Investigación y práctica Legislativa

Este texto lo expuse como ponencia el jueves 13 de octubre de 2011, en la I Expo Parlamentaria que se llevo a cabo en la Cámara de Diputados Federal, a la que me invitó como panelista en una mesa el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria (CEDIP). en la Foto estoy con la Directora del Canal del Congreso, El Director General del CEDIP, y el Titular del Centro de Investigaciones Legislativas de Costa Rica. Espero que motive sus comentarios, reflexiones, etc. Saludos.

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INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA LEGISLATIVA.

Por José Ramón González Chávez

La investigación, el conocimiento y la innovación constituyen elementos de valor estratégico de primer orden para el desarrollo integral de un país, pero al mismo tiempo retos de modernización que debemos de asumir.

En los regímenes democráticos el Poder Legislativo es uno de los pilares en los que se sustenta el Estado de Derecho; y en los países que experimentan procesos de transición y consolidación democrática, el Poder Legislativo es además el garante fundamental de la estabilidad y gobernabilidad.

En un mundo caracterizado por la hipercomplejidad, las distintas actividades que conforman en su conjunto lo que podemos llamar función legislativa tienen ante sí retos por demás significativos. La globalización, la recomposición geopolítica y geoeconómica, aunados al surgimiento de la llamada era de la información, todos ellos contemporáneos, han provocado la reorientación de los fines del Estado, considerándose de manera relevante entre ellos, la generación y administración del conocimiento, motivando en los gobiernos de muchos países la necesidad de incrementar la inversión para acompañar las actividades de Investigación y Desarrollo.

Por otra parte, en el campo Jurídico académico, la investigación en México y en Latinoamérica, históricamente ha tenido un carácter preponderantemente deontológico documental, esto es, se ha orientado al estudio de la norma jurídica legislada, debido sobre todo a la fuerte influencia del positivismo Kelseniano y sus variantes en la teoría y la praxis del Derecho de nuestro país y toda la región en general. Quizá por este motivo, durante el siglo XX y más notablemente a partir de la década de los 70, el conocimiento de lo jurídico ha sufrido un proceso de envejecimiento uniformemente acelerado.

Los problemas del presente y del futuro no pueden enfrentarse con herramientas y medios del pasado. La visión positivista o si se quiere formalista, que en su momento tuvo un gran alcance y utilidad, resulta cada vez más limitada, pues el Derecho, con todos los diferentes significados que pudiera implicar el término, se constriñe cada vez menos al mero producto del trabajo del legislador, del gobernante o del órgano jurisdiccional, abriéndose campo a una visión más amplia, ubicada en una nueva perspectiva que permite observarlo como un producto cultural, fuertemente permeado, en el plano horizontal, por los distintos factores del quehacer humano, ya sean sociales, económicos, políticos y culturales; y en lo vertical, como un fenómeno interactuante, al mismo tiempo en diferentes ámbitos, que se circunscriben a partir de lo local, hacia lo nacional, lo internacional, lo regional y lo global. De ahí que en la actualidad haya que legislar sobre cada vez más cosas y el tiempo y los recursos con los que se cuenta son cada vez más insuficientes.

El surgimiento y evolución de las redes, procesos y tecnologías de información y comunicación, junto con sus grandes ventajas, implican para quien investiga un verdadero desafío de navegación, pues se requiere procesar mayor información y generar productos de alto valor agregado para legislar, para tomar decisiones, para comunicar y en medio del el océano de datos, hoy más que nunca se debe tener, no solo un bien medio de trasporte y herramientas adecuadas, sino también y sobre todo, destino, rumbo, timón y conducción.

Este contexto, aunado a lo que Luigi Ferrajoli llama la hiperinflación jurídica, hacen que para los dedicados al Derecho en cualquiera de sus modalidades sea cada vez más difícil actualizarse, pues lo que podemos llamar Derecho se vuelve cada vez más complejo de conocer, comprender y aplicar. Este Diluvio de datos e información de múltiples calidades y valores agregados junto con esa hiperinflación normativa, están llevando al Derecho a una severa crisis, debilitando muchos de sus principios fundamentales, como por ejemplo aquel que postula que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, todo lo cual ha incluso llevado a ponerlo en duda como disciplina científica.

En efecto, a medida que la propia civilización avanza, que las personas, grupos y naciones amplían sus espectros de interacción, que la globalidad se impone objetivamente ante lo nacional y lo local, la actividad legislativa nos exige un cambio de actitud que nos permita al menos seguirle el paso y colocarnos a la altura de una sociedad cada vez más dinámica y demandante.

Resulta más que evidente que todas estas variables mencionadas impactan directo en el quehacer legislativo, tanto en su actividad parlamentaria como en su vida y actuar internos. Pero aquí más bien tendríamos que preguntarnos sobre qué hacer y cómo para afrontar y resolver este acertijo que nos plantea la hipermodernidad.

Estudiar y comprender la realidad social para interpretarla en normas que la conduzcan y acompañen a través del Derecho; observar el impacto objetivo de la producción legislativa sobre las conductas sociales y ajustarla para perfeccionar el sistema jurídico y hacerlo más accesible y cumplible, son tareas que hoy más que nunca deben estar en el interés de los organismos de investigación legislativa pues en eso precisamente se cifra la viabilidad del Estado de Derecho en nuestro país y sus entidades federativas.

Sin embargo, de nadie es ajeno que la contraposición de la creciente complejidad y mutabilidad de la dinámica social en sentido amplio con los esquemas tradicionales y cerrados de producción de conocimiento jurídico mencionados, está produciendo una contradicción esencial, primero al interior del Estado y luego en las instituciones de estudios e investigación, incluyendo desde luego las de carácter legislativo, la cual es necesario abordar desde diferentes trincheras, empezando desde mi punto de vista por la reingeniería de los principios, los fines, organización y funciones al interior de los propios organismos.

En particular, el legislativo debe realizar un esfuerzo serio de impulsa la investigación parlamentaria en la actualidad centrándose a nuestro juicio en la planeación y en general la buena administración institucional, la innovación y la mejora de los procesos internos, la formación y el desarrollo de personal especializado, la generación y difusión del conocimiento, la eficacia de la actividad parlamentaria, la colaboración interinstitucional y la interacción con la sociedad, en todos los sectores y a todas las escalas.

Los organismos dedicados a la investigación legislativa, deben de reenfocar sus recursos y esfuerzos en la actualización para adquirir e incrementar su capacidad de diagnosticar un problema jurídico, entregar un pronóstico y ofrecer posibles respuestas o alternativas de solución, siempre desde una triple conjunción entre ser, deber ser y tener que ser y para ello, requieren hoy más que nunca realizar investigación documental y empírica, que permita, entre otras muchas cosas:

  • Obtener más y mejores datos e información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano;
  • Profundizar aspectos de una cada vez más amplia realidad socio jurídica;
  • Conocer nuevas teorías y sus desarrollos, para resolver problemas más complejos;
  • Analizar conceptos e ideas, comprobar o verificar hipótesis, vertidos todos ellos en infinidad de documentos existentes, y crear a partir de su reflexión y estudio nuevos enfoques metodológicos, tendientes siempre a reciclar conocimiento con valor agregado;
  • Vincular la teoría con la práctica, el deber ser con el ser social;
  • Modificar (crear, reformar extinguir) los diversos productos jurídicos para atender mejor y de manera más expedita las necesidades de la comunidad;
  • Evaluar la eficacia de las normas jurídicas; diagnosticar y conocer el derecho y su evolución en el tiempo y en el espacio y la manera en que contribuye al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, a todas las escalas;
  • Ayudar a resolver problemas jurídicos concretos (conflictos, negociaciones, contradicciones, lagunas, imprecisiones, demandas, etc.).

No obstante, ante todo este panorama, los organismos de dirección de los congresos y sus autoridades, los investigadores y los centros de investigación, hemos reaccionado con una actitud hasta pasmosa. Basta simplemente con echar una mirada a los presupuestos dedicados a la investigación en las legislaturas recientes; a la infraestructura tecnológica instalada en los órganos de investigación de cada congreso; a los recursos de información y al personal especializado con que cuentan; a sus bases normativas de organización y funcionamiento y a sus programas institucionales de trabajo. Esto, sumado a la ausencia de un servicio de carrera y a la falta de líneas de trabajo institucional que superen el proceso de reinvención de los legislativos cada tres años, nos da una idea del complejo problema al que nos enfrentamos y a cuya solución estamos obligados al menos a contribuir.

Permítaseme al efecto realizar un modesto ejercicio y dibujar algunas líneas sobre las cuales podríamos abundar en esta mesa y darle seguimiento luego de terminado el evento que nos tiene aquí reunidos:

1.- Sería muy provechoso que de manera sistemática se establecieran en nuestros respectivos programas de trabajo, cursos de Argumentación y de Metodología de la Investigación Jurídica, complementándolos con algún taller, para estar en capacidad de aproximarse a la disciplina no solo en los estudios teóricos, sino también en la aplicación práctica de los principales métodos y técnicas, formas de análisis, observación e interpretación de la realidad, lo que contribuiría a la formación de especialistas con una visión integral y una actitud profesional, incolora, para atender la problemática planteada por legisladores, fracciones, comisiones y áreas de los congresos con una posición que asuma un rol proactivo y creativo en los procesos de búsqueda, adquisición y aplicación de los conocimientos necesarios para la actividad legislativa, materializados en opiniones calificadas, reportes, estudios de caso, elementos sólidos para la elaboración de proyectos de leyes, la sugerencia de políticas públicas, para un correcto ejercicio de las facultades de control, etc.

2.- Vale mencionar que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación como la Internet, se están creando a nivel nacional, internacional y global, bibliotecas, hemerotecas y centros de información multimedia, así como redes y foros de investigación jurídica y legislativa en español, con lo que, si actuamos en el rumbo correcto, poco a poco podremos irnos colocando en posibilidad conocer los avances en la materia, sus tendencias y supuestos teóricos, sus implicaciones en cada país y región del mundo. En este sentido, en términos reales, dentro de nuestros congresos también se requiere de mejores y más institucionales mecanismos vinculación en términos operativos y estratégicos, entre las áreas de biblioteca y archivo con el organismo de investigación.

3.- Igualmente importante es para el estudioso la adquisición de aptitudes que mejoren desempeño en la generación de un conocimiento jurídico legislativo relevante, particularmente dentro de las líneas de investigación denominadas emergentes. Para lograrlo, es imprescindible implantar programas y acciones de capacitación y formación continua de los investigadores, con el fin de habilitarlos en su manejo eficiente y lograr un trabajo más eficaz. Recordemos que la modernización implica también el estar preparados para poderla recibir e implantar. Por tanto, el personal, como la infraestructura, debe también adecuarse para recibir y transmitir el cambio.

4.- Es impostergable que las instituciones de investigación legislativa, en aras no solo de tributar a la globalización, sino ante todo de aprovecharla, generen y mantengan líneas de investigación institucional y que estas no sean repetitivas y al contrario, se complementen con las realizadas por sus iguales en las entidades federativas, el legislativo federal, los congresos de otros países y los organismos internacionales. Esto antes que un asunto de normas internas o recursos, es cuestión de actitud y de organización.

5.- Es urgente que los congresos cuenten en lo individual y lo colectivo, con una estrategia de producción, gestión y difusión del conocimiento, lo cual implica detectar e incorporar nuevos elementos y valores, teniendo en cuenta que la innovación, antes que un asunto de máquinas y tecnología, es un proceso de generación de nuevas ideas que buscan implantarse con el afán de participar en la transformación positiva de la sociedad, interactuando con la sociedad, empleando las nuevas tecnologías de información y logrando productos de investigación que den mayor eficacia y legitimidad a la función legislativa.

Estos aspectos, mencionados solo de manera enunciativa, aunque insuficientes, si se observan podrían grandemente a lograr y mantener nuestra capacidad de oferta de productos de investigación propios y propuestas de solución originales y útiles, que contribuyan a resolver la problemática que se nos presenta en todos los ámbitos del quehacer institucional.

En fin, dada su estrecha relación con la dinámica social, la investigación legislativa en nuestro país necesita de manera impostergable, de un renovado camino de conocimiento con visión transversal y una perspectiva multidimensional, lo mismo que de métodos y técnicas ágiles y eficientes para investigar, y adquirir una comprensión interpretativa de la realidad que tenemos que conocer, entender y para atender la demanda de investigación de nuestros legislativos, generando productos de trabajo legislativo y soluciones de investigación específicos, y constituyan un factor real y positivo de Cambio, así con “C” mayúscula, al brindar un mejor apoyo a los legisladores y sus fracciones, a las comisiones, a las áreas operativas de nuestros congresos, así como a otras instituciones afines con las que compartimos esfuerzos.

En el ámbito Político Legislativo, de cara a las circunstancias actuales Los órganos del poder público del Estado, deben asumir con seriedad y al margen de la mera retórica, un verdadero compromiso de Estado, para apostar a la producción de conocimiento como condición imprescindible de la preservación de la soberanía y una vía insoslayable para el desarrollo sustentable en todos los aspectos, y en tal sentido, la investigación legislativa requiere adaptarse con una visión estratégica a los escenarios a los que nos enfrentamos y asumir los desafíos presentes y por venir.

Caso Florence Cassez: Antiparadigma en la historia del Derecho en México.

Por José Ramón González Chávez

Mucho se ha escrito y seguramente mucho más se seguirá escribiendo y hablando sobre el caso Cassez. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar pasar el momento sin expresar mi profunda indignación y tristeza por la resolución “de consigna” (por evidente resulta hasta grotesca) inducida por parte de tres miembros de la 1a sala de la Suprema Corte de “justicia” de la Nación sobre el caso Florence Cassez. Un asunto de simple argumentación (la forma no sustituye el fondo) se ha convertido en un paradigma de la injusticia y la impunidad en la historia jurídica de Mexico. He aquí algunas rápidas premisas, casi de escritura simultánea, que vienen a mi mente:

  • Resulta elemental –por ser de lógica básica- que errores de procedimiento (el teatro mediático armado por televisa-PGR-PF) no pueden anular hechos consumados (la coautoría intelectual y coparticipación en los secuestros) que constituyen en fondo de la Litis y que además fueron demostrados y resueltos judicialmente en 3 instancias diferentes, pero que de manera también lisa y llana como su “amparo” se ignoraron en la resolución de la Corte, como si importara más las deficiencias o errores en el proceso de detención, puesta a disposición y consignación, cuestiones todas ellas de forma, que la conducta delictiva, altamente peligrosa y continuada de esta persona, que es realmente el fondo del asunto, cuando una de las principales obligaciones de un juzgador es lograr un equilibrio congruente entre la verdad histórica y la verdad jurídica (un proverbio del derecho romano que sigue vigente en el derecho sustancial, reza: Daha Mihi Factum, Dabo Tibi Ius, dame los hechos, yo te daré el Derecho).
  • Si un principio general del Derecho es que Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y la mayoría de los miembros de la sala 1 determinó parcialmente que los errores del procedimiento conllevaban la liberación de Cassez, cabría preguntarse entonces, ¿que le corresponde entonces a los secuestrados por ella y a sus familias, que han sufrido un daño material, físico y sobre todo psicológico irreparables y que ahora han quedado con las manos y el corazón vacíos de justicia sufirendo también y para colmo una lesión jurídica igualmente irreparable? Qué tipo de precedente judicial establece esta resolución? Cuántos delincuentes más saldrán libres invocando esta resolución por errores de procedimiento, pasándose por el arco del triunfo el fondo de la Litis y la seguridad pública nacional?
  • Existen sin duda responsabilidades se derivan de los actos jurídicos que conllevaron a la liberación de Cassez y al estado de indefensión de las víctimas y sus familiares. ¿Dónde están los responsables, públicos y privados, de todo este entuerto? (sin omitir desde luego a Televisa, primero implicada en el armado del teatro mediático de la detención y ahora también en el de la liberación).
  • Hay quien dice que Cassez se ha usado como moneda de cambio contra el caso de Maude Bersini, ex esposa de Arturo Montiel, quien recientemente había, entre otras cosas, amenazado con denunciar casos de corrupción en el Estado de México (http://www.sinembargo.mx/13-01-2012/119494) en los que se encontrarían involucrados no pocos funcionarios de la actual Administración Pública Federal que fueron colaboradores de EPN en el gobierno de edomex y que este asunto fue “negociado” a partir de la reciente visita de EPN al presidente de Francia François Holland, cosa de la que por cierto muy poco se habla en los medios (el magistrado Ortiz Mena, especialista en cuestiones fiscales, no penales, es de familia originaria de Edomex y fue ingresado a la corte hace apenas unos días; fue su primer caso como ministro, pero su ponencia y voto, junto con el cambio de sentido de la resolución de la ministra Sanchez Cordero, decidieron la resolución). Además la liberación de Cassez se da el mismo día que se anuncia la asistencia de EPN a una cumbre latinoamericana convocada por la Unión Europea.

