LA PRISÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN ENTREDICHO

Por José Ramón González Chávez

LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN ENTREDICHO

Por José Ramón González Chávez

Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) expidió una resolución sobre el caso García y Alpízar contra el Estado Mexicano, asunto que junto con otros como el caso Radilla o Digna Ochoa sentarán precedentes históricos no sólo en el sistema jurídico de nuestro país sino también a escala internacional.

El fondo del asunto está en que los señores Daniel García y Reyes Alpízar fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por 17 años (!!), además de haber sido víctimas de vejaciones, tortura material y psicológica y violaciones al debido proceso a lo largo de todo ese tiempo, lo que evidentemente constituye una “pena sin juicio” y es contrario a los derechos humanos y a todo principio constitucional, en concreto (aunque no en exclusiva) pasando por encima de artículos constitucionales como el 16, 19, 20 y 29 que se refieren específicamente a dichos temas.

Hace 20 años los señores García y Alpízar fueron detenidos por el homicidio de la entonces regidora de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre del 2021 y además cohecho para el sr García, quedando encarcelados 17 años hasta que el 23 de agosto del 2019 les fue conmutada la medida (la prisión preventiva no es pena) por la de libertad restrictiva mediante uso de brazalete de geo localización, sin poder salir del Estado de México ni acercarse a los familiares de la víctima, y hasta mayo pasado -20 años después- se les dictó una pena de 35 años de prisión, cuya sentencia aun no es firme.

En cuanto a las acciones realizadas, los representantes de las víctimas pidieron a la CIDH que tomara una serie de “medidas provisionales” previstas por su propio marco jurídico, por existir la extrema gravedad, la urgencia y la posibilidad de un daño irreparable a las víctimas, tres condiciones que requieren darse de manera conjunta para que esa instancia jurisdiccional pueda otorgar las medidas solicitadas.

En sus conclusiones la CIDH determinó que no se configura la condición de “extrema urgencia” pues los señores García y Alpízar se encuentran en libertad restrictiva desde hace 3 años y por lo tanto al faltar este elemento, no puede dictar medidas provisionales, aunque ellos mantienen su derecho a impugnar e incluso ampararse contra la eventual sentencia definitiva que aún no se dicta.

El asunto lleva a reflexionar sobre la prisión preventiva oficiosa, que por la indebida mezcla de los sistemas penales anterior y actual, debida a la formación caduca de los operadores y su ignorancia del nuevo sistema, permite una alta subjetividad que puede ser y de hecho es utilizada políticamente de forma perversa contra adversarios al gobierno en turno:

La PPO es contraria a los instrumentos internacionales firmados por México (por lo tanto son parte de la constitución) dado que violenta principios universales de derechos humanos, tales como:

1) la presunción de inocencia, pues mediante esta medida se ha privado de la libertad de forma excesiva e irracional a miles de personas, lo que transgrede también principio de debido proceso.

2) la proporcionalidad de la sanción, pues contrario a lo que dispone el art. 20 de la constitucion, esta no puede aplicarse por más de dos años; sin embargo la gran mayoría de las víctimas siguen encarceladas por mucho mas tiempo.

3) el sistema de justicia penal acusatorio en su conjunto, pues en casos como el señalado, se detiene a personas sin una orden escrita del juez que funde y motive las causas de la detención tal como lo señala el art. 16 constitucional, además de no se les da a conocer los cargos sino hasta mucho tiempo después de estar detenidos, entre otros actos indebidos; y

4) el principio pro persona, pues de acuerdo al artículo 1° constitucional y los tratados internacionales no se puede violar mediante tortura, intimidación, amenaza u otros medios la integridad física y psicológica de las personas acusadas, pudiendo aplicarse normas y precedentes cuando estos favorecen a la causa de los inculpados.

Hay que tener en cuenta que en México existen más de 92 mil personas encarceladas sin sentencia, de las cuales mas de la mitad están dentro por prisión preventiva es decir, sin siquiera existir juicio de por medio.

¿Qué le impide a un juez dictarla de manera excesiva e irracional bajo pretexto de que los acusados “son poderosos, tienen dinero y contactos, pueden fugarse”, etc., condiciones subjetivas tanto de los detenidos como de la autoridad en estimar condiciones personales sin tener en muchos casos relación con el fondo del asunto?

