El hecho social es al mismo tiempo la causa eficiente y el objetivo de todo sistema jurídico. Provoca a través de la interpretación, la creación de normas y disposiciones, que a través de la persuasión y la coercitividad se aplican en la sociedad, la que a su vez al reflejarse en la actividad cotidiana, dan validez social a la norma y al mismo tiempo provocan ajustes que reciclan en términos positivos, -esto es, visto el Derecho a la vez como orden normativo, realidad social y catálogo de valores jurídicos- el sistema en su conjunto.
La sociología del Derecho, es la disciplina que estudia los problemas, los principios, objetivos, implicaciones y prácticas concernientes a las relaciones entre el sistema jurídico y la sociedad y la eficacia de lo jurídico como sistema regulador de la conducta social, aplicado por los órganos del poder público del Estado.
De ahí su estrecha relación con el Derecho Constitucional, fuente normativa primordial del sistema constitucional de toda nación, de la cual se desprende el marco de libertades y derechos fundamentales y sus mecanismos para garantizarlos; así como la organización política jurídica del Estado y la actuación de los órganos del poder público encargados de convertir en actos jurídicos concretos sus postulados primordiales.
En cuanto al segundo punto (organización política del Estado y del poder público como su brazo ejecutor) vale remarcar que las normas constitucionales son fundamentales en cuanto ellas expresan un marco general de principios rectores, que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a la organización de la comunidad, tanto interna como en la comunidad internacional, mismos que pueden ser de naturaleza orgánica y procedimental o bien, de contenido material.
Los primeros, señalan las tareas que el poder público del Estado debe cumplir; configuran las competencias e instituyen los órganos que las realizan; gracias a ellos, se regulan los procesos de creación y aplicación de las normas y se establecen mecanismos de coordinación entre ellos y los medios de control para atender y resolver abusos en el ejercicio del poder.
Los segundos consagran los objetivos primordiales del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertades, derechos y obligaciones de los individuos, los distintos grupos sociales y la comunidad política.
En cuanto al marco de libertades y derechos fundamentales la Constitución está concebida de tal manera que lo que antes se denominaba Parte Orgánica sólo adquiere sentido y razón de ser a partir de la aplicación y puesta en operación objetiva de los principios, derechos y obligaciones que proclama.
La sociología nace del acercamiento al tema del impacto de la interacción entre lo jurídico y lo social abordado por los clásicos de la Sociología desde su origen como disciplina. Hay que recordar que sus tres fundadores Marx, Durkheim y Weber hicieron su tesis de grado en Derecho. De ellos solo el último desarrolló una conceptualización específica para el Derecho y en particular para la disciplina.
En México, recientemente se han llevado a cabo profundas reformas constitucionales que en su conjunto modificarán sustancialmente la estructura, organización y funcionamiento de nuestra vida como país: Derechos Fundamentales, Garantismo, nuevas instituciones como el principio Pro Persona, el interés superior del menor; flamantes medios de control constitucional y de solución de conflictos, nuevo sistema de Justicia; modernos esquemas de participación ciudadana, solo por contar algunos. Sin embargo, en muchos casos, su complejidad técnica y la manipulación que de sus contenidos hacen los medios y redes sociales, los líderes y organizaciones políticas, hacen difícil conocerlos por iniciativa propia.
El Derecho en general y el Derecho Constitucional en particular, deben de una vez por todas dejar de ser un tema de especialistas e iluminados para convertirse en parte de la cultura política y social de los mexicanos de todas las edades, y niveles educativos. Pero para que eso suceda no solo es necesaria la voluntad política de los gobernantes a todas las escalas, sino ante todo, la acción directa y decidida de quienes de una u otra forma participamos en la vida cotidiana de lo jurídico, desde todas y cada una de sus tan variadas trincheras: en la docencia, el proceso legislativo, en la actividad ejecutiva y jurisdiccional, en la gestión pública y social, los medios de comunicación, la asesoría y defensa jurídica, en fin, en todas las ramas del quehacer humano donde incide el Derecho de forma preponderante.
Es por ello que desde nuestro punto de vista el nuevo modelo educativo que se pretende implantar ha omitido la necesidad de la aculturación jurídica de la sociedad para conocer y asumir el nuevo modelo de Estado Constitucional, siendo que forzosamente tiene que ser parte integrante del mismo, sin olvidar por supuesto el papel crucial que juegan los medios de comunicación como conductos o vehículos para divulgar y asumir sus principios, fines y organización; sus nuevas instituciones, ordenamientos, disposiciones y normas; sus nuevas prácticas y actitudes.
De lo contrario las meras reformas legales llevadas a cabo hasta el momento no tendrán más destino que convertirse en catálogos de buenas intenciones cuando no en letra muerta.
El proceso de desarrollo del sistema democrático de un país es muy complejo y su eficacia objetiva y su velocidad de instauración dependen en gran medida tanto de la tradición histórica, de la cultura política de la sociedad civil, como de la voluntad política de los tomadores de decisiones, de la calidad y capacidad de liderazgo de los actores políticos e incluso de las propias condiciones del entorno jurídico, político, social, económico, cultural, etc. en el que surge y se desenvuelve.
En tal sentido, podría llegar a afirmarse que todo proceso de cambio democrático, en su evolución, presupone al menos tres etapas:
Dos Factores de Hecho:
A) La Crisis del régimen anterior; y
B) la Elección que produce el cambio;
2. La Transición, que viene en consecuencia y en la que se van desechando en forma gradual las normas, principios y prácticas del pasado y los esquemas vinculatorios con los poderes de facto, suplantándose por nuevos valores, reglas, instituciones y actitudes hasta llegar a la Instauración democrática; y
3. La Consolidacióndel nuevo modelo a través de elementos que afianzan al nuevo régimen y lo legitiman tanto al interior del Estado como en la comunidad internacional. Entre ellos, destacan solo por mencionar algunos de los más importantes:
La gobernabilidad y su efectividad en términos económicos, políticos y sociales;
La forma de resolver las contradicciones y afrontar los desafíos;
La forma de entender y asumir la Reforma del Estado (Población, Territorio, Poder, orden Jurídico) y del Gobierno (los órganos del poder público: legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales autónomos);
La modernización de la gestión pública, o más ampliamente, de «Lo Público»;
El papel de los partidos políticos y la ciudadanía en el proceso;
La renovación de relaciones del encargado del gobierno con los factores reales de poder y los grupos de presión;
La presencia, actuación e influencia del nuevo modelo y sus propuestas ante los organismos internacionales
Este tercer y último aspecto, la Consolidación, que por su naturaleza y características suele ser el más complejo, como concepto teórico político es de cuño relativamente reciente; tiene su origen en el proceso de sustitución del régimen dictatorial en España sucedido a partir de la muerte de Franco y sus equivalentes en Portugal y Grecia a mediados de los años 70 del siglo pasado, los tres contribuyentes significativos para la conformación del modelo.
Morlino la define como el “proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis” [1].
Con base en tal definición, ese proceso de robustecimiento del sistema democrático instaurado –como he afirmado arriba- de manera jurídica, política, social y cultural -diríamos en resumen, estructural-, se ha venido dando de manera constante y permanente en nuestro país, aunque no sin tropiezos ni desafíos, pero que finalmente han podido irse superando en la medida de que de una u otra forma se han dado e instrumentado los acuerdos entre las distintas fuerzas y actores políticos.
En efecto, dentro de los rasgos que a mi juicio caracterizan la consolidación del sistema democrático mexicano, se encuentra uno que algunos autores han dado en llamar “compromiso democrático” y que se presenta cuando los actores políticos significativos determinan la forma en que se va a presentar y desarrollar la legitimación política, mediante el acuerdo de un marco general de reglas del juego, aceptadas por ellos en primera instancia, luego refrendadas con amplitud por el electorado, y en fin, expresadas objetivamente mediante conductas y actitudes a todos los niveles y en todos los ámbitos del quehacer político.
En el caso de México, este acuerdo y estos comportamientos objetivos de los actores y sujetos políticos para avalar la transición y desechar el estado de cosas anterior, desde luego con sus matices, han estado y siguen estando presentes en su práctica cotidiana y constante, a través de los medios de comunicación, de la comunidad política y del gobierno, con sustento en la mencionada aceptación mayoritaria -tácita o expresa- de la ciudadanía, lo que desde mi apreciación conforman rasgos distintivos y evidentes de la transición, engarzados de manera tridimensional:
En el ámbito Normativo, a través de un marco de reglas de comportamiento e instituciones encargadas de su salvaguarda y ejecución, que en su conjunto sustentan la consolidación democrática en su sentido formal. Cabe hacer aquí la mención del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han contribuido de manera crucial a la instauración y consolidación institucional del nuevo sistema democrático y a darle credibilidad hacia la ciudadanía;
En el ámbito Axiológico, mediante valores y principios que al ser convertidos en actos y actitudes de actores y sujetos, contribuyen a la consolidación democrática en su sentido material.
En el ámbito Cognitivo: por medio de conocimientos, creencias y percepciones sociales respecto de los contenidos de normas, principios y acciones que van dando sentido cultural a dicha consolidación.
Este trayecto gradual hacia la consolidación democrática en México se ve reflejado en la pluralidad no solo de contendientes político electorales y los partidos que los postulan y sustentan, sino también en el equilibrio fáctico de la representación en los distintos espacios de gobierno ocupados por los funcionarios electos en los tres ámbitos de gobierno
1.- Competitividad en los poderes Ejecutivo y Legislativo federales
2.- Competitividad a Nivel de Gobiernos Estatales
3.- Competitividad a Nivel de Gobiernos Municipales
Si bien, la transición democrática de un régimen de partido dominante a uno plural y competitivo es un hecho real, tangible y aun medible, es conveniente también considerar junto con este tan importante factor, otros de igual relevancia en el esfuerzo de transformación de fondo, como el mejoramiento de las condiciones de bienestar social y económico y la gobernabilidad, esta última comprendida como el conjunto de condiciones necesarias para que pueda darse un gobierno que goce de eficacia, sobre todo en términos del mejoramiento de las condiciones de bienestar, de eficiencia en la administración de los recursos nacionales y de legitimidad y apoyo social.
Sin perjuicio de los avances logrados en materia político electoral, considero, siguiendo a Norbert Lechner, que al proceso político de consolidación del sistema democrático en México le falta un mapa mental de largo alcance, que defina con certeza el espacio y el rumbo políticos a seguir [3], cartografía que hasta el momento ni desde el gobierno, ni desde los partidos, ni de los actores políticos se ha logrado todavía concebir y que por lo visto, desde la ciudadanía por sí sola, resultaría difícil de construir y convertir en hechos.
Así parece ponerlo en evidencia el reporte más reciente de la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) [4], donde se remarca por un lado, que el electorado que mayoritariamente reconoce el valor de la democracia, la acepta como el “only game in town” [5] y rechaza el autoritarismo a cambio de mejoramiento de sus condiciones económicas; pero por otro, en cuanto al buen funcionamiento del sistema democrático y la confianza en instituciones y actores, el resultado es pobre; y en extraña paradoja, tal vez como producto del resabio proteccionista, destaca la poca intención de la ciudadanía de participar en el proceso de consolidación, siguiendo la línea de endosar dicha responsabilidad en el gobierno, concepto dentro del cual, por la misma razón, irían incluidos además de los órganos del poder público, las instituciones y los actores políticos, condiciones todas estas determinantes de un proceso de consolidación democrática plena.
