Post Verdad y Constitución

Por José Ramón González Ghávez

Postverdad y Constitución

Por José Ramón González Chávez

El Estado constitucional tiene como principio básico la sujeción al orden Constitucional, tanto de los ciudadanos como de las autoridades de los órganos del poder público del Estado, ya sean de carácter ejecutivo, legislativo y judicial en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; orden compuesto por lo que dispone –claro está– en la Carta Magna, pero también en los instrumentos internacionales vinculantes, la jurisprudencia y la doctrina constitucional, entre otros productos jurídicos, relacionados con los derechos fundamentales y los actos de autoridad que deben garantizar su ejercicio, promoción y defensa.

Sn embargo, este ser (la realidad), deber ser (lo que dispone la norma)y tener que ser (la coercitividad para hacer exigible su cumplimiento y sancionar al que la infrinja)del Derecho al que se refería en sus escritos el gran Jurista Jorge Carpizo, se enfrenta hoy como nunca a un recurso pseudo argumentativo que distorsiona la realidad y la manipula en favor del político, ya sea candidato o gobernante: la Postverdad, en grave detrimento del de la constitucionalidad y la democracia de un pueblo.

Postverdad en términos generales no es otra cosa que una o varias falacias de tipo visceral, es decir, dirigidas al hígado o al corazón, cuyo propósito es manipular y distorsionar deliberadamente una verdad, de tal suerte que para el manipulador los datos reales y objetivos tienen menos valor que las apreciaciones subjetivas y las reacciones, creencias, sensaciones, sentimientos y resentimientos individuales y colectivos que provocan, y de tal forma influir en la conducta de la opinión pública (la audiencia, el auditorio, los lectores, los medios).

Este recurso anti-argumentativo, es utilizado en el medio político desde los años 90 y se recurre a él cada vez con mayor frecuencia (baste recordar el caso del referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido), para que partidos, gobiernos, actores construyan líneas de discurso populistas que les permitan generar, mantener y aumentar simpatías y confianzas entre sus seguidores e indecisos, así como falsas expectativas mediante mentiras disfrazadas de verdad pero que tienen una alta carga emotiva, construyendo una especie de realidad paralela afín a la ideología de quien la usa.

La propia estructura y dinámica de medios y redes en la actualidad hace que a la ciudadanía –sobre todo en aquellos sectores más manipulables por razones socioeconómicas, educativas, culturales, etc. – le sea difícil corroborar esos datos y afirmaciones, más aun si van acompañados de imágenes de reforzamiento, aunque no tengan relación ni con lo que se dice y a veces ni siquiera con el asunto del que se trata.

Pero eso sí, cuando a alguien se le ocurre demostrar públicamente que esas declaraciones o notas son falsas o invalidas, además de que el que las ha expresado queda totalmente impune, este se va en contra de quien lo ha descubierto, tachándolo de adversario, cuando no de enemigo, y creando en su contra nuevas emociones dirigidas a la audiencia, eliminando el debate y lo que parece increíble, reforzando también su discurso falaz.

Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, si hubiera un pensamiento único, no se necesitaría de la política. Por eso el disenso es un elemento imprescindible de la democracia, de hecho es su razón de ser y por eso la política es la forma de buscar y encontrar en tal contexto acuerdos en lo fundamental, independientemente de las preferencias y expectativas personales y de grupo; y por ello también, quien conduce el Estado y el gobierno debe ser por obligación y responsabilidad política, su principal garante.

Hay que tener en cuenta que la conexión entre el discurso falaz, quien lo dice y la audiencia no se da de manera espontánea: se induce a través de la cooptación de los medios y el empleo de redes y herramientas informáticas como las fake news (noticias falsas pero repetidas por miles o millones), los bots (programas de computación que envían de forma automatizada, repetitiva y rápida estos mensajes-idea como si se tratase de personas, hechos y datos reales) y los trolls (personas anónimas que de manera gratuita o pagada se dedican difundir información falsa e insultar a los oponentes, provocando una tensión que lleva al silencio de quienes pudieran comentar algo, con lo que se intenta mostrar, de nuevo falsamente, como “aprobación”). Todas estas herramientas maliciosas ayudan al político a distorsionar la realidad a su favor, desacreditar a los adversarios, reforzar la conexión emocional con la audiencia y con todo eso mantener y mejorar artificialmente su popularidad.

Si bien, cualquier política o político puede usarla en su beneficio, la postverdad se convierte en una verdadera amenaza para el Estado Constitucional y el desarrollo democrático de un pueblo cuando es empleada de forma centralizada por el jefe de Estado y/o gobierno quedando exclusivamente en sus manos su diseño y reglas de operación, y convirtiéndola en línea política a la que deben sujetarse los simpatizantes, militantes, políticos y gobernantes de su propio partido, del que es –como en cualquier parte del mundo el líder nato–, convirtiendo a la Constitucion, las leyes e instituciones en algo inútil y hasta estorboso.

En tal contexto, el sistema, la cultura y el discurso políticos del México de hace 50 años le caen como anillo al dedo para usar las postverdad como herramienta electoral de gobierno; y es por eso también que “Guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes que de ella emanen” –única cosa que protesta cumplir un Presidente de la República cuando asume el cargo– deja de ser para él una responsabilidad política y jurídica de primer orden para convertirse en una frase sin sentido e incoercible, y principios generales del Derecho como “la Ley es la Ley” quedan sin valor, todo lo cual rompe desde su base el principal de los pilares que sostienen el Estado Constitucional.

En un Estado constitucional y democrático todos tenemos algo que decir; pero eso es algo que implica una gran responsabilidad cívica y política, pues no podemos decir lo que sea, tenemos que hacerlo con argumentos, pruebas, datos objetivos y fundamentos jurídicos que sustenten nuestras opiniones y presupone también la existencia de un entorno favorable y espacios para el debate razonado de ideas, donde todos ganan y ceden algo a fin de lograr consensos. De ahí se entiende por qué la argumentación es la columna vertebral del nuevo sistema constitucional, que abandona el modelo vertical autoritario, donde el gobernante en turno toma de manera unilateral las decisiones, haciéndolo ahora escuchando todas las voces e instrumentando los consensos logrados, lo que hace al sistema verdaderamente democrático.

Ante la contradicción dialéctica entre Estado constitucional y postverdad los ciudadanos tenemos la gran responsabilidad de manifestar nuestras ideas de forma argumentada, de no quedarnos callados ante la violencia mediática existente contra los que disienten, ya que como se comentó líneas arriba para la postverdad y sus usuarios “el que calla otorga”.

La Constitución: Espejo de un pueblo.

Por José Ramón González Chávez

 “La Constitucion, espejo de un pueblo”.

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

Ante todo, quiero agradecer a este importante medio por haberme acogido dentro de su equipo de columnistas. Estoy muy reconocido por el gesto de confianza y espero mantenerme a la altura de sus expectativas y de la calidad de tan destacadas y brillantes plumas.

Este espacio, cuya aparición se prevé todos los jueves, lo consagraré a escribir de la manera más clara, concreta y objetiva posible sobre aspectos y temas del acontecer nacional internacional que inciden en los principios, contenidos y fines de nuestra Constitución, concepto que desde el surgimiento del constitucionalismo liberal de fines del siglo XVIII ha venido evolucionando, pero que de unos años a la fecha lo ha hecho a una velocidad y amplitud sin precedentes, lo que me da pie a hablar a continuación de cómo es que ha evolucionado este concepto de “Constitución”.

Tal como lo hemos conocido en los últimos 250 años, este concepto surgió, por una parte, como desembocadura obligada del proceso independiente detonado en 1776 en lo que precisamente y gracias a ella sería los Estados Unidos de Norteamérica; y por otra, del movimiento revolucionario liberal (1789) que llevó a conformar la primera República Francesa.

La Constitución nace como una forma de compendiar las normas fundamentales tanto de formación y organización del poder público y sus órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), como de reconocimiento de los derechos humanos y políticos, gestándose de tal suerte con ambas posturas lo que ahora conocemos como las doctrinas constitucionales Norteamericana y Francesa, de las que abrevó México para elaborar su propia Carta magna y su tradición constitucional.

Pero como todo en la vida, las cosas evolucionan y el derecho y la política no son la excepción. Sobre todo desde el inicio del proceso de transformación formal del nuevo sistema a principios del presente siglo, el concepto de Constitución en nuestro país fue aunque sea formalmente ha cambiado; en la actualidad no solo comprende lo meramente inscrito en el Código o Carta Constitucional en sí, sino que ahora se extiende también a principios universales, ordenamientos, disposiciones y resoluciones que por ser parte de tratados y otros instrumentos internacionales firmados por nuestro país nos son vinculatorios, y que son emitidos por los órganos internacionales que tienen la alta misión de atender y resolver sobre aspectos clave del ser y deber ser constitucional y que por ende afectan nuestro ordenamiento jurídico

De ahí que algunos doctrinarios como Jorge Carpizo hablen de una constitucion Formal, que es el texto de la constitución que conocemos normalmente, pero también de una constitucion Material, que añade a la primera normas, disposiciones, decisiones jurisdiccionales, tratados y instrumentos internacionales que contienen principios de carácter universal, irrenunciables, que no pueden ser sujetos ni de la política ni de la economía y que son validos, aplicables y exigibles en cualquier parte del mundo, simplemente por el hecho que tiene que ver con la humanidad en su conjunto.

Ejemplos claros de ello los podemos encontrar con toda facilidad en temas como los derechos humanos y la ecología, pues lo que cualquiera haga a favor o en contra de ambos temas no solo me afecta a mí, o a mi comunidad, o a mi ciudad, o incluso a mi país, sino al mundo entero y por lo tanto los derechos y obligaciones que se tenga sobre ellos son totalmente reconocibles y exigibles ante instancias internacionales.

Es así como pasamos del tradicional “Estado de Derecho” liberal, de corte positivista, legalista, al “Estado de Derechos neo-constitucional”, de corte garantista, interpretativo, donde la argumentación es la columna vertebral y donde no basta que existan formalmente plasmados en el texto constitucional esos derechos y obligaciones sino que para que estos puedan ser una realidad concreta, deben garantizarse por el poder público y convertirse en actos concretos de los órganos de gobierno, tal como lo indica desde hace más de 10 años nuestro Código fundamental.

