Constitución, Democracia y Tolerancia en el México actual

CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y TOLERANCIA EN EL MEXICO ACTUAL

Por José Ramón González Chávez

El avance de la ciencia en general y particularmente de las ciencias sociales, ha puesto en evidencia que no existen verdades únicas, ni absolutas; que nadie puede tener patente sobre la concepción de la realidad, al contrario, hay más que nunca presenciamos que lo que podemos llamar Verdad, solo es posible construirla a partir de la suma de todas las verdades posibles, siempre que nos sujetemos todos a las mismas reglas y procedimientos.

Esto en la práctica política y social aplica totalmente. Como sabemos, el disenso es un presupuesto de la democracia; si todos pensáramos igual, no la necesitaríamos, de ahí que la tolerancia sea uno de los valores democráticos y de ética social fundamentales y uno de los pilares que sostienen todo Estado Constitucional.

Sin embargo, cuando hablamos de tolerancia no debemos hacerlo en el sentido de tener que “sobrellevar, aguantar o sufrir al otro”, con lo que nos pondríamos cerca de una especie de sacrificio al estilo religioso, sino más bien entenderla como una actitud que nos permita reconocer y aceptar al otro, escucharlo para comprenderlo, contrastar sus ideas con las nuestras a fin de diluir las diferencias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental respecto a lo que nos concierne a todos y así estar en posibilidad de construir un proyecto colectivo factible.

De ahí que la tolerancia sea un presupuesto de todo régimen democrático que ofrece exponer en un marco de civilidad, diversidad de opiniones, preferencias, visiones y proyectos sujetos a ser confrontados mediante el diálogo, a fin de diluir las controversias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental. Al final de cuentas eso significa la palabra política, la verdadera política: lo que atañe a la polis, lo que nos incumbe a todos los ciudadanos, aquello en lo que podemos estar de acuerdo haciendo a un lado los matices propios de nuestras diferencias personales o de grupo.

Es en este contexto que hay que considerar, las manifestaciones que miles de ciudadanos, desde sus autos, se llevaron a cabo el sábado y domingo pasados (30 y 31 de mayo del 2020) en 77 ciudades del país de 21 entidades federativas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos bajo las siguientes premisas:

1. La Libertad de expresión y por consecuencia el Derecho a la libre manifestación de las ideas, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 6° párrafo segundo, apartado B), fracciones IV y V) , y como tales son de carácter universal, inalienables, independientes de la política o la economía; más aún, son prerrogativas ciudadanas, es decir, una combinación de derecho ciudadano y obligación de índole ética política.

2. De ahí que el poder público, sus ramas y órganos en los distintos órdenes de gobierno, tal como consagra también nuestra Carta Magna (art. 1°), tiene la obligación de respetarlos, promoverlos, defenderlos y ante todo, garantizarlos. En tal sentido denostar, discriminar, minimizar mediáticamente y sobre todo no escuchar sus planteamientos y estrategias sería característico de regímenes autoritarios y fundamentalistas, impropio de estados constitucionales como el nuestro.

3. A lo largo de la historia del mundo occidental, al menos desde la época de la ilustración a nuestros días –los ejemplos sobran en el mundo y en México-, los primeros en protestar por las condiciones políticas, económicas y sociales han sido los pequeños propietarios, los comerciantes, los intelectuales. A ese sector de la ciudadanía Marx y Lennin le llamaron “la vanguardia revolucionaria”, de hecho Marx y Engels estaban en ese sector de la población.

4. Denostar o pretender minimizar de forma intolerante las manifestaciones del fin de semana pasado con el falso argumento de que se trató de “puro fifi dueños de coches de lujo” refleja en quienes así se han expresado un padecimiento de ceguera política, pues A) suponiendo que así hubiese sido –que no lo fue, hay una buena cantidad de fotos y videos que así lo muestran- en cualquier sociedad que se jacte de ser democrática todos los ciudadanos tienen iguales derechos, obligaciones y prerrogativas y en ese sentido gozan del pleno derecho de manifestar sus ideas preferencias y planteamientos, a lo que B) quienes no estuvieren de acuerdo tienen primero la obligación de escuchar y comprender con tolerancia sus argumentos, y luego el derecho de replicar, debatir y argumentar exponiendo su versión, pero nunca de anular esa posibilidad al otro, o considerarlo como adversario, o peor aún, como enemigo, lo cual sería a todas luces antidemocrático.

5. Considerar a quienes marcharon y sobre todo a quienes ellos representan como una minoría insignificante, es otra aflicción de oftalmología política, pues bajo el supuesto expresado por los detractores de las “manifestaciones sobre ruedas” de hace unos días, hay que recordar que no hay trabajadores ni obreros sin empresas. Lo que se denomina la micro, pequeña y mediana industria representa el 90% de los empleos formales a nivel nacional y el 85% del total de quienes pagan impuestos, de donde se financian entre otras cosas, los distintos proyectos y programas gubernamentales.

6. Estas manifestaciones se realizaron en 77 ciudades de las más grandes del país, lo cual, a diferencia también de lo que han opinado sus detractores, está lejos de ser un “asunto menor” por lo que ni siquiera vale la pena ocuparse de ello. Eso tiene sin duda muchas lecturas y una de ellas habla de la capacidad de convocatoria y organización de ese grupo, lo que debería verse con mayor acuciosidad, dado que como lo afirmó dicho grupo por distintas fuentes, es solo el primero de una serie de actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante.

7. Otros detractores más han expresado que esa no es la vía, ni el modo, y que para eso están las elecciones. En este caso, ellos también sufren del mal de amnesia política y social, pues han olvidado que este es uno de los medios más fuertes que empleó durante más de 18 años de campaña el ahora presidente y su grupo para llegar al gobierno. Imposible sería imaginarse que la única opción de su estrategia política para lograr el triunfo en las urnas hubiera sido dedicarse en exclusiva a participar en los procesos electorales.

Se esté de acuerdo o no con los principios y fines de quienes se manifiestan, todos los ciudadanos en un espíritu democrático volteriano tenemos la obligación de respetar y defender el derecho que tienen a hacerlo, y para el gobierno en turno la responsabilidad de escuchar para comprender e integrar.

La unidad, no la división, es la fórmula para superar nuestras debilidades y desafíos, económicos, políticos y sociales. Sumando, se multiplica y se avanza; restando, se divide y se retrocede.

La Constitución mexicana: ¿Es o no es la de 1917?

A partir de un comentario que hace unos días me hiciera un colega respecto de la vigencia o no de la Constitución de 1917 y en tal sentido, recordando un texto de don Diego Valadés que leí cuando nuestra Carta Magna cumplió 100 años[1], me surgió la idea de compartir con ustedes la siguiente reflexión. Espero sea de su interés y genere sus comentarios.

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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, ¿ES O NO ES LA DE 1917?

Por José Ramón González Chávez

Desde la época prehispánica, para los mexicanos la realidad es producto del vínculo inseparable entre vida y movimiento (ollin-yoliztli), y esta cualidad del ser y trascender humano es perfectamente aplicable a la realidad constitucional, pues el Derecho en general y la Constitución en particular, son productos culturales y la cultura nunca se detiene.

Como he escuchado y leído en aportes de varios juristas, la Constitucion de 1917 es a la vez momento, documento y ordenamiento. De ahí que la línea de tiempo que nos da el centenario de su promulgación, debe llevarnos a pensar al mismo tiempo en nuestra historia constitucional; en el valor del texto constitucional mismo para nuestra vida democrática y en general para la doctrina constitucional del presente; y para la génesis política y social del proyecto jurídico político que de aquí en adelante queremos y requerimos como mexicanos.

Poco reparamos en que la Constitución mexicana es la octava más antigua del orbe y de ellas, la segunda de corte republicano, solo después de la norteamericana[2]. Aunque cada una de ellas es distinta, por ejemplo, la inglesa tiene sus raíces en la edad media, la Estados Unidos de Norteamérica se funda en el siglo de las luces, otras cinco (Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) en la filosofía y el pensamiento político de la monarquía constitucional del siglo XIX y la mexicana en el derecho y la doctrina social del siglo XX. No obstante, todas ellas persiguen a su manera y en su contexto los mismos objetivos, entre los que destacan:

• Definir derechos fundamentales y sus garantías;
• Establecer la estructura y organización del Estado;
• Normar la forma y distribución de competencias y atribuciones de las ramas del poder público y ámbitos de gobierno;
• Regular las relaciones entre gobernantes y gobernados;
• Determinar las formas de control del ejercicio del poder público;
• Prever los mecanismos para su reforma.

En todo caso, la constitucionalidad es un factor de cohesión eficaz, más aún en países que como el nuestro son tan heterogéneos en cuanto a sus elementos de integración nacional, tales como las etnias, las lenguas, las culturas, tradiciones, usos y costumbres, los climas, las orografías y hasta las religiones.

Sin duda, toda Constitución lleva en sí misma la huella genética de su respectivo pueblo. Su forma y fondo obedecen a un patrón propio de circunstancias de carácter histórico, jurídico, político, económico, social, cultural. Sin embargo, al menos en el caso de las constituciones de los ocho países que hemos mencionado, tienen en común que han surgido de procesos de independencia o revolucionarios, han sentado las bases para el perfeccionamiento del marco de derechos y libertades, así como de sus sistemas electorales, administrativos y jurisdiccionales y con ello, han podido avanzar en la consolidación de su democracia.

Cualquier Constitucion que pretendiera perpetuarse inalterada, soñando con un régimen inalterable, está condenada a su extinción. Las sociedades abiertas no se pueden regir mediante regulaciones cerradas con precisión suficiente para dar certeza y seguridad, pero con amplitud suficiente para permitir el ejercicio de la libertad. En México, en cumplimiento al inexorable principio de Vida y Movimiento, el rostro constitucional se transforma siempre con el tiempo y la circunstancia.

En 1916-17 el proyecto original de modificar la Carta Magna de 1857 presentado por Venustiano Carranza al congreso constituyente de Querétaro, fue modificado sustancialmente al añadirse ya en el debate los derechos agrarios y laborales, además de principios como el de no reelección entre otros; ajuste mayor, natural y comprensible, pues se trataba de plasmar en la constitución restablecida las causas de las principales facciones revolucionarias. En 100 años, la Carta Fundamental mexicana ha sido objeto de 227 decretos que han modificado 697 veces 114 de sus 136 artículos.

Pero al contrario de lo que se piensa, estas reformas no han sido “parches” o pegotes a un texto ya establecido con anterioridad, ni en su gran mayoría han sido nimiedades. Para muestra, de forma meramente enunciativa, menciono las siguientes[3]:

• Seguridad Social;
• Voto de la mujer;
• Igualdad Jurídica entre hombres y mujeres y género;
• Composición fija de los legisladores de mayoría y de representación proporcional;
• Sistema Electoral autónomo;
• Tribunal Constitucional;
• Derecho a la vivienda;
• Derecho a la planificación familiar;
• Derechos de los niños;
• Derechos indígenas;
• Mar patrimonial y espacio aéreo como parte del territorio del Estado;
• Acceso a la información;
• Derechos humanos y sus garantías;
• Medios de control constitucional;
• Autonomía Universitaria;
• Derechos, estructura y organización de las telecomunicaciones;
• Tenencia de la tierra;
• Distribución de competencias en los distintos ámbitos de gobierno;
• Planeación del desarrollo;
• Nuevas relaciones estado-iglesias;
• Cambio de régimen jurídico político del Distrito Federal
• Principio Pro Persona
• Control de Convencionalidad.
• Nuevo sistema de justicia penal.

Pero vale decir que estas nuevas instituciones constitucionales, imprescindibles en la actualidad, conviven al mismo tiempo con errores o padecimientos que se vuelven cada vez más graves. Me referiré solo a los dos más importantes:

1. Desde mi punto de vista se ha cometido el error de –si se me permite la expresión- sobre procedimentalizar los nuevos temas, que se manifiesta de manera cada vez más evidente a medida que los ejecutivos federal y locales han ido dejando de contar con la mayoría del congreso a su favor, a grado tal que en el último de los temas citados (el nuevo sistema de justicia penal) se parecía que cerca de 80% de las reformas aprobadas son de carácter procedimental, mismas que como en el caso de las demás, en condiciones normales de constitucionalidad bien podrían haberse remitido a la legislación adjetiva o “secundaria”.

Este padecimiento, por ejemplo, técnicamente provoca la necesidad de ajustes que complican el equilibrio y la vigencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, ya que la reforma a algún precepto procesal constitucional, provoca reformas a una gran cantidad de artículos constitucionales, leyes y disposiciones, tal como sucedió recientemente, para citar solo tres casos, con el cambio de régimen de responsabilidades de los servidores públicos, la transformación del distrito federal a la ciudad de México y el nuevo sistema de justicia, que en su conjunto implicaron modificaciones que contabilizan el 14% de todos los cambios hechos a la constitucion en 100 años (!).