Para algunos [6], la transición en México es un proceso aun inconcluso. La alternancia política y los gobiernos derivados de ella no han traído por sí mismos la evolución democrática en sentido amplio.
Pero para otros –entre los que me sumo-, existen signos claros, tanto de la transición como de la consolidación democrática, que se han ido dando de manera gradual y a los ritmos del entorno político económico y social propio de nuestro país y que se expresan en al menos tres vectores:
Desde el punto de vista jurídico, existe un marco de normas legales que regula con detalle el sistema electoral e instituciones jurisdiccionales y autónomas que se encargan de su aplicación;
Desde el ámbito Político la pluralidad es cada vez más parte de la cultura política, tal como lo muestran las gráficas expuestas arriba;
Desde la perspectiva social, porque la percepción ciudadana muestra la convicción del rechazo al regreso de las actitudes autoritarias y de la aceptación de la democracia como vía de solución de los conflictos políticos (vid. ENCUP 2008, op cit.).
La transición que se ha dado ha dejado sus huellas, pero aun hay un trecho importante por recorrer. Para que ésta pueda consolidarse, deberán concretarse al menos los siguientes presupuestos, desde la perspectiva poliárquica de Dahl:
Una perspectiva abierta en cuanto al futuro de la democracia, donde convivan y se mantengan:
Una certidumbre de derechos, obligaciones y procesos, y a la vez
Una incertidumbre en los resultados (movilidad de las mayorías), condición y presupuesto de la vida democrática;
Convergencia de intereses entre los distintos sectores de la sociedad civil, independientemente de sus naturales matices, con posibilidades reales y voluntad política para la participación en la elaboración de propuestas, en el co-gobierno y la evaluación de su efectividad y congruencia entre lo que se dice y se hace.
Credibilidad de los grupos de poder, para afianzar la legitimidad y la estabilidad del nuevo modelo de sistema democrático.
La Consolidación del Sistema Democrático en México tiene ante sí grandes retos, uno de los principales consiste en pasar de su condición meramente formal a la parte cualitativa, que supone no solo fortalecer el sistema electoral, sino también los sistemas de gobierno, de partidos, de medios y de participación ciudadana, tanto a nivel federal como de las entidades federativas.
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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:
[1] Morlino, L. “Consolidamento Democratico: Definizione e Modelli”. Rivista Italiana de Scienza Poltica. 1986, Num, 2
[2] Fuente: Andreas Schedler, “Transiciones a la Democracia”, CIDE-TEPJF, México, Abril 2010.
[3] Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. LOM Santiago, Chile, 2002 p.27, Citado por Roger Bartra “La Sombra del Futuro, reflexiones sobre la transición mexicana”, conferencia magistral en la cátedra Julio Cortázar, Universidad de Guadalajara, 30 de octubre de 2009, en revista Letras Libres, noviembre, 2009
[5] J. Linz: «Transitions to Democracy» en Washington Quarterly Nº 13, 1990, p. 156. Valga solo señalar que esta afirmación sobre the only game in town o el único juego posible, entraña algunas ambigüedades dignas de reflexión pero que exceden los alcances del presente documento.
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Los tiempos que nos tocan vivir son severos. Junto a la falta de ética y de moral, se mantiene el materialismo, el “individualismo feroz”, un desenfrenado impulso por obtener “más” a costa de lo que sea. Todos los días, a toda hora, en todo lugar, somos testigos de la falta de solidaridad, de la intransigencia, de la indolencia, de la estulticia convertidas en costumbre; las vemos tan seguido que a veces hasta ignoramos su presencia, llegando a considerarlas aún parte de nuestra vida cotidiana.
En este entorno, la intolerancia emerge tentadora, lista para repetir la escena de la serpiente, el árbol y la manzana. Por ello, hoy más que nunca resulta de suma importancia reflexionar sobre el tema de la Tolerancia en estos momentos tan duros y difíciles. Cuesta mucho imbuirse de Tolerancia en momentos y lugares donde los valores democráticos que tanto nos ha costado conseguir, se encuentran en «almoneda«. Es duro ser tolerantes ante un Gobierno intolerante. Es duro ser tolerantes cuando la mentira se utiliza como «justificación de Estado«. Por ello resulta muy importante profundizar, ir al fondo, en la reflexión sobre la Tolerancia como principio fundamental que tanto anhela la humanidad y que sin embargo a algunos les cuesta un gran esfuerzo llevar a la práctica.
La Tolerancia se relaciona directamente con la aceptación y el intercambio de ideas en un ambiente de igualdad de posiciones, de respeto. Debe permitirnos acercar posiciones para superar las mínimas diferencias que nos separan y para centrarnos en lo mucho que nos une.
La Tolerancia para perfeccionarse, es decir para ser efectiva, real, debe de ser no solo una actitud individual sino ante todo una conducta social, pues justamente presupone como condición sine qua non una conducta distinta de la nuestra con la que debemos convivir. Constituye es uno de los signos más claros de la civilidad y la cultura social de un pueblo. Por eso debemos convertirla en practica común, en parte de nuestra actividad vital como sociedad.
Desde el punto de vista social y sobre todo desde el político, la Tolerancia por supuesto que no puede ser sinónimo de indiferencia, de indolencia, sumisión o vasallaje. Es una condición imprescindible de la democracia y el mecanismo por el cual todas las partes pueden exponer sus ideas con civilidad y la ciudadanía puede inclinarse por la que le parezca más compatible a su forma de pensar de acuerdo con las condiciones específicas del momento y del lugar, todo esto en la arena de la denominada “opinión pública”, fomentada y conducida por los medios de comunicación.
La Tolerancia nace con el Estado contemporáneo, y parece ser igual que la democracia, una planta frágil que debe ser cultivada con gran esmero, quizá hoy con mayor celo que antes. Para lograrlo tenemos que hacer a un lado la retórica y asumir como una forma de ver y vivir la vida que la Tolerancia no es otra cosa que reconocer que cada cual que tiene ante sí a alguien con el mismo derecho para opinar y concebir de forma distinta el mundo. Lo más execrable en materia de convivencia intelectual, es pretender clasificar o calificar a los que no piensan como nosotros, incluso a los que no son tolerantes.
La intolerancia proviene siempre del intolerante hacia los demás, no al revés; se sustancia en la Intransigencia, el fanatismo, la terquedad, la obcecación, la obstinación, la tozudez, que si bien son sinónimos, agravan el padecimiento. La tolerancia la rompe aquel que deja de tener respeto hacia el otro, poniendo en peligro el bienestar colectivo. De ahí que el abuso, todo aquello que causa quebranto, dolor, lo que nos aleja de la felicidad, que impide el ejercicio de nuestro libre pensamiento, que pretende anularnos como seres, son cosas y hechos que por su propia naturaleza atentan contra la tolerancia.
Los intolerantes tienen un rasgo propio y distintivo: son ignorantes, pero no analfabetos. Suelen dañar reputaciones sin medir las consecuencias; repudian lo que no entienden ni saben, ni comparten; como carecen de ideas nobles y ecuánimes, no esgrimen ideas: utilizan el puñal de la difamación, el filo de la palabra descalificadora.
La intolerancia, en todos los tiempos, viene precedida de un halo de “virtuosismo” fundamentalista, que pretende soslayar la necesaria ética que impone el respeto hacia el otro, hacia sus ideas y sus acciones. La “presunción”, junto con la Intolerancia, constituyen el caldo de cultivo -cuando no la causa- de todas las violencias y de una buena parte de los males sociales. No existe nada menos lamentable y triste que un hombre guiado por sus prejuicios, cerrado a la comprensión y más aún a la razón, y cuya conducta puede derivar en causar perjuicios a quienes no tolera.
Para lograr adquirir una visión más amplia y profunda del significado de Tolerancia basta con mirar la naturaleza y ver que en ella conviven diferentes especies cumpliendo cada una el rol que le corresponde. De tal suerte, tolerar es asumir la diversidad tal como se presenta, es aceptar al otro tal cual es, con sus ideas políticas y religiosas, su posición social, además de su intelecto y moralidad. Para practicarla debemos respetar todas las ideas, manifestadas de manera libre y abierta, vengan de quien vengan, con la única condición de que quien las expresa lo haga con respeto y consideración y reciprocidad hacia los demás, en un afán preponderantemente constructivo.
Con lo dicho hasta el momento, podríamos irnos acercando a una definición del término Tolerancia, concibiéndola en principio como la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y ubicarse en la vida, siempre que éstas no atenten contra los derechos fundamentales de los individuos.
De ahí que la Tolerancia, en términos sociales, más que reactiva deba ser proactiva, es decir, una Actitud, una forma de ver y vivir la vida que todos los seres humanos debemos tener frente a los demás en cuanto a sus ideas, gustos, formas de ser, etc. aunque no sean iguales a los nuestros; una forma de conducirnos ante los demás que implica a la vez el derecho y la obligación de procurar respeto a las divergencias. Puede que nuestras palabras no sean bien recibidas por otros, que haya gentes que piensen distinto, pero si respetan lo que decimos, deberán asumir culturalmente una actitud tolerante hacia nosotros.
*Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Iberoamericana.
La soberanía (del latín super–omnia: por sobre todas las cosas) es un concepto que sostiene nuestra organización política y robustece la dignidad de la Nación; nos da capacidad para tomar decisiones políticas fundamentales y crear normas en el marco de la constitución y fundamenta nuestra existencia como país libre e independiente; entraña supremacía dentro de las fronteras e igualdad en las relaciones con otros países.
Como forma de conciliar el poder de hecho con el de Derecho, la soberanía ha adquirido diversos matices según la manera en que se ha organizado y ejercido el poder político en una comunidad. Por la vinculación inevitable con aquél, desde que surgió, la soberanía ha sido uno de los tópicos más controvertidos de la Teoría Política y el Derecho Constitucional, a tal grado que es posible afirmar que hay tantos conceptos de soberanía como autores se han dedicado a su estudio, y que en sus respectivas argumentaciones la han defendido, atacado o aun negado.
Referencias Históricas
La soberanía, con las características que la han distinguido tradicionalmente, surgió en el medioevo como un instrumento para resolver los conflictos de poder entre el rey, el papado y los señores feudales. Al crear la figura del “soberano”, gobernante supremo del Estado-Nación, se legitima el poder al interior y al exterior del territorio. En el siglo XIV, Juan Bodino definió y sistematizó el concepto, y al hacerlo, legitimó el ejercicio del poder para crear las normas jurídicas y hacerlas cumplir coactivamente.
En el siglo XVIII, con el surgimiento del liberalismo, el concepto de soberanía se fue desplazando cada vez más del terreno político al jurídico. El debate en lo intelectual se centró entonces en la naturaleza, origen, residencia y ejercicio de la soberanía, y en los hechos, se reflejó en una contraposición de tesis: de un lado, los contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau) la situaron con todos sus atributos (inalienable, imprescriptible, suprema y absoluta) en una entidad colectiva: el pueblo, afirmando que la sociedad surge de un acuerdo de voluntades y que el Estado, producto de la razón, subsiste como unidad de poder que tiene su asiento en la “voluntad general”, auténtica soberana y, como tal, creadora de la constitución y el Derecho.