¿Cuáles son esos derechos y obligaciones tanto de la población y la ciudadanía (que no son sinónimos) como de los órganos del poder público?

Eso lo iremos viendo a través de lo que sucede en México en el curso de estas entregas…

Constitución, Ley y actos anticipados de precampaña: Lo que se ve sí se juzga.

Por José Ramón González Chávez

Constitución, Ley y actos anticipados de precampaña:

Lo que se ve sí se juzga.

Por José Ramón González Chávez

A partir del pasado domingo 12 de junio, solo una semana después de haberse llevado a cabo la elección para renovar diversos cargos en 6 estados de la República, a un costado del palacio de gobierno del Estado de México, es decir, en las propias narices del gobernador y lo que representa, líderes y gobernantes del Morena inició una serie de eventos que independientemente de los “argumentos” esgrimidos por algunos de sus principales actores para justificarlos, son de acuerdo a la Constitución y la ley anti constitucionales e ilegales que implican infracciones con sus respectivas sanciones.

Bajo esta premisa, basta con hacer un breve repaso a las principales normas constitucionales y legales que inciden en dichos actos:

En cuanto al primer ordenamiento, es decir la Constitución federal, el artículo 41 en sus fracciones I a IV refiere en palabras simples que 1) los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará la forma de su intervención en los procesos electorales, sus derechos, obligaciones y prerrogativas; 2) la ley garantizará la equidad en los elementos para llevar a cabo sus actividades y señalara las reglas del juego para sus campañas; 3) El INE es el encargado de investigar las infracciones a la constitucion y las leyes en la materia de comunicación de los partidos, dándolas a conocer al Tribunal Federal Electoral; además de 4) establecer las reglas para las campañas y precampañas y que éstas últimas solo durarán un máximo de dos terceras partes de lo que duren las campañas, que según el caso pueden ser de 60 o 90 días; y por último que 5) La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquiera otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

Ahora bien, en cuanto a las leyes electorales, la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LGIPPE) determina que: constituyen infracciones de los aspirantes, pre candidatos y candidatos a puestos de elección popular realizar actos anticipados de pre campaña o campaña (artículo 445 inciso a) y que la sanción por cometerlas es la pérdida del derecho del infractor o infractora a ser registrado como candidato (artículo 456, inciso c, numeral 3).

Por su propia naturaleza, en materia constitucional, política y derecho se separan por un velo muy delgado, a veces difícil de distinguir y este caso no es la excepción.

A estas alturas, a casi cuatro años de haber iniciado su encargo, resulta más que evidente que el código para leer al presidente, sus acciones y reacciones, es el código del PRI de hace 60 años, el cual puede ser comprendido mejor mediante la revisión de obras como “El presidencialismo mexicano” de Jorge Carpizo y la “el sistema Político Mexicano” de Daniel Cosío Villegas, ambas cuyo tema de análisis es precisamente el régimen político de aquellos momentos.

Con base en estos textos, tenemos que además de las atribuciones que constitucionalmente debe desempeñar en su calidad de ejecutivo federal, él es el jefe y –como se llamaba en aquel entonces- “líder nato” de su partido y por ende, los cargos internos, la designación de su dirigencia, el “palomeo de candidatos a todos los cargos de elección popular, la “línea” para senadores y diputados federales y legisladores locales, e incluso para presidentes municipales, son determinados -como él mismo le llama- por su “dedito”. De ser así entonces, las decisiones de realizar desde 2019 actos políticamente indebidos y legalmente prohibidos, si bien tienen varios autores materiales, poseen un solo autor intelectual.

En cuanto a los primeros, los “argumentos” (más bien falacias, es decir, mentiras disfrazadas de verdades) que han empleado carecen o transgreden lo previsto en la constitución y las leyes de la materia diciendo que:

1) “Se trató de una reunión “privada”, cuando el evento se llevó a cabo con la presencia de funcionarios y gobernantes en funciones, dado que asistieron en día y horas de trabajo, en un espacio público, estando presentes los medios que abierta y ampliamente difundieron el acto a nivel nacional, utilizándose recursos públicos para su organización, el desplazamiento de gobernantes y funcionarios públicos que descuidaron actividades de cumplimiento obligatorio de acuerdo a la Constitución, misma que a su vez establece sanciones por ello, como la inhabilitación y/o remoción del cargo  e incluso la perdida de prerrogativas ciudadanas, (artículos 36 fracción V y 38). El acto deja entrever también que se trata de una provocación flagrante al gobernador del estado de México y sobre todo al INE y al Tribunal federal Electoral encargados respectivamente de detectar, denunciar y sancionar estos actos. De hecho, cabe decir que existe jurisprudencia respecto de actos velados de pre campaña y campaña que han sido sancionados.

2) “No es delito la libre manifestación de las ideas”, cuando ese no es el fondo del asunto, sino que esta se utilice para asuntos electorales precisos, por personas impedidas para ello, en horarios de trabajo y al margen de lo que dispone la constitución y la ley, por lo que dichos actos de precampaña son indebidos, anticonstitucionales e ilegales (artículo 8° constitucional), además que no solo “se manifestaros ideas sino que también se usaron recursos públicos para la colocación de espectaculares, letreros, playeras, gorras, camiones para transportar a los “espontáneos” asistentes, etc.

Aunque constitucional y legalmente el tema es claro, políticamente resulta delicado, no solo por este acto concreto, sino porque los antecedentes y actos que se siguen dando indican que las infracciones continuarán y quizá queden impunes por razones más políticas que jurídicas. Usted ¿qué opina?

Aborto en EUA: Otra visión «doméstica» de los derechos humanos?

Por José Ramón González Chávez

Aborto en EUA: ¿Otra visión “doméstica” de los Derechos Humanos?

Por José Ramón González Chávez

Hace unos días la Corte Suprema de Estados Unidos de América (EUA) emitió una resolución en la que deja sin efectos la sentencia aprobada en 1973 por 7 votos a favor por 2 en contra sobre el caso “Roe vs. Wade” que permitió desde entonces a las mujeres norteamericanas decidir sobre la interrupción de su embarazo. Con ello, el máximo tribunal de EUA les arrebata indebidamente un derecho fundamental vigente y alimenta la polarización política y social en un momento en que los partidos mayoritarios contienden electoralmente para la elección de nuevos senadores, lo que tendrá por supuesto efectos con miras a la sucesión/reelección presidencial del 2024.

En esta ocasión la votación para revocar aquella sentencia y los principios constitucionales que contiene fue de 4 votos en contra por 5 votos a favor, con lo cual, se deja el camino abierto para que las entidades federativas que así lo decidan puedan adherirse a esa resolución haciendo los cambios respectivos a su legislación. De hecho, así ya lo han comenzado a hacer los estados de Missouri y Texas con iniciativas de leyes reglamentarias “fast track” y pronto harán lo mismo entidades federativas conservadoras como Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, las dos Dakotas, Tennessee, Utah y Wyoming, diez de los veinte a veinticinco de cincuenta estados que por su tendencia política similar se espera actúen en el mismo sentido.

Esto es algo muy lamentable, pues pretende revertir algo que es al mismo tiempo un derecho y una libertad constitucionales, que como tal en la doctrina mundial de los derechos humanos tiene características que todos los países deberían observar por estar basadas en la razón y el sentido común, mismas que por cierto se prevén la Constitucion Mexicana en su artículo primero:

  1. Son intrínsecos, es decir se nos atribuyen a todos por el simple hecho de ser seres humanos, y por lo tanto
  2. Son universales, esto es, son para todos y por lo tanto, al tratarse de normas constitucionales federales, no pueden aplicarse en unos estados sí y en otros no. Aquí el problema es que la Constitución de EUA desde su creación en 1779 carece de un apartado específico en materia de derechos humanos y por lo tanto deja a los estados que lo normen. También por lo mismo
  3. Son irrenunciables, nadie puede negárselos a sí mismo y el poder público tampoco los puede eliminar o suspender, salvo temporalmente, de acuerdo a la ley y por casos excepcionales;
  4. Son interdependientes, o sea que se relacionan estrechamente unos con otros, de tal suerte que eliminar uno afecta a todos los demás;
  5. Son inalienables, esto es, no se pueden hacer depender ni de la política, ni de la economía, no se pueden vender, comprar, traspasar, negociar, etc.;
  6. Son indivisibles, ya que no se pueden reconocer parcialmente en ciertos aspectos; y
  7. Son progresivos, lo que significa que una vez reconocidos no se pueden dejar de reconocer, al contrario tienen que ampliarse y fortalecerse.

Como puede verse, con base en estos principios básicos que caracterizan a los derechos fundamentales, la decisión de la corte suprema de EUA de anular el derecho y libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo es a todas luces anti constitucional, contraria a los tratados internacionales y a los derechos humanos, aunque como sucede en muchos otros aspectos, este caso no es la excepción en cuanto a la interpretación a modo por parte de EUA de la doctrina universal de los derechos humanos.

Pero el asunto no es solo jurídico, como en todo lo que tiene que ver con la constitución, también es político y social.

En lo político, estos acontecimientos tienen que verse desde la perspectiva electoral. El 8 de noviembre de este año habrá elecciones para renovar el Senado (allá se renueva por tercios cada dos años). En tal contexto, la estrategia del presidente Biden de ventilar públicamente en una especie de juicio político del ejecutivo los hechos vandálicos que desembocaron en la toma del capitolio el 6 de enero del 2021 y a sus autores materiales y sobre todo intelectuales (es decir, Donald Trump y diputados y senadores republicanos) tiene como respuesta política esta decisión de la Corte, pues hay que tener presente que 3 de los 5 ministros que votaron a favor fueron designados por Trump durante su presidencia, lo que lleva la contienda electoral al ámbito institucional y muestra un juego perverso de politización de la justicia norteamericana de ambos partidos en detrimento de la población.

