemente viajando de un estado a otro e incluso a otros países como México para poderlo hacer, tal como ha sucedido anteriormente en temas como la prostitución, la producción, venta y consumo de alcohol y drogas, entre otros.

Sin embargo, el daño jurídico, político y social está hecho. Como dijera Cervantes en su Quijote: “Cosas vederes Sancho”…

«Igualdad y Equidad: El Falso Dilema»

Por José Ramón González Chávez

IGUALDAD Y EQUIDAD: EL FALSO DILEMA

Por José Ramón González Chávez

La igualdad es uno de los grandes pilares que históricamente han sostenido y sostienen el edificio de la constitucionalidad en cualquier Estado democrático.

Si bien en el mundo occidental filósofos como platón ya habían reflexionado sobre el tema, es hasta el siglo XVIII que John Locke lo introdujo al campo de la doctrina jurídico política y poco después pensadores del liberalismo francés lo desarrollaron como principio fundamental, primero en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y luego en la Constitución de la primera República, en 1791.

A partir de los sucesos acaecidos durante la segunda guerra mundial, en los que se violaron los derechos humanos y preceptos primordiales de la organización jurídica política, se hizo evolucionar y se reforzaron principios fundamentales como el de Igualdad. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, establece textualmente que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la misma…”

Sin embargo, hay que decir que Igualdad y Equidad son conceptos que muchas personas –incluyendo legisladores, representantes populares y autoridades- confunden o hasta toman como sinónimos, cuando en términos constitucionales las distinciones entre ambos son claras.

En cuanto al concepto de Igualdad, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), establece que es un “Principio por el cual todas las personas deben recibir el mismo trato por las leyes sin que puedan existir privilegios o diferencias infundadas”.

Por su parte, el concepto Equidad implica la acción del poder público, cuando existen disparidades en el acceso efectivo de ciertas personas y grupos sociales a la igualdad, motivo por el cual para que esta pueda darse de manera efectiva, se requiere de normas, disposiciones e instituciones que brinden ventajas concretas en beneficio de un sector de la población más vulnerable frente a los otros, con el fin de apoyar y acompañar su desarrollo hasta lograr un equilibrio en las condiciones reales que permitan el ejercicio pleno de este derecho.

Como puede verse, el falso dilema entre la igualdad y la equidad puestas como sinónimas o como el de “qué fue primero, el huevo o la gallina” se elimina simplemente al distinguir entre la primera, que es un derecho fundamental y la segunda que es una garantía constitucional para el pleno ejercicio de este derecho. Expliquémonos:

Mientras la primera –la igualdad– es un derecho fundamental y como tal, inalienable, imprescriptible, progresivo, indisponible económica o políticamente, la segunda es una garantía, que se brinda tanto a todas las personas en general (igualdad sustantiva) como a ciertos sectores y grupos en lo particular mediante leyes normas, disposiciones, programas y acciones concretos por parte del poder público a través de sus instituciones, órganos y autoridades (legislativas, ejecutivas y judiciales) a fin de permitir el acceso real de personas y grupos vulnerables a ese derecho fundamental, y con ello materialmente pueda convertirse en actos concretos y socialmente en una forma de ver y vivir la vida, en parte de la educación cívica y la cultura social, tal como con gran claridad lo dispone el artículo 3° de nuestra Constitución.

Es bajo esta perspectiva que podemos comprender mejor la diferencia entre igualdad y equidad en las 45 veces que la Constitución de la República se refiere a ellos, pues si bien el legislador utiliza en la mayoría de los casos el término “igualdad”, el principio jurídico protegido por estas disposiciones tiene que ver más bien con la equidad, es decir con la responsabilidad institucional para garantizar y hacer efectiva la denominada “igualdad sustantiva”.

En México, si bien doctrinariamente se tenía como presupuesta al menos desde la constitución de 1857, no fue sino hasta el 14 de noviembre de 1974 –hace ya casi medio siglo– que, derivado de instrumentos internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos de la mujer, la igualdad fue inscrita en términos formales como derecho fundamental en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, encontrándose actualmente en su artículo 4°, párrafo 1°.

A partir de entonces se han expedido un buen número de ordenamientos, normas y disposiciones reglamentarias para aumentar y fortalecer las garantías a este derecho para las mujeres, pero también para hacer efectiva su aplicación práctica y ampliarlo a otros sectores de la población como la niñez, las comunidades indígenas y sus integrantes, los trabajadores frente a sus patrones, aunque aún está pendiente extenderlos con el mismo carácter a otros sectores también vulnerables como los mayores de 65 años y los discapacitados y hacer una reflexión profunda sobre la conveniencia de actualizar los términos “hombre y mujer”, sustituyéndolo por uno más genérico como el de “personas”, tal como sucede en otros países, como sucede en España, solo por citar un ejemplo.