Del otro, los nacionalistas (La Salle, Sieyès) hicieron depositar la soberanía en la Nación, concepto basado en elementos de carácter sociológico, antropológico, étnico, geopolítico y cultural que permiten la permanencia de la tradición y crean en sus habitantes un sentido de identidad común. Esta última postura fue adoptada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y por la constitución francesa de 1791, de donde pasó a España y de ahí, al pensamiento político y al constitucionalismo en hispanoamérica.
Al poco tiempo, el concepto de soberanía se convirtió en base conceptual de los movimientos independentistas, de gran utilidad para justificar la autodeterminación política, la identidad socio-cultural propia, la descolonización y la protección del patrimonio nacional, y en el ámbito internacional, les dio argumentos para demandar a los demás países un trato igual.
Por otra parte, al referirnos a nuestro país, cabe recordar que el conflicto bélico en Europa y el vacío de poder por el exilio de Fernando VII a causa de la invasión napoleónica a España, permitieron la germinación de los movimientos de independencia en las colonias novohispanas desde dos posiciones políticas divergentes: de una parte, los “realistas”, conservadores, comerciantes, clérigos y militares, defensores de la monarquía y de la doctrina de la soberanía nacional porque ésta garantizaba el mantenimiento de sus privilegios; y de otra, los “insurgentes”, liberales, republicanos, en su mayoría de base criolla y mestiza, defensores de la doctrina de la soberanía popular.
En la Nueva España, entre los documentos constitucionales más relevantes de la época insurgente, destacan los “Sentimientos de la Nación” del 14 de septiembre de 1813, que expresan en su punto número cinco que “la soberanía es popular y que es voluntad del pueblo depositarla en sus representantes”. De manera sobresaliente, la Constitución de Apatzingán de 1814, define con claridad y amplitud el concepto de soberanía (facultad de dictar leyes y definir la forma de gobierno); sus características (inalienable, imprescriptible, absoluta), su residencia (en el pueblo); y la forma como se ejerce (de manera directa, por los principios de autodeterminación, autolimitación; y derivada, a través de la representación nacional y la división de poderes); a su vez, el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, prescribió: “La soberanía reside radical y esencialmente en la Nación”.
En la constitución de 1824 la expresión “soberanía” está ausente; si acaso en su introducción es mencionada como atributo del congreso. Durante las tres décadas posteriores, los diversos grupos políticos que disputaban el poder, se arrogaban la posesión y defensa de la soberanía nacional, convirtiéndola en un recurso retórico que era indispensable invocar.
La constitución de 1857 proclamó en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Con este precepto, aun vigente, el constituyente logró conciliar con gran sensibilidad y talento legislativo las nociones nacional y popular, e integrar los elementos básicos que conforman políticamente al estado mexicano: soberanía, pueblo, poder público y gobierno.
En la actualidad resurge en México, como en muchos otros países, un intenso debate sobre las distintas formas de concebir la soberanía, su naturaleza y características. Así, hay quienes postulan que la soberanía en un estado federal moderno se establece a partir de un arreglo institucional que permite una distribución vertical de competencias entre ámbitos de gobierno, la que se garantiza por el constituyente, único poder capaz de crearla y modificarla. En este marco de competencias, cada uno de ellos dispone de una soberanía limitada a su ámbito de acción. Otros afirman que si la soberanía es indivisible, los estados federados no gozan más que de una autonomía jurídica, política y administrativa.
Desde la perspectiva del constitucionalismo mexicano, según lo establecido en la Carta Magna, la soberanía se concibe como dual: su artículo 40 expresa que la república mexicana es “…democrática, representativa y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación…”; por su parte, el artículo 41 dispone que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores…”. Esto no quiere decir que existan dos soberanías, ya que ésta por su naturaleza indivisible tiene un solo origen e idéntica legitimación, proviene de la voluntar popular expresada mediante el voto, pero se expresa en dos distintas vías: los poderes de la Unión y los de los estados. Este esquema permite un equilibrio eficaz entre el ejercicio de la soberanía en el ámbito federal y la de los estados, que se manifiesta fundamentalmente en las facultades de expedir su propia constitución y de formar parte de importantes instancias como el constituyente permanente, responsable de las reformas y adiciones a la Carta Magna.
La soberanía puesta al día
En el siglo XX, el estado nacional entró en un proceso de profunda transformación. Los conflictos bélicos mundiales, la guerra fría, el surgimiento de bloques regionales integrados, como la Unión Europea y el debate sobre la “globalización” obligan hoy a una profunda revisión del concepto clásico de soberanía desde la perspectiva internacional. En la era de la globalización tecnológica, política, económica, social y cultural, la realidad internacional influye de manera contundente en la constitución de todo país, sea cual sea su forma de organización jurídica y política.
Desde esta perspectiva, la vieja pugna entre contractualistas y nacionalistas se da ahora, según Dietr Nöhlen, entre los neo idealistas y los neo realistas: los primeros afirman que la soberanía debe ser vista y comprendida en sus relaciones con el pensamiento regionalista o universalista sobre la responsabilidad global (paz, derechos humanos, multiculturalidad, medio ambiente), que conduzca a un nuevo orden internacional organizado federativamente y basado en un “contrato social mundial”; también, que el carácter absoluto de la soberanía nacional ha entrado en colisión con el postulado de la sociedad mundial, lo que impide resolver adecuadamente los problemas globales, tanto estructurales (subdesarrollo, hambruna, amenaza ecológica, armamentismo) como de coyuntura (proteccionismo, recesión, endeudamiento).
En contraparte, los segundos sostienen que la soberanía nacional es la única forma de mantener el poder de cada estado y justificar su existencia en el sistema internacional, haciendo valer sus intereses; que debe regresarse a los esquemas de protección y defensa de las identidades locales como forma eficiente de garantizar al interior, el bienestar y la seguridad, y al exterior, construir en el marco global una entidad ordenadora internacional con una soberanía estatal limitada. Una tercera posición manifiesta que la soberanía nacional es una ficción, que de hecho nunca ha existido en su estado puro, pues siempre se han dado relaciones de interdependencia e influencia entre estados y que, más bien, lo que hay son ciertos espacios de libertad, merced a los cuales, los estados nacionales establecen su régimen interno, tomando en cuenta las necesidades y los márgenes de aceptación social.
LOS RETOS DE LA SOBERANÍA EN MÉXICO
En nuestro país, como en todo el mundo, el concepto de soberanía demanda una revisión a fondo. La recomposición en el ejercicio del poder, la necesidad de revitalizar el federalismo, el surgimiento de una sociedad civil cada vez más demandante, la presencia de nuevos actores políticos, la magnitud de la problemática social, entre otros factores, obligan a interrogarnos si el concepto de soberanía incorporado en las constituciones federal y local sigue siendo adecuado y suficiente para dar la base que requiere nuestra organización jurídico-política, frente a un entramado de relaciones cada vez más complejas al interior y al exterior de nuestras fronteras.
Es evidente que el concepto es necesario y útil, como lo es que debe ser puesto al día. Quizá los textos constitucionales que consagran la idea de soberanía pueden mantenerse intactos, aunque podría ampliarse su aprovechamiento merced a una visión más moderna y eficaz del Derecho. Mantenerse anclados en la lógica tradicional es ignorar los retos y desafíos y, también, las ventajas y oportunidades que nos impone el cambio de época que nos ha tocado vivir.
Los preceptos alusivos a la soberanía en la Carta Magna, poseen elementos que mantienen su plena vigencia y positividad, como el que radica esencial y originalmente en el pueblo y que por tener ese origen popular, se perfecciona en su ejercicio frecuente, como es el caso del voto; que se expresa de manera dual, a través de los poderes públicos federal y local, y dentro de nuestra entidad federativa, también por medio de los ayuntamientos.
Adicionalmente, en la doctrina y en algunos textos constitucionales de otras latitudes, existen figuras jurídicas que permiten la manifestación frecuente de la voluntad soberana ciudadana, como es el caso de las formas de participación democrática directa, que en la constitución general están ausentes. Habrá que revisar la pertinencia de incorporar al texto fundamental figuras como el referéndum, la iniciativa ciudadana, el plebiscito y la revocación del mandato, tal como ya lo han hecho constituciones de algunas entidades federativas.
Por lo que atañe a la dimensión internacional del concepto, el ejercicio de la soberanía no debe limitarse a la salvaguarda del territorio y de sus habitantes, lo que entraña una actividad pasiva, sino aprovechar el potencial proveniente de la globalización y lograr los mejores acuerdos, en posición de igualdad, con otros países, con los diversos sujetos de Derecho Internacional Público e, incluso, con las crecientemente activas organizaciones sociales con presencia internacional.
Por otra parte, se podría explorar la posibilidad de que los estados, que hoy sólo pueden celebrar “acuerdos interinstitucionales” en el ámbito internacional, los cuales se asemejan a declaraciones de “buenas intenciones”, sean capaces de suscribir tratados, si éstos se limitan a sus “regímenes interiores” y a asuntos de su competencia, con la participación de los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad y, eventualmente, del Senado de la República, para verificar su constitucionalidad y legalidad, habida cuenta que, actualmente, muchas relaciones políticas, comerciales, culturales, etcétera, con entes extranjeros, se fincan en los intereses y las posibilidades de los gobiernos locales que también se han abierto al mundo, sin que esto atente contra las autoridades nacionales.
Finalmente, si la libertad es a los individuos, lo que la soberanía es a las autoridades, ésta debe ser inteligentemente ejercida, buscando pactos que se conviertan en oportunidades para las personas, sin las cuales, ella carecería de sentido.
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Verdross, Alfred (1983). “Filosofía del Derecho del Mundo Occidental”. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, colección Filósofos Contemporáneos, Serie Textos Fundamentales, 2ª edición en español.
El poder y la política se resuelven en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En el tipo de sociedad en que vivimos, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública, que condiciona la decisión política.
Hoy más que nunca, la política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo.
La comunicación de masas y la comunicación política están siendo transformadas por la Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica. El surgimiento de lo que es denominado por Castells la autocomunicación de masa (redes sociales) abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación. Permite una mayor intervención de individuos y grupos, ayudando a los movimientos sociales y a las políticas alternativas; pero también los políticos, las empresas, los gobiernos, los organismos globales, los entes de control geopolítico, intervienen cada vez más en la red. De ahí que se presente necesariamente una gama muy amplia de tendencias sociales, contrapuestas y hasta contradictorias, expresadas tanto en los medios de comunicación de masas, tradicionales y nuevos. El poder se decide cada vez más en un espacio de comunicación multimodal, pudiendo llegar a afirmar que en la sociedad en que vivimos, el poder es el poder de la comunicación.
¿Como crear políticas públicas y gobernanza ante tal panorama?
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Introducción.
A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido el campo en donde se ha desarrollado una gama muy amplia y compleja de enfrentamientos entre poder y contrapoder.
La forma en que la gente piensa determina el destino de las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades. Aunque la coerción y el miedo son fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales pueden durar demasiado si se basan de forma preponderante en una represión aguda. Torturar cuerpos es menos efectivo que modelar mentes.
Si la mayoría de la gente piensa de forma contradictoria respecto a los valores, normas y prácticas institucionalizados en el Estado y consagrados a través de leyes y reglas, al final el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social y no necesariamente sin dolor.