Utilizo las comillas al adjetivo “secundaria” de la legislación porque es precisamente esta expresión un reflejo claro no solo del positivismo jurídico del cual todavía no podemos deshacernos, sino del lugar que por lo mismo tiene el resto del ordenamiento jurídico respecto de la norma constitucional, como si la legislación derivada federal y sus respectivas locales no pudieran hacerse valer desde la actividad jurisdiccional con la misma fortaleza y contundencia que como sucede en la mayor parte de los casos en tratándose de disposiciones constitucionales, siendo que en el nuevo sistema la constitucion no está ya solo en la cúspide del ordenamiento jurídico (pirámide Kelseniana) como era en el sistema anterior, sino que ahora su esencia se encuentra en el núcleo que cada norma del sistema, independientemente de su naturaleza (constitucionalismo multinivel).

Quizá sea la razón por la que el constituyente ha pretendido dar rango de ley suprema a los aspectos procedimentales y hasta administrativos del precepto fundamental, por el miedo a que este fuera “interpretado” o ajustado a modo en la legislación ordinaria o reglamentaria por parte de los ejecutivos federal o locales en turno; pero también y a contrario sensu por el recelo del ejecutivo federal de que sus reformas constitucionales fueran “matizadas” en la legislación secundaria por un congreso de mayoría contraria.

Y tal vez por el mismo motivo, la reforma al sistema de justicia solo se circunscribió al tema penal y “se omitió” un rasgo que todas las constituciones mencionadas comparten, salvo la mexicana: la relevancia de las decisiones jurisdiccionales y de las prácticas políticas y administrativas como parte sustantiva del andamiaje constitucional, factores que permiten mantener la coherencia entre deber ser y el ser de la norma, conseguir una vigencia fresca y objetiva del ordenamiento jurídico y en consecuencia, abonar a su credibilidad y legitimidad.

De ahí que la constitucion mexicana, por la desconfianza política entre ejecutivos y legislativos federales y locales, la falta de cabildeo (práctica aun no reconocida oficialmente en el sistema político mexicano) y de negociación política (cada vez más ausente en los distintos órdenes de gobierno), sufra con acento cada vez mayor de una grave distorsión respecto de su naturaleza y características originales, lo que aunado a la sumisión relativa, o si se quiere, débil autonomía de los miembros de los órganos jurisdiccionales, ha llevado a la desconfianza social, así como a la falta de credibilidad y legitimidad de los ciudadanos respecto de las autoridades y con ello, al debilitamiento de todo el ordenamiento constitucional.

Es por ello que en el marco de la nueva constitucionalidad, la verdadera reforma al sistema de justicia en general, no solo la operada en materia penal, resulta imprescindible que las decisiones jurisdiccionales gocen de cada vez mayor independencia de la presión política del ejecutivo y legislativo en turno, lo que permitiría, conseguir la ya mencionada interacción ser–deber ser del derecho y la coexistencia norma–normalidad, esto es, la seguridad y confianza de los ciudadanos sobre sus instituciones y autoridades y por ende su adhesión espontánea a los preceptos fundamentales, actitud que debe ser característica en todo estado constitucional contemporáneo.

• Debido a la cantidad de reformas que ha tenido y sigue teniendo a lo largo de más de 100 años, la Constitución mexicana tiene otro grave padecimiento: la creciente desorganización de sus temas y la disolución en ella de los bienes jurídicos que protege cada uno de sus artículos.

Tal vez, en aras de no alterar la Constitución en cuanto a la cantidad de sus artículos, el ejecutivo federal y el constituyente permanente en turno, han optado por que una gran cantidad de dispositivos se refieran a cada vez más y variados conceptos, que en ciertos casos ni siquiera tienen que ver unos con otros, ni con los títulos ni capítulos donde se les ha ubicado.

Hasta hace un poco más de tres décadas (recuerdo mis épocas de estudiante de derecho) era relativamente sencillo, con un poco de estudio, conocer el contenido de cada artículo constitucional y relacionar cada uno con un concepto general, por ejemplo: artículo primero universalidad de derechos y garantías; 2° no esclavitud; 3° educación, 4° igualdad jurídica, etc.

Esta claridad conceptual permitió entre otras cosas la tan amplia difusión que en su momento tuvo la obra “Mexicano: esta es tu Constitución”, de Don Emilio Rabasa, obra que en este momento implicaría un trabajo maratónico y de resultados muy relativos en términos de aportación a la cultura constitucional.

En la actualidad es extremadamente complejo determinar el contenido de cada artículo y más aún identificarlo con un concepto general.

Es por ello que resulta necesario emprender una profunda labor de reorganización y reordenamiento de contenidos, tal como ha sucedido en otros países que tienen constituciones “antiguas” como la nuestra (por ejemplo, entre las ya citadas: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) que sin alterar su estructura original la ponen al día y refrescan su contenido axiológico y normativo.

Así, en paralelo a esta tarea, debería contemplarse la posibilidad de fusionar preceptos, eliminar duplicidades y actualizar la redacción de apartados, a fin de hacerlos más claros y comprensibles para el grueso de la población, lo que facilitaría su eventual adecuación y les daría mayor estabilidad y permanencia, facilitaría la didáctica constitucional a todas las escalas, propiciando la construcción de una cultura constitucional renovada, capaz de ser sustentable en la práctica.

Con todos sus aciertos y sus problemas, con todas sus cualidades y desafíos, nuestra Constitución ahí está, reflejando a la vez nuestros logros, nuestras realidades y hasta nuestros sueños, como guía o referente de trazo que nos hace avanzar en nuestra ruta permanente en el andar siempre inacabado hacia nuestros valores absolutos, como la libertad, la igualdad, la democracia, la justicia.

De alguna suerte, la Constitución es la transposición del yo, el super yo y el ello Freudianos al ámbito del derecho y la política; refleja el ser, el deber ser y el tener que ser del Estado (población-territorio-poder) en un determinado momento. Es en este sentido y después de lo hasta aquí expuesto que considero que la pregunta sobre si la Constitución es o no es la que se promulgo el 5 de febrero de 1917 resulta en términos argumentativos un falso dilema: La Constitución es lo que debe ser y deberá seguir siendo para mantener y reconocer nuestros logros y conquistas, enfrentar los retos de nuestro presente y definir nuestras expectativas al porvenir y para tal fin debe tener siempre presente nuestro principio ancestral de vivir y afrontar la realidad en la eterna simbiosis entre vida y movimiento.

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[1] Valadés, Diego, en “Los Grandes Temas Constitucionales”, textos introductorios a la obra de Fernández Ruiz, Jorge. “Derecho Administrativo”. Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobernación, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2017. P. 25 y ss.

[2] En el caso de Suiza, país con 42,290 km2 (para referencia es de similar tamaño al estado de Yucatán que comprende 2% del territorio nacional) y 8.5 millones de habitantes (es decir, 1000% más que Yucatán que cuenta con 780 mil habitantes), cabe mencionar que su Constitución es “nueva” de derecho (1999), aunque antigua de hecho (1874), pues luego un siglo de vigencia sumaba de 150 reformas por lo que pensó en llevar a cabo una renovación sin sustituirla para evitar la inquietud de ciertos grupos conservadores, proceso que tardó más de 25 años y que solo logro aclarar contenidos y actualizar algunos conceptos, incorporando además algunas normas consuetudinarias.

[3] Cada una de las cuales, por cierto, podría y debería ser sujeto de amplios y profundos análisis de carácter constitucional desde el enfoque constitucional contemporáneo

El Control Judicial de la Constitucionalidad y el Juicio de Amparo en México: Algunas líneas de reflexión sobre un libro de Luciano Silva Ramírez

EL CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

Y EL JUICIO DE AMPARO EN MÉXICO:

Algunas líneas de reflexión sobre un libro de Luciano Silva Ramírez

Por José Ramón González Chávez

(Docto elaborado en abril de 2011)

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1.- EL FENÓMENO.

Profunda crisis estructural, caracterizada por condiciones de inseguridad, empobrecimiento económico y político, descomposición social, desintegración axiológica.

A esto se añade:

1.1.

• Un nuevo entorno del derecho internacional que pone a revisión la incontestabilidad de la Constitución.

• La necesidad de marco jurídico nacional a la vanguardia y conforme  a las tendencias internacionales.

1.2.

Globalización, hecho inevitable del que México no puede sustraerse, que lo obliga a ponderar en qué medida la integra a su política y orden jurídico.

• Estado de Derecho.

• Defensa y promoción de los derechos humanos y los conflictos de interpretación respecto a la Constitución frente a los tratados internacionales en la materia.

• Una mayor participación de la sociedad que exige:

– Recomposición de las estructuras del poder público

– Un nuevo marco de reglas

– Época de cambio – Cambio de época.

2.- RESPUESTAS ANTE EL FENÓMENO

2.1. Democracia de Calidad.

La democracia no se agota en los procesos electorales, continúa en el respeto irrestricto al principio de legalidad, a la participación y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

• Se requiere de un entramado político que distribuya el poder.

• Igualmente, de un marco jurídico que permita el desarrollo de ese nuevo entramado político.

• La democracia impulsa naturalmente el cambio institucional.

2.2. Supremacía Constitucional

• Supremacía y rigidez, características de las constituciones occidentales modernas.

• La Constitución como norma suprema, requiere robustecerse y perfeccionarse, a fin de que sea cada vez más expresión de un Estado de Derecho democrático y moderno.

2.3. Régimen jurídico confiable

Para hacer frente al entorno nacional e internacional se requiere un marco jurídico sólido, confiable y moderno, que permita consolidar la democracia, el Estado de Derecho, respetar los derechos fundamentales, y preservar la Constitucionalidad.

2.4. Mecanismos ad hoc de defensa de la constitucionalidad

• Mecanismos para tutelar la constitucionalidad eficaces, eficientes y suficientes.

2.5. Órgano garante de la constitucionalidad

Debe ser un órgano fuerte pero equilibrado, imparcial, profesional, transparente y con herramientas legales suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, sin que ello implique una invasión a la esfera competencial de los poderes del Estado.

3. EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO

3.1. Sistema de control constitucional híbrido

Sistema de control constitucional mexicano:

• Fusión del concentrado y el difuso, dando como resultado un sistema híbrido.

• Producto del estilo especial del ejercicio del poder en México, dadas sus condiciones históricas y políticas internas y externas.

• Tiene influencia del sistema difuso porque el artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Carta Magna, obligando a los tribunales estatales a apegarse a ella, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en sus constituciones locales o en sus leyes.

* Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo al art. 99 de la Constitución las salas tienen posibilidad de no aplicar las leyes consideradas por la Corte como inconstitucionales.

• Su tendencia concentrada radica en que el artículo 103 dota a los tribunales federales de la facultad de velar por el control judicial de la Constitución, así como el artículo 105, que reserva a la SCJN la atribución de resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

3.2. Consolidación de un sistema de control preponderantemente judicial

La reforma de 1987, suprime la obligación de la SCJN de resolver los amparos sobre violación de leyes ordinarias, trasladándola a los tribunales colegiados, en la que se refrenda la capacidad del más alto tribunal de resolver sólo los juicios de garantías en los que se discutieran cuestiones de estricta y directa constitucionalidad, con  lo que consolida su carácter de intérprete final de la Constitución.

A partir de las reformas constitucionales de 1994, se refuerza el sistema jerárquico kelseniano aún más, dando paso a un importante medio de control constitucional: las acciones de inconstitucionalidad.

• Recordar declaratoria de Zedillo de que las reformas consolidad a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional.

3.3. Importancia de la Obra

Control de la constitucionalidad desde 2 perspectivas:

3.3.1 Control político-judicial-constitucional a través de controversias y acciones de inconstitucionalidad.

3.3.2. Control constitucional y de legalidad, a través del juicio de amparo. Critica el sistema de control de constitucional y propone interesantes innovaciones, basadas en su experiencia como litigante, combinada con las teorías del derecho procesal constitucional y la jurisprudencia.

3.4. Propuestas del Autor

3.4.1. Consolidación de la SCJN como Tribunal Constitucional

• Un nuevo sistema de designación de miembros:. Es necesario atenuar la intervención del Ejecutivo en la designación de los ministros, para tener una Corte menos dependiente del Presidente.

     Una forma de lograrlo es:

• Cambiar el procedimiento de evaluación de candidatos

• Cambiar la forma de integración del consejo evaluador.

• Autonomía presupuestaria

• Facultad reglamentaria: Derogar la facultad de emitir acuerdos generales, pues su naturaleza es principalmente administrativa, y en su lugar dotar a la SCJN de la facultad de expedir reglamentos.

• Redistribución de competencias: La SCJN debe resolver todos los amparos en revisión contra normas generales y asuntos de interés nacional.

3.4.2. En materia de amparo

• Amparo colectivo: Procedencia del amparo para la protección de derechos difusos, ampliando la base de promoventes mediante la adopción del interés directo.
• Amparo contra procedimiento de reformas constitucionales (Por qué no son atacables?)
• Declaratoria general de inconstitucionalidad. Eliminar la “formula Otero”.
• Interpretación conforme. Interpretando la norma general en armonía con la Constitución y partiendo de la presunción de constitucionalidad de la norma (Con esto la Corte se convierte en legislador?)