Cabe mencionar que esta situación de la equidad expresada por el legislador erróneamente como igualdad, se extiende a temas de la vida social como la movilidad (art. 4°, penúltimo párrafo), la radiodifusión (art. 6°, apdo. B, fracc. V), la solución extra judicial de conflictos es (art. 17 pfo.3°), sustentación de lo dicho judicialmente (art. 20 fracc. V), fraccionamiento de tierras (art. 27 fracc. XVII pfo. 2°), otorgamiento de concesiones y cargos públicos (art. 32 pfo 5°), financiamiento de partidos (art. 41 fracc. II, incisos a y c) y muchos otros temas que por su extensión no es posible tratar en este espacio.

En todo caso, el fondo del asunto es tener claro que en la igualdad como derecho fundamental y en la equidad como garantía, no hay “huevo ni gallina”, son por su naturaleza y características propias complementarios, coexisten, se retroalimentan y evolucionan, manteniendo la vitalidad de nuestro ser y quehacer constitucional. La igualdad es derecho inherente al ser humano postulado en nuestra Constitucion; La Equidad es garantía que debe ser brindada por el poder público y sus instituciones para que tal derecho pueda ser efectivo.

Desastres Naturales y Elecciones:

Por José Ramón González Chávez

Hasta el momento de la elaboración de este texto, el huracán Agatha había dejado muertos desaparecidos y casi un cuarto de millón de personas damnificadas registradas oficialmente y de acuerdo a los pronósticos del servicio meteorológico nacional, pueden presentarse más fenómenos de igual o mayor magnitud en los próximos días.

Pero cuando vinculamos estos fenómenos a procesos electorales tan cercanos como el que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio en 6 estados de la República, el asunto adquiere otra dimensión, pues un asunto que causa tantas pérdidas materiales y humanas y dolor para quienes sufren estas calamidades puede convertirse lamentablemente en medio propicio para la comisión de actos antidemocráticos de manipulación de la desgracia con fines meramente electoreros.

El aprovechamiento perverso de las desgracias sociales para fines electorales no es nuevo y no solo se ha dado desde los gobiernos en turno usándose también por las oposiciones en turno. El más reciente fue el que sucedió el 19 de septiembre del 2017, prácticamente en plenas campañas presidenciales y de más de 3 mil procesos de renovación de autoridades electas en los 3 órdenes de gobierno a nivel nacional, donde por supuesto pero particularmente en este caso si bien se focalizó en varias entidades federativas que se vieron afectadas por estos acontecimientos, sus repercusiones se resintieron en todo el país en términos de recursos, infraestructura pública y privada, pérdidas económicas, empleo, ingresos por turismo materiales y de vidas humanas.

Fue por eso que el INE en ese entonces emitió normas para atraer estos asuntos y con ello tratar de evitar que los partidos y candidatos se montaran sobre las catástrofes naturales (ver resolución INE/CG398/2017), mismas que en su momento fueron impugnadas ante el TRIFE (así llamaremos por costumbre al Tribunal electoral de la Nación) por varios particos políticos y gobiernos locales.

Hay que resaltar que en la historia electoral reciente de México ha habido casos en donde ya se han anulado elecciones municipales y de gobernador por estos motivos. Vale recordar los casos de Aguascalientes, Michoacan y Colima desde 2014.

Sin embargo, independientemente de estos esfuerzos de regulación y sanción, vale mencionar que si bien hay reglas para la reubicación de casillas por desastres naturales, hasta el momento no existen reglas de operación a nivel nacional ni local para que los partidos y gobiernos locales e incluso el federal lleven a cabo la adquisición, ejercicio, transparencia, evaluación y rendición de cuentas de recursos y apoyos en la materia que pudieran ser aprovechados con fines electorales, y lo que es peor aún, tampoco hay sanciones ni administrativas, ni menos penales para los partidos, autoridades y personas que cometan estas irregularidades, más todavía si se trata de elecciones que no estuvieron cerradas.

Ante esta lamentable situación de ausencia de reglas y sanciones para estos casos, lo cual es a todas luces lamentable y dañino a nuestro sistema democrático, somos los ciudadanos quienes debemos estar alertas ante la comisión de estos actos contrarios a la ley y la ética democrática, y en su caso exigir transparencia en el establecimiento formal de procedimientos de operación, ejercicio de recursos, acciones concretas, reporte de gastos de los recursos públicos, privados e incluso aportaciones internacionales relacionadas con los desastres, con mayor razón cuando se dan en la coyuntura de procesos electorales.