En comunicación –lo sabemos- el mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen, ya sea gráfica o conceptual. En política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. La política mediática tiende a la personalización de políticos que puedan vender su imagen adecuadamente, junto, claro está, a ciertos valores. Esto no es tan trivial como el color de la corbata o la apariencia de un rostro. El político mediático es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza en el entorno de su personaje y luego en términos de la proyección de esa imagen, arropada por ciertos valores.
La importancia de la política basada en la personalidad se encuentra íntimamente ligada a la evolución de la política electoral, que se determina normalmente por aquel segmento de votantes independientes o indecisos que hacen decantar en todos los países, la balanza entre la derecha, los centros y la izquierda (voto útil). De aquí que aunque existen diferencias sustanciales entre partidos y candidatos, en la mayoría de los países los programas y las promesas se confeccionan para adaptarse al centro y a los indecisos, con frecuencia a través de las mismas compañías publicitarias y consultores de marketing político, que actúan de manera camaleónica de acuerdo al cliente en turno[1].
Los ciudadanos no leen los programas de los candidatos, ni los de los partidos. Prefieren confiar en la información que les dan los medios de ellos. Al final, su decisión de voto estará en función de la confianza que les produzca alguno de ellos. Por lo tanto, el candidato, o mejor dicho su personaje, tal y como ha sido proyectado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores a los que se asocia – y que es lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en él.
Si la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones primordiales a la hora de definir el resultado político, la destrucción de la credibilidad y el asesinato –mediático o hasta material- del personaje, se convierten en las armas políticas más poderosas. Desde el primer debate televisado entre candidatos presidenciales (Kennedy – Nixon, 1961) hace 50 años y hasta la fecha, muchos sistemas políticos en todo el mundo se han visto sacudidos y numerosos líderes políticos han sido destruidos en una sucesión constante de escándalos. En otros casos, se han derrumbado sistemas y partidos políticos que parecían atrincherados sólidamente en el poder por décadas, llevándose consigo en su desaparición el régimen que construyeron. (Demócrata-Cristianos en Italia, Gobierno de Japón, Congreso de la India, Color de Mello en Brasil). En la mayoría de ellos, el tema de la caída ha sido la corrupción política[2].
El escándalo se sofistica a tal grado que ahora se es capaz de dosificarlo, hacerlo crecer poco a poco, modularlo, añadirle veracidad o ficción de acuerdo al rating, arrinconando a cada político hasta el clímax del posible enjuiciamiento legislativo o judicial, cuyos miembros también negocian con los medios, garantizando su independencia a cambio de protección y luchando juntos por la democracia, al tiempo que dosifican ellos también la filtración de información para ser publicada, al grado que una vez acorralados, cada actor o grupo político llega a hacer un trato, con lo cual se cierra el ciclo y se retroalimenta el sistema.
Aunque la crisis de la legitimidad política en la mayor parte del mundo no puede ser atribuida exclusivamente a los escándalos políticos y a la política mediática, no obstante es probable que los escándalos constituyan un generador al mismo tiempo del escepticismo respecto a la política formal a largo plazo, así como un factor desencadenante del cambio político a corto plazo.
Según sondeos realizados en 2000 y 2002 por la ONU y el Foro Económico Mundial, dos tercios de los ciudadanos del mundo creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo. Esto explica en parte por qué en todo el mundo, la mayoría de la población tiende a votar en contra de más que a favor de, eligiendo el menor de males, antes que la mejor de las propuestas.
Ya constituido, el gobierno en turno se presenta en los medios de comunicación a fin de obtener el apoyo -o al menos, la mínima hostilidad- de los ciudadanos, que dentro del mercado político, se convierten en consumidores.
Esto no significa que el poder esté 100% en manos de los medios[3]; los actores políticos ejercen también una considerable influencia sobre ellos. De hecho, el actual ciclo de noticias de 24 horas aumenta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, que tienen que nutrirse permanentemente de contenidos.
Pero tampoco el público se limita a seguir todo lo que le dicen los medios, por eso deben transmitir los mensajes de manera muy sutil. Recordemos que los medios ganan más mientras más audiencia tengan, así que hay que mantenerla atenta y cautiva siendo siempre creíbles y justo en ese afán es que se da la competencia entre ellos. Cada uno crea modelos de comunicación corporativos que si no anulan, sí merman drásticamente la autonomía de los periodistas y redactores contratados por ellos, al acotar su abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan a los expresados dentro de la línea dominante en la compañía, casi siempre carentes de contenido, pero con un peso muy importante en el proceso de información definido meramente por los acontecimientos, por la coyuntura.
¿Por qué está pasando esto? ¿Los sistemas y los actores políticos actuales son los más corruptos de la historia de la humanidad? No lo creo. El uso y abuso del poder en beneficio personal o de un grupo ha sido una actitud connatural al ser humano como ente social. De hecho, la democracia se inventó –parafraseando a Montesquieu- como una manera –si no la mejor, la más viable de las disponibles- de controlar al poder.
Poder e Información.
En la época en que el Monarca y los grupos de poder controlaban la información y su acceso, la maquinaria del sistema político se aceitaba de manera vertical y oficiosa, a espaldas de la sociedad.
Posteriormente, al aparecer los sistemas políticos ilustrados, la denuncia de corrupción se convirtió en una buena muestra del nivel democrático de un pueblo, expresado a través de la libertad de prensa, causa y a la vez consecuencia del derecho a la información, consagrado desde las primeras declaraciones y constituciones liberales. Pero en épocas recientes, aun con sistemas formalmente democráticos, se han presentado y expuesto públicamente estos sucesos de corrupción (el Partido Demócrata Cristiano en Italia que sustituyó al modelo fascista; el Partido Democrático Liberal Japonés establecido en lugar del modelo imperial tradicional, ambos imposiciones del gobierno norteamericano, que se hizo el ciego y sordo ante los vínculos del primero con la Mafia y del segundo con la Yacuza, con tal de evitar la contaminación comunista (algo similar a lo que sucedió recientemente en Libia). Pero también en su propia casa, baste recordar el caso Watergate, el asunto Irán-Contras y recientemente el operativo “Rápido y furioso”, solo por citar enunciativamente algunos ejemplos de corrupción al interior del gobierno.
Analizando esta relación entre sistema democrático, información y medios, podemos percibir un nexo directo entre el avance en el acceso a la información, la diversidad y cobertura de medios y la ventilación pública cada vez mayor de actos de corrupción de los individuos y grupos de poder, no solo en el ámbito político, también en el económico, en el religioso, en el social. La diferencia es que ahora tienen un efecto cada vez más devastador en los sistemas y actores políticos y grupos de poder, sobre todo, a partir de la aparición de la Internet y más intenso aun con el surgimiento de las llamadas Redes Sociales. Cabría preguntarse, ¿por qué?
Para acercarnos a la pregunta debemos considerar diversos factores estructurales macropolíticos que contribuyen a la conformación del nuevo paradigma:
1) El Estado, considerado desde el surgimiento del Estado Nacional como el centro del poder, está siendo desafiado en todo el mundo:
Por el surgimiento del Mundo Unipolar que tuvo como símbolo la famosa caída del muro, que trajo en consecuencia un intenso proceso de Reingeniería Geopolítica, y con ella la reestructura del concepto de Globalización, y junto con ella, el surgimiento de la narco economía política, han debilitado los sistemas políticos nacionales, limitando la toma de decisiones soberanas y haciéndolos más vulnerables ante la confusión creada mediante líneas de opinión pública cada vez más abstractas y multidimensionales; y las presiones del mercado hacia la desregulación, so pretexto de rendir culto a la globalización, y que disminuyen la capacidad de intervención económica de los gobiernos nacionales;
2) Las industrias culturales y los medios corporativos se caracterizan al mismo tiempo por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competencia oligopólica extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia[4].
3) La oposición mundial entre lo individual y lo comunitario, define la cultura de las sociedades, al tiempo que la construcción de la identidad funciona en una mecánica multidimensional, donde la historia, el presente y el futuro, en un contexto a la vez individual, local, nacional, internacional y planetario, en los aspectos económico, político y social, convergen de manera euclidiana, como un todo, constituyendo el espacio-tiempo-masa en el que vivimos y nos desarrollamos.
Pero si bien la cultura de lo comunitario tiene sus raíces en la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno[5], la cultura del individualismo en la actualidad se manifiesta de formas diferentes[6], a través del consumismo dirigido por el mercado, al mismo tiempo que en un patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes y el deseo de autonomía individual, basada en proyectos vitales pseudo-autodefinidos.
4) En la escala nacional, en el ámbito político llegar el fin de las ideologías, cada partido queda abandonado a su suerte y comienza la lucha interna por el manejo de los hilos del poder y el combate externo por el control del centro político, lo que ha minimizado y casi anulado la oferta ideológica; y en el ámbito gubernamental, se presenta una crisis de la legitimidad política que debilita la influencia de los gobiernos sobre sus ciudadanos.
En este marco, complejo y multidimensional, el proceso decisivo que da forma a la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder, dependientes hoy del proceso de comunicación socializada y expresadas en los medios.
En el estado de cosas actual, los partidos y coaliciones juegan el juego del mejor postor en el mercado electoral, arrebatando las propuestas a sus contendientes y adelantándose al escándalo, ahora antepuesto al argumento, con lo que se desdibujan las propuestas y se personaliza la política al centrar la atención en los actores, de tal suerte que vence no el que tenga mejores propuestas de solución a los problemas, sino el que cuente con la imagen mercadológica más poderosa, es decir, gana no el que ofrezca mejores alternativas de atención a las necesidades fundamentales de la población, sino quien al final sea menos vulnerable a los escándalos. Así, al final, lo que importa ya no es el proyecto, sino el producto mediático final sobre la opinión pública. Pero no se dan cuenta (o si?) que lo que hacen es contribuir a la deslegitimación del sistema, de la política y en última instancia de la democracia y del Estado de Derecho; no reparan en el daño tan grave que hacen al Estado en su soberanía, en su fortaleza y dignidad como todo ente político democrático, supremo al interior e igual a los demás en el seno de la comunidad internacional.
Independientemente de la legitimidad o certeza de las denuncias de corrupción, el mecanismo de mercado informativo juega también sus juegos sucios, sus abusos y corruptelas. Se ofrece información sin fundamentos ni pruebas (armas químicas en Irak); cuando no se encuentra información suficientemente poderosa para desacreditar a un político o un grupo por su gestión, se acude a otras posibles fuentes de escándalo como los rumores, la sospecha, la conducta sexual, los hábitos dudosos, incluso a la invención; el escándalo va encima del hecho, con un consecuente daño político, a veces irreversible, pasando incluso por encima de las estructuras y normas del propio sistema jurídico y aun del paradigma del Estado de Derecho (caso Anonymous – Zetas) o del Estado Constitucional, como se pregona actualmente.
