Importancia de los Órganos Constitucionales Autónomos en el Estado Democrático de Derecho

IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS CONTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Por José Ramón González Chávez

En todo sistema constitucional, la ciencia y el arte de la Administración Pública dada la creciente complejidad del quehacer público, tiende a la construcción de gobiernos respetuosos y garantes de los derechos fundamentales, innovadores y al servicio de la sociedad.

Es así que los organismos constitucionales autónomos (OCA) nacen a nivel mundial al término de la segunda guerra mundial, aunque en México aparecen casi medio siglo después, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, como parte de la Reforma del Estado de Derecho y su tránsito hacia el Estado Constitucional, en respuesta a la desconfianza en el presidencialismo a ultranza y al autoritarismo gubernamental.

Como afirma Norberto Bobbio, la separación de poderes y la asignación de competencias a los órganos autónomos permite un control recíproco que tiende al control del ejercicio del poder público, esto con la finalidad de evitar la concentración del poder que históricamente se convirtió en terribles violaciones a los derechos humanos y graves abusos de autoridad.

Como su nombre lo indica, los OCA son en cualquier país entidades que surgen por disposición constitucional y por la naturaleza de sus atribuciones, vinculadas principalmente a garantizar derechos fundamentales o tareas esenciales del Estado, no pueden ni deben adscribirse a ninguno de los poderes constituidos.

Lo anterior implica que su regulación, objetivos, metas y actividad trascienden los gobiernos y los gobernantes en turno, puesto que el ejercicio de los derechos fundamentales y su garantía son per se de carácter permanente y apartidista.

Los OCAs son órganos de equilibrio jurídico y político del sistema constitucional del Estado que en general enriquecen y hacen evolucionar el principio “división de poderes” hacia la “coordinación entre órganos o ramas del poder público”, haciéndolo más democrático, perfeccionando el principio de “checks and balances” (controles y equilibrios). Lejos de constituir un lastre para el gobierno, lo ayudan a legitimar técnicamente y profesionalizar sus decisiones y evitan que sea juez y parte al separar de éste ciertas actividades fundamentales para el Estado y la sociedad.

Si bien existen diferentes puntos de vista respecto de sus características, me parece que sí existen rasgos generales que los distinguen:

• Ser creados por disposición constitucional;
• No estar adscritos ni subordinados a otro órgano o rama del poder público;
• Sus actos y resoluciones no dependen de factores partidistas ni coyunturales, pero pueden ser sujetos de revisión por las instancias judiciales;
• Contar con independencia y autonomía financiera y funcional respecto de los órganos o ramas del poder público: Ejecutiva, Legislativa o Judicial;
• Atender asuntos primordiales y específicos del Estado Constitucional que redunden beneficio para la sociedad en cuanto a la protección, promoción y garantía de sus derechos fundamentales y tareas prioritarias del Estado;
• Realizar sus actividades con estricto apego al a legalidad;
• Tomar sus decisiones de manera imparcial y objetiva, basándose para ello en criterios técnicos y profesionales especializados;
• Nombrar y remover a sus funcionarios de forma independiente

La importancia de los OCAs radica justamente en la supervisión institucional del ejercicio y garantía de los derechos fundamentales y de ciertas actividades prioritarias del Estado en las que el gobierno en turno, sus ideologías, estilos de ejercer la autoridad, etc. no pueden ni deben convertirse en juez y parte, contribuyendo de tal suerte al sostenimiento y fortalecimiento del sistema constitucional, principalmente en cuanto al siempre necesario pero frágil equilibrio entre derechos fundamentales y ejercicio del poder público.

Entre los principales OCA están:

• El Banco de México (BdeM);
• La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE);
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH);
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);
• La Fiscalía General de la República (FGR);
• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT);
• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI);
• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y
• El Instituto Nacional Electoral (INE); más
• Los tribunales de lo Contencioso Administrativo;
• Las Universidades Autónomas;

Estos organismos que en nuestro país ha costado mucho dinero, tiempo y esfuerzo construir, constituyen verdaderas conquistas del Estado Democrático Constitucional y garantizan su estabilidad. Al paso del tiempo, se han ido perfeccionando, actualizando, corrigiendo sus defectos lagunas, etc., lo que es producto de la necesaria evaluación permanente y mejora continua, tareas que por su naturaleza son de carácter permanente, pues siempre tendrán que irse ajustando a los requerimientos y expectativas presentes y futuros de la sociedad.

Uno de los grandes temas que desde hace tiempo están presentes en algunos OCAs es lo referente al deterioro gradual de su independencia y autonomía por la creciente incidencia de la partidocracia que ha suplantado en algunos casos, por ejemplo, la designación y remoción interna de sus titulares por el principio de “cuotas” partidarias, politizando sus decisiones e incluso condicionándolas bajo la amenaza permanente de la reducción presupuestal.

También está pendiente en muchos casos la construcción de un marco de normas y procedimientos para su rendición de cuentas y fiscalización, lo que dará transparencia a su funcionamiento y mayor legitimidad a sus decisiones.

Otro punto estrechamente ligado al anterior, es el de la carencia de información al público en general respecto de su razón de ser e importancia; sus principios, objetivos y prioridades; programas, acciones y resultados; sus retos y expectativas. Esta puede ser una de sus grandes debilidades ante la amenaza de una eventual desaparición o su estrangulamiento por falta de presupuesto bajo las falsas premisas de que “se gasta mucho en ellos” (Pemex pierde en una semana más dinero que el presupuesto de todos los OCAS en un año) y “solo son instrumentos del régimen neoliberal” (cuando organismos como el INE, la CNDH y el INAI han sido producto de las luchas de institutos políticos y activistas de izquierda al menos desde mediados de la década de 1970), pues la gente no sabe a ciencia cierta qué hacen muchos de ellos y por ende, los poco o nada informados podrían de forma simple, llana y peligrosa, respaldar una decisión que pudiera terminar con ellos o disminuirlos drásticamente por falta de recursos, lo que implicaría un grave retroceso en materia de política y gobierno.

Sin duda, hay cosas que pueden mejorarse de estos organismos, incluso algunos de ellos podrían fusionarse o incluso restructurarse, pero de ahí a hacer tabla rasa para demolerlos y tirar a la basura lo logrado en más de tres décadas de contribución al fortalecimiento de nuestro sistema constitucional, es otra cosa…