3.5. Propuestas adicionales propias

3.5.1. Consolidación de la SCJN como tribunal Constitucional

• Facultad de iniciativa a la SCJN: Acotada a las materias relativas a su organización y al ejercicio de las funciones del PJF.
• Facultad de investigación: Supresión de facultades no jurisdiccionales, preservando su calidad de Máximo Tribunal y permitiendo que se concentre en asuntos propios de su naturaleza.

     – No está reglamentada

     – No tiene efectos viculatorios: hace nugatoria la protección total de garantías individuales que se estimen violadas.

     – Facultad histórica; hoy hay otras instituciones (PGR, CNDH) que no existían a principios del siglo XX.

• Controversias constitucionales: Ampliar los sujetos legitimados a organismos constitucionales autónomos.

     – Hoy carecen de un medio de defensa constitucional para salvaguardar su esfera de competencia, lo que limita su autonomía.

     – En Coahuila el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene facultades de Tribunal Constitucional local, y contempla a organismos públicos autónomos para promover controversias constitucionales.

• Acciones de inconstitucionalidad: Disminución del porcentaje de 33% mínimo requerido actual, para permitir el acceso de las minorías a la acción (25%?).
•  Acciones de inconstitucionalidad por omisión: Impugnar la ausencia de una ley, siempre que ello suponga una violación constitucional (Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo, ya la han adoptado en sus constituciones). 
• Control preventivo constitucional legislativo: Para vigilar que la producción legislativa se apegue siempre a las disposiciones constitucionales.

     – Opinión formulada por la SCJN, que forme parte del proceso legislativo -como en el caso de las iniciativas que son turnadas a comisiones no para efectos de dictamen, sino para opinión-. Así se evitaría el retraso en el proceso legislativo.

     – Fortalecería y enriquecería la tarea parlamentaria.

En Francia, el control constitucional ex ante está a cargo del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse sobre los proyectos de ley, y su estricto apego a la norma fundamental. Si el Consejo la estima inconstitucional, no puede ser promulgada ni, en consecuencia, entrar en vigor.

3.5.2. En materia de amparo

Juicio de amparo 

• Amparo contra violación de derechos humanos: Incluir el reconocimiento expreso de los derechos humanos en la parte dogmática de la Constitución  (Reformas al art. 1° Const.), con las únicas formalidades para su exigencia que establece el propio artículo 133.
• Amparo colectivo: Procedencia del amparo para la protección de derechos difusos, ampliando la base de promoventes mediante la adopción del interés legítimo no directo, pues este último es muy abierto, entraña casi todos los supuestos y colapsaría al Poder Judicial.
• Amparo contra normas generales: Cuando la SCJN siente jurisprudencia –ya sea por reiteración o contradicción– en la que determine inconstitucionalidad de una norma, deberá dar aviso de manera inmediata al órgano emisor, para que sea subsanada.

     – La intención es excluir del orden jurídico las normas declaradas inconstitucionales, con irrestricto respeto a las esferas competenciales de los poderes.

• Participación del MP: La Constitución le otorga la facultad discrecional de abstenerse de intervenir cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público. 
• Eliminar al MP como parte en el juicio de amparo, pues no es contraparte del quejoso, sin embargo, cuando interviene generalmente lo hace contra los intereses del impetrante, retardando los juicios y el cumplimiento de sus sentencias, causando graves perjuicios cuando la resolución impugnada es en sentido positivo.
• Limitar su intervención a los juicios de amparo contra normas generales, pues en tales casos sí se acredita el interés público y su intervención fortalece el propio juicio y lo que en él se resuelva.

4. Una constitución garantista.

• En un Estado de Derecho que compatibiliza libertades, el Derecho está más vigente que nunca.
• El garantismo debe ser entendido como el reconocimiento de mayores derechos para las personas, el establecimiento de límites al poder y la garantía que la Constitución se da a si misma en para mantener sus principios y fines supremos, en el caso de reformas.
• El derecho subjetivo debe estar limitado por las leyes,, mientras que el deber jurídico tiene que ser regido por el garantismo.
• La Constitución debe ser permeada por el garantismo, tanto en su parte dogmática como en la orgánica, para consolidar la democracia constitucional que poco a poco hemos ido construyendo.
• La constitución debe ser expresión del garantismo colectivo.
• En este sentido, la obra es una gran aportación y refleja el compromiso del autor como ciudadano y como especialista en derecho procesal constitucional.
• Enriquece el mundo jurídico con propuestas que adquieren plena vigencia ante la problemática del control judicial de la constitucionalidad que estamos viviendo día a día.

COMENTARIOS EN LA PRESENTACION:

• El control de la Constitucionalidad es consecuencia obligada del proceso de democratización real del Sistema Político mexicano.
• Proceso Madison vs. Marbury, antecedente del art. 133 const.
• Es válido que la resolución de los asuntos más importantes para el país esté en manos de 11 ministros de la SCJN? (antes eran 25)
• Jueces locales en materia de control de la constitucionalidad envían a la SCJN sus asuntos de inconstitucionalidad, esta lo resuelve y lo devuelve para su resolución local (combinación de control difuso y concentrado).
• Juicio político y queja ante derechos humanos, son recursos de inconstitucionalidad?
• Cómo se resolverán las acciones de inconstitucionalidad en el caso de los organismos constitucionales autónomos? (IFE, INEGI, B. de M., CNDH).
• La votación necesaria para declarar la inconstitucionalidad de una ley es mínimo de 8 contra 3; qué pasa si es 7 contra 4?, ya no es inconstitucional? Tiene lógica? (que pasará en el supuesto de la reforma energética?)
• Manuel Crescencio Rejón lo creó en 1840 para el poder judicial de Yucatán; Mariano Otero lo federalizó.
• El libro omitió en análisis de lo referente al ámbito electoral.
• La SCJN SÍ es un tribunal constitucional, porque tiene las mismas facultades que cualquier tribunal constitucional en el mundo.

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• La corte vela por el Imperio de la Constitución y el apego de ciudadanos, autoridades y leyes a ella es lo que puede llamarse Constitucionalidad.
• El art. 107 establece la competencia en exclusiva de la SCJN por inconstitucionalidad de las leyes (Art. 83 const. fV).
• Control de la constitucionalidad  Su objeto es:

     1. El control del poder, y la obligación de su ejercicio en consonancia con la Constitución; de lo contrario, su sanción por inconstitucionalidad.

     2.- Establecer los Mecanismos de Control (tienen que se reestructurados) y

     3.- Los Organismos encargados de aplicarlos (deben de ser modernizados).

• Al respecto hay que reflexionar sobre las atribuciones de la SCJN en caso de desaparición de los poderes en un Estado. Debería de permitirse que los estados puedan aportar pruebas en su defensa.
• El Amparo no es un juicio mas, es un juicio constitucional, un mecanismo de control constitucional del poder.
• Se plantean reformas para hacerlo las social, mas justiciero

Las Fuentes del Poder en la Sociedad. Wright Mills

Lectura de un texto siempre fresco, pero muy oportuno en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Que lo aprovechen.

Saludos

José Ramón González Chávez

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LAS FUENTES DEL PODER EN LA SOCIEDAD

Charles Wright Mills

Medio personal y estructura social

Necesito aclarar una distinción simple y muy descuidada que, para mí es una de las más importantes de que disponemos en los estudios sociológicos. Es la distinción entre medio personal y estructura social.

Podemos pensar en ello de esta manera: Cuando un puñado de hombres no tienen empleo, y no lo buscan, indagarnos las causas en su situación inmediata y su carácter. Pero cuando doce millones de hombres están sin empleo, entonces no podemos creer que todos se volvieron «holgazanes» súbitamente o resultaron «inútiles». Los economistas llaman a esto «desempleo estructural», -queriendo decir, por lo pronto, que los hombres en cuestión no pueden controlar ellos mismos sus oportunidades de empleo. El desempleo estructural no se origina en una fábrica o en una población, ni se debe a que una fábrica o una población hagan o no hagan algo. Por otra parte, es poco o nada lo que el hombre de una fábrica en una población pueda hacer para resolver el fenómeno cuando éste invade su medio personal.

Pero, ¿acaso no están en algún lugar las causas de los grandes cambios históricos? Y ¿acaso no podemos encontrarlas?

Sin duda que si están, y que también podemos hallarlas. Simplemente para ponerlas un nombre, las llamaremos cambios estructurales, y las definimos advirtiendo en nuestra definición que son cambios que trascienden los ambientes de la mayor parte de los hombres. Trascienden estos ambientes personales no sólo porque afectan a una gran diversidad de ambientes, sino porque, por su naturaleza misma, los principios estructurales del cambio tienen que ver con las consecuencias no intentadas, y por ello inesperadas, de lo que los hombres, asentados en diversos ambientes y limitados por ellos, pueden estar tratando de hacer o de evitar.

Pero no todos los hombres son corrientes u ordinarios en este sentido. Como los medios de información y poder están centralizados, algunos individuos llegan a ocupar posiciones en la sociedad norteamericana desde las cuales pueden mirar por encima del hombro, digámoslo así, a los demás, y con sus decisiones pueden afectar poderosamente los mundos cotidianos de los hombres y las mujeres corrientes.

Éste es el sentido general más importante que quiero dar término «elite». Ésta es la posición de la «elite». La «elite» está formada por los que tienen el mando en la instituciones directivas, y cuyas posiciones de mando los colocan de tal manera en su estructura social que trascienden, en grado mayor o menor, los ambientes ordinarios de los hombres y las mujeres ordinarios.

Desarrollo de los medios de poder

Aun el estudio más superficial de la historia de la sociedad occidental nos enseña que el poder de las personalidades decisivas está limitado ante todo por el nivel de la técnica, por los medios de fuerza, violencia y organización que prevalecen en una sociedad determinada. En este respecto, nos enseña también que hay una línea recta ascendente a lo largo de la historia de Occidente, y que los medios de opresión y explotación, de violencia y destrucción, así como los medios de producción y reconstrucción, han sido progresivamente ampliados y centralizados.

Como los medios institucionales de poder y los medios de comunicación que los unen se han ido haciendo cada vez más eficaces, los que ahora tienen el mando de ellos poseen instrumentos de dominio que nunca han sido superados en la historia de la humanidad. Y todavía no hemos llegado al punto máximo de su desarrollo. Ya no podemos descansar ni apoyarnos cómodamente en los altibajos históricos de los grupos gobernantes de las épocas pasadas. En ese sentido tiene razón Hegel: la historia nos enseña que no podemos aprender de ella.

Para cada época y para cada estructura social, tenemos que plantearnos y resolver el problema del poder de la elite.

Los fines de los hombres muchas veces son meras esperanzas, pero los medios son realidades controladas por algunos hombres. Ésta es la razón de que los medios de poder tiendan a convertirse en fines para una minoría que tiene el mando de ellos. Y también por eso podemos definir la minoría del poder en relación con los medios de poder diciendo que está formada por quienes ocupan los puestos de mando. Los principales problemas acerca de la minoría norteamericana actual -su composición, su unidad, su poder- tienen que plantearse ahora prestando la debida atención a los asombrosos medios de poder de que dispone. César pudo hacer con Roma menos que Napoleón con Francia; Napoleón menos con Francia que Lenin con Rusia, y Lenin menos con Rusia que Hitler con Alemania. Pero, ¿qué fue el poder de César en su cima comparado con el poder del cambiante círculo interior de la Rusia soviética o el de los gobiernos temporales de los Estados Unidos? Los hombres de uno y otro círculo pueden hacer que sean arrasadas grandes ciudades en una sola noche y que en unas semanas se conviertan en páramos termonucleares continentes enteros. El que los instrumentos del poder se hayan ampliado enormemente y se hayan centralizado decisivamente, significa que las decisiones de pequeños grupos tienen ahora mayores consecuencias.

En la sociedad norteamericana, el máximo poder nacional reside ahora en los dominios económico, político y militar… Dentro de cada uno de los tres grandes, la unidad institucional típica se ha ampliado, se ha hecho administrativa y, en cuanto al poder de sus decisiones, se ha centralizado, Detrás de estos acontecimientos está una tecnología fabulosa, porque, en cuanto instituciones, se han asimilado esa tecnología y la guían, aunque ella a su vez informa y marca el ritmo a su desenvolvimiento.

La economía -en otro tiempo una gran dispersión de pequeñas unidades productoras en equilibrio autónomo- ha llegado a estar dominada por dos o trescientas compañías gigantescas, relacionadas entre sí administrativa y políticamente las cuales tienen conjuntamente las claves de las resoluciones económicas.

El orden político, en otro tiempo una serie descentralizada de varias docenas de Estados con una médula espinal débil, se ha convertido en una institución ejecutiva centralizada que ha tomado para sí muchos poderes previamente dispersos y ahora se mete por todas y cada una de las grietas de la estructura social.