Todo esto le deja a la sociedad un mal sabor de boca, sienta un pésimo precedente, implica un grave riesgo para la percepción de seguridad, y por todo ello, los ministros de la Corte involucrados tienen que rendirle cuentas, o al menos le deben una explicación… Espero atento sus comentarios.

80% de los mexicanos en riesgo de pobreza: CONEVAL

80% DE LA POBLACIÓN, POBRE O EN RIESGO DE SERLO: CONEVAL

En espera de sus comentarios, notas, observaciones, reacciones, etc. saludos

José Ramón González Chávez

Entre 2010 y 2012 aumentó la pobreza en el país, al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de personas; que representa casi la mitad de la población en México. Según el reporte “Medición de la Pobreza”, presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 45.5% de los mexicanos son pobres y 40.7 millones más (es decir 34.7%) son vulnerables y podrían caer en pobreza, ya sea por tener ingresos bajos o por no tener acceso a la educación, salud, vivienda o seguridad social. En 2010, la población vulnerable fue de 38.8 millones de personas, 1.9 millones de personas menos que en 2012.

Datos de los investigadores de este organismo aseguran que si las cifras no son mayores es debido al aumento de programas sociales y transferencias monetarias, particularmente el Seguro Popular, el programa Piso Firme y Oportunidades. El acceso a la seguridad social, sin embargo, observó retrasos en estos indicadores, ya que hubo un aumento de 2.2 millones de personas que no cuentan con un sistema de pensiones.

Según el Coneval, entre 2010 y 2012 aumentó la población cuyos ingresos estuvieron por debajo de la línea de bienestar, situada en mil 125 pesos por persona al mes en zonas urbanas y en 800 pesos en zonas rurales. La población más afectada por el incremento de la pobreza fue la menor de 18 años, la que vive en zonas urbanas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes presentan rezago educativo y falta de oportunidades laborales. Por otra parte, las zonas rurales fueron las que mejoraron más su calidad de vida, pues el porcentaje de pobreza decreció de 64.9% a 61.6%, de 17.2 millones a 16.7 millones. También, 300 mil mexicanos indígenas superaron sus condiciones de marginación, detallan. En cambio, el número de mexicanos en pobreza que viven en zonas urbanas aumentó en un millón de personas.

En estos dos años las personas que no fueron capaces de adquirir la canasta básica alimentaria también aumentaron, al pasar de 23.1 millones de personas en comparación con los 21.5 millones de habitantes en 2010; medida sólo por ingreso; en tanto que la pobreza de capacidades —quienes no pueden cubrir sus gastos en salud y educación— aumentó a 32.9 millones, 2.4 millones de personas más. Se reducen carencias sociales

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, aseguró durante la presentación ayer de este informe que “lo relevante es que a nivel nacional hubo una reducción de carencias sociales, como el acceso a la salud, el acceso a la vivienda y son elementos para la mejora social; pero hubo un incremento de la población por ingresos bajos y un aumento de la población en carencia en la seguridad social, en esta ocasión las mayores coberturas básicas no lograron compensar la problemática del ingreso y por eso el aumento de la pobreza en número de población”. Explicó que “a México le falta mucho por hacer en crecimiento económico, en reducir la informalidad y aumentar la productividad; ya que la pobreza va más allá de la política social y no nos ha ido bien en el tema económico”.

Según este reporte, en los últimos cuatro años la pobreza se ha incrementado en 3.8 millones de personas. A nivel nacional, agrega, sólo 23.2 millones de personas, 19.8%, son consideradas como “no pobres o no vulnerables”. Según el estudio, los cinco estados con la mayor reducción de la pobreza fueron Tabasco, con 7.4 puntos; Zacatecas con 6 puntos; Campeche con 5.8% de reducción; Oaxaca con 5.1% y Veracruz con 4.9 puntos menos de población en condiciones de marginación. Las entidades que empeoraron sus niveles de pobreza fueron: Nayarit, con un incremento de 6.3%; Querétaro con un incremento de 4.2%; Puebla con 3 puntos más; Jalisco con 2.7% de aumento y el Estado de México, con 2.4%. En pobreza extrema el estado con más población es Chiapas con un millón 629 mil personas viviendo bajo estas condiciones. Sin embargo, a nivel nacional en estos dos años el número de personas en marginación extrema se redujo de 11.3% a 9.8%; el número promedio de carencias sociales también disminuyó de 3.8 a 3.7. Sobre las carencias, la que más mejoró fue el acceso a los servicios de salud y aunque en 2010 ya se había registrado un incremento; para 2012, 8.2 millones de personas más ya contaban con el servicio.

También se reportó avances en las carencias por vivienda, pasando de 15.2% a 13.6%. John Scott, consejero académico del Coneval, dijo que existen retos en la política de desarrollo social, “en seguridad social vemos que no hay avances en los últimos dos años, un reto muy importante que no se ha resuelto es la pensión de los adultos mayores y esto indica que se necesita una reforma mucho más amplia para lograrlo”. En la presentación explicó que hay avances en vivienda y educación.

A 40 años de la Carta de México por la Defensa del Patrimonio Cultural

Por José Ramón González Chávez

¿Qué se ha hecho desde entonces (gobierno y sociedad) para convertirla en hechos y actos concretos?

¿Qué necesita para ponerla al día y estar acorde a los requerimientos actuales y futuros?

Quedo atento a sus comentarios, sugerencias, reflexiones, etc. Saludos JRG

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CARTA DE MÉXICO

EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

(1976)

El proceso mundial en curso presenta dos tendencias generales mutuamente opuestas cuya comprensión es de importancia crucial para la defensa de los valores humanos, tales son:

En primer lugar: una tendencia homogeneizadora que amenaza uniformar los modos de ser, de hacer y de sentir de todos los pueblos de la Tierra, con la consecuente pérdida de las características distintivas que los singularizan y les permiten expresarse a través de la creatividad propia.

En segundo lugar, una tendencia diversificadora, que apenas empieza a manifestarse a través de la creciente resistencia de los pueblos oprimidos a su avasallamiento cultural.

Frente a estas fuerzas en conflicto, cumple señalar que el patrimonio cultural humano comprende tanto las creaciones heredadas del pasado, que deben ser identificadas, defendidas y preservadas, y también principalmente la protección de la herencia viva de técnicas tradicionales, habilidades artísticas, de sensibilidades estéticas, de creencias y comprensiones a través de las cuales los pueblos actuales se expresan.

En el plano cultural, es aterradora, la amenaza de que sólo entreguemos a nuestros nietos bodegas museológicas llenas de las creaciones de nuestros abuelos. Es decir, que por la acción destructiva directa y por inacción en la defensa de los requisitos necesarios para el ejercicio de la creatividad, privemos de la herencia a nuestros sucesores de lo que el hombre tiene de más noble: su capacidad de rehacerse a sí mismo en libertad y de la capacidad de expresarse en múltiples formas.

Esta amenaza no es una quimera, toda vez que se concreta tanto por la acción de diversos medios modernos de comunicación de amplitud mundial que erosionan las energías creativas locales de todos los pueblos como por la explotación de su trabajo y la mercantilización del turismo, además de otras formas de agresión que avasallan y corrompen las comunidades humanas más creativas.

Nuestra esperanza de que la creatividad humana se salve, reside tan sólo en las referidas resistencias que empiezan a esbozarse en los pueblos dominados. Pero estas esperanzas sólo podrán florecer si los estados por fin admiten que el interés de sus pueblos no está en la homogeneización, sino en aceptar la pluralidad de culturas dentro del contexto de la nación.

Considerando que diversos organismos, nacionales e internacionales, han venido pronunciándose por la salvaguarda del patrimonio cultural con la debida conciencia del peligro en que se encuentra, sentimos la necesidad de ampliar y enriquecer estos enunciados, incorporando a esta salvaguarda todos los productos de la creatividad humana. Identificamos al patrimonio cultural de un país en el conjunto de los productos artísticos, artesanales y técnicos; de las expresiones literarias lingüísticas y musicales; de los usos y costumbres de todos los pueblos y grupos étnicos, del pasado y del presente y reivindicamos la necesidad y la urgencia de aplicar una política social y cultural que tienda a reconocer y salvaguardar dicho patrimonio en todos sus aspectos.

Por tanto es vital reconocer que para el propio desarrollo nacional autónomo es indispensable:

Primerodefender las condiciones de creatividad de cada comunidad humana diferenciada.

Segundocolocar al servicio de dicha pluralidad necesaria todos los recursos que ofrecen la tecnología moderna de comunicación de masas, en lugar de permitir que ésta siga actuando como factor de pérdida de identidad cultural.

Tercero, comprender que es indispensable incluir en todos los programas de desarrollo nacional y regional una preocupación activa por la defensa del patrimonio cultural, representado tanto por las creaciones heredadas del pasado, como por el legado de talentos y capacidades creativas en las poblaciones vivientes.

Cuarto, que los países de composición multiétnica deben reconocerse orgullosamente como tales y estructurarse de formo que no se ejerza opresión sobre los pueblos que los integran.

Quintoasegurar a todas las comunidades étnicas el pleno derecho al uso y cultivo de su propio idioma, instrumentándolas para que sean capaces de escribirlo y expresarse en él.

Sextogarantizar a cada una de las comunidades los medios de conservar y, desarrollar en libertad, su patrimonio cultural y defenderlo contra las presiones deformadoras de la mercantilización del turismo y de otras formas de agresión.

Séptimoreconocer que las realizaciones de los pueblos están íntimamente vinculadas a esas percepciones y relaciones específicas con la naturaleza y que en consecuencia, ésta también integra el patrimonio cultural de la humanidad, siendo indispensable que las políticas de desarrollo no limiten o destruyan la posibilidad de estas formas de usos racionales del ambiente.

Con el objeto de lograr una más adecuada y completa defensa del patrimonio cultural y en garantía de su supervivencia y vitalidad, es de fundamental importancia la toma de conciencia por parte de las propias comunidades del valor de su tradición cultural. Esto sólo se puede obtener a través de un progresivo y siempre más hondo conocimiento del carácter y de los elementos constitutivos del patrimonio mismo, mediante una investigación continua que comprometa la participación de la propia población local. Es también indispensable que esta documentación y sus resultados sean devueltos a la comunidad como un instrumento de defensa de la autenticidad y protección de su patrimonio.

México 12 de agosto de 1976

El Cine Nacional: Patrimonio Cultural de los Mexicanos

Ponencia de mi factura que sera publicada en la memoria del II Festival Internacional de Cine del Centro Hisotrico de Toluca. Espero con atención sus comentarios, reflexiones, reacciones, preguntas, etc. Saludos JRG

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EL CINE MEXICANO: UNA MIRADA DESDE

EL DERECHO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por José Ramón González Chávez

PARTE I: Contexto.

El patrimonio cultural es la evidencia de la evolución en el tiempo y el espacio de todo grupo social, las modificaciones creativas a su entorno y su paso por la vida. En tal sentido, se conforma no solo con las creaciones palpables, materiales, sino también y sobre todo, con lo que proviene de la vida social, lo que se conserva con todo y sus fusiones y recreaciones; con sus penas, alegrías y esperanzas; con la tradición, es decir, de lo que ya se trae, lo colectivamente valioso que se ha mantenido con el tiempo y que está más allá de lo meramente físico o material, elementos todos ellos capaces de ser capturados, unificados y comunicados por el cine.

Existen creaciones cinematográficas producidas o coproducidas por México, que independientemente de sus cualidades formales de orden histórico, económico o técnico, deben formar parte de nuestro patrimonio cultural por el valor inmaterial que contienen y transmiten, lo que permitiría que tales obras pudieran ser preservadas y difundidas con tal carácter, estableciendo reglas necesarias para su uso adecuado. Darles esta calidad podría ser muy importante, no solo por razones vinculadas al desarrollo del sentimiento de identidad nacional -ya de por sí válidas- sino por el soporte e impulso que esto puede dar al cine mexicano como industria, a nivel nacional, latinoamericano y mundial. 

¿Cómo lograrlo?

Precisemos antes, desde el punto de vista jurídico, algunos conceptos fundamentales:

Concepto de Cultura.

Los instrumentos de derecho internacional reconocidos por el Gobierno Mexicano, forman parte de nuestro marco jurídico fundamental. En tal sentido, la UNESCO define formalmente el término Cultura como …“el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”[1].

La Doctrina es también fuente primordial de lo jurídico, y en tal sentido, Guillermo Bonfil Batalla, la define como el “Conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación, organizaciones sociales y bienes materiales, que hacen posible la vida de una sociedad y le permiten transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las siguientes” [2].

Concepto de Patrimonio.

Procede del latín patrimonium, término compuesto por las palabras patri (pater, padre) y onium (‘recibido de’), que significa en su conjutno “lo recibido por línea paterna” [3]. Se remonta al derecho romano antiguo, donde implicaba la pertenencia más que a una persona, a la familia. Por ende, tiene que ver con la herencia, ya sea individual o colectiva, trátese en este último caso los derechos adquiridos de manera consuetudinaria por una determinada comunidad o grupo social, ya sea de una familia, un grupo social, una nación, un grupo de naciones o de la humanidad entera.

Visión Materialista.

A partir del liberalismo, el derecho napoleónico transforma radicalmente el concepto de patrimonio, convirtiéndose en un conjunto más que de bienes, de derechos y obligaciones, susceptibles de ser valorados en dinero, inherentes a una persona individual o colectiva, connotación que ha impactado de manera muy importante el concepto de patrimonio cultural hasta nuestros días.

Lo anterior se refleja con toda claridad en la definición que sobre patrimonio da la Academia de la Lengua Española: “Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica. (Patrimonio de la Iglesia; patrimonio del Estado; patrimonio histórico-artístico, conjunto de edificios, yacimientos arqueológicos, obras de arte, objetos y documentos de interés científico, histórico o artístico de un país)”, y a causa de la cual el patrimonio cultural adquiere una connotación preponderantemente pecuniaria.

Visión Consuetudinaria o Axiológica.

En contraposición a esta postura -a la que por cierto se suma actualmente gran cantidad de especialistas del tema-, existe otra corriente, desarrollada por autores como Teixeira Coelho [4], que considera que el Patrimonio Cultural debe ser definido como el “conjunto de bienes muebles e inmuebles existentes en el país cuya conservación sea de interés público, ya sea por su vinculación a hechos memorables o por su excepcional valor arqueológico o etnográfico, bibliográfico o artístico” [5].

Esta concepción implica un avance, pues suma al aspecto material o pecuniario, el que podemos denominar consuetudinario, al contemplar los dos requisitos indispensables que la costumbre debe tener para ser considerada por un grupo social fuente primordial de lo jurídico:

1) La práctica continuada en el tiempo (inveterada consuetudo); y

2) El reconocimiento generalizado de que dicha práctica tiene un alto valor intrínseco que es indispensable mantener y observar (opinio iuris seu necesitatis).

Con ello, lo intangible del patrimonio deja de ser una abstracción y se convierte en algo jurídicamente determinable, clasificable, exigible y en su caso, sancionable.

Concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Es el conjunto de derechos y obligaciones compuesto por el patrimonio intelectual, las tradiciones, los usos, las costumbres, el lenguaje (oral, escrito, gestual), patrones de conducta, expresiones artísticas, imágenes, geografías, paisajes urbanos, formas de ver y vivir la vida, transmitidas de generación en generación, que pertenecen a una determinada comunidad y le permiten diseñar su rostro, reconocerse a sí misma y ante los demás, y así establecer la importancia y la trascendencia de esa identidad propia ante el mundo, en el contexto global.

Los productos cinematográficos y su integración al patrimonio cultural inmaterial.