Además, también provocará la división política de prácticamente 50%-50% entre los estados a favor y en contra de la sentencia. Ya algunas entidades como California, Michigan y Nuevo México se han pronunciado en ese sentido declarando que se convertirán en “santuarios” de ese derecho fundamental para que dentro de su territorio las mujeres que así lo decidan, puedan interrumpir su embarazo legalmente y en condiciones de salud pública seguras.

Al respecto, Donald Trump, en una óptica a todas luces fundamentalista, afirmó que “Dios tomó la decisión”. Por su parte, el presidente Biden ha declarado que esto afecta gravemente un asunto que no es de moral ni de religión sino de salud pública, pues la reversión no detendrá a las mujeres que quieran o necesiten interrumpir su embarazo, sin perjuicio de los derechos que quedan a salvo de aquellas que en lo personal decidan no hacerlo por sus convicciones morales, religiosas, etc., posición a la que se sumaron el ex presidente Barak Obama y la presidente de la cámara de diputados Nancy Pelosi, quienes se refirieron a una actitud lamentable, regresiva e insultante de la Corte que lesiona los derechos fundamentales de las mujeres.

Ahora bien, socialmente, es decir, en los hechos, la polarización política como se ha podido ver en los medios, se transfiere al ámbito social, acentuando la división entre quienes están a favor y en contra. Asimismo, e independientemente de la confrontación social, en lo personal las mujeres resolverán el asunto simplemente viajando de un estado a otro e incluso a otros países como México para poderlo hacer, tal como ha sucedido anteriormente en temas como la prostitución, la producción, venta y consumo de alcohol y drogas, entre otros.

Sin embargo, el daño jurídico, político y social está hecho. Como dijera Cervantes en su Quijote: “Cosas vederes Sancho”…

«Igualdad y Equidad: El Falso Dilema»

Por José Ramón González Chávez

IGUALDAD Y EQUIDAD: EL FALSO DILEMA

Por José Ramón González Chávez

La igualdad es uno de los grandes pilares que históricamente han sostenido y sostienen el edificio de la constitucionalidad en cualquier Estado democrático.

Si bien en el mundo occidental filósofos como platón ya habían reflexionado sobre el tema, es hasta el siglo XVIII que John Locke lo introdujo al campo de la doctrina jurídico política y poco después pensadores del liberalismo francés lo desarrollaron como principio fundamental, primero en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y luego en la Constitución de la primera República, en 1791.

A partir de los sucesos acaecidos durante la segunda guerra mundial, en los que se violaron los derechos humanos y preceptos primordiales de la organización jurídica política, se hizo evolucionar y se reforzaron principios fundamentales como el de Igualdad. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, establece textualmente que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la misma…”

Sin embargo, hay que decir que Igualdad y Equidad son conceptos que muchas personas –incluyendo legisladores, representantes populares y autoridades- confunden o hasta toman como sinónimos, cuando en términos constitucionales las distinciones entre ambos son claras.

En cuanto al concepto de Igualdad, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), establece que es un “Principio por el cual todas las personas deben recibir el mismo trato por las leyes sin que puedan existir privilegios o diferencias infundadas”.

Por su parte, el concepto Equidad implica la acción del poder público, cuando existen disparidades en el acceso efectivo de ciertas personas y grupos sociales a la igualdad, motivo por el cual para que esta pueda darse de manera efectiva, se requiere de normas, disposiciones e instituciones que brinden ventajas concretas en beneficio de un sector de la población más vulnerable frente a los otros, con el fin de apoyar y acompañar su desarrollo hasta lograr un equilibrio en las condiciones reales que permitan el ejercicio pleno de este derecho.

Como puede verse, el falso dilema entre la igualdad y la equidad puestas como sinónimas o como el de “qué fue primero, el huevo o la gallina” se elimina simplemente al distinguir entre la primera, que es un derecho fundamental y la segunda que es una garantía constitucional para el pleno ejercicio de este derecho. Expliquémonos:

Mientras la primera –la igualdad– es un derecho fundamental y como tal, inalienable, imprescriptible, progresivo, indisponible económica o políticamente, la segunda es una garantía, que se brinda tanto a todas las personas en general (igualdad sustantiva) como a ciertos sectores y grupos en lo particular mediante leyes normas, disposiciones, programas y acciones concretos por parte del poder público a través de sus instituciones, órganos y autoridades (legislativas, ejecutivas y judiciales) a fin de permitir el acceso real de personas y grupos vulnerables a ese derecho fundamental, y con ello materialmente pueda convertirse en actos concretos y socialmente en una forma de ver y vivir la vida, en parte de la educación cívica y la cultura social, tal como con gran claridad lo dispone el artículo 3° de nuestra Constitución.

Es bajo esta perspectiva que podemos comprender mejor la diferencia entre igualdad y equidad en las 45 veces que la Constitución de la República se refiere a ellos, pues si bien el legislador utiliza en la mayoría de los casos el término “igualdad”, el principio jurídico protegido por estas disposiciones tiene que ver más bien con la equidad, es decir con la responsabilidad institucional para garantizar y hacer efectiva la denominada “igualdad sustantiva”.

En México, si bien doctrinariamente se tenía como presupuesta al menos desde la constitución de 1857, no fue sino hasta el 14 de noviembre de 1974 –hace ya casi medio siglo– que, derivado de instrumentos internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos de la mujer, la igualdad fue inscrita en términos formales como derecho fundamental en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, encontrándose actualmente en su artículo 4°, párrafo 1°.

A partir de entonces se han expedido un buen número de ordenamientos, normas y disposiciones reglamentarias para aumentar y fortalecer las garantías a este derecho para las mujeres, pero también para hacer efectiva su aplicación práctica y ampliarlo a otros sectores de la población como la niñez, las comunidades indígenas y sus integrantes, los trabajadores frente a sus patrones, aunque aún está pendiente extenderlos con el mismo carácter a otros sectores también vulnerables como los mayores de 65 años y los discapacitados y hacer una reflexión profunda sobre la conveniencia de actualizar los términos “hombre y mujer”, sustituyéndolo por uno más genérico como el de “personas”, tal como sucede en otros países, como sucede en España, solo por citar un ejemplo.

Cabe mencionar que esta situación de la equidad expresada por el legislador erróneamente como igualdad, se extiende a temas de la vida social como la movilidad (art. 4°, penúltimo párrafo), la radiodifusión (art. 6°, apdo. B, fracc. V), la solución extra judicial de conflictos es (art. 17 pfo.3°), sustentación de lo dicho judicialmente (art. 20 fracc. V), fraccionamiento de tierras (art. 27 fracc. XVII pfo. 2°), otorgamiento de concesiones y cargos públicos (art. 32 pfo 5°), financiamiento de partidos (art. 41 fracc. II, incisos a y c) y muchos otros temas que por su extensión no es posible tratar en este espacio.

En todo caso, el fondo del asunto es tener claro que en la igualdad como derecho fundamental y en la equidad como garantía, no hay “huevo ni gallina”, son por su naturaleza y características propias complementarios, coexisten, se retroalimentan y evolucionan, manteniendo la vitalidad de nuestro ser y quehacer constitucional. La igualdad es derecho inherente al ser humano postulado en nuestra Constitucion; La Equidad es garantía que debe ser brindada por el poder público y sus instituciones para que tal derecho pueda ser efectivo.

Desastres Naturales y Elecciones:

Por José Ramón González Chávez

Hasta el momento de la elaboración de este texto, el huracán Agatha había dejado muertos desaparecidos y casi un cuarto de millón de personas damnificadas registradas oficialmente y de acuerdo a los pronósticos del servicio meteorológico nacional, pueden presentarse más fenómenos de igual o mayor magnitud en los próximos días.

Pero cuando vinculamos estos fenómenos a procesos electorales tan cercanos como el que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio en 6 estados de la República, el asunto adquiere otra dimensión, pues un asunto que causa tantas pérdidas materiales y humanas y dolor para quienes sufren estas calamidades puede convertirse lamentablemente en medio propicio para la comisión de actos antidemocráticos de manipulación de la desgracia con fines meramente electoreros.

El aprovechamiento perverso de las desgracias sociales para fines electorales no es nuevo y no solo se ha dado desde los gobiernos en turno usándose también por las oposiciones en turno. El más reciente fue el que sucedió el 19 de septiembre del 2017, prácticamente en plenas campañas presidenciales y de más de 3 mil procesos de renovación de autoridades electas en los 3 órdenes de gobierno a nivel nacional, donde por supuesto pero particularmente en este caso si bien se focalizó en varias entidades federativas que se vieron afectadas por estos acontecimientos, sus repercusiones se resintieron en todo el país en términos de recursos, infraestructura pública y privada, pérdidas económicas, empleo, ingresos por turismo materiales y de vidas humanas.

Fue por eso que el INE en ese entonces emitió normas para atraer estos asuntos y con ello tratar de evitar que los partidos y candidatos se montaran sobre las catástrofes naturales (ver resolución INE/CG398/2017), mismas que en su momento fueron impugnadas ante el TRIFE (así llamaremos por costumbre al Tribunal electoral de la Nación) por varios particos políticos y gobiernos locales.

Hay que resaltar que en la historia electoral reciente de México ha habido casos en donde ya se han anulado elecciones municipales y de gobernador por estos motivos. Vale recordar los casos de Aguascalientes, Michoacan y Colima desde 2014.

Sin embargo, independientemente de estos esfuerzos de regulación y sanción, vale mencionar que si bien hay reglas para la reubicación de casillas por desastres naturales, hasta el momento no existen reglas de operación a nivel nacional ni local para que los partidos y gobiernos locales e incluso el federal lleven a cabo la adquisición, ejercicio, transparencia, evaluación y rendición de cuentas de recursos y apoyos en la materia que pudieran ser aprovechados con fines electorales, y lo que es peor aún, tampoco hay sanciones ni administrativas, ni menos penales para los partidos, autoridades y personas que cometan estas irregularidades, más todavía si se trata de elecciones que no estuvieron cerradas.

Ante esta lamentable situación de ausencia de reglas y sanciones para estos casos, lo cual es a todas luces lamentable y dañino a nuestro sistema democrático, somos los ciudadanos quienes debemos estar alertas ante la comisión de estos actos contrarios a la ley y la ética democrática, y en su caso exigir transparencia en el establecimiento formal de procedimientos de operación, ejercicio de recursos, acciones concretas, reporte de gastos de los recursos públicos, privados e incluso aportaciones internacionales relacionadas con los desastres, con mayor razón cuando se dan en la coyuntura de procesos electorales.