¿Quién le devuelve la vida, los años pasados privados de la libertad, el daño material y psicológico a los encarcelados, muchos de los cuales están encarcelados por falta de recursos, por no tener una buena defensa?

¿Son la prisión preventiva oficiosa y el criterio de oportunidad un teatro de sombras chinas usado para generar falsamente una percepción social de justicia y eficacia de las instituciones que deben impartir justicia, cuando en realidad esconden corrupción, detención, encarcelamiento y sentencias por consigna, ínfima calidad neutralidad y objetividad de los juzgadores?

La PPO a los largo de todos los años en los que se ha aplicado ¿ha logrado disminuir la incidencia delictiva? ¿Ha mejorado la procuración e impartición de justicia en México?. ¿Dónde queda el papel del juez en la ponderación, criterio vital dentro del nuevo sistema de justicia? Da la impresión de que no ha sido mas que una forma de ocultar la ineptitud del Ministerio Público, susu órganos auxiliares (policía de investigación y peritos), así como de los cuerpos de policía preventiva.

De ahí que el caso García y Alpízar contra el Estado Mexicano que se lleva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentará precedentes históricos no sólo en el sistema constitucional de nuestro país sino también en la impartición de justicia más allá de nuestras fronteras.

La Prisión Preventiva oficiosa (PPO) por más de 17 años (la más larga de la historia de la justicia en México), además de mal trato, tortura física y psicológica y violaciones al debido proceso a lo largo de todo ese tiempo, las acciones de las autoridades relacionadas con el caso son a todas luces contrarias a los principios universales, la constitución y las leyes mexicanas, los tratados internacionales y precedentes judiciales de otros países. Expliquémonos:

Al respecto cabe mencionar que la PPO no elimina la vigencia y razón de ser de la prisión preventiva justificada, que tiene por objeto garantizar la integridad física de las víctimas, el buen curso del proceso, evitar la evasión de la justicia o liberar a alguien que sea reincidente. Pero ambas tienen que darse como medida excepcional, nunca como regla y siempre con fines de tutela, no punitivos. Además es solo una de las 17 medidas cautelares previstas por el derecho mexicano. Se aplica a 61 delitos considerados «de alto impacto», catalogo que fue considerablemente ampliado a partir del inicio de la presente administración.

Con base en lo anterior, la CIDH ha recomendado al Estado mexicano eliminar el arraigo y la PPO por ser contrarios a las convenciones internacionales vinculantes firmadas por México. Esta sugerencia es trascendente pues debe tenerse en cuenta que hay más de 92 mil personas en prisiones mexicanas a causa de la prisión preventiva oficiosa o justificada, que en casos como la Ciudad de México y Chiapas llega al 100% de los internos (!!!), así que la resolución de la CIDH tendrá impacto como precedente judicial en todos los casos en donde esta sea aplicable, además que obligará a modificar sensiblemente el sistema judicial de nuestro país ya que 4 de cada 10 que están presas, lo están bajo esta medida, cuya lista de delitos que la ameritan fue por cierto ampliada recientemente.

Sin embargo, adoptar esta recomendación implicaría para el gobierno mexicano: a) la eliminación de una disposición constitucional; b) la reparación del daño material y moral a las víctimas; c) la obligación de la autoridad para que no se vuelva a repetir; y d) la retroactividad de la resolución para quienes estuvieran en el mismo supuesto.

Aquí surge una pregunta del mayor interés: ¿una resolución de la Suprema Corte puede eliminar o declarar inaplicable un precepto constitucional? Si bien en el viejo sistema esto no sería factible, bajo la óptica del nuevo sistema, y desde que inicio el proceso de instauración del nuevo sistema de justicia, con base en el artículo 1° de la Constitución, toda autoridad está obligada a no aplicar un precepto jurídico si encuentra que es inconstitucional.

Hay que reconocer que el mundo ya no es el mismo que el que vivíamos hace 20 años; hay nuevas formas de ver y vivir la constitucionalidad, tal como lo han demostrado las cortes de Bolivia, Canadá y Turquía, donde la inaplicabilidad se ha lograd logrando en los últimos dos casos hacer justicia, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde.

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