El cine es quizá la única forma de expresión artística cuyos productos, además de ser comercializables, son capaces de capturar esas prácticas, usos y costumbres; actitudes y formas de expresión escrita, oral y gestual; geografías, arquitecturas y paisajes urbanos; músicas, danzas y formas, compendiarlas y contenerlas de manera organizada, sistemática en unidades creativas, que si bien nacen con un propósito a la vez económico e intelectual, por el valor de sus contenidos y el reconocimiento generalizado a lo largo del tiempo, son susceptibles de integrarse a lo que podemos denominar lo mexicano, aquello que nuestros ancestros precoloniales denominaban el “mexicayotl”, y que ante las circunstancias actuales en nuestro país, nuestra región latinoamericana y el mundo, exigen una revisión, bajo la premisa de que en la realidad hipermoderna que nos ha tocado vivir, “no hay nada nuevo, pero todo es diferente” [6].

Patrimonio Cultural inmaterial y Globalización.

Uno de factores determinantes para comprender el patrimonio cultural en la actualidad y la forma de regularlo internamente y a nivel internacional, sobre todo en su aspecto intangible, es el concepto de globalización; contradicción en sí mismo, tal como lo advirtiera Habermas desde hace tiempo[7], ya que por un lado, implica un notable riesgo, dada la superposición de modelos de otros países o fuertes grupos e intereses extranjeros o multinacionales sobre los países más vulnerables; pero a la vez, permite igualmente –quiéralo o no- a través de conceptos ambiguos y maleables como el de diversidad y el de multiculturalismo, el reconocimiento social cada vez mayor la identidad propia y, con ello, la adquisición de instrumentos que nos permitan conocer de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y así comprender y gobernar adecuadamente los entornos cambiantes de nuestra vida colectiva como nación, previniendo y enfrentando sus desafíos, para luego entenderla y asumirla como una pieza imprescindible del gran mosaico que constituye la humanidad.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] http://cccalaflor.blogspot.mx/2006/09/definicin-de-cultura-segn-la-unesco.html

[2] Bonfil Batalla, Guillermo. “De culturas populares y políticas culturales”, en “Culturas populares y política cultural”, México, MNCP/SEP, (1982). 

[3] Friedrich Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, cap. VI La Gens y el Estado en Roma. Obras maestras del pensamiento contemporáneo. Ed. Planeta 1992. 

[4] Teixeira Coelho. “Diccionario de Políticas Culturales”. CNCA / CNDCR, Secretaría de Cultura de Jalisco, ITESO. México, (2000).

[5] Decreto Ley 25 promulgado en el Estado Novo, Brasil. 

[6] Z. Bauman. “La globalización. Consecuencias humanas”. México, DF. F.C.E. 1999. p. 132 

[7] Jürgen Habermas. “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Barcelona, Cátedra. 1999. p. 68 

PARTE II: Elementos para la construcción de un marco jurídico del Patrimonio Cultural Intangible que permita la integración de obras cinematográficas susceptibles de ser consideradas como Patrimonio Cultural de México.

Resulta impostergable llevar a cabo un análisis serio del conjunto de ordenamientos, disposiciones y normas que regulan el patrimonio cultural intangible, específicamente el relacionado con la actividad cinematográfica, así como un análisis de derecho comparado que genere información sobre lo que están haciendo otros países en la materia.

A)   Marco Internacional.

Organismos como la UNESCO, han reconocido al patrimonio cultural inmaterial –y dentro de él, por supuesto se entiende incluida la producción cinematográfica- como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible. Por ello, han decidido asumir el compromiso de protegerlo ante los embates de ese aspecto colonizador de la globalización, pero también impulsar a los estados miembros al establecimiento de una identidad propia ante sí y ante el mundo.

Lo anterior, se ha venido instrumentando al aplicar diversas medidas tendientes a la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de su respectivo patrimonio cultural, bajo la premisa condicional de que el éxito en este esfuerzo dependerá en gran medida de tres factores:

1) El reconocimiento por parte de la sociedad del valor que implica la preservación de su patrimonio cultural;

2) La identificación de dicha sociedad con los elementos que deben componer su patrimonio cultural; y

3) El compromiso asumido por población y gobierno para colaborar de manera objetiva a su preservación y difusión, tanto interna como hacia el mundo.

Muestras recientes de acciones concretas dirigidas a la preservación del patrimonio cultural inmaterial pueden apreciarse en manifestaciones locales como el flamenco; nacionales como la cocina mexicana, la francesa y la de otros países; o incluso regionales, como la dieta mediterránea, cuyos argumentos para llegar a adquirir tal reconocimiento habría que estudiar para construir que requiere el cine mexicano para adquirir ese estatus.

B)   Marco Nacional.

En materia de cultura y en especial de patrimonio cultural intangible, el Derecho mexicano (me refiero no solo a la legislación, sino a todas las demás fuentes de producción jurídica como las normas internacionales, la jurisprudencia, la doctrina, las prácticas reconocidas formalmente, etc.) requiere de un esfuerzo serio de sistematización, actualización, creación, precisión y llenado de lagunas. Sin perjuicio de ello, vale decir que en lo referente a la actividad cinematográfica, este esfuerzo es urgente.

B.1. Constitución Federal [1].- Establece algunos derechos fundamentales (diversidad cultural, derecho a la cultura y su difusión, libertad de trabajo y de expresión apoyada en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), planeación democrática)y atribuciones de órganos del poder público (facultades del congreso y la Asamblea legislativa del D. F. en material cultural), que relacionados con la actividad cinematográfica podrían sustentar el establecimiento de un catálogo de obras cinematográficas susceptibles de ser consideradas integrantes del patrimonio cultural inmaterial de México.

No obstante, algo digno de resaltar es que en nuestro texto constitucional aún brilla por su ausencia la definición de cultura y de patrimonio cultural, que le daría un sentido jurídico objetivo a dichos términos, permitiendo con ello establecer con claridad derechos y obligaciones, tan importantes como ya veíamos para integrar el patrimonio, así como precisar el diseño, operación y evaluación de políticas públicas, programas, mecanismos y acciones concretos en la materia.

B.2. Leyes federales y estatales. En este ámbito, la situación es más compleja, por ejemplo.

  • No existe una Ley Federal de Cultura, reglamentaria del artículo 4º constitucional en su párrafo respectivo, indispensable para:
  • La definición, defensa, protección y promoción del patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio cultural inmaterial y la forma y términos de uso de las TICs en estos aspectos;
  • La creación y actualización de instituciones y organismos vinculados al tema, que establezcan con claridad sus atribuciones y mecanismos de planeación, programación coordinación, evaluación y transparencia y acceso a la información, así como los medios para articular e instrumentar las normas y compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano con los propios requeridos a nivel nacional en la materia;
  • La actual ley federal de cinematografía, al igual que las referentes al patrimonio cultural material (el tema del patrimonio cultural inmaterial aún no está presente), datan de hace más de 40 años y por lo mismo omite aspectos fundamentales del estudio, la creación, preservación y difusión del patrimonio inmaterial, incluyendo por supuesto, las obras cinematográficas.

B.3. Organismos:

  • El organismo a cargo de la cultura y el patrimonio cultural material e inmaterial (Conaculta) carece de Personalidad Jurídica, por lo que en términos formales solo tiene –como su nombre lo indica- carácter consultivo, si bien se dedica a actividades de información y promoción, sin mencionar las de pretendido control operativo, programático, etc. de sus instituciones aparentemente sectorizadas. Su patrimonio inmaterial publicado incluye solo expresiones locales y sus criterios formales de composición no se encuentran determinados. El organismo encargado de la preservación del patrimonio cultural (Comisión Nacional) es prácticamente inexistente[2].

Otros instrumentos y proyectos.

Existen algunos documentos y textos que podrían apoyar o abonar al diseño de los procedimientos, mecanismos y órganos y sectores sociales que intervendrían en la preparación de eventuales proyectos de declaratoria:

  • Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural (1976) [3]: A 37 años de haber sido suscrita, el fondo de sus contenidos mantiene una vigencia sorprendente por lo que sería interesante rescatarlos y ponerlos al día para emitir una nueva versión. 
  • Los considerandos de los proyectos de iniciativas de leyes de cultura, Federal y de las Entidades federativas (no todas tienen ley de cultura) así como argumentos de instituciones actuales.

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta, precisados y formalizados a través de ajustes constitucionales y una propuesta de iniciativa de Ley Federal de Cultura, pues constituyen la base a la creación y modificación de instrumentos jurídicos derivados (decretos, reglamentos, acuerdos, etc.), de tal suerte que pueda crearse un entramado jurídico articulado y útil para planear, operar y evaluar políticas públicas, programas y acciones en la materia, aunque cabe remarcar que ante todo, la creación de este entramado debería constituir para el gobierno y los sectores sociales involucrados en una política pública en sí.

Inclusión de obras cinematográficas dentro del patrimonio cultural inmaterial de México, como proyecto viable, posible y realizable.

Ante este panorama ¿es posible pensar en la factibilidad real de lograr que ciertas obras cinematográficas sean reconocidas nacional e internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial de México?

Pensamos que sí, aunque para ello resulta imprescindible:

1)    Hacer alarde de orden, de organización y ante todo, de criterio jurídico político, empleando los acuerdos y compromisos internacionales, del mismo modo como se ha hecho para las declaratorias de Patrimonio Nacional o de la Humanidad de otras manifestaciones del arte y la cultura, como la danza, la gastronomía, la música;

2)    Abrevar de la experiencia de otros países con sistema jurídico similar al nuestro e importante patrimonio cultural como en Europa Francia y España y en nuestra región continental como Perú y Colombia;

3)    Aprovechar la actual coyuntura política nacional de apertura a estos temas;

4)    Hacer un trabajo importante de sensibilización y aculturación respecto de la importancia económica y cultural de incluir las obras cinematográficas dentro del patrimonio cultural de México, a través de una participación real, organizada y efectiva de los distintos sectores que intervienen en el medio, así como de la sociedad civil, medios de comunicación, redes de información, etc., no solo en México, sino también entre la población mexicana e hispana en EUA y en Latinoamérica.

5)    Dejar claro para todos, que esta declaratoria es independiente y por lo tanto deja a salvo los derechos y obligaciones quienes han creado, producido o comercializado dichas obras. Que su fin no es expropiatorio, sino de promoción y difusión de este acervo que por sus características contiene y preserva los rasgos característicos de lo nuestro ante nosotros mismos y ante el mundo.

Por su propia naturaleza y características, la cuestión de declarar obras cinematográficas como patrimonio cultural inmaterial de México va más allá del enriquecimiento de la identidad nacional y del aspecto cultural de nuestra soberanía; es también un asunto de economía y de desarrollo sustentable, ambos elementos inseparables de nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra trascendencia como sociedad, fines primeros y últimos de la organización política desde sus orígenes y de nuestro Estado Constitucional de Derecho actual y futuro.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

[2] http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conaculta&table_id=216

[3] http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/CARTA_DE_MEXICO.pdf

«Yo Acuso» de Emile Zolá: un paradigma en la lucha contra la injusticia

Por José Ramón González Chávez

Hablando sobre jóvenes y justicia, les presento un documento que integra el famoso texto «Yo acuso» de Emile Zolá, que le costara materialmente la vida, pero que a cambio cerrara con broche de oro su paso a la inmortalidad.

La materia del texto es el caso Dreyfus, que le mostró a la humanidad como el no reconocimiento de un error de impartición de injusticia por parte del poder público, no genera más que una injusticia mayor, entre otros monstruos.

El texto está compuesto de distintas cartas y escritos, entre los que se encuentra este que aquí les público, denominado «Carta a los Jóvenes» de cuya lectura se descubren pasajes de sorprendente actualidad. Espero que sea de su interes. Saludos.

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Nota sobre el caso Dreyfus

En 1894, los servicios de contraespionaje (Service de Renseignements) del Ministerio de la Guerra francés interceptan un documento dirigido al agregado militar alemán en París, Schwartzkoppen, en el que se menciona en nota manuscrita el anuncio del envío de informaciones concretas sobre las características del nuevo material de artillería francés. El riesgo de escándalo es más preocupante que la propia filtración; había, pues, que encontrar a un culpable. Basándose en el escrito, los expertos comparan letras de los oficiales del Estado Mayor y concluyen que el capitán Alfred Dreyfus, de treinta y cinco años, judío y alsaciano, es su autor. El 15 de octubre de ese año Dreyfus es arrestado, juzgado por un consejo de guerra y declarado culpable de alta traición.

Pese a las declaraciones de inocencia del acusado (declaraciones que no se hacen públicas), se condena a Dreyfus a la degradación militar (enero de 1895) y a cumplir cadena perpetua en la isla del Diablo, en la Guayana francesa. Durante el juicio, el general Mercier, ministro de la Guerra, expresa sus convicciones a la prensa y comunica al tribunal que existen pruebas «abrumadoras» de la culpabilidad de Dreyfus, pruebas que no puede mostrar porque pondrían en peligro la seguridad de la nación. Hasta ese momento, nadie duda de la existencia de dichas pruebas. Únicamente la familia de Dreyfus, convencida de su inocencia, habla de error judicial y busca apoyos entre los politicos y la prensa para conseguir la revision del juicio.

En marzo de 1896, el nuevo responsable del Service de Renseignements, el coronel Picquart, descubre un telegrama dirigido por el agregado militar alemán Schwartzkoppen a un oficial francés de origen húngaro, el comandante Esterhazy; el telegrama no deja dudas de que este ultimo es el informador de Schwartzkoppen en el Estado Mayor francés. La letra de Esterhazy, que se parece a la de Dreyfus, es, sorprendentemente, muy similar a la del famoso escrito. Picquart informa a sus superiores y expresa su convicción de que fue un error atribuir el escrito a Dreyfus. El Estado Mayor destina a Picquart a la frontera del este y, posteriormente, a Túnez. Los tribunales militares, dominados por camarillas de extrema derecha y antisemitas, se niegan a revisar el caso Dreyfus y tratan de sofocar el escándalo, pero no logran evitar que algunos rumores alerten a personalidades de la izquierda.

En 1897 -con la ayuda del periodista Bernard Lazare, del senador Scheurer-Kestner y del diputado Joseph Reinach-, Mathieu Dreyfus, hermano de Alfred, promueve una campaña en Le Figaro para exigir que se investigue a Esterhazy y se revise el juicio de 1894. La extrema derecha reacciona de inmediato. Indignado, Émile Zola, próximo a la izquierda radical y a grupos socialistas, entra en liza. La campaña de Le Figaro rompe la conspiración de silencio.

En diciembre de 1897, Esterhazy, cuya letra es idéntica a la de los facsímiles del escrito que la prensa ha reproducido, es inculpado y comparece ante un tribunal militar; contra todo pronóstico, los jueces lo absuelven en enero de 1898, al tiempo que el presidente del Consejo de Ministros, Méline, rechaza la revision del caso Dreyfus: «El caso Dreyfus no existe». Zola, consciente de los riesgos que corre, plantea la cuestión ante la opinion pública en su célebre carta al presidente de la República, titulada «Yo acuso» y publicada el 13 de enero en L’Aurore. Ese mismo día, la policía detiene al teniente coronel Picquart. La polémica enardece al país y se desencadenan las hostilidades entre la derecha militarista y la izquierda socialista o radical, entre las corrientes nacionalistas antisemitas y los defensores del Derecho, entre el integrismo católico y los adalides del libre pensamiento. Llueven insultos y críticas sobre Zola. En estas circunstancias, aparece, ya en su sentido moderno, la expresión «los intelectuales», que emplearon los antidreyfusards (Barrès, Drumont, Leon Daudet, Pierre Loti, Jules Verne…) contra los dreyfusards (Zola, Gide, Proust, Péguy, Mirbeau, Anatole France, Jarry, Claude Monet…).

Del 7 al 23 de febrero de 1898, Zolá, amenazado de muerte por los grupos de extrema derecha, comparece ante un tribunal, acusado de difamar a los oficiales y personalidades que había denunciado en su «Yo acuso». Se le declara culpable y se le condena a un año de cárcel, a pagar tres mil francos de multa y se le despoja de la Legión de Honor. Tras recurrir la sentencia, el tribunal de instancia vuelve a condenarle, esta vez, sin embargo, en rebeldía, pues Zola, temiendo por su vida, se ha exiliado en Inglaterra. Semanas después de este segundo juicio, se confirma que el documento que se utilizó para comprometer a Dreyfus en el juicio de 1894 era falso; lo había confeccionado un oficial del Service de Renseignements, el coronel Henry, quien confiesa su culpabilidad el 30 de agosto y el 31 se suicida en la cárcel. El Tribunal Supremo, que había empezado a revisar el expediente Dreyfus en junio, ordenó la revisión del caso.