El orden militar, en otro tiempo una institución débil, encuadrada en un contexto de recelos alimentados por las milicias de los Estados, se ha convertido en la mayor y más costosa de las características del gobierno, y, aunque bien instruida en fingir sonrisas en sus relaciones públicas, posee ahora toda la severa y áspera eficacia de un confiado dominio burocrático.

En cada una de esas zonas institucionales, han aumentado enormemente los medios de poder a disposición de los individuos que toman las decisiones; sus poderes ejecutivos centrales han sido reforzados, y en cada una de ellas se han elaborado y apretado modernas rutinas administrativas.

Al ampliarse y centralizarse cada uno de esos dominios, se han hecho mayores las consecuencias de sus actividades y aumenta su tráfico con los otros. Las decisiones de un puñado de empresas influyen en los acontecimientos militares, políticos y económicos en todo el mundo. Las decisiones de la institución militar descansan sobre la vida política así como sobre el nivel mismo de la vida económica, y los afectan lastimosamente. Las decisiones que se toman en el dominio político determinan las actividades económicas y los programas militares. Ya no hay, de una parte, una economía, y de otra parte, un orden político que contenga una institución militar sin importancia para la política y para los negocios. Hay una economía politice vinculada de mil maneras con las instituciones y las decisiones militares. A cada lado de las fronteras que corren a través de la Europa central y de Asia hay una trabazón cada vez mayor de estructuras económicas, militares y políticas. Si hay intervención gubernamental en la economía organizada en grandes empresas, también hay intervención de esas empresas en los procedimientos gubernamentales. En el sentido estructural, este triángulo de poder es la fuente del directorio entrelazado que tanta importancia tiene para la estructura histórica del presente.

El hecho de esa trabazón se pone claramente de manifiesto en cada uno de los puntos criticas de la moderna sociedad capitalista: desplome de precios y valores, guerra, prosperidad repentina. En todos ellos, los hombres llamados a decidir se dan cuenta de la interdependencia de los grandes órdenes institucionales. En el siglo XIX, en que era menor la escala de todas las instituciones, su integración liberal se consiguió en la economía automática por el juego autónomo de las fuerzas del mercado, y en el dominio político automático por la contratación y el voto. Se suponía entonces que un nuevo equilibrio saldría a su debido tiempo del desequilibrio y el rozamiento que seguía a las decisiones limitadas entonces posibles. Ya no puede suponerse eso, y no lo suponen los hombres situados en la cúspide de cada una de las tres jerarquías predominantes.

Porque dado el alcance de sus consecuencias, las decisiones -y las indecisiones- adoptadas en cualquiera de ellas se ramifican en las otras, y en consecuencia las decisiones de las alturas tienden ya a coordinarse o ya a producir la indecisión de los mandos. No siempre ha sido así. Cuando formaban el sector económico innumerables pequeños empresarios, por ejemplo, podían fracasar muchos de ellos, y las consecuencias no pasaban de ser locales; las autoridades políticas y militares no intervenían. Pero ahora, dadas las expectativas políticas y los compromisos militares, ¿pueden permitir que unidades claves de la economía privada caigan en quiebra? En consecuencia, intervienen cada vez más en los asuntos económicos y, al hacerlo, las decisiones que controlan cada uno de los órdenes son inspeccionadas por agentes de los otros dos, y se traban entre si las estructuras económicas, militares y políticas.

En el pináculo de cada uno de los tres dominios ampliados y centralizados se han formado esos circulas superiores que constituyen las elites económica, política y militar. En la cumbre de la economía, entre los ricos corporativos, es decir, entre los grandes accionistas de las grandes compañías anónimas, están los altos jefes ejecutivos; en la cumbre del orden político los individuos del directorio político; y en la cumbre de la institución militar, la elite de estadistas -soldados agrupados en Estado Mayor Unificado y en el escalón mas alto del ejército-. Como cada uno de esos dominios ha coincidido con los otros, como las decisiones tienden a hacerse totales en sus consecuencias, los principales individuos de cada uno de los tres dominios de poder -los señores de la guerra, los altos jefes de las empresas, el directorio político- tienden a unirse, a formar la minoría del poder de los Estados Unidos.

Formación de «elite» del poder

Si el poder para decidir cuestiones nacionales como las que se deciden fuera compartido de un modo absolutamente igual, no habría minoría poderosa; en realidad, no habría gradación del poder, sino sólo una homogeneidad radical. En el extremo opuesto, si el poder de decidir dichas cuestiones fuera absolutamente monopolizado por un pequeño grupo, tampoco habría gradación del poder: sencillamente, tendría mando ese pequeño grupo, y por debajo de él estarían las masas indiferenciadas, dominadas. La sociedad norteamericana actual no representa ninguno de esos extremos, mas no por eso es menos útil tener idea de ellos: esto nos ayudará a comprender más claramente el problema de la estructura del poder en los Estados Unidos, y, dentro de ella, la posición de minoría del poder.

Decir que en la sociedad moderna hay gradaciones manifiestas de poder y de oportunidades para decidir, no es decir que los poderosos estén unidos, que sepan plenamente lo que hacen o que participen conscientemente en una conspiración. Estas cuestiones se ven más claramente si, como primera providencia, nos interesamos más por la posición estructural de los altos y poderosos, y por las consecuencias de sus decisiones, que por el grado en que sean conscientes de su papel o por la pureza de sus móviles.

La formación de la «elite» del poder, tal como ahora la conocemos, tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad a ella. En el proceso de organizar a la nación para ese conflicto, y con la consecuente estabilización de la postura guerrera, se seleccionaron y formaron ciertos tipos de hombres y, en el transcurso de estos desarrollos institucionales y psicológicos, han surgido entre ellos nuevas oportunidades e intenciones.

Como el ritmo de la vida norteamericana en general, las tendencias a largo plazo de la estructura del poder han sido grandemente aceleradas desde la Segunda Guerra Mundial, y ciertas tendencias más recientes en las instituciones dominantes, han contribuido también a dar forma a la elite del poder y un significado históricamente específico a su quinto periodo:

I. En la medida en que la clave estructural de la elite del poder reside hoy en el sector político, dicha clave es la decadencia de la política como debate auténtico y público de soluciones -con partidos nacionalmente responsables y de coherencia política, y organizaciones autónomas que relacionan los niveles inferiores y medios del poder con los niveles más elevados-. Los Estados Unidos son ahora, en gran parte, más una democracia política formal que una estructura social democrática e, incluso, el mecanismo político formal es débil.

La vieja tendencia de que el gobierno y los negocios se entretejan intrincada y profundamente cada vez, ha llegado en la quinta época a su más clara evolución. Ambos elementos no pueden verse ya como dos mundos distintos. Y el acercamiento ha sido más decisivo en los organismos ejecutivos del Estado. El desarrollo del poder ejecutivo del gobierno con sus organismos vigilantes de la compleja economía, no significa sólo la «ampliación del gobierno» como una especie de burocracia autónoma: significa el ascenso del hombre corporativo como eminencia política. Durante el Nuevo Trato (New Deal), los caudillos corporativos entraron en el directorio político; desde la Segunda Guerra Mundial lo han dominado. Unidos desde hace tiempo con el gobierno, ahora dirigen abiertamente la economía de los esfuerzos bélicos y de la posguerra. Este desplazamiento de los dirigentes corporativos hacia el directorio político ha acelerado el arrinconamiento de los políticos profesionales del Congreso en los niveles medios del poder.

II. En la medida en que la clave de la elite poderosa se encuentra hoy en el Estado amplio y militar, dicha clave se evidencia en el ascendiente ejercido por los militares. Los señores de la guerra han logrado una importancia política decisiva y la estructura militar de los Estados Unidos es ahora, en gran parte, una estructura política. La amenaza bélica, al parecer permanente, pone en gran demanda a los militares y su dominio de hombres, material, dinero y poder; virtualmente, todos los actos políticos y económicos se juzgan ahora de acuerdo con definiciones militares; los militares de más categoría ocupan una posición firme en la elite poderosa de la quinta época.

Esto se debe en parte a un simple hecho histórico, trascendental desde 1939: el centro de atención de la elite se ha desplazado de los problemas internos, concentrándose alrededor del 30 en la quiebra, hacia los problemas internacionales, concentrados del 40 al 50 en torno a la guerra. Puesto que el mecanismo del gobierno en los Estados Unidos ha sido adaptado y utilizado por larga tradición histórica para la oposición y el equilibrio domésticos, no tenía, desde ningún punto de vista, organismos y tradiciones aptos para el manejo de los problemas internacionales. El mecanismo democrático formal surgido en el siglo y medio de desarrollo nacional anterior a 1941, no se había extendido al manejo de los asuntos internacionales. La elite del poder creció, parcialmente, en este vacío.

III. Era el grado en que la clave estructural de la elite del poder reside hoy en el sector económico, dicha clave consiste en el hecho de que la economía es a la vez una economía de guerra permanente y una economía corporativa privada. El capitalismo norteamericano es ahora, en gran medida, un capitalismo militar y la relación más importante entre la gran corporación y el Estado se funda en la coincidencia de intereses de las necesidades militares y corporativas, tal como las definen los señores de la guerra y los señores de las corporaciones. Dentro de la minoría en conjunto, dicha coincidencia de intereses de los altos militares y los jefes corporativos, fortalece a ambos y además supedita el papel de los hombres meramente políticos. No son los políticos, sino los jefes de las empresas quienes consultan con los militares y proyectan la organización de los esfuerzos bélicos.

La inquieta coincidencia de los tres poderes

La forma y el significado de elite del poder de hoy sólo puede entenderse cuando estas tres series de tendencias estructurales se contemplan en el punto en que coinciden. El capitalismo militar de las corporaciones privadas existe en un sistema democrático debilitado y formal que encierra un sector militar ya muy político por sus puntos de vista v su conducta. Por lo tanto, en la cima de esta estructura, la elite del poder ha sido formada por la coincidencia de intereses entre los que dominan los principales medios de producción y los que controlan los instrumentos de violencia recientemente incrementados; por la decadencia del político profesional y el ascenso al mando político de los dirigentes corporativos y los militares profesionales por la falta de un auténtico servicio civil adiestrado e íntegro, independiente de los intereses creados.

La elite poderosa se compone de hombres políticos, económicos y militares, pero esta elite establecida no se halla exenta de cierta tensión: sólo se une en determinados puntos coincidentes y en ciertas «crisis». Durante la larga paz del siglo XIX, los militares no formaban parte de los altos consejos del Estado, ni del directorio político, como tampoco eran hombres del mundo económico; hacían incursiones en el Estado, pero no se incorporaban a su directorio. Hacia el 30 dominaba el hombre político. Ahora el militar y el empresario ocupan los primeros puestos.

De los tres círculos que integran la elite del poder de hoy, el militar es el que más ha aprovechado su aumento de poder aunque los círculos corporativos se han atrincherado asimismo de un modo más abierto en los círculos donde se elaboran las decisiones públicas. El político profesional es quien más ha perdido, tanto que al examinar los acontecimientos y las decisiones, sentimos la tentación de hablar de un vacío político, donde gobiernan la riqueza corporativa y el sector de la guerra, con intereses coincidentes…

Pero, históricamente, debemos ser siempre concretos y admitir las complejidades. El criterio marxista simple hace del gran personaje económico el verdadero depositario del poder; el simple punto de vista liberal hace del gran político la cabeza del sistema de poder; y también hay algunos que consideran al señor de la guerra como un auténtico dictador. Cada uno de estos criterios está excesivamente simplificado. Para evitarlos, utilizamos el término «elite del poder» mejor que, por ejemplo, «clase dirigente».

«Clase dirigente» es una expresión mal entendida. «Clase» es un término económico; «dirigir» es término político. Así la frase «clase dirigente» contiene la teoría de que una clase económica dirige políticamente. Esta teoría resumida puede ser o no cierta a veces, pero no queremos transmitir esa teoría, bastante sencilla, en los términos que utilizamos para definir nuestros problemas; queremos exponer las teorías explícitamente, emplearlo términos de significado mas preciso y unilateral. Concretamente, la frase «clase dirigente», en sus connotaciones política comunes, no concede bastante autonomía al origen político y a sus agentes, y no dice nada de los militares como tales. El lector debe saber ya a estas alturas que no aceptamos el simple punto de vista de que los grandes hombres del sector económico toman unilateralmente todas las decisiones de importancia nacional. Sostenemos que este simple criterio de «determinismo económico» debe ser elaborado por «deber ministro político» y «determinismo militar», que los más altos agentes de cada uno de estos tres sectores disfrutan ahora de un grado visible de autonomía; y que sólo elaboran y aplican las decisiones más importantes con los trámites a menudos intricados de una coalición. Estas son las principales razones por las que preferimos «elite del poder», a «clase dirigente», como expresión característica que denomina los altos círculos, cuando los consideramos en términos de poder.