MAQUIAVELO Y EL ESTADO CONTEMPORANEO

Diego Valadés

Publicado el 9 de junio de 2014
Diego Valadés, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@dvalades, valades@unam.mx

Desde hace cinco siglos el fenómeno político más importante, que no cesa de ser discutido, es el Estado, y el autor que inició el debate fue Nicolás Maquiavelo, quien en diciembre de 1513 estaba poniendo punto final a su célebre El Príncipe.

Pese a su longevidad, la obra de Maquiavelo sigue siendo objeto de examen. Leída como una guía para entender el poder, atrapó la atención y mereció las reflexiones lo mismo de Federico de Prusia que de Napoleón, y en cuanto a la filosofía política ha interesado al pensamiento conservador igual que al liberal y al marxista.

Una característica de lo que identificamos como clásico es que resiste el paso del tiempo y se mantiene como referente para generaciones sucesivas. Esto sucede con El Príncipe, en cuyas páginas aparece por primera vez la referencia al Estado en su sentido moderno. A partir de Maquiavelo la voz Estado sustituiría las referencias medievales al reino, al imperio y aún a la república, que eran las locuciones en uso al final de la Edad Media. Después de Maquiavelo ya no importaría el calificativo que se le diera a la organización del poder. Todo sería, en términos llanos, Estado. Al aludir al Estado el imprescindible florentino facilitó la comprensión de un fenómeno característico de la Edad Moderna y al finalizar el siglo XVI la expresión italiana ya era compartida por quienes escribían en alemán, español, francés e inglés.

Lo que Maquiavelo no intentó fue acuñar un concepto de Estado; tan sólo recogió una voz que ya debió estar en uso en Italia porque de otra manera no la habría utilizado en su amplia correspondencia ni en sus muy populares obras literarias, como La Mandrágora. El problema conceptual del Estado apareció mucho después y sigue siendo objeto de aportaciones en nuestro tiempo.

La obra maquiaveliana no presentó una definición de Estado pero sí incluyó, en cambio, los elementos constitutivos de la política como técnica, a diferencia de todos los ejercicios previos que contemplaban a la política como ética. Gracias a ese gran paso fue posible llegar al concepto contemporáneo del Estado como un orden coactivo legítimo. Con el correr del tiempo a esta idea básica se agregaron otros elementos, asociados a las ideologías, a la estructura normativa y económica y a los objetivos que le han dado apellidos al Estados: democrático, totalitario, social, corporativo, intervencionista, mínimo, constitucional, de derecho, de bienestar, y muchas variantes más.

Una categoría reciente corresponde a la de Estado fallido. Esta expresión, de cuño mediático, recibió un fuerte impulso cuando Noam Chomsky la utilizó en los primeros años de la década anterior. Ahora existen indicadores incluso para medir el grado de falibilidad de los Estados, pero no son otra cosa que una adaptación semántica de lo que desde el siglo XIX el economista Walter Bagehot denominó gobernabilidad, y que desde hace más de veinte años vienen midiendo diversas instituciones financieras y académicas del mundo.

En México tendremos que hacer un nuevo ejercicio para establecer en qué nomenclador es encuadrable nuestro Estado. Sin duda pasa por una crisis coyuntural que se expresa en inseguridad y en violencia; pero también hay otros factores que son estructurales, como el déficit democrático y la inequidad social. La corrupción es más difícil de ubicar porque está asociada tanto a las circunstancias cuanto al diseño institucional.

A lo largo de los siglos el Estado y sus vicisitudes han representado el capítulo más relevante en la vida de las sociedades. De ese proceso han dependido las mejores o peores condiciones para la libertad y la justicia. Aunque la apariencia abstracta y especializada del Estado lo aleja de las preocupaciones cotidianas, vivimos una etapa histórica en la que se hace indispensable ahondar los análisis sobre el poder, y hacerlo en todos los espacios de la sociedad. Así sucedió, y esa fue una de sus contribuciones centrales, con la obra que Maquiavelo escribió hace cinco centurias.

A través de Maquiavelo los aspirantes al poder se han familiarizado por siglos con las técnicas para conquistarlo y para preservarlo. Los gobernados, en cambio, habían quedado sin orientación ni resguardo porque antaño sólo tenían una relación simbólica con los secretos del poder; pero ahora el Estado contemporáneo les ofrece los recursos constitucionales para controlarlo. Algunos sistemas todavía no adoptan estos controles; entre ellos figura el nuestro.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Reforma, el 24 de diciembre de 2013

Sociología, Educación y Comunicación Juridica en el nuevo modelo de Estado constitucional

Por José Ramón González Chávez

Sociología, Educación y Comunicación Jurídicas en el Nuevo Modelo de Estado Constitucional

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

El hecho social es al mismo tiempo la causa eficiente y el objetivo de todo sistema jurídico. Provoca a través de la interpretación, la creación de normas y disposiciones, que a través de la persuasión y la coercitividad se aplican en la sociedad, la que a su vez al reflejarse en la actividad cotidiana, dan validez social a la norma y al mismo tiempo provocan ajustes que reciclan en términos positivos, -esto es, visto el Derecho a la vez como orden normativo, realidad social y catálogo de valores jurídicos- el sistema en su conjunto.

La sociología del Derecho, es la disciplina que estudia los problemas, los principios, objetivos, implicaciones y prácticas concernientes a las relaciones entre el sistema jurídico y la sociedad y la eficacia de lo jurídico como sistema regulador de la conducta social, aplicado por los órganos del poder público del Estado.

De ahí su estrecha relación con el Derecho Constitucional, fuente normativa primordial del sistema constitucional de toda nación, de la cual se desprende el marco de libertades y derechos fundamentales y sus mecanismos para garantizarlos; así como la organización política jurídica del Estado y la actuación de los órganos del poder público encargados de convertir en actos jurídicos concretos sus postulados primordiales.

En cuanto al segundo punto (organización política del Estado y del poder público como su brazo ejecutor) vale remarcar que las normas constitucionales son fundamentales en cuanto ellas expresan un marco general de principios rectores, que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a la organización de la comunidad, tanto interna como en la comunidad internacional, mismos que pueden ser de naturaleza orgánica y procedimental o bien, de contenido material.

Los primeros, señalan las tareas que el poder público del Estado debe cumplir; configuran las competencias e instituyen los órganos que las realizan; gracias a ellos, se regulan los procesos de creación y aplicación de las normas y se establecen mecanismos de coordinación entre ellos y los medios de control para atender y resolver abusos en el ejercicio del poder.

Los segundos consagran los objetivos primordiales del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertades, derechos y obligaciones de los individuos, los distintos grupos sociales y la comunidad política.

En cuanto al marco de libertades y derechos fundamentales la Constitución está concebida de tal manera que lo que antes se denominaba Parte Orgánica sólo adquiere sentido y razón de ser a partir de la aplicación y puesta en operación objetiva de los principios, derechos y obligaciones que proclama.

La sociología nace del acercamiento al tema del impacto de la interacción entre lo jurídico y lo social abordado por los clásicos de la Sociología desde su origen como disciplina. Hay que recordar que sus tres fundadores Marx, Durkheim y Weber hicieron su tesis de grado en Derecho. De ellos solo el último desarrolló una conceptualización específica para el Derecho y en particular para la disciplina.

En México, recientemente se han llevado a cabo profundas reformas constitucionales que en su conjunto modificarán sustancialmente la estructura, organización y funcionamiento de nuestra vida como país: Derechos Fundamentales, Garantismo, nuevas instituciones como el principio Pro Persona, el interés superior del menor; flamantes medios de control constitucional y de solución de conflictos, nuevo sistema de Justicia; modernos esquemas de participación ciudadana, solo por contar algunos. Sin embargo, en muchos casos, su complejidad técnica y la manipulación que de sus contenidos hacen los medios y redes sociales, los líderes y organizaciones políticas, hacen difícil conocerlos por iniciativa propia.

El Derecho en general y el Derecho Constitucional en particular, deben de una vez por todas dejar de ser un tema de especialistas e iluminados para convertirse en parte de la cultura política y social de los mexicanos de todas las edades, y niveles educativos. Pero para que eso suceda no solo es necesaria la voluntad política de los gobernantes a todas las escalas, sino ante todo, la acción directa y decidida de quienes de una u otra forma participamos en la vida cotidiana de lo jurídico, desde todas y cada una de sus tan variadas trincheras: en la docencia, el proceso legislativo, en la actividad ejecutiva y jurisdiccional, en la gestión pública y social, los medios de comunicación, la asesoría y defensa jurídica, en fin, en todas las ramas del quehacer humano donde incide el Derecho de forma preponderante.

Es por ello que desde nuestro punto de vista el nuevo modelo educativo que se pretende implantar ha omitido la necesidad de la aculturación jurídica de la sociedad para conocer y asumir el nuevo modelo de Estado Constitucional, siendo que forzosamente tiene que ser parte integrante del mismo, sin olvidar por supuesto el papel crucial que juegan los medios de comunicación como conductos o vehículos para divulgar y asumir sus principios, fines y organización; sus nuevas instituciones, ordenamientos, disposiciones y normas; sus nuevas prácticas y actitudes.

De lo contrario las meras reformas legales llevadas a cabo hasta el momento no tendrán más destino que convertirse en catálogos de buenas intenciones cuando no en letra muerta.

El Derecho como Metasistema

EL DERECHO COMO METASISTEMA

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

Ubi societas, Ubi Ius. Con esta aseveración latina se ha querido expresar desde la época romana que donde hay sociedad hay Derecho, lo que significa que este último es consustancial e imprescindible para la organización y la convivencia sociales.

A pesar de lo contundente y permanente de esta frase, la naturaleza y características de lo que podríamos denominar “Derecho” han ido evolucionando y se han vuelto cada vez más complejas a causa del desarrollo de la propia sociedad a medida que esta se ha ido haciendo cada vez más imbricada y diversa en sus distintos contextos de tiempo y lugar.