Zola, pese a la confirmación de la sentencia condenatoria, regresa de su exilio en junio de 1899; el Gobierno renuncia a tomar medidas contra él. Entre agosto y septiembre de ese año, Dreyfus, trasladado a Francia, se somete a un segundo juicio y de nuevo le condenan los tribunales militares, que no acceden a reconocer el error judicial que se cometió en 1894; el 19 de septiembre, el presidente de la República, Loubet, indulta a Dreyfus. Puesto en libertad, gran parte de la opinión pública considera que debe, además, reconocerse su inocencia. Hasta el 12 de julio de 1906 no obtendrá Dreyfus la rehabilitación en el ejército. Cuatro años antes, la noche del 28 al 29 de septiembre de 1902, de regreso a París tras sus vacaciones en Médan, Emilio Zola muere asfixiado en su casa, debido a las exhalaciones de una chimenea. Desde 1898, Zola había recibido numerosas amenazas de muerte, pero este «caso» nunca llegó a esclarecerse. Dreyfus, por su parte, falleció en 1935 ocupando un alto cargo oficial. Quedaron dudas sobre su inocencia hasta la publicación de los Carnets de Schwartzkoppen en 1930: Dreyfus inocente, Esterhazy culpable.

CARTA A LA JUVENTUD

Emile Zolá

(Este texto apareció publicado como folleto y se puso a la venta el 14 de diciembre de 1897)

Como no encontré ningún periódico dispuesto a aceptar mis artículos, y además deseaba sentirme del todo libre, proyecté continuar mi campaña mediante una serie de folletos. Primero quise lanzarlos un día fijo, con regularidad, uno por semana. Después preferí controlar las fechas de publicación, de modo que pudiese elegir el momento a intervenir según los temas y sólo los días que me parecieran útiles.

¿Adónde vais, jóvenes, adónde vais, estudiantes que corréis en grupos por las calles, manifestándoos en nombre de vuestras iras y de vuestros entusiasmos, sintiendo la necesidad irresistible de lanzar públicamente el grito de vuestras conciencias indignadas?

¿Vais a protestar contra algún abuso del poder, han ofendido vuestro anhelo de verdad y equidad, ardiente aún en vuestras almas jóvenes, almas que ignoran los arreglos políticos y las cobardías cotidianas de la vida?

¿Vais a reparar una injusticia social, vais a poner la protesta de vuestra juventud vibrante en la balanza desigual donde, con tanta falsedad, se pesa el sino de los afortunados y de los desheredados de este mundo?

¿Vais, para defender la tolerancia y la independencia de la raza humana, a silbar a algún sectario de la inteligencia, de estrecha mollera, que ha pretendido conducir vuestras mentes liberadas hacia el antiguo error proclamando la bancarrota de la ciencia?

¿Vais a gritar, al pie de la ventana de algún personaje esquivo a hipócrita, vuestra fe inquebrantable en el porvenir, en ese siglo venidero que representáis y que ha de traer la paz al mundo en nombre de la justicia y del amor?

«¡No, no! ¡Vamos a abuchear a un hombre, a un anciano que, tras una larga vida de trabajo y de lealtad, imaginó que podía sostener impunemente una causa generosa, que podía querer que se hiciera la luz y se reparara un error, por el mismo honor de la patria francesa!»

¡Ah!, cuando yo era joven, vi cómo se estremecía el Barrio Latino con las orgullosas pasiones de la juventud, el amor a la libertad, el odio a la fuerza brutal que aplasta cerebros y oprime almas. Lo vi, bajo el Imperio, entregado de lleno a su esforzada labor de oposición, a veces incluso injusto, pero siempre por un exceso de amor a la libre emancipación humana. Silbaba a los autores gratos a las Tullerías, se ensañaba con los profesores cuyas enseñanzas le parecían sospechosas, se alzaba contra cualquiera que se declarase en favor de las tinieblas y de la tiranía. En él ardía el fuego sagrado de la hermosa locura de los veinte años, cuando todas las esperanzas son realidades, cuando el mañana aparece como el triunfo indudable de la Ciudad perfecta.

Y si nos remontáramos más atrás en esta historia de las nobles pasiones que han alzado a la juventud de las universidades, veríamos a ésta siempre indignada ante la injusticia, estremecida y sublevada a favor de los humildes, de los abandonados, de los perseguidos, contra los crueles y los poderosos. Se ha manifestado en favor de los pueblos oprimidos, ha abrazado la causa de Polonia, de Grecia, se ha erigido en defensora de cuantos sufrían, de cuantos agonizaban bajo la brutalidad de una masa o de un déspota. Si corría la voz de que el Barrio Latino estaba en ascuas, no había duda de que detrás ardía una llama de justicia juvenil, ajena a precauciones, que acometía con entusiasmo obras dictadas por el corazón. ¡Y qué espontaneidad entonces, qué torrente desbordado corría por las calles!

Ya sé que hoy el pretexto sigue siendo la patria amenazada, Francia entregada al enemigo vencedor por una pandilla de traidores. Yo sólo le pregunto al país dónde podremos encontrar la clara intuición de las cosas, la sensación instintiva de lo que es verdad, de lo que es justo, como no sea en esas almas nuevas, en esos jóvenes que nacen a la vida pública y a quienes nada debería ofuscar su razón recta y buena. Que los políticos deteriorados por años de intriga, que los periodistas desequilibrados por todas las componendas de su oficio puedan aceptar las mentiras más impúdicas, puedan hacer la vista gorda ante abrumadoras evidencias, es explicable, comprensible. Pero ¿la juventud? Muy gangrenada ha de estar para que su pureza, su candor natural no se reconozca a simple vista en medio de los inaceptables errores y no se enfrente directamente a lo que es evidente, a lo que está claro, luminoso como la luz del día.

La historia es sencilla. Han condenado a un oficial y a nadie se le ocurre sospechar de la buena fe de sus jueces. Lo han castigado siguiendo el dictado de sus conciencias, basándose en pruebas que creyeron veraces. Después, un día, sucede que un hombre, que varios hombres, tienen dudas y acaban por convencerse de que una de las pruebas, la más importante, la única al menos en la que se apoyaron públicamente los jueces, ha sido atribuida erróneamente al condenado, y que no cabe duda de que esa prueba procede de la mano de otro. Y lo dicen, y ese otro es denunciado por el hermano del preso, cuyo estricto deber era hacerlo; y así, a la fuerza, empieza un nuevo juicio que, si resultase en una condena, conllevaría la revision del primer caso.

¿No es todo esto perfectamente diáfano, justo y razonable? ¿Dónde ven la maquinación, el perverso complot para salvar a un traidor? Simplemente deseamos, ¿quién lo niega?, que el traidor sea un culpable y no un inocente que expía el crimen. Ya lo tendréis a vuestro traidor; la cuestión está en que os den el auténtico.

¿No debería bastar un mínimo de sentido común? ¿A qué móvil obedecerían, así pues, los hombres que persiguen la revisión del caso? Descartad el antisemitismo estúpido, cuya cruel monomanía no ve en eso más que un complot judío, el oro judío, que trata de sustituir en el calabozo a un judío por un cristiano. No existe base alguna, las inverosimilitudes y las imposibilidades se derrumban unas tras otras, ni todo el oro del mundo podría comprar ciertas conciencias. Y hay que llegar a la realidad, que es la expansión natural, lenta, invencible de todo error judicial. La historia es eso. Un error judicial es una fuerza que avanza: unos hombres con conciencia se ven sometidos, asediados, se entregan con creciente obstinación, arriesgan su fortuna y su vida para que se haga justicia. Y no hay otra explicación posible a lo que hoy está pasando; el resto se limita a abominables pasiones políticas y religiosas, al torrente desbordado de calumnias a injurias.

Pero ¿qué excusa tendría la juventud si sus ideas de humanidad y de justicia se hubieran debilitado por un instante? En la sesión del 4 de diciembre, una Cámara francesa se cubrió de oprobio al votar una orden del día «que condena a los instigadores de la odiosa campaña perturbadora de la conciencia pública». Lo digo en voz alta, con vistas al futuro que, espero, ha de leerme: un votación como ésa es indigna de nuestro generoso país, y quedará como una mancha imborrable. Los «instigadores» son los hombres con conciencia y con valentía que, seguros de un error judicial, lo han denunciado para que se repare, en la convicción patriótica de que una gran nación donde un inocente agoniza entre torturas sería una nación condenada. La «odiosa campaña» es el grito de la verdad, el grito de la justicia emitido por esos hombres, es el empeño con que desean que Francia siga siendo, ante los pueblos que la contemplan, la Francia humana, la Francia que ha logrado la libertad y que impartirá la justicia. Y, ya lo veis, seguramente la Cámara ha cometido un crimen, porque ha corrompido incluso a la juventud de nuestras universidades, y ésta, engañada, extraviada, desbocada por nuestras calles, se manifiesta, cosa aún nunca vista, en contra de lo más orgulloso, de lo más valiente, de lo más divino que pueda tener el alma humana.

Después de la sesión del Senado del día 7, la gente habló de hundimiento refiriéndose a Monsieur Scheurer-Kestner. ¡Oh, sí, qué hundimiento en su corazón, en su alma! Imagino su angustia, su tormento al ver cómo se desploma a su alrededor cuanto ha amado de nuestra República, cuanto ha ayudado a conquistar para ella en la gran lucha que ha sido su vida: la libertad, primero, y después las viriles virtudes de la lealtad, de la franqueza y del valor cívico.

Es uno de los últimos que quedan de su preclara generación. Bajo el Imperio, supo lo que era un pueblo sometido a la autoridad de uno solo, y se consumía de fiebre y de impaciencia, la boca brutalmente amordazada, ante las injusticias. Con el corazón desgarrado, vio nuestras derrotas, conoció las causas, todas originadas por la ceguera y la imbecilidad despóticas. Más adelante, fue de los que con mayor inteligencia y ardor trabajaron para levantar el país de sus escombros, para devolverle su lugar en Europa.

Procede de los tiempos heroicos de nuestra Francia republicana, a imagino que debía de considerarse autor de una obra buena y sólida: el despotismo expulsado para siempre, la libertad conquistada, me refiero a esa libertad humana que permite que cada conciencia ejercite su deber en medio de la tolerancia de las demás opiniones.

¡Sí! Todo pudo conquistarse, pero todo vuelve a estar por los suelos una vez más. En torno a él, dentro de él, no hay más que ruinas. Haber sucumbido al anhelo de verdad es un crimen. Haber exigido justicia es un crimen. Retornó el horrible despotismo, la mordaza más dura acalla otra vez las bocas. Quien aplasta la conciencia pública no es ya la bota de un César, sino toda una Cámara que condena a quienes se enardecen por el deseo de lo justo. ¡Prohibido hablar! Los puños machacan los labios de quienes han de defender la verdad, se amotina a las masas para que reduzcan al silencio a los aislados.

Nunca se había organizado una opresión tan monstruosa y dirigida contra la libre discusión. Y reina el más vergonzoso terror, los más valientes se vuelven cobardes, nadie se atreve ya a decir lo que piensa por miedo a que le denuncien acusándole de vendido y traidor. Los escasos periódicos que conservan cierta honestidad se humillan ante sus lectores, quienes se han vuelto locos con tantos chismes estúpidos. Ningún pueblo, creo yo, ha pasado por un momento más confuso, más absurdo, más angustioso para su razón y su dignidad.

Por lo tanto, es cierto, todo el leal y prestigioso pasado de Monsieur Scheurer-Kestner ha debido de hundirse. Si todavía cree en la bondad y en la equidad de los hombres, es que posee un sólido optimismo. Lleva tres semanas viendo cómo le arrastran por el fango porque ha puesto en juego el honor y la alegría de su vejez, porque quiso ser justo. No existe aflicción más dolorosa para un hombre honrado que sufrir martirio a causa de su honradez. Es asesinar en ese hombre su fe en el mañana, envenenarle la esperanza; y si muere dirá: «¡Se acabó, ya no queda nada, todo lo bueno que hice se va conmigo, la virtud solo es una palabra, el mundo es sólo tinieblas y vacío!».

Y para vilipendiar al patriotismo, se ha elegido a ese hombre que es el último representante de Alsacia-Lorena en nuestras Asambleas. ¡Un vendido, él, un traidor, un ofensor del ejército, cuando la simple mención de su nombre debería bastar para tranquilizar las más sombrías inquietudes! No cabe duda de que cometió la ingenuidad de creer que su calidad de alsaciano y su fama de ardiente patriota le valdrían como garantía de su buena fe en sus delicadas funciones de justiciero. Que se ocupase de este caso, ¿no venía a significar que una pronta conclusión le parecía necesaria para el honor del ejército, para el honor de la patria? Dejad que el caso siga arrastrándose más semanas, intentad sofocar la verdad, impedid que se haga justicia y veréis cómo nos habréis convertido en el hazmerreír de toda Europa, cómo habréis situado a Francia a la cola de las naciones.

¡No, no! ¡Las estúpidas pasiones políticas y religiosas no quieren comprender nada, y la juventud de nuestras universidades ofrece al mundo el espectáculo de ir a abuchear a Monsieur Scheurer-Kestner, el traidor, el vendido que insulta el ejército y que compromete a la patria!

Ya sé que el grupo de jóvenes que se manifiesta no representa a toda la juventud y que un centenar de alborotadores por la calle causan más ruido que diez mil trabajadores que se quedan en su casa. Pero cien alborotadores son ya demasiados, y ¡qué desalentador es el síntoma de que ese movimiento, por reducido que sea, se produzca hoy en el Barrio Latino!

Antisemitas jóvenes. ¿Existen, pues, esas cosas? ¿Hay cerebros nuevos, almas nuevas desequilibradas por ese veneno idiota? ¡Qué triste, qué inquietante para el siglo XX que va a iniciarse! Cien años después de la Declaración de los Derechos del Hombre, cien años después del acto supremo de tolerancia y emancipación, volvemos a las guerras de religión, al más odioso y necio de los fantasmas. Eso es comprensible en algunos hombres que desempeñan su papel, que tienen que mantener una actitud y satisfacer una ambición voraz. Pero ¡en los jóvenes, en los que nacen y ayudan a que se desarrollen y expandan todos los derechos y libertades que habíamos soñado ver surgir, fulgurantes, en el próximo siglo! Eran los trabajadores que esperábamos y, en cambio, se declaran ya antisemitas, o sea, que comenzarán el siglo exterminando a todos los judíos porque son ciudadanos de otra raza y de otra fe. ¡Buen principio para la Ciudad de nuestros sueños, la Ciudad de la igualdad y la fraternidad! Si la juventud llegara de veras a ese extremo, sería para echarse a llorar, para negar toda esperanza y toda felicidad humanas. ¡Oh juventud, juventud! Te to ruego, piensa en la gran labor que te espera. Eres la futura obrera, tú pondrás los cimientos de este siglo cercano que, estamos profundamente convencidos, resolverá los problemas de verdad y de equidad planteados por el siglo que termina. Nosotros, los viejos, los mayores, te dejamos el formidable cúmulo de nuestras investigaciones, tal vez muchas contradicciones y oscuridades, pero ciertamente también te dejamos el esfuerzo más apasionado que nunca siglo alguno haya realizado en pos de la luz, los más honestos y más sólidos documentos, los fundamentos mismos de este vasto edificio de la ciencia que tienes que seguir construyendo en pro de tu honor y tu felicidad. Y sólo te pedimos que seas más generosa aún que nosotros, más abierta de espíritu, que nos superes con tu amor a una existencia pacífica, dedicando tu esfuerzo al trabajo, esa fecundidad de los hombres y de la tierra que por fin sabrá lograr que brote la desbordante cosecha de alegría bajo el resplandeciente sol. Nosotros te cederemos fraternalmente el puesto, satisfechos de desaparecer y descansar de nuestra parte de labor en el sueño gozoso de la muerte, si sabemos que tú continuarás y harás realidad nuestros sueños.