En la medida en que la elite del poder ha llegada a ser objeto de la atención pública, lo ha hecho como «camarilla militar». La elite del poder debe su forma actual al ingreso en ella de los militares. Su presencia y su ideología constituyen sus principales legitimaciones, siempre que dicha minoría siente la necesidad de recurrir a ellas. Pero lo que se llama la «camarilla militar de Washington» no se compone sólo de militares ni existe únicamente en Washington. Sus miembros se encuentran en todo el país y se trata de una coalición de generales que desempeñan el papel de directores corporativos, de políticos disfrazados de almirantes, de directores corporativos que actúan como políticos, de empleados civiles que llegan a alcaldes, de vicealmirantes que son también colaboradores de un funcionario del Gabinete el cual es, de paso, realmente un miembro de la minoría directora.

Aquí no resultan adecuadas la idea de una «clase dirigente», ni de un simple auge monolítico de «políticos burocráticos», ni de una «camarilla militar». La minoría poderosa incluye a veces, en inquieta coincidencia, los poderes económico, militar y político…

CHARLES W. MILLS, “Las fuentes del poder en la sociedad” en Amitai Etzioni y Eva Etzioni, Los cambios sociales, FCE, México 1968, pp. 119-125

La Ciencia en México: Una tragedia nacional

Hace mas de una década de esto y mantiene tanta vigencia, mayor aun pues hoy es mas grave el problema y paradójicamente desde hace año y medio la autora está ahora del otro lado del mostrador (Es Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México). Saludos. José Ramón González Chávez

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LA CIENCIA EN MÉXICO, UNA TRAGEDIA NACIONAL: ROSAURA RUIZ

Un puntual y enérgico “ya basta” ante la discriminación a la ciencia que han hecho los gobiernos, surgió de la voz de la presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hasta 2010, quien puntualiza la necesidad de que haya una política que nos permita como país superar problemas de rezago científico y de dependencia tecnológica.

(Extracto de un reportaje de Jorge Medina Viedas para Milenio Noticias).

El problema del virus de la influenza AH1N1 fue demasiado para las capacidades científicas nacionales. Depender de otros lleva a México a enfrentar, en condiciones de debilidad, situaciones como la de esa pandemia.

Las advertencias de los científicos mexicanos golpearon en la cara al gobierno federal, al Poder Legislativo, y en general a los políticos. Se lo dijeron de diversas formas y circunstancias. Con mucho tiempo de anticipación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, como presidente de la AMC, lo expresó en el Congreso, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en varios foros: hay que invertir en ciencia y una de las prioridades debe ser en salud.

“México no es un país tan pobre para depender de lo que hagan otros; por falta de recursos para la investigación no pudimos hacer aquí las pruebas diagnósticas; ésta es la realidad actual: además, dependemos del extranjero para que se haga la vacuna y para los antivirales; dependemos de empresas que, además, hacen de todo ello un negocio porque no tienen interés social, sino mercantil”.

Esto es resultado de la dependencia científica y tecnológica, señaló evidentemente fastidiada, al recordar que la comunidad científica nacional (“pequeña pero muy capaz”, dijo) ha venido repitiendo la necesidad de invertir hasta 1 por ciento del producto nacional en ciencia y tecnología.

En sus oficinas de la Universidad Nacional, vestida de negro con una mascada color magenta cubriéndole parte del cuello, la doctora Ruiz habla para Campus. Su pasión: la ciencia y su papel en la sociedad, se transpira en el octavo piso de la rectoría de la UNAM. Su vocación por la evolución de las especies y del origen de la vida la convierte en una de las científicas mexicanas que mejor conoce la obra y la teoría de Darwin. Sus libros, El método en las ciencias: epistemología y darwinismo y Evolucionismo y cultura: darwinismo en Europa e Iberoamérica, elaborados con Francisco Ayala y Miguel Ángel Puig-Samper, respectivamente, junto con una serie de ensayos y conferencias sobre el tema, revelan sus inclinaciones científicas. Ha estudiado aspectos torales de la filosofía de la ciencia, y en el plano divulgatorio y de toma de posición política ha expuesto los problemas de la ciencia en México y ha elaborado propuestas que comparten la gran mayoría de sus colegas científicos. Lo ha dicho: no soy una militante política, soy una militante de la ciencia.

La ciencia es un lujo o “el presupuesto es estúpido”

Rosaura Ruiz Gutiérrez señala que la ciencia mexicana tiene problemas graves y variados. Pero uno destaca sobre los demás, el del presupuesto. No puede haber un desarrollo científico serio si no hay suficiente presupuesto. “Por lo visto, en los gobiernos, actual y anteriores, la ciencia se ha considerado como algo accesorio, algo que puede ser interesante, pero como alguna vez un funcionario del Conacyt dijo: ‘la ciencia es un lujo’; y que si México era un país pobre, no se puede dar grandes lujos”, comenta con cierta acritud la doctora Ruiz.

Se puede decir que México tiene científicos, tiene determinadas áreas con investigaciones de frontera, etc., pero nunca se ha visto a la ciencia como un factor de desarrollo del país, comienza diciendo. La ciencia requiere apoyo porque tiene que haber ciencia. El problema que ha tenido México es que no se ha visto a la ciencia y a la tecnología como factores de desarrollo. Pasa lo de siempre: lo que se dice es «qué bueno que haya ciencia», pero no se le pueden dedicar grandes recursos porque México es un país pobre con otras prioridades como la educación y la salud.

Lo precisa: “esto es el centro de lo que yo llamaría tragedia nacional, en el sentido que hemos visto cómo en los países que se han desarrollado lo han hecho porque han invertido en ciencia. Hace mucho tiempo ya que los países que progresan son los que utilizan su conocimiento, aplican aquel que producen los propios científicos y lo explotan. Esta omisión en México, creo, revela que no se entiende que la ciencia no es solamente una forma de ver al mundo y de obtener conocimiento de la naturaleza y de la vida, social y natural en general: la ciencia es una actividad que puede sacar adelante a este país”, puntualiza.

Los gobernantes mexicanos, por sus opiniones, actitudes y respuestas, demuestran que no tienen la concepción de la ciencia que portan los gobernantes de los países desarrollados. Se advierte por los resultados, porque nunca ha habido un apoyo para que realmente haya un desarrollo científico del país. Existen, sí, lugares como la UNAM, el Cinvestav o el Politécnico, y otros donde los rectores o directores generales saben la importancia de la ciencia y hacen su mejor esfuerzo para impulsar su desarrollo, explica.

En la UNAM, recuerda, es muy notable el papel del rector Ignacio Chávez, luego de Guillermo Soberón, quienes le dieron a la ciencia un impulso impresionante y así han continuado los demás. Pero es un esfuerzo derivado de las vocaciones académicas y científicas de los rectores.

“Y quiero dejarlo claro —acota la doctora Ruiz—: sí hay ciencia en México, sí se hace ciencia y se hace bien, pero es una comunidad científica pequeña que no corresponde al tamaño del país. La producción científica en México, tal como se mide con los indicadores universales, implica cerca de 0.7 del conocimiento científico del mundo. Brasil, por ejemplo, produce el doble. Ése es un dato que explica la situación a que me refiero”, dice.

La política universitaria expone datos para fundamentar sus argumentos: México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología: apenas 0.05% (cinco centésimas de punto porcentual) del PIB. Esto explica por qué en México hay un déficit de patentes y nuestro coeficiente en capacidad inventiva es uno de los más bajos del mundo. México tiene un coeficiente de apenas 0.05 (lo que sorprendentemente corresponde a la inversión mencionada), mientras que la capacidad de Japón es de 28.84; mientras que, en lo que corresponde a la compra de tecnología al extranjero, México, de 2000 a 2005, pasó de 406.7 millones a 2,093 millones de dólares, es decir, quintuplicó su gasto en este rubro.

Gobierno generoso con las empresas.

Pero hay otros datos más graves: entre 2001 y 2008, el gobierno mexicano otorgó a las empresas privadas estímulos fiscales para ciencia y tecnología por una cantidad de 18 mil 411 millones 857 mil pesos.

No es poco dinero, más de 18 mil millones de pesos en ocho años es una cantidad que no han visto nunca los centros donde se hace investigación en México. ¿Cómo y en qué se invirtieron esos recursos y donde están los resultados? “No sé si se perdieron, porque no tenemos suficientes datos, pero puedo decir que no hubo el resultado esperado, porque uno de los indicadores del desarrollo tecnológico son las patentes; otro la incorporación de los investigadores a las empresas y no se ve que esos indicadores se hayan movido de manera importante. No hay, no hubo un aumento en patentes de mexicanos”. Porque, además, la mayor parte de los recursos de estímulos para la investigación científica la obtuvieron empresas trasnacionales, como Dupont, Hewlett Packard, Chrysler, entre otras. Estas empresas aseguran que no recibieron dinero, “pero no pagaron impuestos, de manera que sí recibieron dinero”, precisa la doctora Ruiz.

Se supo, por ejemplo, que Mexicana de Aviación tuvo el apoyo de 50 millones de pesos para una serie de programas que no tenían nada que ver con el desarrollo científico. Esos programas eran, por ejemplo, mejorar la página web, que puede ser que mejore las ventas, pero no tiene que ver con desarrollo tecnológico. El gobierno, en suma, se ha visto muy generoso con las empresas como nunca se ha visto con la ciencia, asegura.

La prueba de esta política errónea es que el gobierno de Felipe Calderón anuló el Programa de Estímulos Fiscales y el nuevo da el apoyo directo a las empresas. Ahora se da una cantidad de recursos —que la ciencia básica nunca tiene— en tres programas que crea el Conacyt, para darle dinero a las empresas con el fin de que hagan investigación, esto a costa de la ciencia básica, al mismo tiempo que se redujo el número de becas de jóvenes al extranjero.

Para la doctora Ruiz, el propósito de dar dinero del presupuesto público a las empresas para investigación no es claro. De los 2 mil 500 millones de pesos que se van a dar directamente a empresas, sólo en 700 millones se pone como requisito estricto que haya vinculación con una institución de educación superior. El resto, apunta, es netamente para las empresas, para que ellos contraten a los científicos que quieran, se asocien con quien ellos quieran, pero podrían no asociarse con ninguna institución de investigación.

Lo correcto, menciona, sería que las instituciones, las universidades o los centros Conacyt o los institutos de salud se asociaran con empresas y hubiera desarrollo científico mexicano, como cualquier investigador que, por ejemplo, tenga una patente para hacer una vacuna o para desarrollar una medicina para una enfermedad que nos importe a los mexicanos. Pero la mayor parte de los recursos se dan a las empresas para que ellas hagan lo que quieran, cuando en México la ciencia, las instituciones de educación superior, los institutos de salud son los que verdaderamente hacen investigación.

“Para las empresas beneficiarias de los 1,800 millones de pesos no es obligatorio que se asocien con nosotros (las instituciones científicas); ellos pueden hacer lo que quieran, asociarse o no, según les convenga. Y lo digo ahora: va a ser otro fracaso y habrá que hacer la evaluación de ello en su momento.

Acciones urgentes en la materia

Pero algo habrá que hacer ahora, se le inquiere. Y no quita el dedo del renglón: el presupuesto tendría, al menos, que duplicarse. Dice con seguridad que cualquier institución, si tuviera el doble del presupuesto, sabría utilizarlo muy bien. Esto hablando de la producción científica y la ciencia básica.

Al respecto, la doctora Rosaura hace las precisiones que considera justas: “el gobierno tiene que ampliar su apoyo a la ciencia básica. Reitera que es incorrecto que se den al año 700 millones para ésta y 2 mil 500 para desarrollo tecnológico. O sea, es un absurdo que para lo que estamos haciendo bien, se den aproximadamente 700 millones que son para toda la comunidad científica mexicana que, insisto, ha hecho bien su tarea. Ahora, a la parte tecnológica que estamos aprendiendo, que hay algunos casos de éxito, a esos les dan 2, 500 millones de pesos. Esa desproporción no tiene ningún sentido. Me parece ilógico. ¿Qué haría yo? En primer lugar, solamente dar esos recursos para asociación con universidades. Porque además, las universidades sí hacemos desarrollo tecnológico, pero no tenemos esos apoyos, esos recursos tan importantes; es contradictorio. Y luego otro absurdo que da una idea de la falta de política en estos renglones: por el lado de la ciencia básica, si tú tienes un proyecto de desarrollo tecnológico y quieres un recurso, no te lo dan porque no es ciencia básica”, resalta la doctora.

En segundo lugar, hay que descentralizar la ciencia y hacerlo bien, con sentido estratégico. Éste es un problema que debe superarse: la desigualdad tremenda en los estados. “Hay una concentración del trabajo científico muy alto en la Ciudad de México y luego muy lejos siguen el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, pero lejos del DF. Luego algunos estados con desarrollos medianos y otros con nada. Sinaloa, por ejemplo, no tiene un desarrollo científico comparable con su economía. Es un estado rico —comparado con los del sur—, pero no tiene un desarrollo en ciencia correspondiente al nivel que ocupa en la economía”, manifiesta. Habría que crear más centros de investigación como los que se están desarrollando en Yucatán, Nuevo León y en Tabasco, señala.