A simple vista, pareciera también que esta ola de información sobre lo malo de la política y los políticos, abona a la construcción de nuevos y más fuertes esquemas democráticos; pero no es así: lo curioso es que lejos de propiciar el empoderamiento de la sociedad como co-gobernante y medio de control del ejercicio del poder y por ende propiciar el perfeccionamiento del sistema democrático, al parecer la estrategia del escándalo está provocando el resquebrajamiento y deslegitimación de todo lo que huela a gobierno, a grado tal que lo que ondea en el ambiente de la opinión pública mediatizada (donde los medios tienen una cobertura cada vez mayor) es el hartazgo y el desencanto por la política y los políticos y las estructuras hegemónicas y de poder, sin ofrecer, en plena actitud hipermoderna, una alternativa o un proyecto viable, posible y realizable. En su lugar, dentro de esa misma hipermodernidad, lo que importa no es la posibilidad de acceso y sustentabilidad en el poder, el buen gobierno, sino el dinero, independientemente de la actividad que se realice. Todo ello parece, en una sorprendente paradoja, constituir un campo fértil para el cultivo de mayor corrupción, ahora ampliada a todos –o casi todos- los ámbitos de la vida social.
Ante tal panorama, la política, los actores y grupos de poder, se circunscriben y luchan en el ring de los medios, haciéndolos crecer desmedidamente, en términos económicos, financieros, tecnológicos y políticos (Los hombres más ricos del planeta [Slim, Salinas, Berlusconi, Gates, Jobs] son dueños medios y tecnologías de información y comunicaciones). Al mismo tiempo, la interconexión, diversificación y globalización actual de los medios, les permiten escapar de los controles políticos a los que se sujetan el común de los mortales y esto les da una gran autonomía en cuanto a producción de mensajes y la generación de opinión pública, a grado tal, que más que el Cuarto Poder, los medios se han convertido en el campo de batalla de la lucha por el poder, lo cual por supuesto en términos hipermodernos es sin duda mejor negocio (Presupuesto IFE = 16mmdp, +30% que en 2006 y de eso +42% para medios y campañas).
Esta situación, en su conjunto, produce un entorno contra el que cada vez es más difícil ofrecer alternativas, dado lo cada vez más costoso de la producción mediática (marketing, encuestas, publicidad, imagen, acceso, procesamiento y difusión de información). De ahí que los políticos necesitan cada vez más recursos financieros –legales o no- para usar los medios. Para los primeros, se recurre al esquema tributario; para los segundos, evidentemente al juego sucio, a los pactos bajo la mesa y en general, a la corrupción política sistémica, alrededor de la cual coexisten toda una red de negocios y negociantes intermedios, ya que en el trabajo de investigación de información mediática, se requiere pagar también asesores, analistas, compradores, rastreadores y chantajistas de información, periodistas, cadenas noticiosas. Al margen de la moralidad de los políticos individuales, estos agentes políticos están en venta para los miembros de los grupos de presión con diferentes grados de moralidad.
En este juego frenético, encerrados en la pecera o el ring de los medios, no hay actor ni grupo político que se salve. Este complejo engranaje es por desgracia el que mueve la gran maquinaria que es el mercado de la información política, en México y en muchos otros lados.
A un lado de esta realidad convive recientemente otra, aparentemente paralela, con el claro propósito de sumarse al juego: Es el caso de los denominados Medios de Autocomunicación de Masas, más famosamente conocidos como Redes Sociales.
Si bien es cierto que la organización social basada en redes ha existido desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en las sociedades rurales, donde estas surgen espontáneamente alrededor de mercados, pozos, festivales religiosos, situaciones de emergencia, etc., actualmente adquiere matices diferentes al contar con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), permitiendo su expansión a toda la estructura social[7].
El concepto antropológico de Red en su forma más básica, teóricamente hace referencia a un campo social constituido por relaciones entre personas que mantienen de forma permanente una corriente de intercambio recíproco. Este concepto, al ser llevado al plano macro social conserva su esencia y podría ser redefinido como una organización social que coordina actores autónomos, quienes voluntariamente intercambian información, bienes o servicios, con el fin de lograr un resultado conjunto[8].
El transcurrir de la vida colectiva, sumado al creciente desarrollo tecnológico, sobre todo en las sociedades urbanas, convergen hoy en día en lo que se conoce como la “era de la información”, donde la cultura hace referencia a sí misma bajo parámetros cada vez más abstractos y la organización social se basa en el flujo de información, independientemente del valor agregado de sus contenidos. La actual transformación provocada por las TIC’s en la Era Digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida, en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada, abstracta y concreta, según un patrón siempre cambiante.
Las sociedades en los países occidentales industrializados y de una u otra medida en las economías emergentes o en desarrollo, se organizan cada vez más en torno a redes, modificando la operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura[9].
En suma, ante la diversidad de las sociedades contemporáneas se incrementa la autonomía, pero a la vez la necesidad de integración, dando como resultado el nacimiento y crecimiento de las redes de cooperación e intercambio, apoyadas ahora en las nuevas TIC’s, principalmente:
Internet (software), una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969, pero que en la última década se ha extendido globalmente, excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios.
La comunicación móvil (hardware), que supera actualmente los cinco mil millones de titulares de teléfonos móviles, en contraste con los 16 millones de 1991. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, una proporción muy elevada de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil.
Las redes wifi y wimax (middleware), que contribuyen a establecer las comunidades conectadas a la Red.
Con la convergencia entre estos tres elementos, el poder comunicador de la Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial.
Aunado a esto, de manera individual los actores, sujetos y grupos establecen lazos multicéntricos de cooperación para obtener resultados que no podrían lograr ellos solos, estableciéndose de manera flexible, horizontal, informal, mediante códigos de comunicación compartidos, objetivos comunes y que no obstante su volatilidad, son los que precisamente le dan vida a la Red.
En cuanto a los contenidos de esta comunicación, la “innovación” de la Red virtual paradójicamente radica en la combinación de elementos inherentes a los dos patrones básicos de ordenamiento social y político: el “mercado” y la “jerarquía”, esto es, la economía y la política, estructuras planteadas al menos desde Maquiavelo, y a las que recientemente se refiere Luigi Ferrajoli al plantear su innovadora Tesis sobre los derechos fundamentales[10], necesariamente vinculados al tema, pero que solo mencionamos de manera tangencial por exceder los alcances del presente ensayo.
Ambas –mercado y jerarquía- se manifiestan en las redes en dos vertientes: por un lado, en una pluralidad de actores autónomos, productores de información -característica de todo mercado- y por otro, en la aptitud o al menos la actitud típica de las élites de avanzar hacia sus objetivos a través de la acción coordinada[11], propiciando la unión de actores en metas colectivas más allá de los intereses de un centro hegemónico, fomentando una nueva relación entre agentes sociales.
Lo anterior, a primera vista podría significar que nos encontramos ante la construcción de una sociedad diferenciada, donde las redes pretenden establecer canales de comunicación, intercambio e integración, retomando por un lado, los principios del “mercado” (libre juego de la oferta y la demanda, en este caso, de información) y por otro, una nueva forma de ejercicio jerárquico, que rompe con las formas verticales de coordinación y deja intacta la autonomía y hasta el anonimato de los actores; ambos, factores capaces de generar confianza y solidaridad, que parecieran permitir condiciones de trabajo adecuadas y eficientar recursos y esfuerzos.
Sin embargo, en la práctica el modelo no queda exento de riesgos: En primer lugar, de que las redes —sobre todo entre organizaciones o individuos que nacen y crecen como producto o so pretexto de carecer de canales adecuados de comunicación y/o de intercambio— puedan convertirse en un objetivo en sí mismas. Esto podría evitarse si se mantiene como objetivo primordial tender a la satisfacción de las necesidades de los miembros y al mismo tiempo si sus actividades se mantienen monitoreadas adecuadamente[12]. El problema aquí es que no siempre los objetivos son establecidos de manera horizontal, sino a través de lo que podríamos llamar “Usuarios Alfa” que en la mayoría de los casos, guían o motivan la toma de decisiones en la red; y que el monitoreo de éstas tampoco se hace de manera autocontrolada, sino en lo que podríamos también denominar una especie de “Backend” político, capaz de diseñar y operar tanto los objetivos como el monitoreo. Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey, indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización. Sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como sería lo habitual, pero al mismo tiempo afirman la regla de que son más efectivas muchas conspiraciones pequeñas que una grande, una especie de guerra de guerrillas mediática, lo cual es en sí una actitud evidentemente política.
Pero para esto se necesita el espacio mediático. Y dado que el espacio mediático está determinado en gran parte por las empresas, y los gobiernos establecen las reglas del juego político formal, pese a su pluralidad, la inminente aparición de políticos insurgentes no podrá separarse de este nuevo tipo de espacio: el espacio creado en torno al proceso de comunicación masiva individual.
Políticas públicas y gobernanza en la era digital.
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado desde su creación es el de cómo resolver su permanente paradoja de mantener, por un lado, lo Stato, lo que ahí esta y debe estar para mantener la integridad de la entidad Jurídica-Política-Social, sin descuidar, por el otro, su necesidad también invariable de adecuar su estructura, esencia y acción a las circunstancias que le marca su entorno objetivo y su momento histórico, y de tal suerte satisfacer las necesidades y expectativas de una sociedad cada vez más exigente.
En efecto, el Estado y sus medios de expresión a través de los órganos del Poder Público tienen siempre que hacer un esfuerzo ya no digamos para adelantarse, sino al menos seguirle el paso a la sociedad, y de ahí que estos deban echar mano a todo lo que esté a su alcance para satisfacer los requerimientos sociales, estableciendo prioridades, maximizando recursos y cubriendo espacios de atención con la mayor amplitud y eficiencia posibles.
Me parece que uno de los intentos más sobresalientes del pasado reciente para poder resolver esta paradoja es el surgimiento y evolución de las Políticas Públicas, como un medio de articular el deber ser y el ser de lo público, como una forma de comunicarnos e interactuar mejor entre el Estado y la Sociedad, aunque en muchos casos –ha-menester señalarlo- no se sepa a ciencia cierta qué significa esto, cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones.
Hoy más que nunca, el desarrollo de un país depende en gran medida de su capacidad estratégica y administrativa para planear, instrumentar y poner en operación políticas que ayuden al desarrollo integral de la sociedad y los diversos actores que participan en el Estado (población, territorio, poder): ciudadanos, instituciones, organizaciones y autoridades; solo esta plena convivencia es capaz de garantizar la pervivencia del sistema en su conjunto.
Las Políticas Públicas son una especie de bisagra entre la Ciencia Política y la Administración Pública, una forma en la que el gobierno, es decir, el conjunto de órganos del poder público, construye y desarrolla sus decisiones a fin de articular a todas las escalas (local, estatal, federal, internacional, global) su proyecto político con sus acciones concretas.
En los últimos tiempos se habla mucho de la aplicación de la Web 2.0 a la labor de los representantes políticos y las administraciones públicas. Aunque en un principio se utilizó más el concepto Política 2.0, en la medida en que sintetizaba la aplicación de blogs y redes sociales al mundo político, últimamente, tras la victoria de Obama en EE. UU. es el término Gobierno 2.0 el que se está imponiendo implicando el uso de valores como la colaboración o la transparencia en el ejercicio de la labor institucional y el término Política 2.0 se sigue empleando, aunque ahora más para referirse solo al aspecto electoral.
¿Qué es Gobierno 2.0? Básicamente, se trata de introducir en el mundo de la política y el gobierno los principios que inspiran la Web 2.0., en especial, la transparencia, la apertura y la colaboración.