Desde mediados del siglo XIX el positivismo científico influyó de manera determinante en la creación del conocimiento y su aplicación en los distintos ámbitos del quehacer humano. En tal sentido, la perspectiva que ahora se denomina paleo positivista, que prevaleció desde entonces y hasta el último tercio del siglo XX, concebía al Derecho meramente como un “conjunto de normas formales”, a las que generalizando se les denominó “Ley”. Fue así que se asoció desde entonces el concepto de Ley al concepto de Derecho llegando incluso a considerarse como sinónimos. Esta visión prevalece aun en nuestros días en México y otros países, en la gran mayoría de sus escuelas de derecho y en la cultura jurídica de los abogados y de la sociedad.

A fines de la primera mitad del siglo XX el jurista brasileño Miguel Reale –entre otros contemporáneos e incluso anteriores– logró concretar una propuesta de modelo donde a escala macro el Derecho puede ser visto como una entidad tridimensional, es decir, integrada por tres grandes conjuntos o elementos que guardan una estrecha e inseparable interrelación:

  1. El derecho formalmente válido, compuesto no solo de “leyes” o productos legislativos, pero también de otros instrumentos jurídicos formales igualmente importantes, como como los actos normativos y administrativos del poder ejecutivo, la jurisprudencia o conjunto de resoluciones del poder judicial, los tratados, convenios internacionales, la costumbre jurídica, los instrumentos individualizados como los contratos, los testamentos;
  • El derecho intrínsecamente válido, como los preceptos de carácter universal, los principios generales del Derecho, la doctrina, ya sea académica o judicial, el protocolo diplomático para la generación de instrumentos de derecho y política internacional que en su conjunto se denominan como Soft Law, las normas y valores de contenido moral según la religión preponderante, entre otros;
  • El derecho socialmente válido, es decir las normas, principios y prácticas aceptados por el grupo social que esta considera de aplicación obligatoria por considerarse su contenido como positivo o benéfico de aplicarse para dicha comunidad.

Así, el derecho en la actualidad no puede concebirse sino como un conjunto multidimensional integrado por estos tres elementos, cuyas interrelaciones o intersecciones al retroalimentarse generan diferentes tipos de normas, principios y prácticas que le dan unicidad a la disciplina y la hacen distinguirse de las demás ciencias sociales como una entidad cognoscitiva con naturaleza y características propias.

Adicionalmente, hay que mencionar que la interacción entre estos tres elementos se da en un contexto donde las variables de tiempo y lugar juegan un papel preponderante que determinan los aspectos de fondo y forma de los diferentes sistemas jurídicos, tanto adentro de la comunidad sujeta al sistema como en su interacción con sus iguales. Así, no es lo mismo el derecho que se aplicaba en esa misma comunidad hace 200 años que el que se aplica ahí mismo ahora (historia del derecho o de las instituciones jurídicas), como tampoco lo es el derecho que se aplica actualmente en esa comunidad y el que se aplica en este mismo momento en otras comunidades (derecho comparado). Podemos entender la complejidad de este entorno a escala macro en la globalidad en la que nos encontramos inmersos, y a escala micro al circunscribirlo en la diversidad y multiculturalidad de las distintas comunidades que viven e interactúan en nuestra nación.

Lo anterior se explica mediante los diagramas de Venn Heuler siguientes:

Estas tres dimensiones, o mundos de lo jurídico (formal, axiológico y social) se intersectan creando tal como se expresa en las gráficas que anteceden, diversos tipos de productos o instrumentos jurídicos, y finalmente una síntesis que es lo que en la actualidad debe denominarse realmente Derecho Positivo, esto es, aquel que tiene un proceso formal de creación, que está basado en principios o valores a proteger y cuyo contenido por su naturaleza es considerado valioso por la sociedad y por lo tanto importante de cumplir y hacer cumplir.

Este diseño tridimensional de lo jurídico, aunado o mejor dicho enriquecido con el enfoque sistémico, sobre la plataforma de la nueva visión de la ciencia donde todo es relativo y rebatible, donde todas las verdades, lejos de ser antagónicas, son complementarias y útiles para tener una versión lo más objetiva de la realidad, permite además la unificación de las diferentes escuelas de pensamiento del derecho que Manuel Atienza en su libro “Manual de Argumentación” condensa magistralmente en tres grandes corrientes haciendo un parangón con la construcción de un edificio:

  1. La formalista, (tener que ser) que como su nombre lo indica privilegia la aplicación de las normas creadas bajo un procedimiento formal establecido en la propia ley (legislación, jurisprudencia, doctrina constitucional, instrumentos internacionales, costumbre jurídica, resoluciones judiciales, testamentos, contratos, etc.), considerando dicho proceso formal como la ingeniería estructural del edificio, lo que sostiene el todo y sus partes;
  • La axiológica (deber ser), que postula la preponderancia de los principios y valores que los instrumentos jurídicos deben proteger independientemente de su formalidad o aceptación social que se asemeja al diseño arquitectónico, a los planos del edificio; y
  • La sociologista (ser), que atiende al aspecto funcional, ergonómico del edificio y sus partes, es decir, que da mayor importancia al impacto que las normas y principios y cuya utilidad deriva en la aceptación social tienen para la efectividad de lo jurídico por considerar esas normas y principios como importantes de cumplir para una convivencia armónica, pacífica y democrática.

La idea de Atienza es que la síntesis de estas tres concepciones bajo el modelo actual, permite construir una concepción general que podría llamarse pragmatista, en la que lo importante es la función que tiene el sistema en el conjunto del quehacer social, teniendo como objetivo primero y último la solución práctica de los problemas jurídicos en términos de dar la Lex como sinónimo de encontrar en su argumentación y sus decisiones el sentido profundo de justicia dando a cada quien lo que le corresponde, dejando lo formal, lo moral o lo filosófico en el terreno propio de otras disciplinas (la técnica jurídica, la ética, la filosofía).

La interacción entre órdenes jurídicos nacionales, aunada a los cambios tecnológicos y la globalización, han provocado una gran transversalidad que requiere de un ordenamiento jurídico compatible entre los países miembros de la comunidad internacional. La creciente complejidad de un entorno a la vez jurídico, político, económico, social y hasta cultural, condujo a comprender la realidad del derecho de una forma multidimensional, multidisciplinaria, al grado que actualmente este puede ser considerado como un meta sistema, sin perjuicio también poder ser estudiado modularmente en sus partes o especialidades, en hechos y materias concretos o bien, a distintas escalas, ya sea desde el punto de vista internacional, nacional o subnacional.

La dinámica del metasistema llamado Derecho es cíclica o más bien espiral, pues no regresa al mismo lugar sino que al reiniciarse, se actualiza y perfecciona.

La fuente primigenia del proceso es la propia realidad social, que debe ser interpretada por el productor de normas formales (legislador, juzgador, ejecutivo), interpretación que debe conducir a dotarlas de coercitividad (validez jurídica) para poder exigir su cumplimiento y sancionar a quien las viole o incumpla, pero también de persuasión suficiente para convencer a la población y las autoridades respectivas de la importancia de su cumplimiento por el valor jurídico que protegen (obligatoriedad social). En la medida en que se realicen conductas individuales y sociales relacionadas con el contenido de esas normas se producirán nuevas realidades sociales que reiniciarán el ciclo, todo ello en el marco de la Constitucionalidad, tanto formal (la Carta Magna, el texto constitucional en sí) como material (conjunto instrumentos jurídicos que no necesariamente están en la Constitucion formal pero que son consideradas fundamentales, como las que están en los tratados internacionales, en la jurisprudencia nacional, extranjera e internacional, etc.).

Sin duda, el enfoque sistémico resulta de gran utilidad para conocer y comprender la realidad jurídica contemporánea -al menos de occidente- donde las decisiones jurídicas tomadas con base en este modelo, deben pasar de la mera subsunción o aplicación literal del texto de la ley o norma formal, a la ponderación, donde quien debe resolver los problemas jurídicos debe de interpretar los hechos teniendo en cuenta el contexto en el que estos se dieron, encontrando y estructurando mediante la argumentación, la combinación adecuada de normas, principios y prácticas que permitan resolver el caso concreto y dar a cada quien lo que en derecho le corresponde.

En conclusión, podemos considerar entonces al Derecho como un metasistema robusto, dado que se trata de un conjunto complejo de elementos intersectados e interactuantes, el Derecho podrá conocerse mejor y desde una perspectiva actual definir con mayor objetividad qué es, cuál es su objetivo, para qué sirve, cómo debe funcionar, con lo que podrá superar la creciente crisis epistemológica que padece, poniéndose a la altura de las exigencias sociales presentes y futuras, donde resulta impostergable el equilibrio entre el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales y los actos de autoridad de los distintos órganos del poder público del Estado. Esto conducirá a la construcción de una Teoría Jurídica de la democrática o a una Teoría Política del Derecho que permitirá la Consolidación de un verdadero Estado Constitucional.

Simbólica del Escudo y la Bandera de México

Simbólica del Escudo y la Bandera de México,

por José Ramón González Chávez

Nunca se perderá, nunca se olvidará

Lo que vinieron a hacer,

lo que vinieron a asentar en las pinturas:

su renombre, su historia, su recuerdo.

Así en el provenir,

jamás perecerá, jamás se olvidará,

siempre lo guardaremos

nosotros, los hijos de ellos, los nietos, hermanos,

bisnietos, tataranietos, descendientes,

quienes tenemos su sangre y color,

lo vamos a decir, lo vamos a comunicar

a quienes todavía vivirán, habrán de nacer,

los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas….

(Fernando Alvarado Tezozomoc, “Crónica Mexicayotl”)

A mi madre.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En todas las culturas y las épocas, los grupos sociales, desde los clanes y tribus, hasta las comunidades de naciones, han tenido sus emblemas de unificación (tótems, banderas y escudos, estandartes, pendones) creadores y mantenedores todos ellos de una conciencia de identidad colectiva. México no es la excepción:

La “enseña patria” –como también se le llama a nuestra bandera- es, de todos los emblemas nacionales, el más claro, contundente y definitorio de nuestra identidad como mexicanos. Tal vez por eso nunca reparamos en su profundo significado; en su grandilocuencia como símbolo de la nación a la que pertenecemos, como lo demuestra la poca o mejor dicho casi nula bibliografía dedicada a la consideración histórica de los símbolos que la integran y a cómo éstos se han ido fusionando paulatina pero constantemente a lo largo de los siglos.