En tercer lugar, hay que buscar la manera de que el conocimiento se aplique, que es otro de los grandes problemas. En esto se ha hecho muy poco, todavía menos que en ciencia. En ciencia básica hay un reconocimiento de que esta comunidad es, como cualquier otra del mundo, con menos apoyo y un número menor de participantes, una comunidad reconocida. Pero en cambio en la tecnología hay mucho menor desarrollo. Se tienen que dedicar más recursos en los ámbitos estatal y federal. Se está haciendo en el Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Tabasco. En esta última, la AMC y la UNAM firmaron un convenio para crear un instituto multidisciplinario, con temas como los de energía y agua. Cada estado, apunta, debería estar viendo cuáles son sus temas prioritarios, hacer sus institutos y apoyarlos.

Asimismo, la doctora Ruiz considera que, pese a todo, los científicos deben estar más vinculados a las empresas. “Creo que hay una gran falla del país, y además de los académicos, no sólo de las empresas o de los gobiernos. No ha habido esta interacción; no la hemos buscado los científicos porque además tenemos lenguajes y objetivos absolutamente diferentes a los empresarios. No es fácil la comunicación. Creo que ahí hay una falla de los dos lados. En la actualidad, dice, esa es la realidad y tendremos que superarlo.

Por último, destaca la necesidad de que se resuelva la falta de confianza del gobierno en las universidades públicas. “Al menos en cuanto al desarrollo tecnológico. Hay propuestas que se relacionan con este tema del desarrollo tecnológico, que nos cuesta un trabajo tremendo tener recursos. Por ejemplo, un auto de motor de hidrógeno o una lámpara para las luminarias de la calle que también sea de hidrógeno o de energía solar, las cuales podrían perfectamente desarrollar instituciones de investigación de experiencia”, afirma la doctora.

La ciencia: una vieja gorda y fea

A la investigadora y funcionaria de la UNAM, le irrita recordar el hecho de que la Cámara de Diputados haya reducido el gasto presupuestal en ciencia para 2009. Un absurdo y un error imperdonable, dadas las circunstancias que vive el país, establece la doctora Ruiz.

Más aun, abunda, hubo una reducción. “¿A qué se debe esta actitud?”, se pregunta. Se responde sin detenerse: “se trata de un problema cultural de la sociedad. No hay suficiente cultura científica. Hay un desconocimiento de la ciencia impresionante”.

Cuenta una anécdota. Le preguntan a los alumnos en una escuela: «si la ciencia fuera una mujer, ¿cómo se la imaginarían?». Varios dijeron «como una vieja gorda fea que no me cae nada bien y no me dice nada que me interese». Otra niña dijo: «una señora gorda, que me da miedo, no le entiendo nada y es muy presumida»; otra, «una señora de blanco con los brazos abiertos y que quiere siempre saber más pero que sí es arrogante y presumida».

“O sea, casi todo el grupo dijo que es desagradable, que no entienden ni les gusta y que la sienten como algo lejano. Esta es una muestra, aunque pequeña, de que los niños mexicanos ven a la ciencia como algo difícil, aburrido, lejano, a los científicos como arrogantes, presumidos, y no se les entiende nada. Entonces sí es un problema cultural. Desde que eres niño, en México, de una u otra manera te alejan de la ciencia. Los padres porque piensan en un hijo científico sin trabajo y los maestros no la hacen atractiva e interesante”, comenta.

La doctora Ruiz indica la importancia de incidir en la educación en general y la necesidad que hay de elevar la cultura científica de los niños; pero también de los adultos, para evitar que éstos, si llegan a ser diputados o gobernantes, asuman su importancia y no cometan el error de aprobar un presupuesto que está castigando tanto a la ciencia como ocurrió este año.

En el mismo sentido, dice la doctora Ruiz, es necesario que los medios de comunicación en general revisen sus políticas editoriales que le dan más importancia a los horóscopos que los temas científicos.

“Hoy como nunca, todos tendremos que darle a la ciencia el lugar que se merece. De su desarrollo depende nuestro futuro”, estipula la Doctora Rosaura Ruiz

Manifiesto por la Libertad de Conciencia

Sorprende que a más de una década, el documento tiene más vigencia que nunca…

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Manifiesto por la libertad de conciencia

Traducido al español por José Ramón González Chávez

Domingo 3 de julio de 2011

• La humanidad ha nacido libre.
• La naturaleza no ha creado ni valores, ni religiones, ni iglesias, ni la censura, ni la propiedad.
• La humanidad se ha hecho a si misma, saliendo de la prehistoria en una larga lucha contra las dificultades terribles de un mundo que ni conocía ni entendía; escapando de forma gradual a las limitaciones y los obstáculos, incluidos aquellos que ella misma creó, haciendo valer sus derechos.
• Los derechos de la humanidad no son ni solemnes ni desgarrados frente a otros supuestos «derechos» de origen desconocido. Ellos existen porque la humanidad existe.
• Los derechos de la humanidad son «verdades evidentes por sí mismas». El primero de estos derechos, es el derecho a pensar libremente. La libertad primera y fundamental es la libertad de conciencia.
• De hecho, antes de las iglesias, está la Humanidad. En efecto, por encima de la iglesia, está la Humanidad. Dioses, iglesias, supersticiones, dogmas, todos ellos no son mas que creaciones humanas.

Cada vez más conciencia

«Más luz! «

• A siglos de distancia, hacemos nuestra la frase póstuma de Goethe.
• La libertad de conciencia es la libertad de la humanidad para explorar y examinarse si misma.
• La humanidad es falible e imperfecta, ya que está dotada de razón, por supuesto de critica.
• Lo que la humanidad ha hecho, puede deshacerlo.
• Las generaciones sucesivas no pueden ser mutuamente vinculadas entre sí y para siempre.
• A la diferencia de las religiones, la humanidad libre y consciente negó, y niega la infalibilidad.
• La humanidad es perfectible, es decir, se puede corregir y mejorar, no ve el cielo como un pasado culpable y acabado ni como un porvenir inaccesible y mítico, sino como una parte de todos los días, permitida por la libertad de conciencia.
• Podemos decir, después de Protágoras que «el hombre es la medida de todas las cosas»
• La mente humana es ilimitada. Capaz de dividir las células más pequeñas del universo, también es capaz de cambiar su propia estructura, para conquistar planetas, para trabajar en el origen del mundo y pensar sobre su propio futuro y por desgracia posee tambien la posibilidad de programar su propia destrucción.
• El destino de la humanidad es el proyecto de la humanidad y en la mitología Prometeo, el rebelde, tenía razón al arrebatar el fuego a aquellos que eran los dueños para darlo a los hombres. Es una metáfora para la humanidad en su lucha por la emancipación, afirmando la libertad de conciencia, que no es otra cosa que la libertad de la humanidad.
• La humanidad siempre se ha enfrentado a los dogmas religiosos.
• Cada vez que la humanidad ha avanzado, independientemente de la forma de afirmar sus derechos, las iglesias le han condenado.

Historia

• La lista de los mártires y héroes de la libertad de conciencia es interminable, más allá de los breves recuerdos que podemos hacer aquí:

     – Sócrates fue condenado a la cicuta porque él llamó a los jóvenes a pensar por sí mismo.

     – El filósofo de la Sorbona, Abelardo fue mutilado al sentir que su propia opinión valía tanto como la de sus «padres».

     – El científico Galileo fue condenado por no cumplir las verdades profesadas en la Biblia sino las que producieron sus

       propias investigaciones.

     – Sucedió lo mismo con Etienne Dolet, Giordano Bruno, Miguel Servet., Vanino Vanini y muchos otros.

• Cuando fue publicado el primer texto que estableció derechos humanos en Occidente (la «Carta Magna de Juan sin Tierra» en Inglaterra, en 1215)   el arzobispo de Canterbury, Langton, que había apoyado el texto, fue suspendido por el Papa.
• La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, fue condenada por el Papa.
• Charles Bradlaugh, que fue elegido democráticamente al parlamento de Westminster en 1880, libro una larga batalla por el derecho de sentarse en el Parlamento sin tener que jurar fidelidad a la fe anglicana.
• El profesor y librepensador de España, Francisco Ferrer i Guardia fue asesinado en 1909 a petición de la jerarquía católica.
• El librepensador Chevalier de la Barre, fue ejecutado por orden de la Iglesia
• El líder de la libertad de pensamiento alemán Max Sievers fue ejecutado en Hamburgo en 1943 por los nazis.

La lista es larga …

Refleja la lucha incesante entre el dogma y la libertad de conciencia.

Hoy en día

• Todo el mundo ve que las iglesias siguen reprimiendo y persiguiendo las conciencias. Las iglesias no han cambiado.
• A modo de ejemplo, en Pakistán, el Dr. Younus Shaikh, acusado de blasfemia fue condenado a muerte en 2001 solicitó refugio en Europa, la que le fue concedida después de una campaña internacional de solidaridad. Pasó más de 3 años en el «corredor de la muerte».
• En Nigeria, el militante Leo Igwe ha sido varias veces detenido y golpeado por la policía por defender a los acusados de «brujería». Fue puesto en libertad en enero de 2011, después de una campaña internacional en su nombre.
• El juez italiano Luigi Tosti continúa liderando la lucha para ser reintegrado en todos sus derechos después de haber sido destituido de su cargo por haberse negado a celebrar una reunión en una sala de justicia decorada con un crucifijo.
• El «Great Room», una apelación formal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incautado por el gobierno de Berlusconi, el 18 de marzo de 2011, ha dado razón al Estado italiano que pretende seguir imponiendo la presencia de crucifijos en las escuelas públicas en la península (caso conocido como «Lautsi).
• Hay muchos otros ejemplos, como la reciente destrucción de obras de arte en Avignon en Francia, por un comando católico, que las consideró «blasfemas».

Arrebatar, defender o restaurar la libertad de conciencia

• Al igual que cualquier ley, la libertad de conciencia debe ser incluida en los textos, sean declaraciones, constituciones, leyes o instrumentos jurídicos. En algunos países, estos textos existen, como en el caso de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice: «El Congreso no aprobará ninguna ley que otorge una preferencia a una religión, o prohibiendo el libre ejercicio, limitando la libertad de expresión, la libertad de la prensa o el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente y para enviar peticiones al gobierno para la reparación de los daños sufridos. «(1791). Tambien, la Ley de Separación de Iglesia y Estado en Francia (1905) postula que: » La República no reconoce, sufraga ni subvención a ninguna religión. En consecuencia, a partir del 1 de enero siguiente a la promulgación de esta Ley, deberán ser retirados de los presupuestos del Estado, de los departamentos y municipios, todos los gastos relacionados con el ejercicio de la religión «. Igulamente la Carta Magna de Portugal, la de la Rusia revolucionaria en 1917, el referéndum constitucional en Bolivia (2009) la Constitución «provisional» de Nepal (2007), entre otros. Vale la pena recordar que estos textos son a menudo maltratados y que su defensa o recuperación son necesarias, como en el caso de Francia, donde todos los gobiernos desde el gobierno de Vichy han violado la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado.
• Por eso saludamos a todos los combates que caminan en dirección a la libertad de conciencia, incluyendo la reciente derogación del delito de blasfemia en el Reino Unido.
• En Polonia, en marzo de 2010, la revista GOSC Niedzielny Episcopal archidiócesis de Katowice fueron condenados por haber comparado la feminista Alicja Tysiac con los criminales de guerra nazis. Otros ejemplos de victorias son conocidos.
• Acogemos con satisfacción las manifestaciones anticlericales en Polonia, Italia, y saludamos a las Decenas de miles de personas que marchan por las calles de Beirut diciendo «El secularismo es la solución» en un país donde el sistema es una mezcla compleja de cuotas de reparto de poder basado en la comunidad; de miles de manifestantes que en Túnez hacen suyo el lema «La laicidad y la tolerancia = Libertad Para Túnez laica»; los miles de manifestantes que marcharon en Londres durante la visita del jefe de la Iglesia Católica a decir» ¡Que pague el Papa; igual los manifestantes laicos en España …
• Bajo todas las latitudes, en todos los continentes, la forma es variable, pero el fondo es el mismo: la exigencia de la libertad de conciencia!
• Nosotros luchamos por la derogación de todos los concordatos, en contra de todas las guerras de religiones y en contra de cualquier «choque de civilizaciones»

Reflexiones

• Nuestras tradiciones y nuestras luchas, incluyendo las mociones y resoluciones del Congreso Mundial del libre Pensamiento en Roma en 1904, son la promesa y la promesa de nuestros compromisos.
• En la tradición del Congreso Mundial de Roma en 1904, los presentes o representados en el Congreso Mundial de Oslo, 12 de agosto de 2011, de fundación de la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) deciden implementar dos campañas: la verdad sobre la financiación de la religión y la justicia para las víctimas de las Iglesias.
• Porque estamos a favor de la libertad de conciencia, que implica la separación de Iglesia y Estado, queremos claridad en la financiación de las religiones, esta «economía púrpura» que une a los presupuestos del Estado a costa de la Salud, la Educación, a favor de beneficiarios sólo que se califican como «guías espirituales».
• Queremos justicia para las víctimas de las Iglesias.
• La justicia no es el arrepentimiento. Este es un conjunto de conceptor que las iglesias religiosas, colocan por encima de las leyes humanas.
• Queremos justicia, lo que implica que si se reconoce culpable se apliquen sanciones jurídicas, financieras y morales.
• Justicia para las víctimas de abuso sexual de Iglesias; se ha demostrado que el abuso sexual realizado por los clérigos es una institución desde la época de la Inquisición.
• Justicia para las víctimas de la discriminación, el IV Concilio de Letrán de 1215, condenando a los Judios a llevar un distintivo amarillo, la Inquisición golpeando judíos, musulmanes o «herejes».
• Justicia para los pueblos colonizados y «evangelizados» privados de sus derechos y su tierra en África, Asia, América Latina, América del Norte. Hacemos nuestras las palabras de J. Kenyatta «Cuando los blancos vinieron a África, teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos enseñaron a rezar con los ojos cerrados: Cuando los abrimos, la tierra era de los blancos y nosotros teníamos la Biblia. «
• Queremos que la plena libertad de investigación científica en el respeto de la conciencia individual.
• Queremos que el derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos.
• Queremos la separación completa de la educación y la religión y que ésta no puede impartirse en la escuela pública. Las familias pueden aprender lo que consideren bueno para sus hijos.
• Basta de reproches a las opiniones de los hombres.
• Criticamos las instituciones religiosas por pretender imponer sus puntos de vista.