Esto tiene muchas implicaciones: la supresión de intermediarios entre políticos y ciudadanos (y fundamentalmente, los medios de comunicación de masas), la posibilidad de que los ciudadanos se organicen por sí mismos, al margen de los partidos e instituciones o de que colaboren abiertamente con la labor administrativa o la disponibilidad de herramientas para que los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus representantes. Al mismo tiempo, los funcionarios adquieren un mayor nivel de responsabilidad en su gestión.
El problema es cómo conseguir que los recursos tecnológicos sean accesibles a la mayoría de la población y den la oportunidad de cambiar las reglas del juego democrático y del gobierno. Hoy en día la Internet se ha masificado y la brecha digital entre pobres y ricos y entre mujeres y hombres de acorta. Apenas persisten ciertas diferencias por edades, que podrían desaparecer con la democratización de los móviles con conexión a la Red. El sueño de Rheingold de una nueva democracia electrónica podría, hacerse realidad, siempre que las estructuras políticas y gubernamentales se adapten a la disponibilidad de nuevas herramientas con capacidad para fomentar la participación ciudadana en los asuntos comunes.
Trabajos publicados recientemente en Europa y América del Norte coinciden en señalar a las redes sociales como la principal oportunidad con que cuentan, hoy por hoy, administraciones y ciudadanos para establecer una relación más productiva y satisfactoria.
Un estudio del CIS Internet y Participación Política en España, destaca la especial capacidad de las redes para generar nuevos espacios de cooperación, participación e intercambio de información en materia de Gobernanza. Sus autores comentan que los internautas más activos, sensibles a las informaciones gubernamentales y políticas y a la vez más implicados en la mejora del sistema social, son precisamente los usuarios de blogs, foros y servicios en línea. De forma paralela, constatan que las redes sociales facilitan la participación en línea y la hacen menos costosa a los colectivos con mayores barreras digitales, hecho que cobra especial importancia en la relación con los gobiernos locales.
La Guía de Usos y estilo en las redes Sociales un documento publicado en junio del año pasado por el gobierno de Cataluña, es sólo un pequeño paso en el largo camino que los gobiernos y administraciones –sobre todo los ayuntamientos- deben recorrer. Sólo así aprovecharán el salto tecnológico para seguir mejorando los servicios que gestionan y recobrar el partenariado con la ciudadanía.
Otro caso digno de mención es el gobierno Sueco[13] cuyo sitio constituye una especie de comunidad o red de redes que agrupa a distintos perfiles y usuarios capaces de comparar bienes y servicios gubernamentales, generando y actualizando información de desempeño útil para la mejora de los servicios públicos. Constituye una red cognitiva que genera, produce y actualiza su propio conocimiento en función de la necesidad de comparar todo el quehacer público: las escuelas en todos los niveles, la atención hospitalaria y a personas de la tercera edad, los servicios públicos, las oficinas de gobierno, etc. Tiene una doble finalidad: por un lado, los ciudadanos pueden ver qué servidor público, dependencia u organismo es más eficiente y acudir a él – por ejemplo, una clínica, un cajero en una dependencia, etc. –y por el otro, brindarle información de transparencia y rendición de cuentas a su gobierno para que tome decisiones acertadas y reduzca tiempos, personal o gastos de organismos o personas poco eficientes.
Pero es importante aquí decir que no todo va por esa vía: El anuncio del primer ministro de Reino Unido David Cameron de suprimir tres cuartas partes de los portales públicos abre una nueva polémica. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico, tendiente a racionalizar la presencia de los organismos públicos en la Red; otros, sin embargo, temen que aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Pública Electrónica.
Lo cierto es que -casualidad o no- este hecho coincide con la reciente publicación de distintos informes de países de Europa y de la Unión que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos hacia aquellas.
Otro caso paradigmático en este mismo sentido es el de España. En el último año, ha escalado en la clasificación de la ONU sobre e-government 30 puestos, y sobre acceso electrónico 66 lugares, convirtiéndose en una de las máximas referencias mundiales. Sin embargo, hoy apenas un 30 por ciento de sus internautas declara usar la Red para interactuar con los poderes públicos, de acuerdo con el último estudio de la Fundación Orange sobre Sociedad de la Información. Esta “segunda brecha digital” es preocupante por sí misma, pese a la fuerte apuesta gubernamental por las TIC’s; pero lo es aún más en combinación con los datos del Barómetro de julio del 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestran que el actual modelo de participación y representación que encarnan gobierno, políticos y partidos políticos constituye el séptimo mayor problema para los españoles, con un porcentaje de apoyo a esta percepción negativa cuatro veces superior al de hace sólo un año.
¿Qué está fallando entonces? ¿Qué hay más allá del front-office público capaz de ensombrecer los logros conseguidos en materia de modernización administrativa? La OCDE aporta una posible explicación en su reciente Informe sobre Buena Gobernanza en las Políticas Digitales; en él se revela que dos de cada 10 usuarios creen que los organismos y departamentos oficiales españoles están desaprovechando los recursos tecnológicos, en especial Internet, para aumentar su transparencia. Con ello se apunta algo más: los ciudadanos no dudan tanto de sus administraciones sino de su escasa capacidad para influir e intervenir en ellas. Ello puede traducirse, a su vez, en apatía y frustración, cuando no en rechazo.
La OCDE, como la mayoría de los expertos implicados, hace una serie de recomendaciones al respecto. La más clara es la que invita a pasar de un enfoque público basado fundamentalmente en la tecnología y la eficiencia económica a otro centrado en el usuario y en una comunicación con éste, más abierta, directa y participativa.
Aplicaciones de e-gobierno en México.
En México, desde hace tiempo, el Gobierno del Estado de Nuevo León emplea el chat como vía de comunicación con los ciudadanos. Establece una agenda con los días, horarios, nombres de quién participa y temas a tratar. Ese día los ciudadanos se pueden conectar al chat y mediante un moderador se pueden realizar preguntas al funcionario responsable que corresponda, guardando el chat en un archivo para quienes deseen leer lo que aconteció en ese debate.
Otra de las herramientas que va teniendo cada vez más aceptación para interacción entre gobierno y ciudadanía es Google Moderator, utilizado por ejemplo, por la Suprema Corte de Brasil, y la Presidencia del Senado Mexicano.
Si bien es nueva para el público en general, hace mucho que se viene usando internamente a nivel empresarial para moderar las preguntas de las reuniones semanales de trabajo. El funcionamiento es simple: permite a los participantes enviar sus preguntas y que estas sean votadas por los otros. Esto al final de un cierto tiempo, va a generar preguntas con más votación que otras, por lo que va a marcar cuál o cuáles son las preguntas que deberían tener una prioridad frente a otras. En otras palabras, son los usuarios los que deciden la(s) pregunta(s) que más les interesa, siendo esta(s) a la(s) que se le dará prioridad a la hora de contestar.
Para finalizar, más que una conclusión permítaseme una reflexión: No perdamos de vista en la comprensión del tema que nos ocupa aquí (Política, Comunicación, Redes y gobierno) y que por cierto debería ocupar un lugar más importante si es que en verdad fuera nuestro deseo hacer algo por la Reforma del Estado, es que ésta es ante todo reforma cultural. El sistema político es un sistema en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarlo es tarea por demás difícil. Sin embargo, igualmente hay que subrayar que la solución, lejos de ser exógena, tiene sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado-Poder Público-Sociedad, y que esta relación puede apoyarse en las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Pero esto exige primero que nada, un cambio de actitud para la creación de una cultura donde la cultura no puede darse mágicamente, por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Crozier- sólo “cuestión de máquinas”, la tecnología es y seguirá siendo un medio, nunca un fin. El factor humano es fundamental en la cosa pública, en lo que nos atañe a todos.
De la sociedad por su parte se requiere no nada más de una actitud crítica y exigente, lo cual es sin duda valioso, pero no suficiente. En la nueva forma de ver el gobierno, la ciudadanía también tiene que colaborar activamente con los órganos del poder público, legislativos, ejecutivos, judiciales, autónomos. En este contexto, las organizaciones civiles y políticas, las propias redes sociales y sus usuarios individuales o colectivos tienen la importante misión de adoptar una posición crítica pero al mismo tiempo propositiva, que les permita una participación más cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos que les afectan a todos los niveles, desde los más cercanos y concretos a los más abstractos, y contribuir al diseño y operación de una agenda de trabajo en la que se definan políticas, estrategias, programas y actividades en cada uno de los ámbitos de la vida nacional.
No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca está claro que la tarea de todos no se agota en el ejercicio del sufragio. Nos encontramos en un momento propicio para contribuir, todos, a la conformación de una política pública y un gobierno modernos, echando mano de los recursos jurídicos, políticos, tecnológicos y sociales con que contamos, pues solo así podremos aspirar a primero la construcción de un nuevo modelo de país y luego al logro de su legitimidad, continuidad y permanencia.
[2] Entendida según definición de Carl Edrich como “el hecho mediante el cual un responsable de un cargo es inducido por recompensas no legales, en dinero o especie, a realizar actos que favorecen al que las ofrece y perjudican a la sociedad y sus intereses”.
[3] Mermin (1997) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia, demostrando que aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (2003), que ofrece pruebas de una teoría de «activación en cascada», en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.
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La alternancia es más ilusión que paso democrático real: Npoam Chomsky
Por Jose Ramon Gonzalez Chavez
En México y otros países se busca ocultar la existencia de una dictadura empresarial, advierte Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 26 de junio * Para Noam Chomsky, la próxima elección en México, gane quien gane, representará un cambio mínimo o nulo, ya que no se modificará la estructura de poder real.
La alternancia señaló, como principio aislado de una propuesta de cambio a fondo, podría resultar más en una ilusión que un paso democrático real.
La alternancia como principio, consideró Chomsky, es una cuestión »delicada» donde la historia ofrece lecciones divergentes. »Hay dos sentidos. Si la alternancia presenta la ilusión de una democracia que funciona, entonces es dañina. Es mejor saber que uno enfrenta un sistema totalitario, así puede luchar en contra de eso.
Por otro lado, si la alternancia abre de hecho un espacio para el debate, la discusión de opciones de política real, entonces se genera algo diferente. Uno debe medir ambos factores, la ilusión versus las oportunidades. Empero, la ilusión puede resultar un reducir las oportunidades… La lucha real debe ser contra el sistema entero», comentó el politólogo.
Chomsky, considerado uno de los principales intelectuales del mundo, padre de la lingüística moderna y apasionado crítico de la política estadunidense, señaló que el principal interés de los centros del poder mundial Estados Unidos y el sector empresarial trasnacional es que una elección como la mexicana sea »transparente y justa», precisamente para ocultar la existencia de »una dictadura empresarial» no sólo en México, sino en Estados Unidos y en gran parte del mundo.
»Desean que sea percibida (la elección) como justa, porque quieren que la dictadura empresarial sea percibida como justa», apuntó.
Los intereses más poderosos, agregó, desean que las elecciones, en México y en todas partes del orbe, sean apreciadas como legítimas, porque quieren que el poder (la manifestación de sus intereses) sea percibido como legítimo, y de hecho, les gustaría que se mantenga oculto por completo.
Noam Chomsky destacó que no se están cuestionando los intereses del poder real en los procesos electorales de todo el mundo.
»¿Quién en esta elección (en México) está votando por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), o en cualquier otro lugar donde reside el poder real?