¡Juventud, juventud! Acuérdate de lo que sufrieron tus padres, y de las batallas terribles que tuvieron que vencer, para conquistar la libertad de que gozas ahora. Si te sientes independiente, si puedes ir y venir a voluntad o decir en la prensa lo que piensas, o tener una opinión y expresarla públicamente, es porque tus padres contribuyeron a ello con su inteligencia y su sangre. No has nacido bajo la tiranía, ignoras lo que es despertarse cada mañana con la bota de un amo sobre el pecho, no has combatido para escapar al sable del dictador, a la ley falaz del mal juez. Agradéceselo a tus padres y no cometas el crimen de aclamar la mentira, de alinearte junto a la fuerza brutal, junto a la intolerancia de los fanáticos y la voracidad de los ambiciosos. La dictadura ha tocado a su fin.

¡Juventud, juventud! Mantente siempre cerca de la justicia. Si la idea de justicia se oscureciera en ti, caerías en todos los peligros. No me refiero a la justicia de nuestros Códigos, que no es sino la garantía de los lazos sociales. Por supuesto, hay que respetarla; sin embargo, existe una noción más elevada de justicia, la que establece como principio que todo juicio de los hombres es falible y la que admite la posible inocencia de un condenado sin por ello insultar a los jueces. ¿No ha ocurrido ahora algo que por fuerza ha de indignar tu encendida pasión por el Derecho? ¿Quién se alzará para exigir que se haga justicia sino tú, que no estás mezclada en nuestras luchas de intereses ni de personas, que no te has aventurado ni comprometido en ninguna situación sospechosa, que puedes hablar en voz alta, con toda honestidad y buena fe?

¡Juventud, juventud! Sé humana, sé generosa. Aunque nos equivoquemos, permanece a nuestro lado cuando decimos que un inocente sufre una pena atroz y que se nos parte de angustia nuestro corazón sublevado. Basta admitir por un instante el posible error frente a un castigo tan desmesurado para que se encoja el corazón y broten lágrimas de los ojos. Cierto, los carceleros son insensibles, pero tú, ¡tú que aún lloras, tú, afectada ante cualquier miseria, cualquier piedad! ¿Por qué no realizas este sueño caballeresco de defender su causa y liberar al mártir que en algún lugar sucumbe al odio? ¿Quién sino tú intentará la sublime aventura, se lanzará a defender una causa peligrosa y soberbia, se enfrentará a un pueblo en nombre de la justicia ideal? ¿No te avergüenza que sean unos viejos, unos mayores, los que se apasionen, los que cumplan tu tarea de generosa locura?

«¿Adónde vais, jóvenes, adónde vais, estudiantes que corréis por la calle manifestándoos, enarbolando en medio de nuestras discordias el valor y la esperanza de vuestros veinte años?»

«¡Vamos a luchar por la humanidad, la verdad, la justicia!»

El Derecho Constitucional Penal como expresión del “Nuevo Sistema de Justicia”: de las buenas intenciones a los hechos

EL DERECHO CONSTITUCIONAL PENAL COMO EXPRESIÓN DEL

«NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO:

De las buenas intenciones a los hechos

Por José Ramón González Chávez

Con estas breves líneas de Reflexión, intento que nos acerquemos a un tema poco estudiado por los juristas y doctrinarios del Derecho: el Derecho Constitucional Penal, disciplina que en nuestro país se encuentra en gestación, como producto de una recomposición del paradigma jurídico nacional e internacional en la materia, que nos impele a sacudirnos el normativismo positivista que venimos arrastrando por nuestra formación (o deformación) académica y profesional, y por ende a conocer, comprender y aplicar el nuevo modelo en el desarrollo cotidiano de nuestras actividades, independientemente de cual sea la trinchera jurídica en la que nos desempeñemos.

Como hemos podido constatar, las reformas Constitucionales y a la legislación secundaria federal y locales son de reciente cuño (algunas se siguen modificando en estos momentos). La actividad legislativa, ejecutiva y jurisdiccional apenas comienza a adaptar su estructura, organización y actividades a esta nueva realidad que ya dejó de ser una buena idea y se ha convertido en una obligación para todos los órganos del poder público y quienes trabajan en él.

En el ámbito académico, desde la perspectiva multidisciplinaria, no se diga: los programas académicos de las carreras de Derecho y de otras ciencias sociales(Ciencia Política, Administración Pública, Sociología, Antropología, Criminología, solo por nombrar algunas), en la gran mayoría de los casos aún no han sido actualizados y los proyectos de investigación apenas se comienzan a enfocarse en estos temas, por lo que el material sobre Derecho Constitucional Penal es escaso y poco atento del nuevo paradigma.

En el contexto intradisciplinario, esto es, -como dijera Kelsen- del Derecho dentro del Derecho, dada la cantidad y amplitud de sus ramas, tradicionales y nuevas, el Derecho Constitucional Penal ha sido poco estudiado como tal por los juristas y doctrinarios, menos aun de manera transversal, es decir, no solo como materia exclusiva del ámbito penal, sino como sujeto de análisis, investigación y práctica de otras ramas (internacional, administrativo, sociología y psicología jurídicas,filosofía del derecho, etc.) con las que de manera directa e indirecta debe tener contacto.

 En fin, como sujeto de estudio individual, el Derecho Constitucional Penal se encuentra en una situación delicada, pues debe ser el fundamento, material y formal, de un sistema que no existe todavía. Legisladores, gobernantes y medios hablan de un nuevo “Sistema de Justicia Penal” pero lo cierto es que más allá de su uso como instrumento demagógico, desde el punto de vista sistémico (si entendemos “Sistema” como un conjunto de elementos integrados entre sí, y cuya integración conforma una entidad individual y con identidad propia), tenemos que no hay tal y lo que urge hacer es construirlo.

Para ello, hay que tener en cuenta que si bien existen una serie de elementos que como piezas de un rompecabezas se encuentran dispersos, faltan otros más que hay que confeccionar; otros ya no embonan y tienen que ser remplazados por otros diferentes o en su caso, ser actualizados.

¿Cuáles son los engranes y demás componentes de esa maquinaria social que requiere un sistema de justicia para ser considerado como tal, de la manera en que sí los notamos más o menos presentes, por ejemplo, en materia de derechos humanos, electoral o de transparencia?.

¿Cuáles son sus principios, sus fines?

¿Cuáles su estructura, su forma correcta de funcionamiento, su interacción con las demás partes y con el todo de dicha maquinaria?

¿Cuáles su misión y función en el ámbito político, económico, social y cultural de nuestro país y en el contexto global?

A partir de todo lo anterior, cómo podría construirse una definición y un concepto de Derecho Constitucional Penal?

Solo así podremos estar hablando de un verdadero Sistema de Justicia Penal (aunque la justicia en otras ramas siga pendiente) y solo así el Derecho Constitucional Penal podrá tener más y mejores posibilidades de irse construyendo sobre un piso firme.

Argumentación a nivel Constitucional: Algunas Reflexiones

Peitho, diosa de la persuación, seducción o encanto por el razonamiento

LA ARGUMENTACIÓN A NIVEL CONSTITUCIONAL

José Ramón González Chávez

«No hay dogmática sin historia, o no debería haberla, porque los conceptos y las instituciones no nacen de un vacío puro e intemporal, de un acto de iluminación, sino en un lugar y momento conocidos y en respuesta a procesos históricos de los que arrastran una carga quizá invisible,pero condicionante

F. Tomás y Valiente (Condiciones de tiempo ylugar).

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El nuevo paradigma jurídico exige al Juez actualizar (convertir en ACTOS concretos) la LEX (el sentido profundo de Justicia), pero esta obligación sólo se satisface cuando para decidir la aplicación de cualquier norma del ordenamiento, ese Juez ha meditado previamente acerca de la adecuación de esa norma a la Constitución (formal y material). No se trata entonces de una «aplicación mecánica» o literal, sino del resultado de una lectura reflexiva, marcada por el conjunto de los principios constitucionales.

En tal sentido, el Juez no podría (no debería)considerar la aplicación de la norma en forma acrítica e incondicionada, sino someterla al tamiz constitucional, garantizando así los preceptos en ella consagrados. Allí radica, sustancialmente, el fundamento de legitimidad de la jurisdicción.Una legitimación no equiparable a la que proviene de la representación política, derivada de la voluntad ciudadana (democracia electoral), sino relativa a la tutela de los derechos fundamentales consagrados, observados y protegidos,sobre los que se asienta la democracia sustancial».

Los principios constitucionales, tal como se entienden en este contexto, son construcciones históricas incorporadas al Estado de Derecho y al funcionamiento de una sociedad democrática. Esta es la fórmula de la transición al Estado Constitucional. Ninguna decisión, por mayoritaria que fuere, podría abrogarlos y si así sucediere, aunque fuese de manera “legal”, esta sería inconstitucional.

De aquí que el Poder Judicial sea un factor esencial de la viabilidad y supervivencia del pacto jurídico político expresado en la Constitución, pues los jueces tienen sobre sus espaldas, en atención al mandato constitucional, la carga de sostenerla vigencia y positividad irrestrictas de los derechos fundamentales.

La Supremacía de la Constitución no es el resultado de ninguna operación lógica al interior de un sistema de normas, sino de su afirmación incansable como criterio último de interpretación y como principio legitimador de prácticas sociales.

La concepción de la Constitución como ordenamiento supremo, supone el reconocimiento de que su fuerza normativa reside en que se trata de un conjunto de reglas jurídico políticas fundamentales que requieren ser interpretadas y aplicadas e manera sustantiva y primordial.

Una Constitución tiene carácter fundamental no sólo por la naturaleza de las prescripciones que contiene (coercitividad, obligatoriedad) sino por la convicción de los individuos y de los grupos regidos por ella, en cuanto a su importancia y a la necesidad de que sea aplicada efectivamente (validez).

Son los órganos jurisdiccionales y muy particularmente los tribunales constitucionales- aquéllos para los cuales la obligación de someterse a la Constitución adquiere una significación especial que caracteriza cada uno de los actos que realizan en el ejercicio de su competencia.

Cuando un tribunal constitucional (en nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionando con tal carácter) es instado a validar o a dictar decisiones que inciden en preceptos constitucionales, se requiere de extrema prudencia para preservar el equilibrio propio del Estado Constitucional y, al mismo tiempo, con la energía, oportunidad y claridad necesarias para que todos los ciudadanos perciban que la Supremacía de la Constitución no es una mera declaración retórica, sino una regla sustantiva básica.

Es así que la interpretación constitucional debe hacerse siempre de modo que el conjunto de las normas constitucionales formen una unidad que obliga a contemplar cada una de ellas, no como partes aisladas, sino como elementos integrantes de una totalidad o un sistema (enfoque sistémico).

Ante el problema concreto, la decisión jurídica que lo defina y resuelva presupone la comprensión de que al aplicar una cláusula constitucional se aplica la constitución toda. La argumentación, entonces, debe ser sistemática, teniendo en cuenta la realidad, el hecho social o acto concreto y, desde la perspectiva o desde el lugar del juzgador (ahora, a partir de las reformas constitucionales recientes, de todo servidor público de cualquier órgano del poder público en cualquier ámbito de gobierno), como si con cada caso se estuviera creando un precedente.

De ahí la importancia de la interpretación y la argumentación en la aplicación práctica y concreta del nuevo paradigma constitucional.

Identidad de los Partidos y conformación del espectro político en el Legislativo

IDENTIDAD DE LOS PARTIDOS Y CONFORMACIÓN

DEL ESPECTRO POLÍTICO EN EL lEGISLATIVO

 (corte al 2006 (borrador)

 Por José Ramón González Chávez

Antecedentes:

Todo partido tiene en sus orígenes elementos que conforman su estructura ideológica y que por supuesto definen su posición o su estilo de gobierno.

PAN:

Derivado de una crisis de los grupos políticos de derecha que comienza a manifestarse en 1926 por la diversidad de opiniones en cuanto a sus estrategias de acción, sumada a la coyuntura del Vasconcelismo en 1929 y a la delicada situación económica que produjo la recesión, se generan dos fuertes corrientes, que posteriormente darían por resultado la creación, por una parte, de la Unión Nacional Sinarquista (1937), de tendencia moderada, que intentaba formar conciencia cívico religiosa en la sociedad, y por la otra, el Partido Acción Nacional, de postura más radical, que proponía luchar por cualquier medio para conseguir el poder.

Los tres sectores que aportaron su cuota a la fundación del PAN (los laicos formados a la militancia católica, los políticos liberales de inclinación conservadora y los identificados con el capital monopólico) cumplieron una función específica: los primeros le daban continuidad en el plano político a la lucha de la iglesia por la restitución de sus fueros y proveían al partido de su armazón ideológica a partir del Corpus doctrinario que institucionalizarón las encíclicas papales desde la Rerum Novarum. Los segundos en su mayoría portadores de eso que Carlos Monsiváis ha llamado la cultura del abogado, aseguraban la inserción del PAN en marco jurídico vigente para intentar su revisión dentro de las reglas del juego establecidas por el régimen. Y los terceros además del financiamiento aportaban la influencia de sus relaciones con la burocracia gobernante, que veía en ellos a su principal interlocutor, lo instrumentaba siguiendo una pauta simbiótica para obtener mediante presión un mayor margen de negociación de sus intereses de grupo [1].

Desde su nacimiento, el PAN consideró una amenaza para México o mejor dicho para las clases acomodadas del país, entre otras cosas, la sectorización del PNR ligada al reparto de tierras, la expropiación petrolera, el fortalecimiento del sindicalismo, la educación laica, la participación social en el proyecto revolucionario y la rectoría económica del Estado, amenaza que según su óptica, sólo podía combatirse a través de los principios de doctrina social de la iglesia católica y del liberalismo económico y político a ultranza.

En este contexto, el Partido Acción Nacional aparece como uno más de la buena cantidad de grupos sociales que se aglutinaron en torno a la candidatura del general Almazán, inconformes por el gobierno socialista promovido por el cardenismo.

El Partido Acción Nacional fue concebido en la sede del Banco de Londres de México. Varios de sus principales dirigentes eran además, banqueros o personajes ligados  de alguna manera a la actividad financiera[2]. Por esto, en sus inicios fue considerado como un partido de banqueros, pero también como un partido de católicos militantes que constituían el grueso de los fundadores de Acción Nacional. Según los analistas de aquel entonces, «los planteamientos del PAN no se diferenciaban de los del sinarquismo[3].

El PAN nace el 16 de septiembre de 1939, durante su Asamblea Constitutiva, reunida del 14 al 17 de ese mismo mes y año en en frontón «México» de la capital de la República, confirmada el 3 de febrero de 1946 de la unión de grupos católicos, empresariales, financieros, grupos de las clases media y alta, ex funcionarios e intelectuales. Representante del conservadurismo, su propósito original fue contrarrestar el régimen de reivindicaciones sociales de Lázaro Cárdenas y frenar con ello el «Desarrollo Socialista» del país[4], pugnando a la vez por el fortalecimiento de la influencia del clero en las decisiones políticas nacionales, deteriorada desde la Reforma.

En una entrevista concedida por el 25º aniversario de la fundación del PAN a los esposos Wilkie de la Universidad de California, Manuel Gómez Morín, uno de sus fundadores, se refiere a la situación que dio origen al partido como «intolerable, con amenazas de una nueva revolución que volvería a poner a otro general en el gobierno». Según él, el problema político fundamental en México, era la falta de ciudadanía: «No habíamos sido formados ciudadanos; no teníamos antecedentes de ciudadanía. No tuvimos oportunidad de organizar nuestra democracia. Ante tal situación de largos antecedentes (Colonia, guerras civiles y de intervención, Porfiriato), pensamos que era indispensable reconocer esa realidad y empezar el trabajo desde la raíz: la formación de una conciencia y de una organización cívica. Decidimos entonces, la organización del partido»[5].

Durante el gobierno de Avila Camacho, las relaciones con el PAN mejoraron respecto de la gestión anterior. El Presidente ofreció a los dirigentes de Acción Nacional puestos dentro del gabinete, a decir de éstos. El panista Teófilo Olea y Leyva ingresó como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el PAN mantenía sus acusaciones de corrupción y antidemocracia en contra del régimen, aunque suavizadas.

En la campaña de 1946, la candidatura de Miguel Alemán y la transformación del PRM en PRI provocó cierta desbandada de empresarios que habían participado en la fundación del PAN. Erráticamente, Acción Nacional, al no poder postular a Miguel Alemán, propuso a Luis Cabrera, quien no aceptó la oferta. Los militantes panistas quedaron en libertad para votar por cualquiera de los candidatos de los otros partidos, aunque la dirigencia se inclinó por Alemán.