MAQUIAVELO Y EL ESTADO CONTEMPORANEO

Diego Valadés

Publicado el 9 de junio de 2014
Diego Valadés, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@dvalades, valades@unam.mx

Desde hace cinco siglos el fenómeno político más importante, que no cesa de ser discutido, es el Estado, y el autor que inició el debate fue Nicolás Maquiavelo, quien en diciembre de 1513 estaba poniendo punto final a su célebre El Príncipe.

Pese a su longevidad, la obra de Maquiavelo sigue siendo objeto de examen. Leída como una guía para entender el poder, atrapó la atención y mereció las reflexiones lo mismo de Federico de Prusia que de Napoleón, y en cuanto a la filosofía política ha interesado al pensamiento conservador igual que al liberal y al marxista.

Una característica de lo que identificamos como clásico es que resiste el paso del tiempo y se mantiene como referente para generaciones sucesivas. Esto sucede con El Príncipe, en cuyas páginas aparece por primera vez la referencia al Estado en su sentido moderno. A partir de Maquiavelo la voz Estado sustituiría las referencias medievales al reino, al imperio y aún a la república, que eran las locuciones en uso al final de la Edad Media. Después de Maquiavelo ya no importaría el calificativo que se le diera a la organización del poder. Todo sería, en términos llanos, Estado. Al aludir al Estado el imprescindible florentino facilitó la comprensión de un fenómeno característico de la Edad Moderna y al finalizar el siglo XVI la expresión italiana ya era compartida por quienes escribían en alemán, español, francés e inglés.

Lo que Maquiavelo no intentó fue acuñar un concepto de Estado; tan sólo recogió una voz que ya debió estar en uso en Italia porque de otra manera no la habría utilizado en su amplia correspondencia ni en sus muy populares obras literarias, como La Mandrágora. El problema conceptual del Estado apareció mucho después y sigue siendo objeto de aportaciones en nuestro tiempo.

La obra maquiaveliana no presentó una definición de Estado pero sí incluyó, en cambio, los elementos constitutivos de la política como técnica, a diferencia de todos los ejercicios previos que contemplaban a la política como ética. Gracias a ese gran paso fue posible llegar al concepto contemporáneo del Estado como un orden coactivo legítimo. Con el correr del tiempo a esta idea básica se agregaron otros elementos, asociados a las ideologías, a la estructura normativa y económica y a los objetivos que le han dado apellidos al Estados: democrático, totalitario, social, corporativo, intervencionista, mínimo, constitucional, de derecho, de bienestar, y muchas variantes más.

Una categoría reciente corresponde a la de Estado fallido. Esta expresión, de cuño mediático, recibió un fuerte impulso cuando Noam Chomsky la utilizó en los primeros años de la década anterior. Ahora existen indicadores incluso para medir el grado de falibilidad de los Estados, pero no son otra cosa que una adaptación semántica de lo que desde el siglo XIX el economista Walter Bagehot denominó gobernabilidad, y que desde hace más de veinte años vienen midiendo diversas instituciones financieras y académicas del mundo.

En México tendremos que hacer un nuevo ejercicio para establecer en qué nomenclador es encuadrable nuestro Estado. Sin duda pasa por una crisis coyuntural que se expresa en inseguridad y en violencia; pero también hay otros factores que son estructurales, como el déficit democrático y la inequidad social. La corrupción es más difícil de ubicar porque está asociada tanto a las circunstancias cuanto al diseño institucional.

A lo largo de los siglos el Estado y sus vicisitudes han representado el capítulo más relevante en la vida de las sociedades. De ese proceso han dependido las mejores o peores condiciones para la libertad y la justicia. Aunque la apariencia abstracta y especializada del Estado lo aleja de las preocupaciones cotidianas, vivimos una etapa histórica en la que se hace indispensable ahondar los análisis sobre el poder, y hacerlo en todos los espacios de la sociedad. Así sucedió, y esa fue una de sus contribuciones centrales, con la obra que Maquiavelo escribió hace cinco centurias.

A través de Maquiavelo los aspirantes al poder se han familiarizado por siglos con las técnicas para conquistarlo y para preservarlo. Los gobernados, en cambio, habían quedado sin orientación ni resguardo porque antaño sólo tenían una relación simbólica con los secretos del poder; pero ahora el Estado contemporáneo les ofrece los recursos constitucionales para controlarlo. Algunos sistemas todavía no adoptan estos controles; entre ellos figura el nuestro.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Reforma, el 24 de diciembre de 2013

Sociología, Educación y Comunicación Juridica en el nuevo modelo de Estado constitucional

Por José Ramón González Chávez

Sociología, Educación y Comunicación Jurídicas en el Nuevo Modelo de Estado Constitucional

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

El hecho social es al mismo tiempo la causa eficiente y el objetivo de todo sistema jurídico. Provoca a través de la interpretación, la creación de normas y disposiciones, que a través de la persuasión y la coercitividad se aplican en la sociedad, la que a su vez al reflejarse en la actividad cotidiana, dan validez social a la norma y al mismo tiempo provocan ajustes que reciclan en términos positivos, -esto es, visto el Derecho a la vez como orden normativo, realidad social y catálogo de valores jurídicos- el sistema en su conjunto.