Perspectivas

• Nosotros, presentes o representados en el Congreso Mundial del Libre Pensamiento en Oslo, tanto por nuestra investigación sobre la situación que guarda un asunto fundamental como la libertad de conciencia, sin perjuicio de la labor que realizan otras asociaciones y organizaciones, nacionales e internacionales, afirmamos que:

     – La libertad de conciencia es un elemento constitutivo de la democracia;

     – La libertad de conciencia es parte integrante de la emancipación de la Humanidad.

     Nos comprometemos a:

     – Defender la Libertad, en todas partes y para todos

     – Expresar solemnemente nuestra solidaridad fraternal a todos los que son o pudieran ser perseguidos por sus opiniones.

     – Pedir a todos aquellos que se reconocen en este manifiesto a unirse a esta lucha.

Este Manifiesto es objeto de debate y sera propuesto a la votación del Congreso Mundial de Librepensadores de Oslo, que se celebrará 10 de agosto 2011. Este Congreso Mundial se realizará con miras a reconstituir la Asociación Internacional del Libre Pensamiento

FUENTE: www.cilalp.org/

Impunidad Garantizada

Una reflexión del Profesor Diego Valadés hecha en agosto de 2018 pero cuyo contenido mantiene vigencia, mas aun que como puede constatarse, por desgracia los factores clave para la reversión del asunto, (liderazgo, voluntad política, decisiones oportunas y adecuadas) siguen brillando por su ausenci, y ahora con mayor fulgor, y no solo la situación se ha mantenido sino aun peor, se ha agravado.

Bien merece ser leída y por supuesto comentada. Saludos cordiales.

José Ramón González Chávez

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IMPUNIDAD GARANTIZADA
Por Diego Valadés

La violencia generalizada en el país tiene muchas causas. En términos generales el factor principal es el desarreglo institucional que se ha acumulado por décadas.Entre los elementos más perceptibles del déficit institucional que padecemos figura la discrecionalidad de quienes ejercen el poder.

Cuando un sistema está a expensas de las decisiones personales, lo mismo sucede que quien las toma lo haga con sabiduría política, honestidad y patriotismo, o que proceda de manera frívola, complaciente o caprichosa.

El mundo entero está presenciando y sufriendo los efectos de la discrecionalidad extrema en el poder. El hecho de que un solo sujeto, en este caso el presidente de Estados Unidos, pueda afectar la ecología planetaria y desfigurar el complejo sistema comercial del mundo sin que haya un aparato institucional que lo impida, denota las deficiencias agudas de los sistemas presidenciales que no se han renovado.

La situación de México es semejante. El régimen de gobierno se acomoda a las características de presidentes, gobernadores y alcaldes en sus respectivos ámbitos de poder, pues los mecanismos representativos son muy débiles. Las consecuencias son conocidas.

De cada titular en cada nivel de gobierno depende la solución de los problemas. Si los elegidos para esos cargos tienen atributos para resolver los agobios dominantes, son viables algunas soluciones, pero su vigencia está limitada a la presencia de los personajes, no a la permanencia de las instituciones jurídicas y políticas.

No dudo que en materia de seguridad el próximo gobierno federal ofrezca buenos resultados, aunque sus efectos estarán limitados al periodo sexenal. Si la fuente de los remedios sigue siendo una persona, lo más que se puede esperar es que también acierten los elegidos en 2024, en 2030 y así en lo sucesivo, en tanto carezcamos de instrumentos institucionales para que las políticas del Estado sean estables, evaluables, corregibles y controlables y duraderas.

En el caso del combate a la violencia todo indica que los titulares de los órganos gubernamentales incumbidos de llevarlo a cabo están tomando su papel en serio. Esto es positivo, pero no bastante si se mantiene incólume el deficiente entramado institucional que propicia la impunidad.

La violencia delictiva es un asunto que exige respuestas políticas y jurídicas; no es un tema de policías y ladrones. El meollo de la cuestión es que los sistemas federal, judicial, de gobierno, representativo y, de manera general, el ordenamiento jurídico, no están alineados para generar sinergias pues obedecen a lógicas distintas y se fueron construyendo de manera desordenada, fragmentaria e incluso contradictoria.

Ayudará cambiar de estilos, estrategias y tácticas, así como mejorar los sueldos, la capacitación y el equipamiento en las áreas de seguridad. Todo esto podrá dar resultados favorables que se adviertan en los indicadores delictivos. Empero, si subsisten las deficiencias jurídicas y políticas, la impunidad impedirá que esos efectos se consoliden en el largo plazo.

Está demostrado que la incidencia delictiva depende de la tasa de impunidad. Las acciones preventivas y represivas del delito son sólo una parte de lo que se requiere. En una gran estrategia de combate al delito, la integridad y la capacidad de las fuerzas de seguridad son indispensables; pero esto representa apenas un factor que debe ser complementado por otras medidas políticas y jurídicas.

Como en tantas ocasiones previas, la sociedad y sus expertos están siendo convocados a foros catárticos. Además del desahogo, habrá algunas opiniones valiosas. En cambio, falta que el Estado reaccione ante el desprestigio y también se escuche a sí mismo.

Contra el estereotipo, en el servicio público hay mucha gente honesta y experimentada. Existen administradores, juzgadores y agentes de seguridad al tanto de los errores legales y administrativos que propician la impunidad, pero lejanos a quienes deciden. A ellos también conviene oírlos.

Para que la pacificación del país sea amplia y duradera es menester revisar el federalismo, el amparo, el garantismo y el sistema de pruebas judiciales, porque en el ordenamiento jurídico nacional abundan las garantías para la impunidad, en perjuicio de las libertades y del Estado de derecho.

Felipe Calderón: Evaluación Sexenal. Consulta Mitowsky

A lo largo de todo el sexenio 2006-2012 evaluamos mes a mes la opinión ciudadana sobre el presidente Felipe Calderón, en esta ocasión presentamos la evaluación final en el que se observa como resultado principal la aprobación final que logra es 53% con tendencia positiva en los últimos meses, pero el documento responde diversas interrogantes como las siguientes

 .La inseguridad fue el tema dominante en el gobierno de Felipe Calderón y no el empleo como planteaba en su campaña. De 2010 a 2012 la preocupación por la “inseguridad” crece pero no lo hacen ni la “drogadicción” ni el “narcotráfico”, por lo que entendemos que la queja ciudadana está más enfocada a la violencia y no a la presencia de las drogas.

Después de dos trimestres muy malos con evaluaciones ciudadanas alrededor de 45%, cierra el sexenio con una evaluación final de 53% y una desaprobación del 46%, es decir, una ciudadanía polarizada alrededor de la figura presidencial pero la aprobación subiendo en los últimos meses.

De los últimos 4 presidentes, quien inicia con una evaluación mayor es Vicente Fox (70%) y el que inicia en ese sentido con mala aprobación es Ernesto Zedillo (42%). Al final el mejor evaluado es Carlos Salinas (77%) y el peor Felipe Calderón (53%). En su último año de gobierno la evaluación promedio de Salinas fue 68%, de Fox y Zedillo 61% y de Felipe Calderón 50%. Si consideramos todo el sexenio, el presidente mejor evaluado en promedio fue Salinas (73%), seguido por Fox (58%), Calderón (57%) y Zedillo (55%).

A lo largo del sexenio la “salud”, la “educación” y la “seguridad” fueron las áreas donde más se le reconoce trabajando y por el contrario a Felipe Calderón se le ve lejano a la “protección de los migrantes”, de la “disminución de la corrupción” y del “control de la inflación”.

Se preguntó sobre 14 eventos que podrían marcar históricamente el sexenio de Felipe Calderón, se le aprueban con más del 60% los “festejos bicentenarios”, la “creación de una nueva policía” y la forma en que se “desenvuelve en los medios”. Las desaprobaciones nunca llegan al 40% salvo en el asunto del “conflicto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el SME”, que es el único rubro en el que la desaprobación supera a la aprobación.

“Tolerancia con quienes lo critican” es el atributo mejor evaluado con 30% (8 puntos menos respecto a noviembre de 2006), seguido por “liderazgo” (29%) que a lo largo del sexenio cae 9 puntos porcentuales.

Al final del sexenio de Fox 32% consideraba que había cumplido todas o la mayoría de sus promesas de campaña y en el caso de Calderón ese porcentaje sube a 38%.

Vemos similitud en los finales de sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En el caso del presidente 2006-2012 15% considera que superó expectativas y 58% que las defraudó, parecido al 18% y 57% que logró Fox.

A lo largo del siglo siempre ha sido mayor el grupo que considera que vamos por un rumbo equivocado. 2012 fue el peor de este sexenio; 36% considera que el país tiene un buen destino, tal vez aquí se resume el reto del próximo gobierno que entra en funciones el próximo 1 de diciembre de 2012, mostrar un rumbo correcto. A lo largo de todo el sexenio 2006-2012 evaluamos mes a mes la opinión ciudadana sobre el presidente Felipe Calderón, en esta ocasión presentamos la evaluación final en el que se observa como resultado principal la aprobación final que logra es 53% con tendencia positiva en los últimos meses, pero el documento responde diversas interrogantes como las siguientes   .La inseguridad fue el tema dominante en el gobierno de Felipe Calderón y no el empleo como planteaba en su campaña. De 2010 a 2012 la preocupación por la “inseguridad” crece pero no lo hacen ni la “drogadicción” ni el “narcotráfico”, por lo que entendemos que la queja ciudadana está más enfocada a la violencia y no a la presencia de las drogas.Después de dos trimestres muy malos con evaluaciones ciudadanas alrededor de 45%, cierra el sexenio con una evaluación final de 53% y una desaprobación del 46%, es decir, una ciudadanía polarizada alrededor de la figura presidencial pero la aprobación subiendo en los últimos meses.De los últimos 4 presidentes, quien inicia con una evaluación mayor es Vicente Fox (70%) y el que inicia en ese sentido con mala aprobación es Ernesto Zedillo (42%). Al final el mejor evaluado es Carlos Salinas (77%) y el peor Felipe Calderón (53%). En su último año de gobierno la evaluación promedio de Salinas fue 68%, de Fox y Zedillo 61% y de Felipe Calderón 50%. Si consideramos todo el sexenio, el presidente mejor evaluado en promedio fue Salinas (73%), seguido por Fox (58%), Calderón (57%) y Zedillo (55%).A lo largo del sexenio la “salud”, la “educación” y la “seguridad” fueron las áreas donde más se le reconoce trabajando y por el contrario a Felipe Calderón se le ve lejano a la “protección de los migrantes”, de la “disminución de la corrupción” y del “control de la inflación”.Se preguntó sobre 14 eventos que podrían marcar históricamente el sexenio de Felipe Calderón, se le aprueban con más del 60% los “festejos bicentenarios”, la “creación de una nueva policía” y la forma en que se “desenvuelve en los medios”. Las desaprobaciones nunca llegan al 40% salvo en el asunto del “conflicto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el SME”, que es el único rubro en el que la desaprobación supera a la aprobación.“Tolerancia con quienes lo critican” es el atributo mejor evaluado con 30% (8 puntos menos respecto a noviembre de 2006), seguido por “liderazgo” (29%) que a lo largo del sexenio cae 9 puntos porcentuales.Al final del sexenio de Fox 32% consideraba que había cumplido todas o la mayoría de sus promesas de campaña y en el caso de Calderón ese porcentaje sube a 38%.Vemos similitud en los finales de sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En el caso del presidente 2006-2012 15% considera que superó expectativas y 58% que las defraudó, parecido al 18% y 57% que logró Fox.A lo largo del siglo siempre ha sido mayor el grupo que considera que vamos por un rumbo equivocado. 2012 fue el peor de este sexenio; 36% considera que el país tiene un buen destino, tal vez aquí se resume el reto del próximo gobierno que entra en funciones el próximo 1 de diciembre de 2012, mostrar un rumbo correcto.