En general, en sus primeros años, la presencia política del PAN fue precaria, sobre todo a causa de la desarticulación entre las facciones que lo integraban.

1947 ganó el PAN su primera presidencia municipal, la de Tacámbaro, Michoacán. En la legislatura local de este estado obtuvo una victoria, lo mismo que en el municipio oaxaqueño de Huajuapan de León. Las elecciones de 1949 confirmaron que el PAN había conseguido formar una corriente electoral estable y que se consolidaba ya como una fuerza importante

Por su parte, las políticas públicas alemanistas de industrialización y urbanización, propiciaron el surgimiento de nuevos grupos sociales que el PRI ni pudo coptar por su rígida y tradicional lógica de filiación corporativa (sectores obrero, campesino y popular), como en el caso de las clases medias urbanas, pequeños y medianos empresarios, así como agricultores y ganaderos, especialmente del norte del país. Como alternativa, la propuesta individualista del PAN se adaptó perfectamente a las aspiraciones de estos sectores medios en ascenso.

El crecimiento de la democracia cristiana.-

En este contexto, en 1951 se dio una fuerte campaña contra el artículo 3º constitucional, presentada por el PAN, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Unión Nacional Sinarquista.

Durante los años 70 Frente al liberalismo capitalista y al colectivismo, Acción Nacional contiene el solidarismo, que se define como la participación responsable y solidaria de la persona en la convivencia y organización de la autoridad y las instituciones, para promover y garantizar el orden, el progreso y la paz a la persona, la familia y a los grupos sociales»[6].

A principios de los setenta, la doctrina panista comienza a flexibilizarse. Está actitud es promovida por su Presidente Jose Angel Conchello, quien la concibe como una estrategia coyuntural de Marketing político, dirigido a capitalizar en su favor el antipriísmo, coptando a las organizaciones de tipo empresarial que a consecuencia del divorcio de la I. P. con el gobierno de LEA, comienzan a acercarse al PAN como una medida estratégica para ejercer presión política. La mezcla de estas dos variables, trae como consecuencia el surgimiento de una nueva corriente, denominada Neopanismo, que se confrontará después a las posturas de la corriente Conservadora.

José Angel Conchello, hombre de extracción empresarial, simpatizó muy poco con la reforma social propuesta por los documentos básicos de su partido, orientando al PAN a combatir la corrupción y la demagogia del régimen[7].

El PAN fue incrementando su arraigo en los grandes centros urbanos, donde apoyado por las estrategias de comunicación política de los grandes empresarios para deslegitimar el gobierno de LEA, comenzaba a extenderse un fuerte pesimismo social por la crisis económica.

La segunda gran crisis del PAN se da en 1975, dentro de la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1976, cuando se generó un sisma interno entre el grupo pro empresarial de Conchello y el grupo doctrinario de González Morfín. Ninguno de los precandidatos presidenciales logró obtener el 80% de votos que de acuerdo a sus estatutos era necesario para la nominación. El desenlace fue un divisionismo interno que impidió a Acción Nacional postular candidato presidencial y generó la renuncia, dos años después, en 1978, de varios dirigentes del grupo doctrinario, quienes declararon que «la ideología panista había sido vendida al mejor postor, es decir, al Grupo Monterrey«.

A raíz del proceso de reforma política, el PAN tuvo que enfrentar ya no solamente al PPS y a otras organizaciones que se desprendieron del oficialismo, sino a otros partidos de nueva creación, entre ellos:

El Partido Comunista, cuya larga trayectoria política sin registro legal, situación que lo colocaba como una auténtica posición de izquierda; y

El Partido Demócrata Mexicano, con perfil cercano al propio PAN.

La Línea empresarial.

En 1984, la Convención Nacional panista eligió a Pablo Emilio Madero como presidente del partido. «Con esto, se consolidó la hegemonía de la corriente no tradicional con amplias coincidencias con los grupos empresariales, a la que se ha denominado neopanista»[8]. También en ese año, Acción Nacional protagonizó un escándalo de prensa a raíz de la asistencia de representantes del CEN a la Convención del Partido Republicano de los Estados Unidos. En la plataforma electoral de 1985 se trató de paliar la acusación de tener inclinaciones pro norteamericanas, apelando a la mexicaneidad de los panistas.

El modelo empezo a dar frutos en el norte, corriendose después hacia el bajío, donde el PAN adaptó el modelo a las circunstancias específicas de cada localidad. Las clases medias abajeñas encontraron en el PAN un canal apropiado para manifestar su inconformidad por el decremento de su nivel de vida, la arbitrariedad gubernamental, la corrupción, etc.

Poco después, se fueron sumando algunos grupos obreros del norte, que vieron en el PAN un medio de participación política fuera de los canales corporativos del priísmo que, según ellos, «sólo sirve para satisfacer los intereses personales de sus líderes (Como ejemplo, citamos el caso de los Obreros de AHMSA en Monclova, antigua sección 288 del Sindicato Minero Metalúrgico, de inclinación maoísta [?], aliados al PAN para continuar su lucha contra el sindicalismo oficial)».

Todos estos elementos se conjugaron en la segunda mitad de los ochenta para conformar lo que más tarde se denominaría Neopanismo, cuyo primer exponente máximo fue su candidato presidencial, Manuel J. Clouthier.

Desde entonces y durante los años 90 Acción Nacional observa un radical cambio en su actitud política frente al gobierno de la República y con el PRI. Pasó del llamado a la desobediencia civil, como estrategia de protesta ante los resultados electorales de los comicios de 1988, a una actitud de diálogo y de negociación permanente, lo que ha hecho mejorar los niveles de entendimiento entre AN y el gobierno Federal.

El neopanismo vio triunfar su proyecto político al hacer llegar al poder al grupo encabezado por el Actual Presidente FOX, donde el ala tradicional del partido a quedado relegada a segundo termino respecto de los miembros de extracción empresarial donde el actual candidato Calderón parece ser un factor de equilibrio capaz de representar ambos sectores.

PRI

BREVE HISTORIA DEL PRI

Bajo el régimen de Porfirio Díaz (1877-1911) México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior.

La caída de Díaz fue originada por un enfrentamiento armado, la Revolución Mexicana, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, la más avanzada en su tiempo, pues fue la primera del mundo en incorporar disposiciones de contenido social.

México no tenía un camino hecho para cumplir con su destino democrático. Había que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar, paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a nuestras condiciones, e imaginar los nuevos derroteros después de cada conquista.

El PNR surge en 1929 como un partido de partidos, de convocatoria amplia, institución donde convergen fuerzas políticas afines pero distintas.

El PNR sería la institución más poderosa para la competencia política; fue entonces el lugar para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; el medio que llevó a la realización de relevos de gobiernos por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad.

El amplio acuerdo hizo que el PNR surgiera con un gran predominio, porque en él convergieron los líderes y organizaciones más importantes del país, pero nunca propuso el totalitarismo a través de un Estado que negara la participación de otras fuerzas políticas.

De manera incipiente tuvo lugar un sistema de partidos, junto con el gran dominio del Partido de la Revolución Mexicana -en que se transformó el PNR-, ya que a partir de 1939 surgieron una serie de partidos con ideologías y principios diametralmente opuestos al cambio y a la transformación de la sociedad, caracterizados por su oposición ideológica a los postulados de la Revolución.

En paralelo se desarrollan las normas necesarias para regular y resolver la lucha por el poder, como sucedió en 1918 con la expedición de la primera ley electoral, y más adelante los ordenamientos que mejorarían la organización de las elecciones; la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 y la Comisión Federal Electoral en 1951. México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo, cuando en 1947 se reconoce el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección.

La estabilidad de entonces iba de la mano con el predominio del PRI (que había sustituido al PRM en 1946); lo uno sin lo otro resulta difícil de imaginar, pero más que ello -en sí mismo no poco- la contribución del Partido estuvo en mirar siempre hacia una mejor democracia, aún cuando esa posición conduciría a elevar las exigencias que él mismo enfrentaba para la preservación y conquista de los espacios de poder público.

Con el PRI en el gobierno y por su compromiso con el destino democrático del país, fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Con el PRI se realizaría una transformación de gran profundidad, al dejar atrás la tradición de los gobiernos presididos por militares, para arribar a los de carácter civil, en un proceso sin fracturas ni enfrentamientos.

Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a una pluralidad política en la conformación del gobierno; el trayecto que se iniciaba en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que otras fuerzas políticas accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbra ese sendero y es quien lo lleva a la práctica.

El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los cincuenta y en los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político, así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado. Todo ello mostraba que el régimen político requería cambiar para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.

El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. Es a partir de entonces que los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La visión de esa iniciativa priísta no puede ser escatimada ni debe olvidarse; ella tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el Partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial. Esa propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. Eso lo debemos recordar y de ello nos debemos enorgullecer.

El PRI recorría el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida a través de las disposiciones legales.

Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI miró, una vez más, hacia la democracia. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminan en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, crearon el órgano jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.

En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas.

El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró siempre un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas están sujetos a revisión en los términos de las leyes y quien se compruebe que cometió ilícitos debe responder por ello. El PRI se pronuncia por la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias legales el combate a la corrupción y se deslinda de los militantes que hayan cometido actos de esa índole, pues ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros del Partido.

Como partido, el PRI impulsó una mejor vida democrática a través de las normas. Así, se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a combatir los rasgos autoritarios en el régimen político.

La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que siempre hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados, pero en el análisis de la política y sus márgenes de maniobra en los casos concretos, queda a discusión responder a la pregunta de si ello era posible.

El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en el ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México, como sucedió en 1996, cuando otras opciones políticas se opusieron a aprobar modificaciones legislativas de avanzada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los legisladores priístas aprobaron sin ser acompañados por los legisladores, de ningún otro partido, después del consenso constituido para lograr las reformas constitucionales de ese año.

No debe olvidarse que cuando otros escatimaron su contribución, el PRI se puso al frente. Explicar ese comportamiento del Partido sólo puede hacerse si se piensa en una auténtica vocación democrática. Hay que reiterarlo, el PRI estuvo en la vanguardia del compromiso con las exigencias de la democracia; otros privilegiaron intereses electorales de corto plazo.

En México tuvo lugar la alternancia política porque había democracia; es falaz y mentiroso pretender que la alternancia del 2000 inaugura la democracia y que estamos en una transición. Esta opinión pervierte la realidad pero es la más conveniente para la derecha que ocupa la Presidencia de la República, pues crea la ilusión de ubicarla al frente de la vida democrática del país.

El PRI acreditó, en los hechos y por décadas, su compromiso con la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo.

La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático, no fue así porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI, la alternancia ocurrió dentro de un régimen democrático y sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Eso tampoco lo debemos olvidar.

Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI. Lo que se venció y se dejó a un lado fue el riesgo del totalitarismo, de un partido de Estado, de exclusión de los gobiernos civiles, de negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia. Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura; de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia en el régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sin su compromiso y lealtad a las instituciones y sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto.

Sin duda los priístas pudimos haber cometido errores, pero el Partido siempre optó por la democracia y cerró las opciones que hubiesen significado los costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI

El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo a un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una República representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución Mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las grandes hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna.

Ratificamos el fortalecimiento del sistema de división de poderes; así mismo seguiremos impulsando la integración a los congresos federal y locales de las minorías políticas que tengan un sustento popular, mediante el sistema de representación proporcional, que permite otorgar el espacio político que democráticamente le corresponda a las diversas corrientes de pensamiento que conforman el mosaico ideológico de la Nación Mexicana.

El PRI reivindica su contribución a la democracia; se asume como su principal promotor y compromete su visión para apoyar nuevas reformas que impulsen la democracia, la gobernabilidad y el compromiso social del Estado, así como para afirmar la realización más plena posible de la soberanía, porque ella da su vía de expresión al Estado Nacional Mexicano.

La perspectiva del porvenir pasa por la insistencia en los afanes democráticos a través de la consolidación de los partidos y de una competencia por el poder que privilegie la confrontación y contrastación de propuestas entre las fuerzas políticas y ajuste el papel e influencia del gasto en propaganda; la tarea de gobierno habrá de encontrar un andamiaje legal que le sea propicio, al tiempo que se deberá trabajar en el diseño que permita fincar nuevas capacidades de realización hacia el Estado social, que es la gran deuda del siglo XX, con todo y los avances que significaron los derechos sociales y las instituciones creadas para cumplirlos.

El PRI propone una visión del Estado, que se deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma, la política social, el nacionalismo, el compromiso por una vida normada por el derecho y la democracia.

El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto irrestricto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que crea opciones diferenciadas de desarrollo y que permite que el individuo elija entre alternativas diferentes y así ejerza cabalmente su libertad.

El PRI postula un Estado social, un Estado con claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para superar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones del desarrollo de la Nación. De ahí, la vigencia de los valores expresados en el lema del Partido: Democracia y Justicia Social.

El PRI está por un Estado que viva en la ley, fundado en el derecho, como único medio para una convivencia armónica, en libertad y que otorgue certidumbre respecto del comportamiento de las autoridades y el desempeño del poder público promoviendo la justicia.

El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio. El nacionalismo mexicano ha unido a los habitantes del país, incluso por encima de ideologías, ya que se sustenta en un pasado vivido en común, en una historia que se construyó en la lucha contra las intervenciones extranjeras, en la defensa de la soberanía del Estado y en un proyecto de país surgido de una revolución que se propuso hacer de México un país más justo y en virtud de ello reclamó para sí los recursos naturales. Los símbolos patrios son la expresión misma de nuestro nacionalismo y de nuestras raíces, nos pronunciamos por el respeto que éstos merecen dentro de la ley y por su defensa en contra de las expresiones publicitarias que los denigran y los pervierten.

Cada nacionalismo tiene su propia historia y expresión. El mexicano, a diferencia de otros, nunca pretendió fundarse en la expansión colonial, expandir su territorio o exportar sus principios. El nacionalismo mexicano ha sido, y deberá seguir siendo, pacifista, sin exclusivismos y respetuoso de la diversidad y, a la vez, celoso de la soberanía y opuesto a las hegemonías. Es el nacionalismo de la Revolución Mexicana.

Ese nacionalismo y su expresión, sin embargo, debemos llevarlo hacia delante, confrontarlo con la coyuntura y con la vida misma en la que la Nación está envuelta. Por ello el PRI se propone avanzar en la construcción de un Nacionalismo Democrático. Este deberá insistir en la vigencia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio inconclusa, ya que existen muchas demandas insatisfechas. El Partido, entonces, deberá realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de principios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México actual.

El Nacionalismo Democrático define y defiende que sin hostilidades, ni exclusivismos, se privilegie la comprensión y solución de los problemas nacionales y así mismo asuma cabalmente, la defensa de nuestra independencia política y económica.

En conclusión, los priístas entendemos por Nacionalismo Democrático el cuerpo ideológico que conjuga la libertad, la igualdad, la democracia y la defensa de la soberanía. Un nuevo nacionalismo incluyente, moderno, firme en la defensa de los intereses populares y nacionales.

En suma, el PRI reivindica la aportación y capacidad que hacia el futuro otorgan cuatro afluentes principales, como lo son el pensamiento democrático-liberal, la justicia social, el orden jurídico como principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo; en ese sentido la visión del PRI hacia el Estado es por uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; un Estado que honre la Constitución General de la República, como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político. Un Estado que se realice en la Constitución y una Constitución que se realice a través del Estado.

El origen del PRI hay que buscarlo en la guerra civil que estalló en 1914. Como repuesta a este conflicto interno, surge una revolución de carácter izquierdista y laico, que más tarde quedaría estabilizada bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde 1929.

La Revolución Mexicana deja un semblante de pobreza generalizada en el país al final de la segunda década del siglo XX. En medio de la preponderancia de caudillos poderosos y de severos problemas financieros con el exterior, se presenta la amenaza de un golpe de Estado.

Así, los partidos de tendencia revolucionaria se unen para formar el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido servía como marco para la integración y organización de las facciones de la Revolución en un solo organismo político.

En diciembre de 1928 tiene lugar el primer Comité Organizador del PNR, con el general Plutarco Elías Calles como líder y presidente.

Sin embargo, la formación oficial del embrión del PRI tuvo que esperar hasta el 4 de marzo de 1929. Desde ese mismo año, no se ha apartado de las mieles del poder.