La bandera es por supuesto, símbolo de identidad nacional. Sin embargo, en su confección simbólica, lo distintivo de la bandera mexicana es que es producto de la mezcla de alegorías provenientes de tres civilizaciones, distintas tanto en el tiempo como en el espacio:

Por eso nuestra bandera, símbolo nacional a todas luces mestizo y multicultural, es el espejo fiel de nuestra identidad cultural multicolor y multiforme, refleja a la perfección nuestra identidad como mexicanos, como una sociedad única e irrepetible; ni mejor ni peor, sino distinta a las demás que existen en el orbe.

A continuación analizaremos cada uno de estos tres vectores de influencia:

I) LA APORTACION INDIGENA (Prehispánica):

Son cinco los símbolos principales aportados por las culturas prehispánicas al escudo nacional y por extensión a nuestra bandera:

  1. La Montaña Sagrada, rodeada de agua (Altepetl)
  2. La Piedra de Fundación;
  3. El Árbol Cósmico (Tunal);
  4. El Águila;
  5. La Serpiente;

1. La Montaña Sagrada.

Desde tiempos inmemoriales, la tierra, esa Terra Patria o tierra de los padres, constituyó el símbolo de identidad más íntimo y persistente entre los hombres. Desde las poblaciones sedentarias más antiguas hasta el “Blut Und Bloden” del 4° Reich, el derecho por la tierra y la sangre (ius solis y ius sanguini) se erige en fundamento jurídico de la nacionalidad, y aún en nuestros días puede verse, olerse y sentirse con claridad en fenómenos como la unión Europea, Irak, los Balcanes y hasta Chiapas.

En mesoamérica, entre 1500 y 800 antes de nuestra era aparecieron los primeros cacicazgos. Como en muchas civilizaciones de la antigüedad, el mito de la creación que acompañó a las fundaciones de estos señoríos narraba la aparición maravillosa de la Primera Montaña Verdadera, la colina que brotó de las aguas primordiales y que contenía en su interior el agua fertilizadora y las semillas nutricias que sustentaron a los primeros seres humanos[1].

Esta montaña primigenia, ya estaba presente entre los Olmecas y entre los nahuas, llamándola estos últimos Altepetl, (Atl-Agua, Tepetl-Cerro), vocablo que se traduce como cerro rodeado o lleno de agua, donde reposan las semillas fundamentales, término que llegaron a usar como sinónimo de Reino o Estado[2].

El glifo del Altepetl es significativo, pues la parte baja del cerro se dibujaba como una red cuadriculada con un círculo en el centro, y que era símbolo de la tierra.

Al centro la plaza ceremonial de la capital de cada reino –corazón, simbólico de la patria-, se levantaba la Primera Montaña Verdadera, un montículo que dominaba el centro ceremonial de forma cuadrangular, acompañado por la plaza hundida, que simulaba el estanque donde reposaban las aguas primordiales y los edificios consagrados a los dioses protectores el gobernante supremo[3].

Así, el concepto de patria se vincula al de residencia ancestral, pasada, presente y futura; lugar donde se producen los alimentos esenciales del cuerpo, el alma y el espíritu; sitio donde transcurre la vida común, todo lo cual une a los miembros del grupo. De esta manera, tres sitios dominaron el entorno urbano prehispánico: la casa de los dioses (el templo, la vida espiritual), la de los comerciantes (el mercado, la vida económica) y la del emperador (el palacio, la vida política)[4] y la ocupación de la tierra constituyó el derecho de propiedad supremo, el título más radical sobre el territorio.

Otro detalle en el que prácticamente nadie repara es en los caracoles (símbolo dela generación de vida) y chalchihuites (piedras semipreciosas) de jade y obsidiana re decoran el agua al pie del Tetl; el primero, más valioso que el oro porque consideraban que poseía las máximas fuerzas divinas, y la segunda con grandes poderes mágicos y curativos.

2.- La Piedra de Fundación

La Piedra (Tetl) asentada al centro de la Montaña Sagrada (Altepetl) no es otra cosa que el corazón de Copil, hijo de Malinalxochitl, hermana mayor de Huitzilopochtli, el colibrí del norte, dios tutor mexica (águila en el cielo de día, jaguar en el cielo de noche). Una vez, al pelearse Malinalxochitl con su hermano, fue apartada de la tribu, yendo a refugiarse a Malinalco, donde procreó a Copil, alimentándolo con el odio que le profesaba a su Hermano.

Cuando los mexicas se asentaron en las faldas del cerro de Chapultepec (otro cerro de agua) y comenzaron a ser hostigados por los pueblos vecinos, Copil comenzó a sublevar a los pobladores de la cuenca contra el dios-rey. Copil subió a la cima del cerro para contemplar la destrucción de sus enemigos. Sin embargo, Huitzilopochtli, enterado del plan de su sobrino, se adelantó y lo capturó, y él mismo lo decapitó, le arrancó el corazón, entregándolo a uno de sus sacerdotes, quien lo lanzó lo más lejos que pudo, yendo a caer en el Altepetl ubicado en el centro de la laguna, y convirtiéndose en la piedra (Tetl) de donde nació el nopal, que reprodujo su corazón en miles de tunas rojas. La leyenda sugiere entonces que Tenochtitlan fue fundada sobre el corazón de los enemigos de Huitzilopochtli y por extensión, del pueblo Mexica.

De hecho, la palabra Tenoch bien puede ser una combinación de las palabras Tetl y Nochtli (Piedra – Tuna). En ese mismo sentido, el término Tenochtli significa la tuna nacida de la piedra sagrada y Tenochtitlan seria “el lugar del tunal que nace de la piedra sagrada”.

Como dato curioso podemos señalar que desde sus primeras representaciones, este símbolo de la Piedra aparece decorado con tres franjas diagonales entrelazadas de color verde, blanco y rojo, mismo que por cierto está presente también en el icono de la virgen de Guadalupe viendo a Tenoch convertido en un arcángel de alas tricolores.

3. El Árbol Cósmico.

Los mayas representaban este eje fundacional, con la planta del Maíz. También dibujaban los cuatro rumbos del cosmos con árboles propios de su región, heredando esa tradición a los demás pueblos mesoamericanos. De ahí nació probablemente la costumbre de representar a cada región por su árbol emblemático. Así, tal como la Ceiba representaba la región maya, las tierras situadas al norte de Tenochtitlan fueron representadas por el Cactus, de tal suerte que los Mexicas, provenientes del norte, adoptaron el Nopal como su árbol emblemático.

La tuna, fruto de pulpa jugosa, calma el hambre, y su jugo colorado calma la sed. Por tales características ocupó un lugar privilegiado en la iconografía sacrificial de los aztecas, pues representó el corazón humano y más precisamente, el corazón de los sacrificados al sol (cuanochtli), siendo su jugo emblema de la sangre (chalchihuatl), esencia vital, soma, elixir sagrado.

El Códice Florentino dice al describir la tuna: Los corazones de los cautivos sacrificados los llamaban cuaunochtli tlazoti, las preciosas tunas del águila. De modo que en la imagen y los símbolos de la fundación de Tenochtitlan la tuna aparece asociada con el sacrificio de corazones para alimentar al águila, al sol, Tonatiuh, la deidad nacional mexica.

4. El Águila:

El águila, elemento “Yang” de los escudos mexicas, es el águila dorada (aquila crisateos), ave que defiende su nido como ninguna, se aparea con su pareja de por vida, es monógama. Entre los pueblos cazadores, anteriores incluso a los aztecas, era un símbolo solar tradicional, que aludía a la fuerza violenta.

En el emblema mexica, los símbolos de guerra: el Atl Tlachinolli (el himno de guerra cantado por el águila) y los escudos y las flechas están asociados con el águila, y aluden a la guerra sagrada que nutre al sol con corazones humanos y asegura el equilibrio cósmico.

5. La Serpiente:

La Serpiente apegada a la tierra, es en cambio símbolo terrestre, elemento “Yin” entre los pueblos agrícolas, pero también en su doble acepción como símbolo de la vía láctea reina de la noche. Está relacionada con la vida en sus aspectos positivo (fertilidad) y negativo (muerte). Tlaloc “el que hace brotar la vida”, tiene un ato de serpientes en una mano. Xiutehcutli es la tierra-ígnea (xiu = fuego, lengua de serpiente) [5]. La sangre de la serpiente fertiliza la tierra.

Un fragmento del canto de la diosa tierra de los mexicas  reza: “… el águila está parada con su sangre de serpiente...”

6. El Símbolo binario Águila – Serpiente.

En conjunción, la imagen del águila que lucha contra la serpiente, en su sentido histórico expresa la batalla que libraron los guerreros contra los agricultores que poblaban la cuenca de México, con lo cual, en términos exotéricos el emblema de Tenochtitlan es una exaltación de la guerra que permitió construir el poder de la nación mexica. Pero en el Nahuatlatoli, lenguaje esotérico de los mexicas, al contrario de la creencia vulgar (divulgada a partir de la colonia para hacer congruente el símbolo con los dogmas católicos), el águila no devora a la serpiente, sino que lucha junto con ella, están en igualdad de fuerzas y por tanto en las mismas posibilidades de vencer. Es el símbolo de la victoria por la lucha de los contrapuestos, o más bien, en términos herméticos, de los correspondientes y complementarios; del Ser (Yang) y del Espíritu (Yin), que en lucha permanente generan y mantienen la Vida en perpetuo movimiento (tai-chi).

El Faisán y el Dragón Chino

El Edén maya, donde se creó el maíz y nacen los niños, se llama Tamoanchan, que quiere decir “La casa del Águila (Cielo) y la Serpiente (Tierra)”. En el mito maya, el Águila trajo la sangre de la Serpiente, que al mezclarla los dioses con el Maíz formaron la masa con la que hicieron al Hombre.