La sociología del Derecho, es la disciplina que estudia los problemas, los principios, objetivos, implicaciones y prácticas concernientes a las relaciones entre el sistema jurídico y la sociedad y la eficacia de lo jurídico como sistema regulador de la conducta social, aplicado por los órganos del poder público del Estado.

De ahí su estrecha relación con el Derecho Constitucional, fuente normativa primordial del sistema constitucional de toda nación, de la cual se desprende el marco de libertades y derechos fundamentales y sus mecanismos para garantizarlos; así como la organización política jurídica del Estado y la actuación de los órganos del poder público encargados de convertir en actos jurídicos concretos sus postulados primordiales.

En cuanto al segundo punto (organización política del Estado y del poder público como su brazo ejecutor) vale remarcar que las normas constitucionales son fundamentales en cuanto ellas expresan un marco general de principios rectores, que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a la organización de la comunidad, tanto interna como en la comunidad internacional, mismos que pueden ser de naturaleza orgánica y procedimental o bien, de contenido material.

Los primeros, señalan las tareas que el poder público del Estado debe cumplir; configuran las competencias e instituyen los órganos que las realizan; gracias a ellos, se regulan los procesos de creación y aplicación de las normas y se establecen mecanismos de coordinación entre ellos y los medios de control para atender y resolver abusos en el ejercicio del poder.

Los segundos consagran los objetivos primordiales del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertades, derechos y obligaciones de los individuos, los distintos grupos sociales y la comunidad política.

En cuanto al marco de libertades y derechos fundamentales la Constitución está concebida de tal manera que lo que antes se denominaba Parte Orgánica sólo adquiere sentido y razón de ser a partir de la aplicación y puesta en operación objetiva de los principios, derechos y obligaciones que proclama.

La sociología nace del acercamiento al tema del impacto de la interacción entre lo jurídico y lo social abordado por los clásicos de la Sociología desde su origen como disciplina. Hay que recordar que sus tres fundadores Marx, Durkheim y Weber hicieron su tesis de grado en Derecho. De ellos solo el último desarrolló una conceptualización específica para el Derecho y en particular para la disciplina.

En México, recientemente se han llevado a cabo profundas reformas constitucionales que en su conjunto modificarán sustancialmente la estructura, organización y funcionamiento de nuestra vida como país: Derechos Fundamentales, Garantismo, nuevas instituciones como el principio Pro Persona, el interés superior del menor; flamantes medios de control constitucional y de solución de conflictos, nuevo sistema de Justicia; modernos esquemas de participación ciudadana, solo por contar algunos. Sin embargo, en muchos casos, su complejidad técnica y la manipulación que de sus contenidos hacen los medios y redes sociales, los líderes y organizaciones políticas, hacen difícil conocerlos por iniciativa propia.

El Derecho en general y el Derecho Constitucional en particular, deben de una vez por todas dejar de ser un tema de especialistas e iluminados para convertirse en parte de la cultura política y social de los mexicanos de todas las edades, y niveles educativos. Pero para que eso suceda no solo es necesaria la voluntad política de los gobernantes a todas las escalas, sino ante todo, la acción directa y decidida de quienes de una u otra forma participamos en la vida cotidiana de lo jurídico, desde todas y cada una de sus tan variadas trincheras: en la docencia, el proceso legislativo, en la actividad ejecutiva y jurisdiccional, en la gestión pública y social, los medios de comunicación, la asesoría y defensa jurídica, en fin, en todas las ramas del quehacer humano donde incide el Derecho de forma preponderante.

Es por ello que desde nuestro punto de vista el nuevo modelo educativo que se pretende implantar ha omitido la necesidad de la aculturación jurídica de la sociedad para conocer y asumir el nuevo modelo de Estado Constitucional, siendo que forzosamente tiene que ser parte integrante del mismo, sin olvidar por supuesto el papel crucial que juegan los medios de comunicación como conductos o vehículos para divulgar y asumir sus principios, fines y organización; sus nuevas instituciones, ordenamientos, disposiciones y normas; sus nuevas prácticas y actitudes.

De lo contrario las meras reformas legales llevadas a cabo hasta el momento no tendrán más destino que convertirse en catálogos de buenas intenciones cuando no en letra muerta.