A lo largo de todo este tiempo, uno de los presidentes más emblemáticos ha sido, precisamente, el general Lázaro Cárdenas, que gobernó México entre 1934 y 1940, cuyo hijo concurre a estas elecciones como opositor al PRI.

La gestión de Lázaro Cárdenas todavía es reverenciada por el pueblo mexicano, por su amplio programa de reparto de tierras y por haber llevado a cabo la expropiación de la industria petrolera en1938. Esto le proporcionó al líder del entonces PRD gran popularidad entre obreros y campesinos.

El PRI, nacido a rebufo de la revolución, ha sido fundamentalmente un partido presidencialista: el jefe del Ejecutivo decidía casi todo. Durante más de seis decenios, ganó elecciones por aclamación, pero ahora se dio cuenta de que una creciente oposición, que empezaba a madurar, podía arrebatarle el liderazgo.

En medio de este panorama, en los últimos tiempos se hacía necesario imponer un clima de democratización en el seno del PRI. El Presidente en funciones, Ernesto Zedillo renunció a su capacidad de designar a su sucesor, como había sido tradición priísta. Con esta estrategia, dudada por muchos, se intentaba poner fin a una larga tradición de mecanismos como el «dedazo» o el «tapadismo».

Primer Comité Organizador del PNR. Lo integran: Plutarco Elías Calles, Luis. L. León, Manuel Pérez Treviño, Aarón Sáenz y Bartolomé García.

Se decide que el método de selección será la consulta abierta. El 7 de Noviembre de 1999 Francisco Labastida derrota a sus contrincantes: Manuel Bartlett, Roberto Madrazo y Humberto Roque. Así lo decidió la mayoría de los casi 10 millones de mexicanos que acudieron a las urnas. Labastida era el candidato oficial del partido, el favorito de Zedillo, como el propio presidente ha reconocido en los últimos días.

Más tarde, para propiciar la reconciliación tras la dura lucha interna de las primarias, Labastida consigue aparecer en los medios de comunicación abrazando a su principal opositor dentro del partido, el tabasqueño Roberto Madrazo.

Ahora sí. Con la foto de la reconciliación, se cierra un incómodo capítulo. El rebelde Madrazo vuelve al redil, se disipan los temores de ruptura interna y el PRI, más fortalecido que nunca, ya está listo para poner en marcha su maquinaria electoral para las presidenciales.

El PRI tiene mucho que ganar en estos comicios: Sobre todo, mantenerse en pie. Al menos, no echar por tierra el éxito en las urnas durante tanto tiempo.

En los últimos 65 años, el PRI había mantenido una mayoría absoluta que disminuyó paulatinamente desde el 98% en 1930 al 50,79% recibida en 1988.

Pero en 1994 perdió su histórica mayoría absoluta al obtener el 48,7% de los votos emitidos, mientras que la oposición sumó el 48,28.

PRD

Su origen se remonta a la denominada “Corriente Democrática” que se da al interior del PRI en 1986. Para 1987 los principales actores de esta corriente fueron expulsados del PRI, cuando Cuauhtemoc Cárdenas acepta ser postulado a la Presidencia de la República por el PARM. Posteriormente Cárdenas concitó el apoyo del PPS y el PFCRN, así como de agrupaciones de la llamada «izquierda social» tales como la Coordinadora Obrero-Campesino Estudiantil del Istmo de Oaxaca (COCEI), la Asamblea de Barrios, el Consejo Nacional de Obreros y Campesinos (CNOC), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM.

La izquierda socialdemócrata y poscomunista, que ensayaba un nuevo intento de unificación a través del Partido Mexicano Socialista (PMS), abanderó en un principio la candidatura de Heberto Castillo, pero ante el empuje del movimiento neocardenista optó finalmente por unirse a la postulación de Cárdenas. De esta forma, se conformó el Frente Democrático Nacional (FDN),para contender en los comicios a celebrarse el 6 de julio de 1988.

Tras el nombre de Cárdenas convivieron, lombardistas, comunistas (entre ellos disidentes del PRT), miembros de la llamada izquierda social o línea de masas (guerrilla rural y urbana), trotskistas, maoístas y ecologístas. Dos puntos en común los unieron: la renovación del discurso nacionalista y el objetivo de acabar con la hegemonía del PRI.

Entre los principales fundadores del FDN destacan: Carlos E. Cantú Rosas,PARM; Rafael Aguilar Talamantes,PFCRN; Jorge Cruickshank, PPS;  Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Robles Garnica, Ifigenia Martínez, principalmente, Corriente Democrática; Ana Irene Arellano, PSD; Arturo Martínez Nateras, Unidad Democrática; Eusebio Bravo,Partido Verde;  Celia Torres, Fuerzas Progresistas; Leopoldo López, Consejo Nacional de Obreros y Campesinos.

Después de las elecciones federales de 1988, las direcciones del PFCRN, del PPS y del PARM dijeron no a la invitación formal para iniciar los trabajos que darían con la  conformación de un nuevo partido, debido a las decisiones no concertadas que adoptó Cuauhtemoc Cárdenas para postular candidatos en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El 21 de septiembre del mismo año, Cárdenas invita a todos los partidos y organizaciones democráticas a formar «un verdadero partido que luche por el poder y por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de los mexicanos». Tras esta causa, el PMS cede su registro de manera que el día 5 de mayo de 1989 se funda el PRD, cuyo primer presidente fue su hasta ahora líder moral Cuauhtemoc Cárdenas.

El hecho respondió a que el PMS y numerosas organizaciones -ya mencionadas anteriormente-  sin registro pero con  fuerte presencia regional y ascendencia sectorial, predominantemente estudiantil, popular y magisterial, atendieron de manera inmediata el llamado del «hijo del general».  Con esta decisión, se dijo que se tendría «…La confluencia orgánica de dos corrientes que han sido protagonistas importantes en la historia del país.  Por un lado, la corriente democratizadora que representa la continuación de la izquierda que emerge de la revolución mexicana y por el otro, la amplia corriente socialista -marxista que encabezaba el PMS, a la que se adhieren organizaciones antes dispersas».

La discusión ideológica sobre la identidad del Partido se postergó hasta noviembre del 90, fecha en la que se realizó su Primer Congreso.  En ese espacio se confirmó la hegemonía de la Corriente Democrática y se definió el PRD como un partido de centro izquierda que pregona el nacionalismo revolucionario.  Las fuerzas provenientes del socialismo defendieron su origen y lograron el reconocimiento de algunos de sus postulados en la conformación del nuevo partido.

Derivado de las elecciones presidenciales de 88 el PRD cobra fuerza en algunas entidades donde los movimientos y partidos de izquierda han contando con presencia y sobre todo en la ciudad de México, donde estos movimientos y partidos cobraron una gran fuerza derivada de la desatención del gobierno federal a la problemática social causada y aflorada por los sismos de 1985.

En 1994 el PRI no obstante el surgimiento mediático del EZLN, la guerra sucia entre Colosio y Manuel Camacho, lo que llevaría desembocaría en el asesinato del primero, logro un amplio margen electoral en el Proceso Presidencial y en el gobierno del D. F. donde gano todos los distritos de mayoría.

En 1997 el PRD obtiene el triunfo en el Distrito Federal y Cuauhtemoc Cárdenas se convierte en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero con el, se da también la lucha real por el poder, que produce la generación de las ahora denominadas “tribus” y la tendencia a engrosar sus filas con actores provenientes de otros partidos políticos, principalmente del PRI, que fueron ganando posiciones al interior del partido y luego en las candidaturas a puestos de elección popular a todos los niveles, desplazando al grupo fundador del cual pocos quedan en la estructura partidaria operativa e ideológica.

[1]Abraham Nuncio, «El PAN» pp. 194-195.

[2]A. Nuncio. El PAN. p.31

[3]V. Joaquín y J. Romero. Un PAN que no se come. Biografía de Acción Nacional. p.11.

[4]Secretaría de Gobernación,  Departamento de Estudios Comparados de Sistemas Políticos, Monografía sobre el Partido Acción Nacional, 1991.

[5]J. Wilkie y E. Monzón de W. México visto en el siglo XX. pp. 55,56.

[6] Id., p. 63.

[7]Id., p. 66.

[8]Id., p. 72

Iguales y Diferentes – Alain Tourraine

IGUALES Y DIFERENTES

AlainTouraine (*)

(Reseña)

http://132.248.35.1/cultura/informe/Cap.2.A.T.htm

(*) Sociólogo de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS). Fundador del Centro de Análisis e Intervención Sociológica (CADIS), París(Francia)

Intereses sociales y valores culturales

Nuestra experiencia colectiva esta fuertemente marcada pordos transformaciones recientes: por una parte, las nuevas industrias actúan sobre la cultura y la personalidad, creando lenguajes, imágenes y representaciones del mundo y de nosotros mismos; por otra parte, entran en la economía mundial poblaciones que no se han modernizado poco a poco sino bruscamente, mientras que siguen viviendo en sus antiguas condiciones sociales y culturales. De un lado, pues, ya no podemos considerar que los seres humanos crean su entorno técnico y económico, puesto que desde ahora son las industrias culturales, (en formación) las que crean nuevas representaciones del ser humano;y, de otro lado, descubrimos que es posible innovar no sólo con lo nuevo, como se pensaba en Occidente, sino también con lo viejo, movilizando los recursos culturales y sociales de cada país para que pueda entrar en el sistema económico mundial.

Esta doble transformación hace que los problemas más visibles y los que dan lugar a los mayores conflictos, dramas y esperanzas,sean hoy día los problemas culturales, mientras que los que solíamos llamar problemas sociales parecen mejor controlados en los países industrializados y menos vitales en los países en vías de desarrollo, donde las condiciones de la modernización son más importantes que los problemas internos de una sociedad industrial, todavía en formación.

Pero, si es cierto que los problemas culturales han tomado la delantera a los problemas propiamente sociales y que la reivindicación delos derechos culturales tiene más fuerza que la de los derechos sociales, en ambos casos nos encontramos ante opciones comparables. La modernidad aparece siempre como una ruptura entre la acción racional frente al mundo y, por tanto,la desilusión ante él, por una parte, por otra, la conciencia del propio yo, ya tome la forma de individualismo moral de Kant o la de una identidad comunitaria. Y en todas las situaciones, la llamada a la política, a la acción voluntaria de la sociedad sobre sí misma, es lo único que puede salvar la unidad de nuestra experiencia personal y colectiva.

En las dos grandes situaciones históricas consideradas, una en la que predominan los problemas sociales y otra en la que son más visibles los problemas culturales, se plantea la misma cuestión: cómo combinar la universalidad de los derechos con el reconocimiento de los intereses sociales y los valores culturales particulares. Sin la universalidad de los derechos, una cultura se encierra en su diferencia y, a menudo, en la idea de su superioridad, mientras que la actividad técnica y económica se reduce a la gestión de los medios puestos al servicio de una voluntad política. Se entra entonces en lo que Weber llamaba la guerra de los dioses y que es, de hecho, la guerra de las naciones, de los estados y de los pueblos.

¿Cómo dotar de contenido real a la afirmación de los derechos universales? Para esta pregunta caben tres respuestas principales.

La primera es mantener la llamada a la universalidad de los derechos, es decir a la ciudadanía, en nombre de Dios, de la Raza o de laHistoria, aun a riesgo de aceptar las desigualdades sociales o la  identidad cultural. Inversamente, la segunda consiste en afirmar el valor universal de una cultura particular y, en consecuencia, rechazar todo pluralismo y excluir alas minorías. La tercera sería extender la noción de derechos civiles a los sociales y culturales.

En la época de la primera industrialización, que afectó sólo a algunos países del mundo occidental, estas tres respuestas produjeron,de una parte, un «republicanismo» jurídico, indiferente u hostil alas reivindicaciones obreras; de otra, en sentido opuesto, la voluntad de crear una sociedad de trabajadores, e incluso una dictadura del proletariado; y, por último, en una tercera dirección, la creación de una «democracia industrial», como la llaman los ingleses, que tomó después la forma de la socialdemocracia o del «Estado del bienestar». Lo que nos importa hoy es reformular estas tres respuestas para adaptarlas a los problemas planteados por la afirmación de los derechos culturales.

Tres respuestas

La primera respuesta, que atrae sobre todo a los países con tradición política y democrática más antigua, y en particular a Francia, es la defensa de la universalidad de la cultura y, por tanto, el rechazo de las minorías lo que, en el mejor de los casos, supone una gran apertura de la sociedad que se identifica con valores universales. En cierta medida, es lo que pasó en el Reino Unido y en Francia, al menos cuando estos países se encontraban en situación de superioridad, mientras que hoy están amenazados por la redistribución de la riqueza y de la producción en el mundo. De forma aún más decisiva, esta visión fue destruida por el movimiento feminista al afirmar que los términos «hombre» y «derechos humanos» no tiene otra expresión que la dualidad hombre/mujer, de modo que la igualdad y la diferencia, lo universal y lo particular son ya inseparables.

La segunda respuesta, semejante a la idea de una sociedad de trabajadores o a la dictadura del proletariado en la sociedad industrial, esla búsqueda de la pureza y la homogeneidad recurriendo a medios a menudo autoritarios, o aislando las comunidades unas de otras en nombre de un relativismo cultural sin límites. En algunos países, como Estados Unidos, esto se refleja en la importancia de la identity politics; en otros, menos privilegiados, ha llevado a un aumento del fundamentalismo y, sobre todo, delos integrismos que sirven de base a los regímenes autoritarios.

¿Es posible encontrar una tercera vía, semejante a la que condujo a la industrial democracy en las primeras sociedades industrializadas? Esta pregunta tan simple define el problema más importante de nuestras sociedades. Al igual que en la Europa del siglo XIX, el problema fundamental, lo que se llamaba la cuestión social, era el de la clase obrera yla dominación que sufría, actualmente el problema central consiste en combinarla pluralidad de las culturas con la participación de todos en un mundo tecno-económico del que todos los países forman parte. Se han propuesto varias respuestas a esta cuestión.

La primera, que podríamos llamar estética, es el reconocimiento de una diversidad cultural, y la curiosidad por las otras culturas, que también puede servir como mirada crítica sobre uno mismo, como ya hizo Montesquieu en sus Cartas persas. Fue precisamente durante la revolución industrial cuando se desarrolló el interés por la Antigüedad, y fue el gran despegue económico de la posguerra el que hizo aumentar rápidamente, en muchos países, las visitas a museos y exposiciones. Mientras que éstos interesaban sobre todo, hasta aquí, a quienes buscaban sus orígenes(particularmente, en el caso de Europa, en Roma, en Grecia y especialmente en Egipto), asistimos ahora a la proliferación de exposiciones y museos que presenta objetos venidos de culturas consideradas diferentes o representativas de las «artes primitivas», según la expresión de Jacques Chirac. Pero los límites de esta respuesta estética son evidentes, porque este reconocimiento de culturas diferentes es tanto más fácil cuanto más alejadas están y menos afectan a nuestras actividades y a nuestras relaciones sociales cotidianas.

La segunda repuesta consiste en buscar los mismos principios universalistas en todas las culturas, por encima de sus diferencias.Es el espíritu que anima a todos los encuentros ecuménicos, como el organizado por el papa Juan Pablo II en Asís, y a muchas de las actividades que emprende la  UNESCO para facilitar el reconocimiento mutuo de las culturas. ¿No estamos todos preocupados por las mismas cuestiones fundamentales: de dónde venimos y adónde vamos? ¿No están de acuerdo todas las grandes religiones en exigir el respeto a la vida y en afirmar el principio de igualdad entre todos los seres humanos? Cierto que esta respuesta parece, con frecuencia, ridícula y que las religiones han suscitado más guerras que congresos ecuménicos, como recuerda S. Huntington. Sin embargo, la filosofía de la Ilustración conserva un gran atractivo para todos los que sitúan la comunicación y, por tanto, la relación,por encima de la producción. Esta posición se refleja especialmente, en nuestros días, en la filosofía alemana, con Habermas y Apel y su búsqueda delas condiciones universales de la comunicación entre actores diferentes. No obstante, es difícil que la comunicación y el reconocimiento del otro puedan establecerse entre individuos o grupos sociales situados en relación de desigualdad, de dominio o de dependencia. ¿No volveremos entonces a las ilusiones del republicanismo y, en consecuencia, al rechazo de los derechos culturales de ciertas categorías, en nombre de la universalidad de los derechos políticos?