»¿Los mexicanos estarán votando en las elecciones de Estados Unidos en el mes de noviembre? »Ahí reside el poder real se responde a sí mismo. Sea cual fuere por lo que está votando la gente resulta ser bastante pequeño y marginal, y ¿cómo decide uno entre las diferencias pequeñas y marginales?, bueno, eso depende de las oportunidades que ofrecen esas opciones para minar el sistema entero de la opresión».
Para los que argumentan sólo la alternancia, Noam Chomsky advierte que si el argumento tiene mérito, »debería de ser esgrimido honestamente: uno está proponiendo que la pérdida de oportunidad que deviene de la desaparición de una dictadura obvia, deje como resultado tener dos caballos con un solo jinete», dijo al referirse a casos donde existen dos partidos en alternancia, pero ambos promueven esencialmente las mismas políticas fundamentales, y señala como ejemplo el caso de Colombia.
¿Pero entonces no significa mucho un cambio de partido en el poder, como podría ocurrir en México? se le pregunta. Pues considero que tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Uno ve lo que está ocurriendo en otras partes y no tiene la ilusión de una democracia que funciona. No sé cuántas gentes en Colombia creen que tienen una democracia que funciona bien, pero desde afuera se tiene esa imagen.
Sobre esta caso en particular señaló que Colombia ha contado con la alternancia durante cuatro décadas, pero es difícil percibir las diferencias reales entre los candidatos; dos caballos con un jinete, como lo definió un ex presidente, y esto no ha representado ningún cambio real para el pueblo de esa nación.
El analista político destacó también el ejemplo de Estados Unidos, donde la alternancia en el poder es definición de la democracia.
‘Yo creo que uno debería tener claro que la legitimidad puede ser algo muy negativo. Hablemos de las elecciones estadunidenses, éstas no son robadas… básicamente no son corruptas. »Bueno, eso presta un sentir de legitimidad que mina la libertad y mina la democracia, ya que oculta una realidad, y es que sólo un sector muy reducido de la población definió la elección: los intereses empresariales que financian las campañas políticas».
Y la existencia, como lo declaró el politólogo C. Wright Mills en los años 50, de que el bipartidismo aquí se trataba en realidad de un solo partido empresarial pero con dos facciones.
Chomsky indicó que en Estados Unidos, por ejemplo, »si solamente existiera un solo partido empresarial, habría más oposición. Sin la pretensión habría más oposición a las políticas que se llevan a cabo. La población estadunidense tiene bastante claro que en verdad no se le ofrecen opciones políticas reales, y es por eso que la mitad de esa población no vota».
Asimismo, agregó que la ilusión de una democracia en Estados Unidos queda cancelada cada vez que existe un interés empresarial común.
»Sobre cualquier tema en el que la comunidad empresarial esté unida, incluso si la población está totalmente en contra, los candidatos también se unen», dijo, y puso el ejemplo del TLC o cualquiera de los acuerdos comerciales internacionales, frente a los que hay una oposición mayoritaria de la población, pero que las cúpulas políticas y los grandes medios de comunicación favorecen.
Por lo tanto, lo que desean los poderosos son »formas de democracia controladas desde arriba, donde las estructuras tradicionales del poder permanecen intactas: si eso es vestido de legitimidad formal, puede ser dañino».
Siete puntos de reflexión para renovar del discurso
Por Jose Ramon Gonzalez Chávez
Hoy que está de moda hablar de “izquierdas” por ciudadanos, alumnos y profesores, gente de medios, legisladores, intelectuales de cualquier posición, bien vale la pena reflexionar sobre lo que significa ese término en el contexto de nuestra realidad actual.
El asunto no es menor, es complicada la solución del acertijo y en eso están metidos actualmente políticos e intelectuales “de izquierda” por ejemplo en España, que si bien lograron destituir al presidente Rajoy, no alcanzan a definir una posición clara de la izquierda o de la izquierdas para el derecho, la política y la gobernanza de aquel país.
Así pues, a manera de hoja de trabajo sobre la mesa, expongo algunas ideas para avanzar –si esto fuere posible-, hacia una definición conceptual moderna, a partir de la lectura analítica de algunos textos sobre el tema en distintas lenguas.
1.Ser de izquierda hoy implica a la vez continuidades y rupturas fundamentales al modelo socialista de los siglos XIX y XX.
En el primer aspecto, ser de izquierda sigue siendo una postura que apunta a la igualdad, la libertad, la fraternidad; que mantiene vigente el carácter histórico y por lo tanto transformable de un modelo que considera el capital como el principio organizador social por antonomasia, con la convicción de que es posible construir otro mundo distinto al que concibe al ser humano como un producto posesivo dentro de una sociedad hiperconsumista, hoy tan de moda a través del modelo hiperindividualista, competitivista, excluyente y depredador.
Ser de izquierda -hoy como ayer- significa tener la certeza de que es posible y necesaria la creación de otro mundo distinto al que nos pretende inculcar el modelo neoliberal; de que los seres humanos con nuestro propio pensamiento, voluntad y acción somos capaces de transformar la realidad, cambiar el orden de dominación y de explotación actual y lograr una sociedad más solidaria, colaborativa y participativa
En el segundo aspecto, sin lugar a dudas es de reconocerse la presencia de discontinuidades fundamentales entre las concepciones de la izquierda en siglos anteriores y las concepciones y prácticas que requiere la sociedad del presente y el futuro.
Y precisamente es desde el punto de vista dialéctico con autocrítica debe reconocerse que sin perjuicio de la vigencia de la tradición teórica y política del socialismo, el contexto y las condiciones históricas, políticas, económicas, sociales y culturales de la actualidad son muy distintas a las concebidas en los modelos de antaño.
2. Hoy, ser de izquierda exige una crítica radical a los patrones de poder coloniales hegemónicos que han sido instrumentos eficaces para la construcción aparentemente natural, reduccionista y hasta determinista de un sistema-mundo colonial-capitalistamoderno, sustentado en una versión de globalidad y modernidad concebidas por los “avanzados” (dominantes) como aspiración de los “atrasados” (dominados).
La visión de la izquierda de hoy es la de una globalización que tenga como presupuesto la fortaleza interna bajo el entendido que no se puede competir en un mercado de tal intensidad sin piso parejo, ni fortaleza interna previa, ni herramientas adecuadas.
La historia no está pre escrita, no se puede predecir el futuro; pero lo que sí se puede es construirlo desde nuestra propia realidad, con nuestras fortalezas, conquistas, alcances y limitaciones, pero también nuestras potencialidades.
Por eso, cuando hablamos de que se requiere un cambio real, nos referimos a que es inaplazable asumir en serio una nueva forma de hacer política y gobierno que se aparte de las “verdades” ya sean pre construidas, o bien sustentadas en versiones triunfalistas o fatalistas ni menos aún en posturas mesiánicas que nunca ni en ningún lugar han dejado nada bueno para para nadie, incluyendo a sus autores y promotores.
Nuestra realidad es muy compleja y los elementos que la conforman igualmente considerables; de ahí que nuestros problemas no pueden resolverse con soluciones simplistas ni meras acusaciones populistas, vacías de contenido. La política y la gobernanza desde la izquierda deben construirse y operarse por y para todos, con una visión estratégica que prevea fortalezas y debilidades, retos y oportunidades, para reconocer errores y corregirlos, pero también para aprovechar lo bien hecho y potenciarlo; y esto solo puede hacerse con la gente que es la que vive día con día los problemas y por lo mismo la que siempre tendrá algo que decir para avanzar hacia su solución.
3. Ser de izquierda hoy no implica la adhesión por sistema a un grupo excluyente ni a la corrosiva postura “yo represento más a la izquierda que tu”.
Hay que superar la indignación y el desencanto ciudadano en la política y el gobierno. La ciudadanía lo que quiere es saber y entender cuál es nuestra propuesta y que tanto se identifica con ella. Al final de cuentas los valores y las ideologías deben traducirse en políticas públicas, programas, acciones concretas.
4. Ser de izquierda hoy significa celebrar con hechos la diversidad de la experiencia humana y sus expectativas.
El concepto tradicional de lucha de clases se ha transformado en la reivindicación de los derechos de las minorías y los grupos vulnerables: las mujeres, la niñez y la juventud, los ancianos, los discapacitados, quienes tienen distintas preferencias sexuales.El diálogo democrático en condiciones de igualdad y el acuerdo de voluntades entre diferentes saberes construidos desde las memorias, las luchas, conquistas, aspiraciones individuales y colectivas, es condición imprescindible para la construcción de un futuro democrático que conduzca a una verdadera alternativa al modelo actual que ha demostrado hasta la saciedad su ineficacia.
Antes de apostarle a lo nuevo solo por ser nuevo, debemos apostarle a lo bueno, a lo que beneficia a la población, a lo que estamos de acuerdo, independientemente de los matices propios que cada uno pueda tener.
Por ello ser de izquierda hoy significa construir una gobernanza incluyente, libre de toda forma de clasificación jerárquica y de discriminación por motivos religiosos, étnicos, culturales, socioeconómicos, políticos o de orientación sexual. Ser de izquierda significa ser democrático en el sentido de ser capaz de hacer que la mayor cantidad de gente posible participe en la mayor cantidad de decisiones y acciones concretas sobre su presente y futuro individual y colectivo
En la construcción de un cambio real en la manera de hacer política y gobernanza no existe ninguna forma organizativa privilegiada; lo político y lo social se identifican, interactúan
5. Ser de izquierda significa el defender la autonomía de organizaciones sociales, movimientos, comunidades y pueblos, que afirme las diversidades, la experimentación de nuevas prácticas y fortalezca las capacidades de producción, participación y autogestión en el gobierno.
Ser de izquierda en la actualidad es proponer y operar un gobierno abierto, convocante, incluyente, abierto, que permita que todos de forma transparente sepan qué y cómo se hace lo que se prevé en el programa, pero además que prevea mecanismos para que la gente se involucre, participe, critique, proponga, colabore.
6. Ser de izquierda comienza necesariamente por la revalorización de la vida, subestimada por los patrones neoliberal y del socialismo estalinista; R
Reconocer lo humano como parte de la naturaleza, de la vida. Una sociedad verdaderamente democrática, equitativa, libre y solidaria debe erigirse sobre la base de un marco de condiciones que impulsen la vida y la hagan sostenible. Sin vida, todo lo demás carece de sentido. El tiempo es cada vez más corto para revertir la depredación permanente y acelerada de nuestros recursos bióticos
7. Ser de izquierda, en fin, hoy como siempre, es reconocer todo lo anterior no como una verdad absoluta sino como una propuesta de solución a problemas concretos y actuales, susceptible de ser analizada y refutada con argumentos siempre constructivos.
No, mi estimado y único lector que tengo, no se trata de un nuevo episodio de la famosa zaga de George Lucas, aquella de Arturito, Sitripio y Chubaca (tenía unos cuates que hasta así les apodaban…) ni de la Princesa Lea, perdón, quise decir la Princesa Lía; la primera era vedette de antes de que se cayera el cabaret Capri por el sismo de 1985, en que andaba pensando jeje… ¡No, de ninguna manera! me refiero a la sarta de dimes y diretes que se ha soltado entre el ejecutivo federal y sus detractores a raíz del “Gasolinazo” (título que ya desde hace tiempo se venía usado en la farándula mediática para designar a los aumentos de precio del líquido elemento vehicular, pero que ahora se ha puesto realmente de moda con todo su tétrico esplendor), buena parte de los cuales de uno y otro bando son verdaderos adefesios en términos argumentativos.