Los 12 principios básicos de la Economía en Red

LOS 12 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA EN RED

Por José Ramón González Chávez

Bienvenido siglo XXI. En espera de sus comentarios, observaciones adiciones etc en este espacio. Saludos

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LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA DE RED

En un artículo pionero publicado en la revista Wired (Septiembre 5 de 1997) Kevin Kelly describió los Doce principios de la Economía de red. Según Kelly, las nuevas economías emergentes representan una revolución tectónica en nuestro mundo, un cambio social que reordena nuestras vidas mucho más que un simple software o hardware jamás podrían hacerlo. Tiene sus propias oportunidades fácilmente reconocibles y sus propias y nuevas reglas. Aquellos que cumplan las nuevas reglas prosperarán, mientras que quienes las ignoren no lo harán.

Kelly aduce que las nuevas reglas que rigen la reestructuración global giran en torno a 4 ejes principales:

• En primer lugar, en este nuevo régimen, la riqueza fluye directamente de la innovación, no de la optimización; es decir, que la riqueza no se logra perfeccionando lo conocido, sino tratando de aprehender lo desconocido, aunque sea imperfectamente;

• Segundo, el entorno ideal para cultivar lo desconocido consiste en utilizar la suprema agilidad y las ilimitadas posibilidades de las redes;

• Tercero, la domesticación de lo desconocido implica inevitablemente el abandono de lo conocido, por exitoso que sea, deshaciendo lo perfeccionado; y por último:

• Cuarto, en la telaraña cada vez más intrincada de la Economía de Red, el ciclo de «buscar, desarrollar y destruir» tiene lugar mucho más rápida e intensamente que antes.

Los siguientes 12 principios de la Economía de Red (Nueva Economía) pretenden proporcionar Nuevas reglas para la Era de Internet.

1. La Ley de la Conexión – Invierta en la mejor conexión: Del decadente microcosmos de los chips al floreciente telecosmos de las conexiones.

2. La Ley de la Plenitud – Más genera más: Los matemáticos han comprobado que la sumatoria de una red aumenta al cuadrado el número de miembros. En otras palabras, a medida que la cantidad de nodos de una red aumenta aritméticamente, el valor de la red crece exponencialmente.

3. La Ley del Valor Exponencial – El éxito no es lineal: Durante los primeros 10 años, las ganancias de Microsoft fueron ínfimas. Sus ganancias comenzaron a ser noticia alrededor de 1985. Pero una vez que comenzaron a crecer, explotaron y no dejaron de hacerlo.

4. La Ley de los Puntos de Quiebre – La importancia precede al impulso: En epidemiología, el punto en que una enfermedad ha infectado a suficientes anfitriones como para pasar de ser una mera infección local a una epidemia incontrolable en gran escala se denomina punto de quiebre. El impulso del contagio ha alcanzado el máximo en su camino ascendente enfrentando todas las vicisitudes para comenzar un sencillo descenso cuesta abajo. En biología, los puntos de quiebre de enfermedades fatales son bastante altos, pero en tecnología, estos parecen desencadenarse con menores porcentajes de individuos o víctimas.

5. La Ley de las Ganancias Crecientes – Trace círculos virtuosos, no viciosos: El valor eclosiona junto con la cantidad de miembros, y la explosión de valor atrae nuevos miembros, haciendo que el resultado sea compuesto. Un viejo adagio lo dice todo sucintamente: Aquellos que tienen recibirán.

6. La Ley del Precio Inverso – Anticípese al precio bajo: A través de la mayor parte de la Era Industrial, los consumidores obtenían leves mejoras de calidad con leves incrementos de precio. Pero con la llegada del microprocesador, la ecuación de precios se invirtió. En la Era de la Información, los consumidores esperan, con el tiempo, una calidad significativamente superior a un precio menor. Las curvas de precio y calidad se alejan tan drásticamente que a menudo parece que cuanto mejor es un objeto, más barato costará.

7. La Ley de la Generosidad – Siga lo gratuito: Hoy en día, regalar prácticamente los productos es una estrategia meditada y aplaudida que se apoya en las nuevas reglas de las redes. Como el aumento exponencial de los conocimientos de la red reduce el precio, el costo marginal de una copia adicional (tangible o intangible) es prácticamente nulo. Como el valor se aprecia en proporción a la abundancia, al existir una enorme cantidad de copias que inundan el mercado, aumenta el valor de todas las copias. Como a medida que las copias acumulan valor, más deseables son, la diseminación del producto se convierte en una autogratificación. Una vez establecido el valor y la calidad de indispensable del producto, la compañía vende servicios o actualizaciones adicionales, que le permiten continuar con su gran generosidad y mantener este círculo maravilloso.

8. La Ley de la Lealtad – Alimente a la red primero. La característica distintiva de las redes es que no tienen un centro ni límites definidos. La distinción principal entre nosotros y ellos, ejemplificada alguna vez por la lealtad del hombre a su organización durante la Era Industrial, se torna menos significativa durante la Economía de Red. Lo único que importa hoy es si uno está dentro o fuera de la red.

9. La Ley de la Involución – Abandone cuando esté en la cima del ciclo de vida de su producto. La naturaleza biológica de esta era implica que la desintegración repentina de los dominios establecidos será tan inevitable como la aparición repentina de los nuevos. En la Economía de Red, la posibilidad de abandonar un producto, ocupación o industria en su punto álgido, no tendrá precio.

10.  La Ley de la Destitución – Gana el neto. La pregunta «¿Cuánto crecerá el comercio en línea?» cada vez tendrá menos importancia porque la totalidad del comercio se está desplazando a Internet.

11.  La Ley de la Agitación – Busque un desequilibrio sostenible. La Economía de Red pasa del cambio a la agitación. El cambio, incluso en su forma más tóxica, significa rápidas diferencias. Por su parte, la agitación, es algo así como el dios hindú Shiva, una fuerza creativa de destrucción y génesis. La agitación tumba a aquellos sostenidos artificialmente y crea una plataforma ideal para la innovación y el nacimiento. Se trata de un «renacimiento exponencial». Y este génesis permanece al borde del caos.

12.  La Ley de las Ineficiencias – No resuelva problemas. En la Economía de Red, la productividad no es el cuello de botella. Nuestra capacidad de resolver nuestros problemas sociales y económicos estará limitada principalmente por nuestra falta de imaginación para aprovechas las oportunidades, en lugar de tratar de encontrar soluciones. En las palabras de Peter Drucker, y tal como lo citara recientemente George Gilder «No resuelva problemas, busque oportunidades.»

Luigi Ferrajoli: Algunos de sus postulados fundamentales

LUIGI Ferrajoli

Algunos de sus postulados fundamentales

Por Jose Ramon Gonzalez

SOBRE GARANTISMO

1.-Papel del Garantismo en el paradigma del Estado constitucional.

• El Garantismo es introducido en el léxico jurídico en Italia en los 70’s dentro del ámbito del derecho penal, Sin embargo, su aplicación puede extenderse a todo sistema de garantías de los derechos fundamentales. 
• El Garantismo es sinónimo de Estado Constitucional de Derecho. 
• En un sistema jurídico concebido como Estado de Derecho en sentido fuerte, la ley no es solo condicionante sino que también está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales. 
• En el paradigma constitucional las leyes están subordinadas no solo a normas formales sobre su producción, sino también a normas sustanciales, esto es, a derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La existencia de las normas depende del apego al procedimiento formal para su producción, mientras que la validez la da el respeto y la coherencia con los principios constitucionales. 
• En el Estado Constitucional de Derecho se incorpora no solo el ser, sino el deber ser del Derecho. bajo este postulado puede caber la posibilidad de que se dé un derecho formalmente válido pero ilegítimo. 
• La omnipotencia del Legislativo, de la política, del legislador es hoy inaceptable. El Estado Garantista o Constitucional de Derecho es un Estado de Derecho perfeccionado en el que no existe poder que no esté sujeto a la Ley.

2.- Interpetación del garantismo a la luz de la teoría política clásica.

• Esto se puede interpretar como más Locke y menos Rousseau. La primacía Rousseauniana de la voluntad general como expresión de la voluntad popular es una dimensión política formal de la democracia, esencial, pero en la democracia constitucional ya no exclusiva. En este nuevo paradigma no siempre lo que decide la mayoría por ese sólo hecho adquiere validez. Ninguna mayoría, ni aún por unanimidad se puede suprimir o limitar los derechos fundamentales (dimensión sustancial). Una cosa es quién decide y cómo; otra es qué es lícito decidir y que no. 
• Pero a diferencia de Locke no se trata aquí solo de derechos negativos como el de libertad o el de propiedad, por cierto, de naturaleza muy distinta unos de otros. En el constitucionalismo moderno, junto con los derechos de libertad también existen derechos a prestaciones positivas, derechos sociales a la educación, a la salud, a la subsistencia, al trabajo, es decir, derechos que involucran una expectativa al comportamiento ajeno y a los que deben corresponder obligaciones o deberes públicos de hacer.

3.- Papel de la Jurisdicción en la protección de los derechos.

• Cuanto más se desarrolla un sistema de límites y vínculos a los poderes públicos, más aumenta el papel de la jurisdicción como órgano de control de la elaboración del derecho. 
• Desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional, el juez tiene a su cargo el control de la legalidad producida por los poderes públicos. Pero desde el punto de vista garantista la jurisdicción está fuertemente limitada. Su legitimidad no tiene una base democrática como en la rama ejecutiva o legislativa, sino en el apego a la Ley y en un sentido más amplio por la verdad de sus decisiones. 
• Una sentencia es fundada, no solo válida sino también legítima o justa si su  motivación es verdadera. El consenso de la mayoría no hace que lo verdadero sea falso o viceversa. La verdad jurídica depende de la existencia de garantías y del apego a la legalidad. 
• El sistema de garantías puede reducir el espacio de discrecionalidad judicial, pero no eliminarlo. Persiste siempre en varias partes del proceso pero lo importante es que existan esas acotaciones pues esto facilita la definición de la verdad.

4.- Garantismo ante la corrupción de los poderes públicos y privados.

• El garantismo es un paradigma de carácter general que procura un sistema de límites y vínculos respecto de los poderes. 
• La corrupción de los poderes públicos supone una ruptura del paradigma del Estado de Derecho y la lesión del sistema democrático y sus principios de publicidad, transparencia, responsabilidad, visibilidad. 
• La concepción demócrata liberal de que el garantismo es solo equivalente a la imposición de límites a la actuación del juez dejando fuera de su alcance a los poderes económico (libertad igual a poder ilimitado del mercado) y político (libertad igual a poder ilimitado de la mayoría) es neo-absolutista. 
• En este sentido, el Estado de Derecho consiste en la sujeción de los poderes a la Ley y la jurisdicción en el medio de control de la ilegalidad de los actos de estos.

5.- Constitucionalismo Global y ciudadanía.

• La Carta de la ONU es una embrionaria Constitución global; también la declaración universal de los derechos humanos de 1948. son cartas que han cambiado la naturaleza del derecho internacional, subordinando también los Estados a la Ley. El Estado de Derecho puso límites a la soberanía interna, sujetando a todos los poderes a la Ley. La Carta de la ONU puso límites ala soberanía externa cambiando la naturaleza de las relaciones internacionales, han pasado de ser un código fáctico a un ordenamiento jurídico, ya no solo a nivel diplomático sino también jurídico, eliminando derechos como el de guerra, y limitados por la existencia de normas como los derechos fundamentales que ya no solo se protegen dentro de los Estados sino también frente a ellos, con fundamento en la Carta aunque todavía carente de coercitividad objetiva, básicamente por la carencia de jurisdicción internacional penal que pueda convertir las disposiciones normativas en justiciables. 
• No obstante, existe una gran ilegitimidad jurídica, antes que política o moral, en el sistema de relaciones internacionales, posee la gran laguna de la ausencia de garantismo que la cultura jurídica debe denunciar y la política llenar. 
• En ese sentido, el horizonte del constitucionalismo global aparece aun muy lejano, aunque utópico, es decir, se mantiene como punto de referencia, igual que como lo ha sido por tanto tiempo el paradigma democrático. 
• La ciudadanía nace como una característica propia del concepto de soberanía, basada en la igualdad, como fundamento de los derechos civiles y de la inclusión en el ámbito interno. Pero en el contexto internacional, es un requisito premoderno, el último elemento que distingue a las personas por un accidente de nacimiento y esta situación deberá ir cambiando con el tiempo (ahí está el caso de la ciudadanía múltiple europea).