Es preciso, pues, buscar otra solución, en la línea de lo que fue la creación lenta, difícil y siempre parcial de una democracia industrial, en los países que emprendieron primero una modernización capitalista. Búsqueda difícil, que a muchos se antoja imposible, en un mundo en movimiento, sin principio y sin centro, y donde parece más racional aceptar una diversidad, regulada únicamente por el mercado. Esta es la posición posmoderna, a la vez radical en su destrucción de todos los principios universalistas, a os que se acusa de ser ideologías de los países o las clases dominantes, y ultraliberal, ya que sólo el mercado puede asegurar una comunicación sin integración.

Creo, sin embrago, que se puede encontrar una respuesta. Si el mundo técnico y el de las identidades culturales se han alejado cada vez más  uno de otro, sólo el individuo posee los medios para aproximarlos, e incluso siente la necesidad de hacerlo, ya que su unidad, la coherencia de su personalidad, se ve amenazada por esta separación. Esta combinación es posible,porque se trata de ligar el universo de los medios, en el que todo el mundo participa, con el de los fines, los valores, que son cada vez más diferentes.No hay, pues, que buscar la universalidad en un principio superior, como lo hacen quienes, con Hannah Arendt, tratan de reconstruir la política y su principio de igualdad por encima de las desigualdades sociales; por el contrario, hay que buscarla en la necesidad de cada individuo y de cada colectividad de ser definidos, a la vez, por sus identidades y por su participación en el mundo tecnoeconómico.

Esta idea lleva a superar las soluciones propuestas. Se trata de reconocer la diversidad de las culturas, de afirmar los derechos culturales de cada uno y, en particular, de las minorías y, por tanto, de combinar igualdad y diferencia. Destacados antropólogos, como Clifford Geertz o Louis Dumont, han afirmado que estos dos términos eran incompatibles. Lo son en efecto dentro de un sistema social muy consolidado, siempre jerarquizado, donde la diferencia entraña desigualdad. Pero en una sociedad abierta, donde desaparecen los principios reguladores, no hay más desigualdad que la económica o la militar y, en consecuencia, las diferencias culturales pueden combinarse con un mundo económico no igualitario a través de lo que yo llamo el «sujeto»,es decir, la voluntad de cada uno de constituirse en protagonista, combinando la acción instrumental y la identidad cultural.

Esta afirmación conlleva una objeción inmediata: si la construcción del sujeto es personal, ¿no quedará encerrada en la vida privada,mientras que la vida pública se abandona a las desigualdades económicas y a la guerra de los dioses? Objeción tan evidente como fácil de contrarrestar, ya que un agente social no puede afirmar su derecho a ser un sujeto, sin reconocérselo al mismo tiempo a los demás. Y, de modo más inmediato, un actor no puede ser un sujeto más que entrando en relación con otro actor al que reconoce y que lo reconoce como sujeto. A decir verdad, la democracia sólo puede definirse hoy como el sistema político que protege y fomenta el reconocimiento mutuo de los actores, en su esfuerzo por combinar su participación en el mundo tecnoeconómico con la protección de su identidad cultural. Un ejemplo será suficiente para comprender esta idea. Cuando una minoría se encuentra en una sociedad –por ejemplo, cuando los inmigrantes vienen a trabajar y a vivir en una sociedad que les es extraña -, su integración en esta sociedad no puede realizarse ni por fusión en ella ni, contrariamente, por su aislamiento de la comunidad, sino únicamente mediante la combinación de un acceso igualitario al trabajo y a la renta, y el reconocimiento de su identidad. Siguiendo a Simmel,será preciso que se integren como extranjeros, es decir, como iguales y diferentes a la vez. Por el contrario, vemos con frecuencia cómo se fomenta la desigualdad de los inmigrantes, relegándolos a trabajos no cualificados, a la precariedad y el desempleo y, al mismo tiempo, se los considera semejantes, rehusándoles los signos de su identidad cultural.

Identidad cultural y gestión democrática

Es posible aplicar un razonamiento análogo a categorías distintas de las étnicas, como las religiosas o las sexuales. En el primer caso, se trata de ir más allá de la simple tolerancia, que limita las creencias religiosas a la vida privada, y también más allá de un laicismo que afirma la inferioridad y la irracionalidad de las conductas religiosas. Se trata de permitir que las minorías religiosas combinen su participación en la vida económica con la afirmación de su identidad religiosa, que, por su parte, debe definirse por sí misma y no por la pertenencia histórica a una comunidad, la mayoría de cuyas reglas son propias y específicas y no pueden justificarse o explicarse por la creencias religiosas.

En cuanto a las conductas sexuales, en muchos países el reconocimiento de los homosexuales ha progresado mucho en los últimos años, no sólo como reconocimiento de una diferencia sino, sobre todo, como un aspecto particular de la relación que cada uno trata de establecer entre sexualidad y cultura,mientras se aleja la concepción puritana y represiva sobre la que se basó durante mucho tiempo la cultura occidental.

Si descartamos las posiciones agresivas, que proclaman la necesidad de crear comunidades homogéneas y puras, lo que sólo puede conducir a sociedades totalitarias, definidas por su lucha contra el enemigo interior,existen dos grandes respuestas al problema planteado: la afirmación de un orden político superior, fundado en la igualdad de los ciudadanos, que se opone a la desigualdad de los agentes sociales, o, en sentido diametralmente opuesto, la llamada a abordar las diferencias mediante el reconocimiento del derecho de todos a combinar actividad técnica e identidad cultural en un mundo en el que ya no pensamos que la modernización económica y la racionalización supongan necesariamente el triunfo de un tipo de moral, de creencia o de organización social. El pensamiento de Max Weber no explica los fundamentos culturales de la modernidad, sino las razones culturales de cierto tipo de modernización, el capitalismo, es decir, la ruptura de todas la ligaduras que unían la economía a culturas y formas de organización social. Hemos entrado actualmente en sociedades propiamente técnicas, o sea, operativas e instrumentales, que no imponen ninguna cultura ni ninguna forma de organización social. Y, al mismo tiempo, vemos aparecer formas de modernización diferentes, mientras que hasta ahora muchos pensaban que sólo había un único best way, como decía Taylor, y que los nuevos países industriales debían seguir las huellas dejadas por los que los habían precedido en la vía de la modernización.

Esta combinación de una identidad cultural, en especial étnica o religiosa, y una gestión democrática que garantiza, reforzándolos, los derechos de cada uno a convertirse en «sujeto», se realiza, en casi todos los casos, en un marco nacional, y la conciencia nacional no se reduce nunca al funcionamiento de instituciones democráticas al servicio de derechos universales. La clásica oposición entre la nación-institución, a la francesa, y la nación-comunidad, a la alemana, tiene un valor analítico, pero no describe la realidad. Por parte alemana, de Herder a Fichte, los creadores de la conciencia nacional alemana han estado fuertemente influidos por la filosofía de la Ilustración y querían que también Alemania, y no sólo Francia y el Reino Unido, pudiera identificarse con la razón y el progreso. Del lado francés, de Michelet a Renan y al general De Gaulle, la idea de nación ha sido siempre una realidad tangible y emocional, más relacionada con la memoria que con principios e instituciones. Se puede esperar que una nación-comunidad rechace más fácilmente a las minorías y, en efecto, la adquisición de la nacionalidades mucho más difícil en Alemania que en Francia y el Reino Unido, la conciencia nacional está fuertemente ligada a una conciencia de «país», es decir, de colectividad restringida, de regiones o unidades más pequeñas. No es muy distinta la situación americana, donde la conciencia nacional, muy fuerte,se combina con la de pertenencia a la nacionalidad de origen. Así pues, la etnicidad no se opone a la nacionalidad: por el contrario, cuando la conciencia nacional es más democrática es cuando la conciencia étnica (sea nacional o religiosa) se puede combinar con ella. El caso más claro, en los países occidentales, es el de los judíos, en los que se asocia una fuerte conciencia comunitaria y un fuerte sentimiento de pertenencia nacional. Si la nación se define sólo por sus instituciones representativas, se corre el riesgo de dejar el sentimiento de pertenencia nacional en las manos de populistas y demagogos.

Hay que comprender esta observación. Con razón se cuestiona cada vez más la pretensión de universalidad del modelo que Europa inventó y puso en práctica al comienzo de su modernización. Este modelo no se basaba sólo en la racionalización, sino también en lo que ésta implicaba, a saber, una separación lo más completa posible entre lo racional y lo irracional, de modo que en la cima de la sociedad se concentraba todo lo que se consideraba racional, mientras que lo que se consideraba irracional se colocaba en situación de inferioridad o dependencia. De aquí proceden las representaciones dicotómicas que han dominado la vida y el pensamiento de Occidente. El individuo adulto varón, sin necesidades o incluso propietario de su vivienda, se  consideró como el portador de la modernidad, mientras que los niños, las mujeres, los trabajadores dependientes y los habitantes de las colonias se consideraban dominados por sus pasiones. Razón contra creencias, interés contra pasión: estas contraposiciones, muy jerarquizadas, han dominado el mundo occidental y explican a la vez el éxito extraordinario de los países que aplicaron esta idea, con el Reino Unido a la cabeza, y la violencia de los conflictos internos en estas sociedades fundadas en la represión y en el espíritu de cálculo.

La historia de los últimos cien años está marcada por la rebelión de los dominados: obreros, colonias, mujeres, y ahora también los niños, cuyos derechos han comenzado a tomarse en consideración, con toda justicia. Se ha iniciado un gran movimiento, que yo llamo la re composición del mundo y que nos afecta a todos: las tradiciones culturales, como la imaginación y la sexualidad o, de modo más general, lo relacionado con el cuerpo, invaden los dominios del cálculo racional y debilitan la visión capitalista que protegía a los empresarios racionales de toda presión procedente de las categorías inferiores. Lo que estaba separado y jerarquizado tiende a aproximarse y a comunicarse. ¿Cómo es posible mantener la idea de una sociedad gobernada por la razón, por la igualdad abstracta por encima de todas las singularidades sociales y culturales, en un mundo donde la dominación de clases, el orden  colonial y la dependencia de las mujeres se han visto violenta y justamente cuestionados?

Las destrucción de las antiguas desigualdades no puede conducir ni a la idea confusa de un mestizaje generalizado, ni a la imagen débil y desesperante de un mundo unificado por el consumo de masas. Por el contrario,sólo debe conducir al reconocimiento por todos del gran movimiento hacia la recomposición del mundo, o sea, hacia el diálogo entre las identidades culturales y la razón instrumental, liberada ya de su papel de legitimadora del poder de una clase o de una nación. En este sentido, la acción de los ecologistas ha sido la más importante, ya que defienden a la vez las condiciones de supervivencia del mundo y la diversidad de especies y culturas.Sólo por esta vía se puede encontrar un desarrollo sostenible, cuyos aspectos centrales sean la diversidad cultural y el respeto a los proyectos personales y colectivos.

Hay muchos obstáculos que impiden progresar más deprisa en esta vía; los más importantes son los que nos hacen impotentes frente a la disociación de la economía globalizada y las culturas particulares, lo quel leva a la desaparición o a la disolución de todos los proyectos sociales y culturales, de todas las concepciones activas del desarrollo.

Opciones y obstáculos

Debemos huir de la elección imposible entre la cultura de masas que une al mundo entero en el consumo de los mismos productos y un diferencialismo que nos confina a todos en comunidades cerradas, incapaces de comunicarse entre ellas, a no ser a través del mercado o de la guerra. Elección imposible, en efecto, pero que se impone a muchos en un universo donde el centro se define por la intensidad de los intercambios económicos, de información y, sobre todo, financieros, y la pérdida por las fronteras que levantan entre ellas las comunidades más y más obsesionadas por las amenazas que pesan sobre ellas.

Es fácil comprender los peligros de esta situación, porque ya los hemos vivido. A principios de este siglo, conocimos una apertura de los intercambios mundiales aún mayor que lo que hoy llamamos»globalización». En aquella época aparecieron, como hoy, nuevos países industrializados, que eran entonces Alemania y Japón. El triunfo del capitalismo financiero condujo a enfrentamientos dramáticos: no sólo las naciones europeas combatieron a muerte entre ellas, sino que países periféricos, o que comenzaban a participar en los intercambios capitalistas, como México, Rusia y China, conocieron revoluciones que a veces desembocaron en un nacionalismo relativamente modernizador, y a veces en regímenes totalitarios.

Vivimos hoy bajo la ilusión de que el modelo americano se puede generalizar; que es posible y necesaria la complementariedad de las grandes redes técnicas, económicas y financieras modernas, con una fragmentación cultural que ha permitido la afirmación de muchas minorías, pero también ha hecho más difícil la comunicación entre ellas. En Estados Unidos,esta cohabitación ha sido posible gracias al brillante éxito de la economía y,al mismo tiempo, por la fuerza de las instituciones y los mecanismo jurídicos que, desde hace tiempo, han buscado y conseguido la integración de una sociedad de orígenes muy diversos. Pero la situación americana nos recuerda la violencia  de los conflictos que engendró, todavía no hace mucho, y también las otras partes del mundo se dan cuenta de su impotencia para manejar una situación potencialmente explosiva, que puede llevar fácilmente a la ruptura de todas las instituciones y toda la posibilidad de vida colectiva organizada.

La conclusión a que llevan estas observaciones sobre el presente y el pasado es que hay que huir de la elección entre dos soluciones extremas: la desaparición de las diferencias en una sociedad de masas o el enfrentamiento directo de las diferencias y las comunidades. Por el contrario,es preciso aprender a combinar las dos. Creo que la UNESCO está en el buen camino con sus grandes debates sobre la democracia, el desarrollo, la educación y, sobre todo, los derechos humanos, combinando los principios universalistas con las diferencias culturales y con la participación de todos en las actividades e intercambios económicos. La idea que nunca se debe sacrificar es que la paz en cada sociedad y entre las sociedades no puede existir sin el reconocimiento prioritario de un principio universal, que prevalece a la vez sobre la razón instrumental que reina en la economía, y sobre la diversidad delas culturas. 

Hay que respetar que muchos sean partidarios de las soluciones elaboradas por la democracia griega, del papel clave otorgado a la ciudadanía;pero ¿cómo cumplir este principio de orden, cuando vivimos en el movimiento, el cambio, la multiplicidad de los intercambios culturales y económicos? ¿No ha llegado la hora de afirmar el derecho de cada uno a elegir su camino, a combinar igualdad y diferencia en su discurrir por la vida, en la construcción y la defensa de su vida personal, en lugar de buscar un principio superior orden? Así como hay que resistirse a las afirmaciones superficiales de quienes profetizan la desaparición a corto plazo de los estados y de toda forma de control de una economía que desborda todas las fronteras y todas las normas jurídicas, también es cierto que se ha debilitado la imagen de la ciudad griega o la de los estados modernos, sobre todo en Europa y en las dos Américas,regiones que han creído en la omnipotencia de la ley y de la educación.

 Lo que quiere decir que, tras la gran revolución capitalista que se ha extendido por el mundo en los últimos veinte años, es preciso construir nuevas mediaciones políticas y sociales para limitar la disociación, que hoy es patente  y peligrosa, entre una economía efectivamente globalizada e identidades culturales cada vez más encerradas en la defensa de una esencia amenazada. ¿Y cómo no subrayar, al dirigirme a la UNESCO, las implicaciones de esta idea sobre la educación? Occidente ha mantenido, durante mucho tiempo, una concepción basada en el Bildung, es decir, en el acceso de los jóvenes a los valores superiores, la verdad, la belleza, el bien, con los que cada país trata de identificarse, lo que llevó a transmitir conocimientos y valores más que a preparar a los niños para la vida. 

Tiempo es ya de que centremos la educación en los jóvenes para ayudarlos, no a perder sus particularismos en  nombre de la universalidad, sino por el contrario, a vivir y a innovar combinando las actividades técnicas y las motivaciones culturales y psicológicas. La educación no debe ser un medio para reforzar la sociedad; debe ponerse al servicio de la formación de personalidades capaces de innovar, de resistir y de comunicar, afirmando su derecho universal a participar en la modernidad técnica con una personalidad, una memoria, una lengua y unos deseos propios, y reconociendo el mismo derecho a los demás. Si no impulsamos estas soluciones, el mundo conocerá desgarramientos más profundos que los que provocó la lucha de clases.