De la parte gubernamental, escuché con atención el discurso del 5 de enero con el que el Presidente Peña nos dio nuestro regalote de día de reyes y también lo dicho en el mismo sentido por diversos personajes de los sectores público, privado y social en el evento el pasado lunes 9 de enero dentro del marco de la firma del “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección del a Economía Familiar”. Al margen de las frases y recursos retóricos tan sobados por décadas, de los arrumacos discursivos que ya ni a ellos convencen, en términos de estricta técnica argumentativa se dieron algunos conceptos dignos de destacar por ser falacias, esto es, mentiras disfrazadas de verdad. He aquí solo un par de botones de muestra:
1. El aumento no se dio por causas internas, sino externas (premisa mayor): subió el precio del petróleo (premisa menor 1); en consecuencia, también subió el de la gasolina (premisa menor 2) y como importamos más de la mitad de la que consumimos (premisa menor 3) pues aumento el precio en México (conclusión).
Total falacia que técnicamente se denomina de Causa – Efecto. A ver señor Presidente, secretarios y achichincles del ramo. Ahí les va un contraargumento: a) si ese es el criterio, ¿por qué no bajó el precio de la gasolina cuando los precios del petróleo y por ende de la gasolina extranjera estaban comparativamente mucho más bajos?; b) aunque hay que reconocer, sin eximir de culpas a nadie, que el precio de la gasolina no ha dejado de subir desde hace ya mucho tiempo (solo recordemos que cuando Fox se sentó en la silla presidencial en el año 2000 la gasolina costaba menos de 5 pesos) ¿por qué en lugar de subirle campechanamente al precio no se pusieron desde 2012 a rehabilitar las refinerías que ya tenemos y aumentar la producción de gasolina nacional para volver a ser autosuficientes tal como lo éramos antes?; c) Si el aumento es “externo” ¿por qué la gasolina mexicana cuesta menos en Estados Unidos que en México? Al hacer la comparación de precios con otros países latinoamericanos, solo refiere a los que no tienen petróleo y omite a los que sí son productores como Venezuela, entre otros, donde la gasolina tiene un precio mucho menor; por lo tanto, esta comparación así como la pretendida justificación del alza, en general, son falaces.
Ahí va otra joya:
2. (Premisa Mayor) Seguir subsidiando la gasolina, a la larga hubiera sido peor, principalmente para los que menos tienen para quienes habrá programas de apoyo: (Premisa menor 1) O se acababa con el subsidio de más de 200 mil millones de pesos al año o se acaban los programas sociales; (Premisa menor 2) de hecho, resentirán más el alza quienes gastan más gasolina, que son los que más dinero tienen y que son solo el 10% de la población; además se afectarían los impuestos y las finanzas públicas por un recorte presupuestal que paralizaría al gobierno. (Premisa menor 3) Además, comparativamente con otros países latinoamericanos el precio de la gasolina en México sigue siendo menor
Estamos ante otra falacia denominada Ad Verecundiam, en la que las cuatro premisas (mayor y menores) carecen de inferencia (relación lógica entre ellas) y por lo mismo, de una conclusión que las englobe y explique. Ahí les va otro contraargumento: a) ¿Por qué se contradice al afirmar primero que el aumento de la gasolina afecta a los que menos tienen y luego sostiene que afecta más a los que más tienen por lo que no hay tanto problema, pues se trata solo del 10% de la población?. Ay Sr. Presidente y conclapaches: el aumento afecta a TODOS, un gobernante tiene la responsabilidad de gobernar para todos y de apoyar a todos, según los recursos disponibles y las necesidades específicas de cada grupo. b) por que la posición apocalíptica de que o gasolinazo o cero programas sociales? Por qué no se fue primero con obligar al pago de impuestos a las 400 empresas que más ganan en México? ¿por qué no acabar con los aviones, viajes, coches, guaruras, celulares, sueldos exorbitantes, bonos, etc., de sus funcionarios mayores de los tres poderes y órganos autónomos? Por qué no establecer una acción contundente de tolerancia cero contra la corrupción? Lejos de paralizar al gobierno ¿no lo haría más honesto y modesto ante la ciudadanía?
Hasta ahí me quedaría con la postura oficial, para no hacer más corajes. Pero ni qué decir de los detractores que -salvo la respuesta del ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas que, estemos de acuerdo o no, es digna de reconocerse por su actitud propositiva- no sé si están igual o peor, al dedicarse de forma más que simplista y reduccionista al insulto, a la petición de renuncia, a la mentada, al meme, en lugar de dar argumentos, propuestas, alternativas, de asumir acciones de solidaridad y colaboración para contener el efecto, justificando incluso actos delictivos contra terceros en sus bienes y derechos, que en total contradicción, dicen ser a quienes se supone representan en sus “marchas”, bloqueos y saqueos.
En medio de esta guerra de falacias, estamos usted y yo, ciudadanos como cualquiera, en calidad de meros espectadores de la ignominia. Como decía el compa Tomás Mojarro: Ah México, hasta cuando….
El 25 de noviembre pasado, en un comunicado desprovisto de matices ideológicos, redactado casi como una esquela, el Presidente de Cuba Raúl Castro anunciaba oficialmente la muerte del líder histórico de la Revolución Cubana: Fidel Castro Ruz.
Nací en el tiempo en el que inició esa Revolución; mis primeros recuerdos están salpicados de frases, comentarios y hasta chistes de mis padres, tíos y sus amigos sobre Fidel y su circunstancia. Su talento político, su intransigencia y hasta fundamentalismo, el manejo de las coyunturas y hasta su suerte, me habían hecho sentir que Fidel era inmortal, así que al momento de escuchar la noticia de su deceso quedé pasmado, hasta cierto punto huérfano de esa parte de mi historia.
Luego, inspirado por el espíritu de Jano, ese dios griego que al mismo tiempo ve hacia el pasado y el futuro, me surgió la reflexión obligada de que con su partida terminaba una era y me sumergía en la incertidumbre hacia lo que vendrá, pero además me empujaba en obligada retrospectiva a los orígenes de todo aquello que motivó la Revolución Cubana y el reconocimiento, con un amargo sabor de boca, de todo aquello que después de todo este tiempo mantiene su vigencia en muchas partes: el empobrecimiento de la mayoría ante el enriquecimiento insultante de unos cuantos; el ensanchamiento de la brecha socioeconómica; la corrupción política y social; el abuso en el ejercicio del poder, la intromisión extranjera en los asuntos públicos y la concomitante imposición de decisiones y gobernantes, solo por mencionar algunos.
Quien piense que los mediados del siglo pasado eran mejores en términos de paz y tranquilidad que los tiempos actuales, se equivoca. Como buen sesentenial; nací en un mundo convulso, tanto o quizá más que el actual: en medio de la creación de la Comunidad Económica Europea; del lanzamiento en plena Guerra Fría del primer satélite soviético, el Sputnik y meses después del norteamericano Explorer1, con lo que daría inicio oficial a la extensión del conflicto hacia zona que desde entonces y hasta ahora tiene alta significación estratégica militar y de seguridad nacional e internacional; con la fundación en EUA de la NASA mientras el gobierno de ese país proseguía con sus cientos de ensayos nucleares en el pacífico, a lo que el Filósofo y humanista Bertrand Russel reaccionó con el inicio de la campaña mundial contra el desarme nuclear, que al final abonaría a la consolidación de la Doctrina Estrada; el Apartheid rampante en estados unidos provocaba la confrontación de grupos de raza negra defendiéndose de los embates del Ku Klux Klan; en Venezuela era derrocado el dictador Marcos Pérez; Siria y Egipto se unían para formar la República Árabe Unida y en respuesta Irak y Jordania proclamaban su propia federación; en España Franco promulgaba sus “Leyes Fundamentales del Reino” al tiempo que invadía Marruecos ante el surgimiento de grupos independentistas En Argentina, la lucha por el laicismo en la educación provocaba fuertes enfrentamientos entre policía y estudiantes, reaccionando tarde a lo que den México había detonado la creación de la UNAM, pero anticipándose a lo que 10 años después sucedería también en México y en muchas partes del planeta.
A todo este contexto se sumó el asalto al Cuartel Moncada y sus secuelas, evento que al inicio fue visto por muchos como un acto aislado de algunos revoltosos, pero que terminó por convertirse en el más grande desafío real que ha tenido el gobierno más representativo del capitalismo en el mundo, no solo en términos bélicos y geopolíticos ante el tenso entorno prevaleciente entonces, sino también en los aspectos económico e ideológico por implicar la confrontación de un modelo propio con el que desde nuestra frontera norte se pretendía imponer para la región. Un desafío que hacía ver que la autodeterminación, la dignidad y la soberanía de los pueblos eran posibles, Desde entonces, Cuba, Latinoamérica y el mundo no volvieron a ser los mismos.
Si hay algún ámbito donde la lucha dialéctica entre capitalismo y socialismo se han reflejado con mayor claridad –sin perjuicio de otros también dignos de resaltar- es en la confrontación entre dos derechos fundamentales: el de Libertad y el de Igualdad, pues en cada caso, en aras de darle viabilidad al propio modelo político – económico – Jurídico, uno se ha exaltado en detrimento del otro. Y en el afán por mantener, defender, imponer el modelo propio, también de un lado y otro se han impuesto decisiones, se han lesionado derechos, se ha trastocado la Paz, la convivencia pacífica, la libre determinación, la no agresión, todos ellos valores universales en la construcción de un entono sano en el que se desenvuelva la comunidad internacional.
Fidel y su pueblo han soportado el embate de 11 gobiernos norteamericanos, demócratas y republicanos, radicales y moderados. Fidel salió ileso de incontables intentos de asesinato provenientes de diversos autores. El peso de sus argumentos ha superado la guerra ideológica; el descrédito mediático; el desgaste que por fuerza acompaña el ejercicio del poder y del gobierno. En cuba no se le llora a Fidel, porque Fidel trascendió su esencia material y se volvió parte de su esencia. Quizá por eso sea el único estadista que después se 50 años en el poder se haya convertido en parte de la sangre y la tierra de la gran mayoría de los cubanos.
Cuba, junto con los países de la región latinoamericana, pasan por procesos internos de transición profunda, de revisión de principios, valores, modelos y expectativas, en un esfuerzo por esculpir sus nuevos rostros ante el futuro.
En política se es alguien, pero también se representa a alguien y a algo. El mundo, Latinoamérica y Cuba ya no fueron los mismos después de la segunda guerra, la posterior guerra fría, la revolución cubana, la crisis de misiles, la caída del muro, el fin y reinvención de la URSS. Tampoco lo serán tras la coyuntura formada por el arribo al poder de Trump y la muerte de Fidel Castro, parteaguas que sin duda marcará la historia de Estados Unidos, Cuba y Latinoamérica en los años por venir.
Fidel Castro, como cualquiera que se digne de tener la denominación de “hombre de Estado” es un personaje de luces, sombras y penumbras. Es en este sentido que puedo entender lo dicho por el Presidente Obama a la ocasión de la muerte de Castro: La historia será su mejor juez.
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