Los peregrinos de Iztlan (la ciudad blanca, origen y destino de los aztecas) son tamoanchanes gentilicio que significa “procedentes del lugar del águila y la serpiente” (así también se nombraba a los olmecas).

Cuando los mexicas vencieron a los tepanecas en 1427, se convirtieron en la mayor fuerza política de la cuenca de México y fundaron la llamada “Triple Alianza”, junto con Texcoco y Tlacopan, Confederación imperial que adoptó íntegro el símbolo como estandarte nacional. Cada vez que se conquistaba un pueblo, se colocaba el blasón en la cima de su templo principal, a fin de representar: a) la legitimidad de la ocupación territorial; b) la unidad de la federación; y c) la obsesión por la grandeza futura. De esta manera, el símbolo mitológico se convirtió en insignia universal del Estado Mexica.

II) La aportación española (Colonial):

Al fundar los conquistadores su ciudad sobre los escombros de México-Tenochtitlan, la ciudad antigua se transformó en “Historia de la nueva”. Los cronistas que cuentan los avatares de la nueva fundación, regresan siempre casi obligadamente a la crónica de la antigua ciudad y nación; La visión ancestral permea, sobrevive y en ciertos aspectos se impone y vence a la nueva[6], a pesar del esfuerzo de los españoles por imponer su cultura a la prehispánica.

Al principio de la conquista, los españoles llamaban a la ciudad “Temixtitan” (degeneración lingüística de Tenochtitlan), pero luego se decidieron por el nombre más sonoro de México; en cambio, al reino le llamaron “Nueva España”. Esto a la larga suscitó pugnas por imponer un concepto al otro, rencores y enfrentamientos que no fueron resueltos sino hasta bien entrado el siglo XIX ala consumación de la independencia, triunfando el nombre y el símbolo prehispánicos.

Al principio de la colonia, el nombre de México se uso en distintas regiones de la Nueva España; muchos topónimos retomaron el apellido de la capital: el mar de la costa atlántica fue llamado “Golfo de México”, el territorio más al norte del reino fue nombrado desde entonces y hasta la fecha “Nuevo México”, solo por citar unos ejemplos.

1. El escudo de armas de la Ciudad.

El 17 de diciembre de 1527 Carlos V de España, I de Alemania, decide darle escudo de armas a la ciudad conquistada[7].

Este resultó ser una mera copia de sus similares castellanos. Del antiguo emblema indígena solo sobrevivió el pálido reflejo de la laguna y las hojas sueltas del nopal, desprendidas del árbol mitológico.

Pero al imponer el peso de la tradición heráldica hispana y borrar prácticamente la indígena, el nuevo escudo, en lugar de propiciar cohesión, desencadenó una serie ininterrumpida de rechazos, que se convirtieron en un problema para los políticos gobernantes y para los clérigos de la ciudad, que tenían que lidiar día tras día con la población nativa, con cuyos brazos se edificaba la nueva ciudad. De hecho el escudo imperial tampoco resultó del gusto de los conquistadores y sus descendientes, dados a ensalzar la grandeza, las virtudes y riqueza de la ciudad antigua. En fin, unos se resistieron a usarlo y otros de plano se afanaron en reemplazarlo; el caso es que nadie estuvo de acuerdo con él.

Ante tal problema, el gobierno de la ciudad encontró una solución burocrática: Ya que el escudo imperial carecía del “timbre insignia” (en ese entonces era necesario que todo escudo llevara este distintivo en la parte superior), el ayuntamiento le añadió el escudo nativo del águila y la serpiente sobre el tunal. Así por un golpe de prestidigitación política, el escudo mexica se sobrepuso a la heráldica hispana.

No conformes con esta decisión, los mismos habitantes de la ciudad presionaron a las autoridades locales para construir una fuente en medio de la plaza mayor, coronada con el emblema mexicano[8] que por cierto ahora adorna el centro de plaza donde está la “iglesia de la aguilita” en la merced.

Los clérigos sensibles a la idiosincrasia y el sentir de la población mexica, notaron el apego de los mexicanos a su emblema, y prestos se dieron a la tarea de incluirlo en la iconografía de sus iglesias y pinturas[9].

El Virrey Palafox, alarmado por el rechazo de la población a las insignias imperiales, ordenó suprimir el escudo mexicano y quitar el águila de la fuente, sustituyéndola por “imágenes cristianas”. Sin embargo, la medida no tuvo el éxito esperado, pues los mexicanos siguieron usando su escudo tradicional.

Con el tiempo, las inconformidades calladas se volvieron oposiciones rebeldes: comenzó una guerra de símbolos sin tregua, que se agravó cuando se empezaron a representar a los continentes con figuras de mujeres ataviadas con ropas y ornamentos propios de cada uno de ellos, que si bien eran llamativos para los europeos, para los novohispanos resultaban realmente ofensivos.

A fines del siglo XVI, el clero, funde la imagen mexica con la de la virgen de Guadalupe. Los íconos europeos de América, fueron sustituidos por imágenes de rasgos indígenas. Esta reivindicación étnica-social de las imágenes tuvo un claro sentido político, pues con ellas la burguesía criolla pretendía transmitir una situación de igualdad política entre ambos reinos. El teólogo nacionalista Miguel Sánchez, relator del “milagro” de Juan Diego y la Virgen, es también el creador de la unión mística entre el símbolo del águila y la serpiente y el de la virgen de Guadalupe, llegando a afirmar que dicho milagro estaba prescrito en las sagradas escrituras, con lo que mezcló este ícono con el Apocalipsis de san Juan y las tradiciones mexicas.

El poder de la imagen rebasa al de las palabras y los sermones. Comienza la “fiebre” nacionalista Mexicano–Guadalupana. Para inicios del siglo XVIII las ciudades se habían transformado física y socialmente en núcleos de población mestiza. La burguesía local, creciente en número y poder económico, comenzó a buscar una identidad propia, y en ese afán rechazó los símbolos hispanos y dirigió la mirada de vuelta a los emblemas tradicionales de la antigua capital. En 1737 la Virgen de Guadalupe es declarada patrona de la Ciudad de México y una década después, de la Nueva España.

Vuelve entonces a usarse el emblema del águila y la serpiente como timbre del escudo colonial, y es aceptado ya no solo por mestizos, también por criollos, indígenas y las mismas autoridades virreinales, quienes ahora lo defienden.

La progresiva penetración del escudo mexicano en el imaginario colectivo y en los diferentes niveles y bloques de poder, abrió las puertas de la iglesia que antes lo repudiara como símbolo de hereje idolatría; ahora buscaría y conseguiría reconciliarlo con los símbolos de la iconografía cristiana. Se publica entonces la biografía de San Felipe de Jesús (hasta hace poco único santo mexicano) y en la portada del documento se coloca junto a la imagen de este personaje el águila y la serpiente; se empieza a divulgar la idea de que Santo Tomas en forma de Quetzalcoatl vino a México a predicar y difundir la “verdadera religión”, mucho antes de que Colón llegara a este continente.

Algo similar sucedió con San Juan Evangelista, al afirmarse que la visión que tuvo en la Isla de Patmos, fue realmente la de la aparición de la virgen y la fundación de México Tenochtitlan(!!!); se empieza a representar a la virgen flanqueada por Juan Evangelista y Juan Diego (que sustituye a la antigua mujer indígena) a cada lado.

En una especie de simbiosis política, económica, social, cultural y religiosa, tendiente a la conformación de una nueva identidad nacional, nace la orden secreta de corte masónico de los “Guadalupes”; Clavijero escribe su historia de México, añadiendo por primera vez la parte de la historia prehispánica y colocando en la portada el emblema mexica. En una forma poco usual, los conceptos de territorialidad, soberanía política, protección divina e identidad nacional se hacen fundir en un símbolo religioso prehispánico colonial.

La conversión de los indígenas al catolicismo por fin triunfa 200 años después de la conquista(!). Así, las identidades mestiza y criolla fundan el “espíritu mexicano”, que descansa y se afirma en la doble imagen de la virgen de Guadalupe y del escudo mexicano.

2. Las Ramas de Laurel y Encino.

En este contexto, la academia de san Carlos creada por los Borbones para imponer el estilo neoclásico en la Nueva España, y luego la Casa de Moneda y la Aduana tomaron como uno de sus principales íconos el escudo mexicano, agregándole una rama de laurel, símbolo de la victoria y otra de encino, emblema de la fuerza. Biólogas de la UAM Iztapalapa han manifestado un error en dibujo de la rama de laurel del escudo.[10]

En 1728, surge el primer medio de comunicación social de Nueva España: la “Gaceta de México” que tenía en su portada al águila y la serpiente, agregando encima de la primera  una estrella y una corona real, con lo que se alude ya a la intención de crear un imperio propio, independiente del español y de que la Ciudad de México fuera la representante del conjunto.

La “fiebre nacionalista”, de la cual se impregnan incluso extranjeros como el Historiador Lorenzo Boturini, llega a su clímax. En los primeros años del siglo XIX apenas momentos antes de que diera inicio el movimiento de independencia, se coloca el águila y la serpiente en las portadas de las catedrales de México y Morelia.

III. LA APORTACIÓN Franco-inglesa (liberal).

Los dos legados culturales e iconográficos del escudo mexicano y de la Virgen de Guadalupe convergen a fines del siglo XVIII y principios del XIX en el anhelo de crear un Estado independiente de España, fundado en los ideales de la ilustración europea.

Llega Napoleón a España; Fernando VII abdica y sale al exilio. El anticlericalismo se expande hacia las colonias. Las Cortes de Cádiz emiten decretos contra el poder temporal de la iglesia. Se suprimen los fueros eclesiásticos; las órdenes monásticas y la compañía de Jesús son abolidas; desaparece la inquisición.

Los conservadores novohispanos consideran esta situación riesgosa y empiezan a contemplar la perspectiva de la separación política de España. Primo de Verdad proclama la radicación de la soberanía de la nueva España en los ciudadanos que la integran; Hidalgo usa el Estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo del inicio del movimiento armado.

1. Los colores de la bandera.

Iturbide lanza en 1821 el plan de Iguala cuyo objeto “trigarante” era la conservación de la Religión católica sin tolerar otra, la Independencia bajo la forma de Monarquía Moderada, y la Unión entre Criollos y Españoles. A estas tres garantías, aluden en términos profanos los colores de la bandera con que se consumó la independencia

En franjas diagonales, el blanco simbolizaba la pureza de la religión católica; el verde representaba la esperanza de los ideales del movimiento insurgente, o sea la independencia; y el rojo al grupo español adherido al impulso libertador. La virgen y el águila habían desaparecido (la patrona de los realistas era la virgen delos remedios).

Ante la traición de Iturbide al movimiento social de insurgencia, renacen en este amplio grupo de la población los emblemas indígenas. En reacción, Iturbide decreta la cancelación del escudo de armas español y la sustitución por el emblema mexicano. Casi de inmediato a este decreto, emite otro en el que se dispone que la bandera mantenga los mismos tres colores pero en franjas verticales verde, blanco y rojo (al estilo francés) y con el águila al centro, pero sin serpiente y tocada con una corona imperial, con el perfil hacia el rojo (España).

El discurso político acorde a la línea de Fray Servando, se orienta a justificar el imperio como mecanismo de restauración de aquel que fuera derrocado tres siglos antes por los españoles. Era la restitución del cetro de Moctezuma, la “resurrección de América”. Se anunciaba en todo el territorio que se había restablecido el imperio más rico del mundo. Pero en la realidad, detrás de la monarquía se mantenían los poderes reales: La burguesía, el ejército y el clero.

La declaración de Independencia significó también el fin de la guerra civil. El emblema mexicano también fue aceptado por la iglesia, que apoyo la consumación de la independencia en la Profesa y la coronación de Iturbide. En 1822 la organización de los Guadalupes se convierte en Orden Imperial.

Iturbide abdica en 1823 y con la Forma de gobierno Federal se restablece el emblema mexicano, ya sin corona y con el perfil hacia el Verde (la esperanza insurgente). Despojado de todo sentido religioso, la bandera nacional se convierte en el primer emblema cívico, no religioso, que unió a la antigua insignia indígena de los mexicas con los principios y las banderas surgidas de la guerra de liberación nacional y con el pensamiento occidental de la ilustración.

Sentido Esotérico:

Tal como sucedió en muchas naciones de Europa y América, las sociedades secretas, en especial la Francmasonería, jugaron un papel muy importante en el diseño del lábaro patrio, no solo al incluir emblemas alusivos a la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, sino también elementos de lo que René Guénon denomina como el simbolismo sagrado tradicional.

La forma de la bandera atiende en su confección al número de oro pitagórico. Masónicamente, los colores de los tres tramos verticales de igual dimensión, corresponden a los tres grados simbólicos: Aprendiz (blanco), Compañero (Verde) y Maestro (Rojo), y alquímicamente al azufre, el mercurio y la sal.

Respecto del mencionado conocimiento sagrado universal, el conjunto simbólico formado por el águila y la serpiente se encuentra en infinidad de culturas y disciplinas, por ejemplo, en la mitología china, persa, egipcia, en la alquimia, solo por mencionar algunas.

En cuanto a los colores del lábaro patrio, éstos se encuentran vinculados profundamente al conocimiento alquímico: Por una parte, la involución vegetal, de energía centrípeta (yin), cuya esencia interna es la sabia (verde), se desarrolla a expensas de la energía solar, por medio de la función clorofílica.

Por otra, la evolución animal, de energía centrífuga (yang), cuyo medio interno es la sangre (rojo), se desarrolla en las criaturas por la energía anímica. Ambos mundos presentan un aspecto dualista de alto contenido simbólico y hermético y esta circulación de energía vital de ambos reinos refuerza singularmente el valor esquemático del nopal/tuna y el águila/serpiente del escudo.

La simbiosis de ambos reinos, del binomio verde y rojo, se resuelve en el blanco de la Sal (centro, ollin, movimiento, energía interior, Chi), color del tramo central de la bandera (reino mineral, de nuevo la tierra) y que representa la pureza de la Luz de la vida manifestada (blanco) con la que se restaura el equilibrio del mundo.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA BANDERA ACTUAL.

Tres características distinguen al emblema mexicano:

  1. El predominio de los símbolos antiguos sobre los recientes: la regla es que lo antiguo es lo más sagrado. El emblema indígena ha probado ser capaz de resistir los efectos destructivos del paso del tiempo y de los gobernantes. El antiguo blasón indígena se ha impuesto al embate de otros símbolos que en distintos momentos han amenazado con usurpar la representación nacional.
  • Ese emblema es, asimismo, un símbolo de la resistencia indígena que enfrentó a la invasión española y todos sus excesos. Quizá por eso concentró en él las nociones de legitimidad y defensa del territorio autóctono. Su característica fundamental es su representatividad, su capacidad para convocar a grupos y clases diversos.
  • El emblema del águila y la serpiente al mezclarse con el de la virgen de Guadalupe e infundirle a esa imagen un acentuado sello de mexicanidad, se transformó en un catalizador mítico que afirmaba la identidad indígena con el pasado remoto. Y para los criollos y mestizos vino a ser un puente entre su presente incierto y un pasado iluminado por el prestigio de la antigüedad. De este modo el emblema indígena comunicó a estos grupos entonces tan distintos, una imagen del pasado que reunía las nociones de origen, parentesco, grandeza, vitalidad, legitimidad y prestigio.

La sociedad, al establecer comunicación con su imagen triunfa sobre el tiempo, crea su historia, se constituye a sí misma y garantiza su viabilidad. De tal suerte, el grupo es capaz de participar de su propio pasado, lo asume vivo, convive en una especie de comunión mística con aquello que le dio existencia. En suma, los mitos son para la mentalidad primitiva tanto una expresión de la solidaridad del grupo social consigo mismo en el tiempo y con otros seres que lo rodean, como una forma de perpetuar y reavivar el sentimiento de esa solidaridad.

La historia mexicana muestra que los símbolos visuales han sido los transmisores más eficaces de los mensajes políticos y culturales. Esta forma de ver nuestros símbolos de identidad contradice la tesis de los historiadores y antropólogos que afirman que la conquista española hizo tabla rasa de las antiguas culturas mesoamericanas. No lo hizo, ni lo hará.

Conjuntos simbólicos como el del escudo nacional han resistido con éxito la invasión de distintivos extranjeros y a la postre se han impuesto sobre ellos. El escudo mexicano deja de ser representativo de una etnia para convertirse una divisa colectiva. A diferencia del emblema guadalupano, el escudo nacional es un símbolo pagano, profundamente popular, transmisor de un mensaje de identidad que apela a la unidad histórica de la nación.

La independencia de Estados Unidos de América y la revolución liberal francesa aceleraron la formación del nacionalismo moderno y sus emblemas. Pero al estamparse la antigua insignia de los mexicas en el blanco de la bandera tricolor, se conservó la individualidad de la representación nacional. Al acudir a la fuerza del emblema indígena de raíces milenarias, se logró la unidad nacional y su proyección hacia el futuro.

Las identidades colectivas no son entes inmutables cristalizados para siempre en el tiempo. Por el contrario, son concepciones constantemente recreadas y cambiantes. Al mantener el oído atento a los murmullos del pasado y a los asedios del presente no puede olvidarse la amonestación del Alfonso Reyes:

“…Nos une la profunda comunidad de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. El choque de la sensibilidad con el mismo mundo, labra, engendra un alma común. La emoción histórica es parte de la vida presente y sin su fulgor, nuestros valles y nuestras montañas serían como teatros sin luz. No le neguemos al poeta la evocación, no desperdiciemos la leyenda. Si la tradición nos fuere ajena, está como quiera en nuestras manos y solo nosotros disponemos de ella…”

José Ramón González Chávez

BIBLIOGRAFIA:

  • Banco Internacional, – NAFINSA. Banderas de México, México, Miguel Ángel Porrúa, 1985.
  • Blancarte, Roberto. Historia de la Iglesia Católica en México, 1ª reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
  • Carrera Stampa, Manuel. “El Escudo nacional” Obra conmemorativa del Sesquicentenario de la iniciación de la Independencia y del Quincuagésimo aniversario de la Revolución, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1960.
  • Florescano, Enrique. “La Bandera Mexicana, breve historia de su formación y simbolismo”, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
  • Guénon, René, “Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada”, México, Ed. Valle de México.
  • Secretaría de Gobernación, “Banderas, catálogo de la colección de banderas del Museo Nacional de Historia, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, Coedición Segob–INAH, 1990.
  • Tibón, Gutierre, “Historia del Nombre y la Fundación de México”, México, 1ª reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

[1] A manera de ejemplo, vid. “Edouard Schuré “Los Grandes Iniciados.

[2] En el Derecho prehispánico las montañas y el agua se consideraban propiedad patrimonial de cada colectividad, tal como lo reproduce con fidelidad aun hoy nuestra Constitución Federal.

[3] Una muestra es el complejo arquitectónico principal de Teotihuacan.

[4] Esto encajó a la perfección después con la tradición española de las plazas públicas, de conformación similar.

[5] Aunque en la ambivalencia mitológica universal, es símbolo celeste: Mixcoatl es la serpiente de nube, la vía láctea, Quetzalcoatl en el cielo es la banda zodiacal.

[6] Jorge González Angulo, “El criollismo y los símbolos urbanos”, p.p 74-75.

[7] Costumbre usual en esa época, no solo para los europeos sino como también lo hemos dicho para los pueblos del Anahuac

[8] Esta escultura se llamó con el tiempo “La Aguilita”, que primero estuvo en la fuente del zócalo, luego en la plaza José Báez y más tarde en la de Santo Domingo.

[9] Ahí están de ejemplo todavía en pie, el templo franciscano de nuestra señora en Tecamachalco, puebla, los templos agustinos de ixmiquilpan1 y Yuriria, el convento franciscano de Tulpetlac, etc.

[10] Cruz Mónica, reportera. “Un grupo de biólogas encontró un error botánico en el escudo nacional”. Diario “El País”, 24 de febrero de 2017, consultado en internet 25 de febrero de 2017. https://verne.elpais.com/verne/2017/02/23/mexico/1487881860_161759.html